El juicio contra el exalcalde Jorge Yunda —quien perdió sus derechos políticos por tres años— y otras trece personas, incluidos funcionarios públicos, avanza. Durante el séptimo día de juicio, que se instaló el jueves 7 de octubre de 2021, la Fiscalía presentó dos nuevos testigos: el ex jefe de servicio de la Unidad Técnica de Genética Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín, y una analista de investigaciones de la institución.
Los 14 acusados enfrentan un proceso penal por presunto delito de peculado, en la adquisición de 100 mil pruebas para la detección de covid-19. La compra se concretó el 16 de abril de 2020 y fue realizada por la Secretaría de Salud de Quito, en aquel entonces liderada por Lenin Mantilla, mientras la capital vivía el pico de contagios de coronavirus.
El juicio se ha desarrollado en medio de la crisis institucional del Municipio de Quito. Ahora, la ciudad está bajo la gestión de Santiago Guarderas, quien fue la dupla de Yunda para ganar las elecciones municipales. La alcaldía de Yunda fracasó, empañada de cuestionamientos y ahora, sin jurisdicción política, enfrenta este proceso penal.
El jueves 7 de octubre, la Fiscalía presentó a su décimo tercer testigo de forma telemática. Fue el ex jefe de servicio de la Unidad Técnica de Genética Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. A través de una pantalla rindió su versión, pues fue él quien realizó, por pedido de la Contraloría General del Estado, una revisión documental de los parámetros técnicos que constan en el proceso del Municipio, en el que se solicitaron pruebas para la detección de covid-19 por PCR Polimerasa, del objeto del contrato, de los insertos del producto recibido y las actas tanto de entrega como de recepción.
El especialista entregó su informe el 15 de septiembre de 2020 y su conclusión sobre el proceso de contrato fue contundente: “indica PCR Polimerasa y al revisar la documentación de las especificaciones técnicas que constan en el inserto del producto recibido (pruebas Isopollo, del fabricante Monitor) no muestra en ninguna parte que se diga que es una prueba PCR”, dice en el documento, citado por Fiscalía.
Además, precisó el experto, cuando revisó la información sobre el fabricante Monitor, “se menciona que es una técnica Lamp. En ningún momento menciona PCR. Entonces, señalo en mi informe que, en el objeto de contratación, hay una diferencia entre lo que se solicita y lo que se entrega”. En conclusión, declaró el exjefe de servicio de la Unidad Técnica de Genética Molecular del HCAM, “no es lo mismo PCR que RT-LAMP”.
Sin embargo, la abogada María Dolores Miño, que representa legalmente a la científica Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la secretaría de Salud, y quien también es acusada por la Fiscalía, declaró que el mismo testigo había ratificado que tanto las pruebas PCR como las LAMP funcionan con enzima Polimerasa.
La Fiscalía presentó, además, el testimonio de una analista de investigaciones que se convirtió en la décimo cuarta testigo dentro del proceso. Ella entregó dos informes técnicos, entre septiembre de 2020 y enero de 2021. Durante su declaración dijo que el proceso de contratación se inició el 2 de abril con el objetivo de adquirir 200 mil kits de detección, suscrito por Enrique Bucheli, exdirector metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud, Iván Manzano, responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud, y José Morales, responsable del estudio de mercado de la Secretaría de Salud.
El 6 de abril, según su testimonio, Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, pidió cotizaciones a tres empresas: Salumed S.A., GenLife y Global 360. Saludmed habría emitido la primera oferta de 200 mil kits de extracción, 200 mil kits de detección y la entrega de tres equipos en comodato y el mantenimiento.
Días después, el 13 de abril, cuando se conformó la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud, Salumed habría enviado una segunda cotización en la que ofertaba solamente 100 mil kits. Ese mismo día, dijo la testigo, se realizó un informe de viabilidad de ofertas y se estableció que solo Salumed, evaluada bajo 20 parámetros, y GenLife, analizada bajo 27, cumplían con las especificaciones técnicas. Sin embargo, afirmó la analista, la selección no fue equitativa justamente por la diferencia entre la evaluación.
Para el 16 de abril, el contrato con Salumed se concretó. La testigo citó los informes técnicos emitidos por la Universidad de las Américas. En el primero, se indicó que las pruebas cumplían con un 94% de sensibilidad y el segundo, en cambio, bajo el 63%, “cuando lo estipulado en el contrato fue una sensibilidad del 99% y 100%”, declaró.
Sin embargo, el contrato no se suspendió. Según la Fiscalía, Daysi, administradora del contrato y otra de las procesadas, suscribió un acta de entrega definitiva que señala que se recibió el producto y se cumplió con el objeto del contrato.
Pero Miño sostiene que eso es falso. Miño aduce que, primero, el documento de las especificaciones técnicas de las pruebas no exigía que sean pruebas PCR, como alega la Fiscalía, quien ha llamado al caso Pruebas PCR Quito.
Al contrario, sostiene, lo que se pide son pruebas de detección molecular de covid-19, y las pruebas que se adquirieron sí eran de esta clase.
Por otra parte, dice la abogada Miño, el contrato se terminó por mutuo acuerdo porque la ley de apoyo humanitario establecía que la terminación de contratos debe ser “bilateral”. Miño alega que si los acusados hubieran terminado el contrato unilateralmente, ahora las estarían juzgando por haberlo hecho.
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Otro problema con el testimonio del supervisor, según Miño, es que cuando él firmó el Indicios de Responsabilidad Penal solo se fijó en la forma.
Según Miño, el supervisor dijo que no leyó el contrato, ni la hoja técnica de las pruebas, es decir, aprobó el informe sin revisar que su contenido tenía sustento. Según Linda Guamán, una de las acusadas, el supervisor revisó ayer por primera vez las especificaciones técnicas del contrato y reconoció que jamás se pidieron pruebas PCR, como argumenta la Fiscalía.
¿Cómo inició el caso?
El 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, liderada por Lenín Mantilla, compró 100 mil pruebas PCR a la empresa Salumed S.A. Pero no fue hasta que Teleamazonas evidenció, a través de un reportaje amplio, sobre presuntas irregularidades durante el proceso de adquisición que empezó la investigación penal. Según la Fiscalía, la Secretaría habría adjudicado el contrato “a pesar de que tenían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos en el marco de la emergencia sanitaria”. Un mes después, el 27 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó el Municipio de Quito, la Secretaría de Salud, el departamento del entonces secretario Lenin Mantilla y otros dos inmuebles. En los allanamientos se incautaron computadores, documentos, memorias portátiles y otros indicios para su investigación.
En noviembre de 2020, un juez le dictó prisión preventiva a Mantilla por su presunta participación en el proceso penal abierto por peculado. Asimismo, se vinculó a otras cinco personas a la investigación.
El 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito otra vez. Según la Fiscalía, el allanamiento se hizo porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado” documentos en los que se probaría que hubo irregularidades en la adquisición de las pruebas de covid-19. Un mes después, en febrero de 2021, un juez vinculó a la investigación del caso a Ximena Abarca, al alcalde Jorge Yunda, a Linda Guamán y a otros funcionarios.
Estos son las 14 personas acusadas por Fiscalía
- Lenin Mantilla, exsecretario de Salud de Quito, acusado como autor directo.
- Alejandro Vinelli, representante de la empresa Saludmed S.A., acusado como autor directo.
- Jorge Yunda está acusado como autor mediato.
- Ximena Abarca, secretaria de Salud de Quito, acusada como coautora.
- Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la secretaría de Salud, acusada como coautora.
- Daisy Hidalgo, administradora del contrato, acusada como coautora.
- Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, acusada como coautora.
- Erick Andrade, coordinador jurídico de la Secretaría de Salud, acusado como coautor.
- Marco Rubi, coordinador jurídico, acusado como coautor.
- Simón Valencia, responsable del laboratorio UMS-SS, acusado como coautor.
- Persona identificada como Enrique Bucheli, director metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud, acusado como coautor.
- Diego Salazar, coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría, acusado como coautor.
- Iván Manzano, responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud, acusado de coautor.
- José Morales, responsable del estudio de mercado de la Secretaría de Salud, también acusado como coautor.
