“Al contrario de lo que se me acusa que yo no he incumplido mis funciones, he cumplido y con creces”, dijo Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, sobre el pedido de juicio político en su contra presentado por el asambleísta Ferdinan Álvarez, del movimiento de Unión por la Esperanza (UNES). 

La mañana de hoy, 5 de octubre de 2021, Salvador dio una rueda de prensa para hablar sobre ese pedido de juicio político. Dijo que cuando asumió su cargo sabía que habría quienes estén a favor o en contra del cumplimiento de sus funciones. Ahora, que se encuentra supervisando el cumplimiento de la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, dice que quienes no quieren cumplir esa sentencia, lo están persiguiendo con este pedido de juicio político.

Salvador dijo que no le sorprende el pedido de juicio político hecho por el movimiento UNES. El procurador dijo que entre sus obligaciones está cumplir las decisiones de tribunales internacionales en casos en los que el Estado ha sido perjudicado y presentar proyectos de ley. “Aquí no se trata de incumplimiento de funciones, se trata de que a un grupo de asambleístas no les gusta lo que hago”, dijo enérgico en su intervención desde el edificio de la Procuraduría del Estado, en el centro financiero de Quito. 

En la rueda de prensa, el procurador dijo que hasta la mañana de hoy, no recibía la notificación de solicitud de juicio político. Salvador dijo que las funciones del procurador están apegadas a la Constitución. “Soy yo quien tiene que asesorar al Estado en hacer las cosas de acuerdo a la ley”, explicó. Además, Salvador dijo que cuando reciba la notificación, asistirá a todos los llamados que le haga la Asamblea, de acuerdo al proceso de un juicio político. 

El pedido de juicio político presentado por UNES 

Ayer, 4 de octubre, la bancada legislativa de UNES presentó el pedido de juicio político contra el procurador

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El pedido está fundado en un supuesto incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo. Al presentar la solicitud, el asambleísta Ferdinan Álvarez dijo que lo realiza por dos demandas presentadas en contra del Estado ecuatoriano y las multas que debe pagar el Ecuador a empresas internacionales por esas demandas. 

Entre esas está una multa a la empresa petrolera Perenco. Según un comunicado de la Asamblea Nacional, el legislador Álvarez dijo que la derrota en el caso Perenco ha “repercutido negativamente en la disponibilidad de recursos que pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo”. 

El asambleísta también dijo que el procurador Íñigo Salvador remitió cartas al expresidente Lenín Moreno para pagar anticipadamente la deuda externa “en lugar de atender a miles de familias cuyos miembros morían por causa del covid-19”.  

Esto dijo Íñigo Salvador sobre los argumentos de UNES

Según el procurador general, a través de un documento reservado le dijo al expresidente Lenín Moreno, que “no había ningún recurso posible” para ganar el caso Perenco. 

También le habría dicho que se debe comenzar a planificar el cumplimiento de la decisión del tribunal internacional en este caso. “En mi trabajo como procurador general del Estado tenía que informar que se ha perdido este proceso”, dijo Salvador. 

También explicó que en julio de 2018, cuando él asumió el cargo como procurador general, el proceso en el caso Perenco había terminado, dijo que solo intervino en octubre de 2019 cuando el Tribunal dictó el monto que debía pagar Ecuador: 472 millones de dólares. 

Salvador dijo que intervino en el Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para que se reduzca el monto a 374 millones de dólares. “Que no se venga a decir ahora que he sido negligente en el cumplimiento de mis funciones”, dijo. 

¿Por qué Ecuador debe pagar una multa a Perenco?  

El 1 de junio de 2021, la Procuraduría General del Estado dijo que el Ecuador deberá pagar más de 374 millones de dólares a la petrolera Perenco, según la decisión del Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) porque el decreto ejecutivo 662 —del 4 de octubre de 2007— violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de Perenco. Hoy, el procurador general dijo que la negociación sobre el pago es reservada por lo que aún no puede dar detalles. 

¿Cómo es el proceso de juicio político? 

Para iniciar un proceso de juicio político, un asambleísta debe hacer un pedido ante el Consejo de la Administración Legislativa, (CAL) con al menos, 35 firmas de respaldo. En el CAL, sus miembros deben revisar que se cumplan los requisitos sobre los argumentos por los cuáles se pide el juicio político. Se necesitan los votos de la mayoría del CAL (es decir cuatro de un total de siete) para que el trámite se apruebe.