Sentencia de TCE contra Yunda: el exalcalde pierde sus derechos políticos por tres años

El declive político del ex alcalde de Quito Jorge Yunda cada vez es más pronunciado: ha sido despojado de sus derechos políticos por tres años y deberá pagar una multa de cincuenta salarios básicos unificados, es decir, 20 mil dólares que deberá consignar en la cuenta de multas del Consejo Nacional Electoral. La fuerte sanción le fue impuesta por el juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), hoy en un expediente abierto en contra de Yunda por cometer una presunta infracción electoral muy grave, una figura legal tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. 

Yunda aún puede apelar, pero si el fallo se mantuviese, el exalcalde no podría participar en las elecciones seccionales de 2023, cuando Quito vuelva a elegir a sus autoridades municipales. El expediente por el que ahora es sancionado Yunda se abrió por una denuncia que Santiago Guarderas, ex aliado y hoy enemigo capital y sucesor de Jorge Yunda, presentó en su contra el 5 de agosto pasado. 

Guarderas señalaba al exalcalde por incumplir la resolución del TCE del 8 de julio de 2021 en la que se ratificaba su remoción. Un mes antes, el 3 de junio, el Consejo Metropolitano de Quito, máximo órgano legislativo y fiscalizador de la ciudad, compuesto por 21 concejales, destituyó a Yunda. Era la primera vez en la historia del Ecuador que se utilizaba el procedimiento de la remoción, contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que regula a los gobiernos autónomos descentralizados del país, entre los que están los municipios. Tal incumplimiento, en el razonamiento de Guarderas —y que ha sido acogido por el TCE— constituía una infracción electoral muy grave.

La sentencia del juez Torres también sanciona por infracción electoral muy grave  a la abogada María Belén Domínguez, la jueza que resolvió, en primera instancia, una acción de protección a favor del exalcalde Yunda, el 28 de junio de 2021. Domínguez tendrá que pagar una multa de 25 salarios básicos unificados —10 mil dólares. Cenia Solanda y Raúl Mariño, los jueces de la Corte Provincial de Pichincha que ratificaron el fallo de Domínguez también fueron sancionados por el TCE, que ordenó su destitución.

Fue a través de esas sentencias que Yunda volvió a asumir la alcaldía de Quito el pasado 30 de julio, después de pasar 11 días fuera del que había sido su despacho desde el 17 de mayo de 2019, cuando se posesionó. El fallo de Torres dice que los tres servidores judiciales son responsables de “haber dictado sentencias que se superponen a la actuación del Tribunal Contencioso Electoral y facilitar la indebida permanencia del doctor Jorge Yunda Machado, en calidad de alcalde de Quito”. Por ello, dice el fallo, los tres incurrieron en otra infracción electoral muy grave que sucede cuando una “autoridad o funcionario extraño a la Función Electoral” interfiere en el funcionamiento de ésta última. 

La decisión del TCE es un nuevo golpe legal contra Yunda, quien debió dejar la alcaldía a la que se aferraba a través de recursos legales que lo mantenían en el cargo, a pesar de la remoción confirmada por el tribunal. Esos esfuerzos resultaron infructuosos cuando la Corte Constitucional resolvió el 30 de septiembre de 2021 que el proceso por el cual Yunda fue cesado no había violado sus derechos. De esa forma, el máximo tribunal del país dirimió el conflicto entre Yunda y el entonces vicealcalde Santiago Guarderas, quien asumió el cargo por segunda ocasión ese mismo día. 

Una vez ejecutoriada la sentencia dictada por Torres, la secretaría general del TCE deberá remitir copias certificadas del expediente complejo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se registre la suspensión por tres años de los derechos políticos de Yunda, tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Ministerio de Trabajo. El mismo proceso debe repetirse para el registro de destitución de Mariño y Solanda. 

Las infracciones electorales están contenidas en el Código de la Democracia. Se dividen en leves, graves y muy graves, y en infracciones relativas al límite de gasto electoral y de los medios de comunicación y empresas encuestadoras. 

Las graves y muy graves se sancionan, entre otras causales, a quienes no cumplen con las órdenes de la “autoridad electoral” —que en este caso, según las denunciantes, sería el TCE. Entre las infracciones muy graves, dice el artículo 279 del Código, está “incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral”.

¿Qué es una infracción electoral?

Las infracciones electorales están contenidas en el Código de la Democracia. Se dividen en leves, graves y muy graves, y en infracciones relativas al límite de gasto electoral y de los medios de comunicación y empresas encuestadoras.

Las infracciones graves se sancionan con multas desde “once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años”. 

Las muy graves, dice el mismo Código, serán sancionadas con “multa desde veintiún salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años”. En este caso, el TCE puede resolver la destitución de Jorge Yunda como alcalde. “En este caso sería cumplir la remoción que ya había sido revisada por el TCE”, dijo a GK en agosto Jéssica Jaramillo, quien impulsaba la remoción de Yunda.