En el primer día de la audiencia de juzgamiento contra el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras trece personas, una testigo protegida habló sobre cómo se habría realizado la compra de las pruebas de detección de covid-19 que son el punto central de la discusión jurídica en este caso —su adquisición habría configurado un delito de peculado, según la acusación de la Fiscalía.
La audiencia se reanudará hoy a las 9 de la mañana
¿Qué dijo la testigo?
En un boletín, la Fiscalía General del Estado dijo que en la audiencia se reprodujo la versión de T.L., testigo protegida, quien fue presentada como integrante del laboratorio de investigaciones de la Universidad de las Américas (UDLA) y quien no estuvo físicamente presente en el Complejo Judicial Norte, donde se desarrolla la audiencia.
Según la Fiscalía, la testigo contó que a finales de marzo de 2020, el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, le llamó para pedirle que le ayudara a escoger pruebas de diagnóstico de covid-19. Además, le habría pedido también que asesorara al entonces Secretario de Salud del Municipio, Lenin Mantilla, otro de los 14 acusados en este caso.
La testigo también habría contado que el día después de la llamada de Yunda, Mantilla le llamó personalmente y le preguntó “aspectos técnicos de la pandemia”. Según la Fiscalía, Mantilla se refirió específicamente a la compra de máquinas para procesar muestras y a la infraestructura necesaria para establecer un laboratorio para diagnosticar covid-19.
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Además, el Municipio le habría enviado insertos de diferentes kits de detección de covid-19. Según la testigo, ella les dijo que no estaba en capacidad de hacer esos exámenes, por lo que Mantilla le pidió que los compartiera con un experto genético para que los analizara.
La Fiscalía dijo en su cuenta de Twitter que el 31 de marzo, el experto envió sus recomendaciones por correo electrónico y dijo que el protocolo LAMP —una técnica de hisopado para detectar el covid-19— que se pretendía usar en el Municipio no cumplía con el IDD, una certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) que aprueba los ingredientes que tienen los medicamentos o, en este caso, las pruebas para detectar covid-19.
Meses después, en junio, dice la Fiscalía, la investigadora Linda Guamán, quien en ese entonces era coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, se habría acercado a la UDLA para pedir que se validara el kit de LAMP. Según Fiscalía, Guamán habría insistido en la validación y “por cortesía profesional” se aprobó el kit, tal como lo pedía el Municipio.
María Dolores Miño, una de las abogadas de Guamán, dijo a GK que es “totalmente falso”. Miño explica que Linda Guamán no pidió una autorización porque ella sabe que la UDLA, como una universidad, “no tiene ni permisos ni autoridad” para dar tal aprobación. “Lo que Linda Guamán pidió fue una validación”, dijo Miño. Una validación es un proceso científico que sirve para entender el desempeño de las pruebas, es decir, para verificar qué tan efectivas son. Miño además alegó que Guamán pidió la validación porque necesitaba saber cómo funcionaban las pruebas.
Además, dijo Miño, después de que la UDLA emitiera su validación, Guamán se enteró, “por medio del fabricante, que el científico de esa universidad no siguió el procedimiento de validación con materiales y proporciones adecuadas”. Por eso, explica la abogada, el informe de la UDLA dice que el resultado era de menor sensibilidad.
Según Miño, los chats entre Guamán y el investigador de la UDLA están en el expediente y mostrsarían que ella solicita que se haga la validación de nuevo usando los parámetros adecuados.
¿De qué se trata el caso?
El 27 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó el Municipio de Quito, su Secretaría de Salud, el departamento del entonces secretario Lenin Mantilla y otros dos inmuebles. Los allanamientos se hicieron después de que un reportaje de Teleamazonas denunciara las presuntas irregularidades en la compra de 100 mil pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Quito. En los allanamientos, la Fiscalía encontró computadores, documentos, memorias portátiles y otros indicios para su investigación.
Meses después, en noviembre de 2020, un juez le dictó prisión preventiva a Mantilla, por su presunta participación en el delito de peculado. También se vinculó a otras cinco personas a la investigación.
El 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito otra vez. Según la Fiscalía, el allanamiento se hizo porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado” documentos en los que se probaría que hubo irregularidades en la adquisición de las pruebas de covid-19. En febrero de 2021, un juez vinculó a la investigación del caso a Ximena Abarca, al alcalde Jorge Yunda, a Linda Guamán y a otros funcionarios. Ahora, son 14 los vinculados al proceso.
¿Cómo avanzará el caso?
La Fiscalía dijo que en esta etapa de audiencia de juzgamiento presentará 63 testigos y otras pruebas para probar la culpabilidad del delito de peculado de los 14 procesados.
El caso está a cargo de un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que está conformado por los jueces:
- Patlova Guerra
- Wilson Lema
- Fabián Fabara
Se espera que hoy rinda su versión M. A. G., otro testigo protegido quien, según la Fiscalía, también es investigador.
