La mañana de hoy, 19 de marzo de 2021, la Fiscalía pidió a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio contra los funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Quito que son investigados por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas de detección de covid-19 —entre ellos, el alcalde de la capital, Jorge Yunda.
El 16 de febrero de 2021, tras un pedido de la Fiscalía, el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, vinculó a varios funcionarios del Municipio quiteño al proceso que investiga la supuesta compra con sobreprecio de 100 mil pruebas para detectar covid-19 hechas por la Secretaría de Salud municipal. Por este caso, la Fiscalía ha procesado al alcalde Yunda, al exsecretario de salud, Lenin Mantilla, a otros 12 funcionarios y exfuncionarios del Municipio, y a la empresa Salumed S.A como persona jurídica.
Entre los 12 funcionarios vinculados están Ximena Abarca y Linda Guamán, reconocidas profesionales ecuatorianas en el campo de la salud y la ciencia. Cuando se compraron las supuestas pruebas, Abarca aún no era secretaria de Salud del Municipio, y Guamán tampoco era funcionaria de dicha Secretaría. Sin embargo, Jhayya las vinculó al proceso. En el caso de Abarca incluso le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.
Abarca cumplió esa medida durante más de 20 días, hasta el 15 de marzo de 2021. Ese día, un Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial ordenó sustituir la medida por el uso de grillete electrónico, la presentación periódica ante una autoridad, y la prohibición de salida del país. Guamán y Yunda también usan grillete electrónico desde el 19 de febrero. Además sus cuentas bancarias fueron inmovilizadas y tienen prohibido vender bienes hasta por 5 millones de dólares.
El presunto peculado en la Secretaría de Salud de Quito se investiga desde mayo de 2020, después de que Teleamazonas publicara un reportaje que denunciaba que varias pruebas PCR para la detección de covid-19 se adquirieron con sobreprecio. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el peculado es un delito que cometen los servidores públicos cuando “abusen, se apropien, distraigan o dispongan” de bienes, dinero y documentos públicos y privados para su beneficio propio o el de terceros. Se sanciona con prisión de 10 a 13 años.
En el reportaje de Teleamazonas, la concejala Luz Elena Coloma dijo que la empresa Salumed S.A. hizo una oferta con el doble de precio por las pruebas, en comparación con las otras dos participantes en el concurso de contratación. Según la Fiscalía, la compra de estas pruebas representa un perjuicio de 4,2 millones de dólares para el Estado.
En ese entonces la Fiscalía allanó el departamento del entonces Secretario de Salud del Municipio, Lenin Mantilla, las oficinas de la Secretaría y las instalaciones de la empresa proveedora de las pruebas, Salumed S.A. Tras los allanamientos, Yunda destituyó a Mantilla. En noviembre de 2020, un juez dictó prisión preventiva para el exsecretario, de quien se desconoce su paradero.
En esta investigación, el 11 de marzo de 2021, la Policía allanó la casa de Jorge Yunda y la del Procurador del Municipio, Dunker Morales. En el allanamiento se incautaron “equipos tecnológicos, informáticos, computadores” y otros documentos para indagar cuál es su relación con el presunto delito.
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Yunda, Abarca y Guamán insisten en su inocencia. Cuando fueron vinculadas al proceso, Linda Guamán dijo en Twitter “el trabajo hecho en la contención de la pandemia en @saludquito me llena de orgullo, la verdad prevalecerá” . Abarca aseguró que “no tenemos absolutamente nada que ocultar. Tendrán que pedirnos disculpas”. Por su lado, el alcalde Yunda dijo “si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto.
