Después de que el portal digital Periodismo de Investigación publicara el 3 de septiembre de 2021 un reportaje que lo señalaba como el gestor del encubrimiento de glosas de un grupo de actuales asambleístas, el contralor general subrogante Carlos Riofrío González habló. “No estoy encubriendo nada”, dijo hoy, 9 de septiembre.
Según Periodismo de investigación, hay órdenes de reintegro, exámenes especiales e informes de responsabilidad civil y de indicios de responsabilidad penal que pesan sobre 32 asambleístas de la actual legislatura. En El Noticiero de TC Televisión, Riofrío aceptó que “varios asambleístas están inmersos en informes generales de auditorías que se han practicado cuando ellos eran servidores de instituciones públicas y por lo tanto sí existen responsabilidades administrativas, civiles”.
El pasado 6 de septiembre, la Contraloría General del Estado anunció que pidió un pronunciamiento de la Procuraduría sobre la procedencia o no de entregar la información de los asambleístas. El contralor Riofrío, en la entrevista de hoy, dijo que “tiene listo el informe” sobre los asuntos pendientes de los legisladores. Riofrío dijo que “una vez que la Procuraduría nos indique, y en caso de que diga que nosotros tenemos que entregar, así lo haremos”.
Además, Riofrío, quien está en funciones desde el pasado 25 de junio, descartó, en entrevista la con TC Televisión, que clasificó la información como reservada, pese a que Periodismo de Investigación adjuntó su respuesta, en la que decía que los datos eran reservados y que entregarlos era una vulneración a sus derechos.
Esta contestación era a los pedidos de información enviados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio. Asimismo, el contralor subrogante negó al medio de comunicación haberse reunido con legisladores para desvanecer sus deudas pendientes con el Estado. “Eso es ilegal, que venga cualquier persona o ciudadano auditado a solicitar que se desvanezcan sus glosas”, aseveró.
Sin embargo, la gestión de Riofrío sigue siendo cuestionada. Villavicencio dijo que la Comisión que preside envió un nuevo pedido de información, pero esta vez, bajo amenaza de destitución, si el contralor subrogante no entregase los datos. “(Riofrío) se está ganando un juicio político y su destitución porque lo que está haciendo es encubrir delitos de corrupción que están siendo investigados por el primer poder del Estado”, advirtió Villavicencio a TC Televisión.
La Contraloría, en cambio, dijo en un comunicado publicado el 6 de septiembre que los datos personales de los legisladores “guardan reserva en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control, están en proceso de juzgamiento de cuentas”.
La investigación
El 3 de septiembre de 2021, el portal Periodismo de Investigación presentó un reportaje en el que mostraba que Riofrío habría blindado a 32 asambleístas en ejercicio. De esos, 28 tienen glosas y diversos informes de indicios de responsabilidad penal, mientras que 22 tendrían que devolver dinero al Estado. En total, el perjuicio al Estado sería de 48,2 millones, según la publicación.
Los periodistas del portal escribieron que la reserva intencional de la información se alineó con el juicio político contra el excontralor Pablo Celi de La Torre, que fue el 16 de agosto último.
Fue en ese contexto que la Comisión de Fiscalización solicitó la entrega de informes de los legisladores que pertenecen a las bancadas de coalición Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), la alianza SUMA-PSC, Izquierda Democrática (ID) y otros dos son independientes.
Esos mismos informes fueron citados por la excontralora subrogante María Valentina Zárate —quien renunció el 21 de junio, después de reemplazar a Celi— en su comparecencia ante el pleno el pasado 21 de julio, en la sesión convocada por la Comisión de Fiscalización para continuar con el proceso de juicio político contra Celi. “¿Qué va a hacer Carlos Riofrío con estos informes? ¿Va a predeterminar sobre informes caducados?”, dijo ese día Zárate.
¿Quiénes son los asambleístas con glosas, según la investigación?
El legislador Pabel Muñoz López, de UNES, encabeza la lista revelada por el portal. De acuerdo con Periodismo de Investigación, el asambleísta tendría dos glosas por las que debe devolver 34 millones de dólares.
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Muñoz habría intentado, dice la publicación, a través de procesos administrativos como la presentación de recursos de revisión de resoluciones civiles, que las glosas caduquen o se desvanezcan. Sin embargo, dice el reportaje en Periodismo de Investigación, no sería posible: las solicitudes le fueron negadas y deberá saldar la deuda. El 6 de septiembre, Muñoz emitió un comunicado en el que rechazó la publicación y dijo que las glosas “no tienen sustento, no están en firme y fueron impugnadas en 2018 y 2019 para que un tribunal honesto e imparcial, el Tribunal Contencioso Administrativo analice las barbaridades de los informes de la Contraloría”.
La investigación señala a otras legisladoras de UNES. El segundo nombre en la lista es el de Lyne Katiuska Miranda Giler, que estaría glosada por 4.213.431 millones de dólares. La glosa fue ordenada luego de un examen especial a la reconstrucción de viviendas tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Gabriela Molina, de la bancada de UNES y quien además forma parte de la Comisión de Fiscalización, tiene una glosa dispuesta el 1 de marzo de 2021 que asciende a 898.655 dólares.
El equipo periodístico de Periodismo de Investigación consultó a la legisladora, quien respondió que la glosa “no está relacionada a ninguna contratación de obra o servicio sino a aspectos administrativos vinculados con el Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación, un subsidio estatal entregado a familias damnificadas.
La asambleísta Irma Corral, jefa de bancada de UNES, también debe pagar 33 mil dólares, debido a irregularidades reportadas en los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar “subsidios monetarios” para las víctimas del terremoto.
La legisladora Luisa González, también de UNES, en cambio, fue glosada por 880.473 dólares con base en un informe del examen especial sobre el uso de aviones presidenciales y vuelos presidenciales en la Presidencia de la República de 2012 a 2017. Pero la de González es apenas una parte, pues el momento total de la glosa del caso fue de 9.670.445 millones de dólares.
González también respondió a las consultas del equipo periodístico y dijo: “ese es un caso que pasó a Fiscalía a raíz de un informe con indicios de responsabilidad penal absolutamente inmotivado, puesto que en el mismo, en ninguna de sus partes se ha establecido que mí actuación ha sido ilegal, y mucho menos que me haya beneficiado yo personalmente”.
Lenín Lara, legislador de UNES, fue glosado por 204.074 dólares por procesos de compras menores durante su gestión como alcalde de Esmeraldas.
En la lista figura otro integrante de la Comisión de Fiscalización: Marco Troya, asambleísta de Acuerdo Nacional, quien, de acuerdo con Periodismo de Investigación, registra cuatro glosas en su contra que, en total, ascienden a 255.497,03 dólares, vinculadas a su gestión como prefecto de Los Ríos.
Hay asambleístas de Pachakutik entre los señalados. El legislador Salvador Quishpe tiene, al menos, 20 glosas por las que debería saldar una deuda que asciende a 503 mil dólares por informes de auditoría realizados durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Se encontraron señalamientos en procesos de contratación, liquidación de fondos, cuentas y comodatos. Según el equipo periodístico, Quishpe habría desvanecido 328.622. Ahora, quedarían 174.919 dólares.
Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachakutik, tiene una glosa por 14.910 dólares, además de un juicio coactivo del Ministerio de Trabajo de Cuenca de 2018.
Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, tiene cuatro glosas pendientes que, en total, suman 109.739 dólares. Pero impugnó y ahora debería saldar 78.756.
El asambleísta Mariano Curicama, de Pachakutik, tiene cuatro glosas en su contra. Debe saldar una deuda de 107.013 dólares por uso de fondos de publicidad, inversiones financieras y bienes inmuebles. Pero no era la cantidad total, sino que, de acuerdo con el portal, logró que se desvanezcan 250 mil dólares.
En la solicitud de información a Contraloría, enviada por la Comisión de Fiscalización y citada por el portal Periodismo de Investigación, constan otros nombres de legisladores de UNES como el de Esther Cuesta, Gustavo Mateus Acosta, Juan Cristóbal Lloret, Marcos Humerto Alvarado, Lenín Francisco Mera, Roberto Emilio Cuero, Blasco Luna, Johanna Ortiz, Comps Córdova Díaz, Alexandra Arce, Paola Cabezas, quien, según el medio, no tiene coactivas, ni glosas.
También están incluidos los asambleístas Efrén Noe Calapuche, de Pachakutik, la asambleísta independiente Vanessa Freire, quien antes militó en UNES, Hugo Cruz, del movimiento Construye, Washington Julio Varela, de Sociedad Patriótica, Francisco Javier León, legislador independiente, Carlos Falquez y Pedro Zapata, del PSC, Jorge Farah Abedrabbo, de la alianza SUMA-PCS, María Isabel Enríquez y Joel Eduardo Abad, de Pachakutik, Gruber Zambrano, de la bancada de Acuerdo Nacional y Dalton Emory Bacigalupo, de la Izquierda Democrática.
