Glosas, órdenes de reintegro, exámenes especiales e informes civiles y penales —emitidos por la Contraloría General del Estado— fueron calificados como información reservada, según una publicación del portal digital Periodismo de Investigación

De esta forma, se habría blindado a 32 asambleístas en ejercicio activo en la actual asamblea nacional: 28 tienen glosas y diversos informes, mientras que 22 tienen que devolver dinero al Estado. En total, el perjuicio al Estado sería de 48,2 millones, según la publicación. 

Periodismo de Investigación señala a un solo personaje como el gestor del encubrimiento: el contralor general subrogante Carlos Riofrío González, quien cumple sus funciones desde el 25 de junio de 2021.

Los periodistas escriben, en un largo texto, que la reserva intencional de la información se alineó con el juicio político contra el excontralor Pablo Celi de La Torre

En ese contexto, la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio,  solicitó a Riofrío la entrega de los informes de  los 32 legisladores que pertenecen a diferentes bancadas: la coalición correísta Unión Por la Esperanza (UNES), Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), la alianza SUMA-PSC, Izquierda Democrática (ID). Dos son independientes. 

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A través de un oficio dirigido al asambleísta Villavicencio, Riofrío respondió que la información era reservada y que, al revelarla, se estaría vulnerando los derechos de los legisladores señalados. Esos mismos informes fueron nombrados por la excontralora subrogante María Valentina Zárate durante su comparecencia ante el pleno el pasado 21 de julio, en la sesión convocada por la Comisión para continuar con el proceso de juicio político contra Celi. “¿Qué va a hacer Carlos Riofrío con esos informes? ¿Va a predeterminar sobre informes caducados?”, dijo ese día Zárate

¿Quiénes son los asambleístas con glosas? 

La lista la encabeza Pabel Muñoz López, el rostro más visible de UNES. De acuerdo con el portal, el legislador tendría dos glosas por las que debe devolver 34 millones de dólares. Muñoz habría intentado, dice la publicación a través de procesos administrativos como la presentación de recursos de revisión de resoluciones civiles, que las glosas caduquen o se desvanezcan. Sin embargo, escriben los periodistas, no es posible: las solicitudes le fueron negadas y deberá saldar la deuda. 

La primera glosa llegó después de un informe de auditoría que se hizo cuando el expresidente Rafael Correa estaba en el poder y devino a partir del examen especial al arrendamiento de aviones por el que Muñoz tendría que pagar 19.001.862 millones, según el portal. La segunda se inició después de que se conociera otro informe de auditoría sobre los procesos de arrendamiento del Airbus A330, por lo que Muñoz tendría que pagar 15 millones. 

La investigación señala a otras legisladoras de UNES. El segundo nombre en la lista es Lyne Katiuska Miranda Giler, que estaría glosada por 4.213.431 millones de dólares. La glosa fue dispuesta luego de un examen especial al dinero entregado para viviendas para las personas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Gabriela Molina, de la bancada de UNES y quien además forma parte de la Comisión de Fiscalización, tiene una glosa dispuesta el 1 de marzo de 2021 que asciende a 898.655 dólares. 

Según el portal, se originó  de un proceso de “solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios denominados “Bono de Acogida, alquiler y alimentación”, “Bono de Reinserción Económica y Social”, y “Bono Emergente para la Atención Humanitaria’” entregados después del terremoto del 16 de abril de 2016. 

El equipo periodístico consultó a la legisladora, quien respondió que la glosa “no está relacionada a ninguna contratación de obra o servicio sino a aspectos administrativos vinculados con el “Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación”. 

La asambleísta Irma Corral, jefa de bancada de UNES, también debe pagar 33 mil dólares, debido a irregularidades reportadas en los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar “subsidios monetarios”  para las víctimas del terremoto. 

La legisladora Luisa González fue glosada por 880 473 dólares con base en un informe del ‘Examen especial de uso de aviones presidenciales y vuelos presidenciales en la Presidencia de la República’ de 2012 a 2017. Pero la de González es apenas una parte, pues el momento total de la glosa del caso fue de 9.670.445 millones de dólares. 

Ella también respondió a las consultas del equipo periodístico y dijo: “Ese es un caso que pasó a Fiscalía a raíz de un informe con indicios de responsabilidad penal absolutamente inmotivado, puesto que en el mismo, en ninguna de sus partes se ha establecido que mí actuación ha sido ilegal, y mucho menos que me haya beneficiado yo personalmente”.

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González, además, descartó que se haya beneficiado a un tercero con un incremento patrimonial por el uso del avión presidencial, sino que, según ella, “está demostrado que su utilización se debió a eventos y causas estrictamente oficiales y cumpliendo los procedimientos determinados en la normativa”.

Lenín Lara, legislador de UNES, fue glosado por 204.074, 32 dólares por irregularidades en  compras menores durante su gestión como alcalde de Esmeraldas. 

En la lista figura otro integrante de la Comisión de Fiscalización: Marco Troya, quien, de acuerdo con Periodismo de Investigación, registra cuatro glosas en su contra que, en total, ascienden a 255.497,03 dólares, vinculadas a irregularidades halladas en su gestión como prefecto de Los Ríos.

Pachakutik no se salvó. El legislador Salvador Quishpe tiene, al menos, 20 glosas por las que debe saldar una deuda que asciende a 503 mil dólares por informes de auditoría realizados durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Se encontraron señalamientos en procesos de contratación, liquidación de fondos, cuentas y comodatos. Según el equipo periodístico, Quishpe habría desvanecido 328.622. Ahora, debe pagar 174.919. 

Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachakutik, tiene una glosa por 14.910 dólares, además de un juicio coactivo del Ministerio de Trabajo de Cuenca de 2018. 

Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, tiene cuatro glosas pendientes que, en total, suman 109.739 dólares. Pero impugnó y ahora debe saldar 78.756. 

El asambleísta Mariano Curicama, de Pachakutik, tiene cuatro glosas en su contra. Debe saldar una deuda de 107.013 dólares por uso de fondos de publicidad, inversiones financieras y bienes inmuebles. Pero no era la cantidad total, sino que, de acuerdo con el portal, logró que se desvanezcan 250 mil dólares.

El legislador Lenín Francisco Mera, de UNES, registraría seis glosas por 74.995 dólares, luego de que su gestión como director técnico del Ministerio de Agricultura, en Santa Elena, fuera analizada. 

En la solicitud de información a Contraloría, enviada por la Comisión de Fiscalización y citada por el portal Periodismo de Investigación, constan otros nombres como el de Esther Cuesta, de UNES, Juan Cristóbal Lloret, de UNES, Marcos Humerto Alvarado, de UNES, Roberto Emilio Cuero, de UNES, Blasco Luna, de UNES, Johanna Ortiz, de UNES, Comps Córdova Díaz, de UNES, Alexandra Arce, de UNES, Paola Cabezas, de UNES, quien, según el medio, no tiene coactivas, ni glosas.

También están incluidos los asambleístas Efrén Noe Calapuche, de Pachakutik, la asambleísta independiente Vanessa Freire, quien antes militó en UNES, Gustavo Mateus Acosta, de UNES, Hugo Cruz, del movimiento Construye; Washington Julio Varela, de Sociedad Patriótica, Francisco Javier León, legislador independiente, Carlos Falquez, del PSC; Pedro Zapata, del PSC, Jorge Farah Abedrabbo, de la alianza SUMA-PCS, María Isabel Enríquez, de Pachakutik, Joel Eduardo Abad, de Pachakutik; Gruber Zambrano, de la bancada de Acuerdo Nacional, Dalton Emory Bacigalupo, de la Izquierda Democrática.