Hoy, 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. En esta entrevista Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos (Asfadec) desde octubre de 2020, cuenta la lucha de familiares y amigos de desaparecidos en Ecuador y las trabas que les ponen las autoridades en el avance de las búsquedas de sus seres queridos.
¿Para Asfadec que significa este día en medio de la lucha que llevan todos los días?
Significa seguir en la lucha, seguir alzando nuestra voz. Esta violación de derechos [que son las desapariciones forzadas] no solo afecta a las familias sino a la comunidad. Esperamos que el actual gobierno, a la desaparición, la ponga dentro de su agenda como una prioridad.
Debes Saber
¿Cómo han sido estos años en la búsqueda de personas desaparecidas?
En Ecuador la desaparición de personas era una cuestión lejana. Solo se hablaba de los hermanos Restrepo, de Consuelo Benavides y de otros. Sin embargo, por la desaparición de Carolina Garzón el 28 de abril de 2012, viene su padre de Colombia, él decía “qué pasa en el Ecuador no hay nadie reclamando”, y moviliza a los familiares de personas desaparecidas.
Nos ha costado mucho. Hemos estado en las calles horas y horas, días en lluvia y sol. Hemos permanecido ahí. En el gobierno de Rafael Correa no paramos nunca, allí con la voz en alto por nuestros seres queridos. Nos decían ‘si no hay cuerpo, no hay delito’.
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¿Cuáles han sido los logros o avances que han tenido en la búsqueda de sus familiares?
Desde junio de 2020 por las reformas del Código Orgánico Integral Penal, la desaparición involuntaria ya está contemplada como delito. Tiene una pena privativa 5 a 10 años, si desaparecen a una persona con discapacidad, un menor de edad o adulto mayor.
Antes, ir a la Fiscalía era un dolor —no es que ahora no sea un dolor, pero era un dolor que uno sentía que no tenía respuestas. Le decían a uno “este es un caso administrativo” y no buscaban a nuestros seres queridos o buscaban pero no buscaban el delito.
Ahora también tenemos la ley (Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas) que fue aprobada el 19 de diciembre de 2019 y un reglamento que el expresidente Moreno le puso el ejecútese en noviembre de 2020 y fue publicado en diciembre de 2020.
Queremos que esta ley no se quede en letra muerta, que ese reglamento empiece a funcionar porque de enero a julio de 2021 ya tenemos 236 casos más en investigación, no denuncias, que son más de 4 mil.
La ley es muy amplia y nos ha tocado luchar duro. Se logró que se apruebe la ley, pero el expresidente Lenín Moreno la vetó: dijo que no podía haber tipificación de la desaparición involuntaria diciendo que no podía haber dos leyes que digan secuestro, y yo dije no, está equivocado el presidente.
No estábamos hablando de secuestro porque cuando se habla de eso, hay alguien que pide algo a cambio, en cambio en la desaparición involuntaria no existe alguien que diga “yo le tengo” —hay un silencio total, no tiene rostro el que desaparece a nuestro ser querido y por eso es importante la tipificación de la desaparición involuntaria.
¿Desde su punto de vista cómo avanzan las investigaciones y búsquedas de las personas desaparecidas ya con esta ley?
Las respuestas son: ‘espere no más’. Esas son las respuestas que nos han dado a los familiares como a los de Roberto Borja en Guayaquil, desaparecido desde el 20 de julio. Espere no más su agente es tal, como en el caso de la familia de Martha Andrade, desaparecida desde el 27 de diciembre de 2020. No hay respuesta, dicen ‘esto es así mismo, esperen’.
Nosotros ya no podemos seguir esperando más.
Debemos seguir en la Plaza Grande, debemos seguir marchando para decirle al gobierno, al Estado y al mundo que nuestros familiares nos hacen falta. No podemos aceptar que nos digan ‘espere no más’.
Cuando hay que hacer la investigación por las cámaras, resulta que las cámaras no funcionan. Cuando logramos información es porque nosotros mismos nos hemos movilizado a solicitar a los dueños de casa o negocios que se compadezcan y vean si hay un indicio a través de las cámaras.
Hacemos un llamado al gobierno para que nos dé respuesta a través de la investigación.
Queremos que las investigaciones se muevan porque es el derecho que tenemos, no porque nos van a hacer una caridad.
Que nos digan ‘espere no más’ es como si estuviéramos mendigando un derecho. Queremos justicia y verdad y luego cuando a nuestro ser querido lo encuentra muerto dicen ahí se acaba y no pasa nada más.
Queremos que eso cambie y mucho más en el Día de la desaparición forzada, queremos que nuestra voz se escuche.
Estamos muertos en vida ante la falta de respuesta, no existe una verdadera protección ni tampoco de fiscales ni agentes para la búsqueda.
¿Qué apoyo han tenido los familiares para continuar la búsqueda, para encontrar un trabajo o atención psicológica?
Del Estado no ha habido respuesta, a pesar que hemos hecho cartas a los ministros de salud de los gobiernos anteriores.
En julio empezamos a mandar más oficios y estamos esperando respuestas del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) del Ministerio de Salud. Sin embargo, hemos conversado recientemente con la Dirección de Mecanismos de Protección para Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Defensoría del Pueblo, donde ellos hacen un convenio con Fundación Tierra Nueva para que se nos atienda a los familiares de desaparecidos.
Tuvimos una reunión con la directora Alba Janón, para que el apoyo no sea solo psicológico sino también para formar un grupo de ayuda mutua entre nosotros. Por andar de investigadores no solamente nos quedamos sin trabajo y bienes porque tenemos que hipotecar, vender, perder para poder buscar a nuestro ser querido ya que el Estado no lo hace, porque en el momento que uno pone la denuncia es responsabilidad del Estado.
Sin embargo, seguimos en la misma situación y luego siguen las reparaciones. Nos seguimos sintiendo huérfanos o náufragos en el mar, no tenemos salvavidas y nuestra vida se va acabando sin encontrar a nuestro ser querido.
¿Algunos de los familiares de Asfadec, en caso de encontrar a su ser querido han accedido al derecho de la reparación?
No. En el caso de Juliana Campoverde, el primer caso que hay una sentencia, ahí se manda a hacer una reparación, poner una placa por parte de la iglesia, tampoco se la ha puesto. En la sentencia se manda que se busque el cuerpo pero ella no ha sido encontrada hasta ahora. El Estado debe encontrar a Juliana, aunque sea osamenta pero que encuentre porque la vida de su madre Elizabeth, se está acabando.
¿El Ministerio de Gobierno dice que de los desaparecidos se encuentra al 98%, ustedes han conocido casos en los que sí hubo estos resultados positivos?
Siempre nos han dicho eso. La Dinased (Dirección Nacional de contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsiones y secuestros) dice que es voluntario, pero hoy son 236 personas que están en investigación, queremos respuestas de las 227 del 2020, queremos respuestas de las 2.392 de los años anteriores. Aunque falte uno, nos faltan todos.
Queremos que todas las cosas las hablen con frontalidad, nuestra pregunta para ellos es ¿Dónde están nuestros desaparecidos?, ¿Por qué los desaparecieron y a dónde los llevaron?
Ellos dicen que el 98% se resuelve, es decir volvieron solos pero lo importante es dónde están los 236 desaparecidos de enero a julio. No podemos permitir que más del 50% de los 236 sean niñas, niños y adolescentes, y el 6% adultos mayores. Este es el momento de sensibilizarnos, sensibilizar al gobierno ecuatoriano que esto no puede seguir pasando.
¿Qué respuestas han tenido de los gobiernos anteriores y el actual?
Bueno, en los últimos gobiernos hemos enviado cartas para que nos reciba y nunca se dio.
Recién, el 14 de julio le enviamos una carta al presidente Lasso para que nos reciba y sabemos que la pasaron a Alexandra Vela, Ministra de Gobierno, y así hasta llegar a la Dirección de Trata y Tráfico de Migrantes, pero tampoco hay respuesta. Pero nosotros pedimos una reunión con el presidente de Lasso.
¿Cuál es la intención principal de hablar con el presidente Guillermo Lasso?
Queremos que el señor Lasso palpe cómo se sienten los familiares de desaparecidos, cómo se sienten abandonados del Estado ecuatoriano para que ponga dentro de su agenda de gobierno de estos 4 años la prioridad en los desaparecidos.
Decirle que debe haber políticas públicas de seguridad ciudadana, atención en la salud para familiares de desaparecidos, que sea prioritario. Queremos decirle al señor presidente que mire que hay tanta corrupción en la justicia.