Los buscadores han tejido el rostro de sus desaparecidos en sus mascarillas. Con ellas caminan, con ellas intentan protegerse gritan “¡Nadie se cansa!”. Son cerca de cincuenta personas, todos familiares de personas desaparecidas, que han llegado hasta la Plataforma Gubernamental, en el barrio Quitumbe, en el sur de Quito, donde los ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social. El inmenso edificio de concreto es la parada inicial de la Ruta de la exigencia, un recorrido que la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) ha organizado para, una vez más pedir respuestas por sus seres queridos. Es el último encuentro que tendrán este 2021.

Son las nueve de la mañana del 20 de diciembre y los buscadores —como ellos se autodenominan— todos se abrazan en un círculo antes de comenzar. Cada uno de ellos —madres, padres, hermanos, amigos— tienen sus botellas de agua, afinan los parlantes y los micrófonos. 

Enarbolan sus banderas y, entrelazando sus brazos, como un cordón humano, caminan. Hoy irán a los ministerios públicos y las entidades policiales que componen el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas Indirectas: los ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, al ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased). 

Se pararán en las afueras de estas siete instituciones para exigir lo que vienen exigiendo desde hace dos años: que la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, impulsada por la organización social de las familias, no haya sido en vano. Fue aprobada en diciembre de 2019 pero a dos años de ese logro histórico, la Asfadec dice que no ha visto ningún cambio y denuncian que se han profundizado las negligencias de las instituciones. 

En el Ecuador, hay registro de desapariciones desde 1947, cuando José María Velasco Ibarra era presidente. Hoy habría 1903 desaparecidos en Ecuador —1392 desde 2019, 227 en 2020, y 284 hasta octubre de 2021— de acuerdo al Ministerio de Gobierno. Más del 90% de las denuncias sobre estas desapariciones están aún está en indagación previa, la primera fase del proceso legal. Por esa falta de respuestas es que los buscadores se niegan a continuar la vida sin sus seres queridos. 

Desaparecidos en Ecuador
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La primera parada de la Ruta de la Exigencia fue en la Plataforma Gubernamental, en el sur de Quito. Fotografía: cortesía de Stefa Granada de INREDH.

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En las afueras de la Plataforma gubernamental, los gritos atraen, por unos instantes, las miradas de quienes hacen filas para sus trámites. Luego, la mayoría de la gente sigue su camino. Hay quienes sí se quedan y preguntan. “Oiga, ¿cómo se debe sentir perder a un hijo y no saber dónde está? me volvería loco, ¿por qué el gobierno no hace nada?”, les dice un vendedor de protectores plásticos de cédula. 

Muchos de los familiares de los desaparecidos tienen más de 65 años y están enfermos. Han dejado sus trabajos para volcar su vida a la búsqueda y han salido como lo hacen cada miércoles en el centro histórico, desde hace cinco, diez, veinte años. Para ellos, “la lucha en las calles es la solución”, dice Fernando Montenegro, padre de Michelle, una joven docente y activista por los derechos humanos que desapareció en 2018, en el valle de Los Chillos. 

Están aquí Fernando Montenegro y Valeria Campos, padres de Michelle Montenegro. Está Galo Ortega, padre de Javier Ortega, uno de los tres periodistas asesinados por un grupo narco delictivo en abril de 2018. Está Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012. Está María Eugenia Basantes, madre de Alexander Romo, desaparecido en 1994 cuando apenas tenía dos años y cuatro meses. 

Para la Ruta de la Exigencia, las familias han llegado a Quito desde diferentes provincias. 

Está Elvia Grefa, una sobreviviente de violencia y defensora de los derechos de la naturaleza, que viajó desde la provincia amazónica de Sucumbíos para reclamar la vida de su nieto Leni Grefa, desaparecido en febrero de 2021. Está Yanera Constante, que no ha dejado de gritar por Giovanna Pérez, su hija, desaparecida el 4 de diciembre de 2010. Está Alexandra Ramírez, que llegó desde Quevedo para que la Fiscalía investigue la desaparición de su hermana Luzmila el 10 de diciembre de 2016. Están Lilia, Maribel, Yajaira, Telmo, Milena…

Los gritos de los familiares son interrumpidos por la voz de Lidia Rueda, la presidenta de Asfadec, quien cuestiona al Estado y se queja porque el reglamento de la ley que ella ayudó a construir hace más de dos años, nada tiene que ver con la Ley.

Desaparecidos en Ecuador

Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas. Fotografía: cortesía de Stefa Granada de INREDH.

El reglamento debía emitirse 120 días después de la aprobación de la ley; hasta máximo junio del 2020. Pero el gobierno lo hizo recién el 17 noviembre de ese año, y con el rechazo de las familias: dicen que no participaron en su elaboración. 

El reglamento también se oficializó en una fecha sospechosamente beneficiosa para el Estado ecuatoriano: ocho días antes de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso de Luis Guachalá, desaparecido el 10 de enero de 2004. “El Estado ecuatoriano quiso quedar bien” [ante la Corte], cuestiona Lidia Rueda. En la audiencia, la Procuraduría General del Estado debía rendir cuentas sobre las acciones concretas que ha realizado para erradicar el problema. 

Lidia Rueda, con un megáfono en la mano, de pie, dice que el reglamento tiene apenas 12 páginas tres de ellas son considerandos— y no tiene concordancia con la ley aprobada. En la ley, por ejemplo, se fija la “capacitación efectiva de funcionarios fiscales e investigativos”, reclamada desde hace décadas por las familias. Pero el reglamento no lo norma, tampoco lo nombra. 

Lo que también los convoca hoy es el reclamo de no haber sido tomados en cuenta para elaborar el reglamento, cuando ellos fueron los principales promotores de la ley. Y no es una crítica infundada. Los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas dicen que la búsqueda debe ser integral, clara, transparente, visible y coherente. “La política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción y/o implementación de esa política”, dicen los principios. Pero Ecuador no ha cumplido. 

Otra de las quejas de Lidia Rueda y las casi 50 personas que están hoy en las afueras del Ministerio de Salud, es que la ley no se ha cumplido. Estar ahí afuera, juntos, tiene dos objetivos: entregar dos documentos al Ministerio de Salud y al de Inclusión Económica y Social. En el primero, piden reunirse con la ministra Ximena Garzón, y un informe que detalle cómo ha cumplido la institución con sus obligaciones estipuladas en la ley, como brindar acompañamiento y atención psicológica a las víctimas indirectas de la desaparición: las familias.

En el segundo documento, la Asfadec pidió un encuentro con el ministro Esteban Bernal y la entrega de documentación que sustente cómo el Ministerio de Inclusión ha cumplido con la construcción del registro de personas que se encuentran en condición de abandono, sin identidad, referente familiar, en casas de acogida o albergues, como lo ordena la ley.

Desaparecidos en Ecuador

La Asfadec entregó siete oficios a instituciones estatales para exigir respuestas por el cumplimiento de la ley. Fotografía: cortesía de Stefa Granada de Inredh.

Yanera Constante

Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez, desaparecida el 4 de diciembre de 2010, reclama la corrupción de fiscales y jueces. Fotografía: cortesía de Stefa Granada de INREDH.

La investigación del caso de Giovanna Pérez tiene 58 cuerpos —100 hojas cada uno— y ha llegado a la mesa de 11 fiscales y 14 agentes policiales, pero continúa en indagación previa, la primera fase del proceso legal sin que el sospechoso principal, Andrés L., haya sido investigado por su desaparición.

Mientras ella cuenta su caso en la Ruta de la Exigencia, a su celular llega una notificación: le avisan que el expediente de su hija llegó a la mesa de otra fiscal, la doceava en once años. Enojada, grita frente a la Fiscalía: “El fiscal provincial Galo Romero cambió al único fiscal que ha hecho un buen trabajo en el caso de Giovanna, y se lo acaba de dar a su esposa, la fiscal Yolanda Córdova, ¿cómo es posible esto, bajo qué argumentos si un informe de la Secretaría de Derechos Humanos instó a no realizar esos cambios”, cuestionó. Un día después del recorrido, denunció que no la habían notificado. Tres días después, se detuvo el cambio administrativo. 

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La Secretaría de Derechos Humanos, en el norte de Quito, es la quinta parada de la Ruta de la Exigencia. Los buscadores esperan que salga la secretaria Bernarda Ordóñez para recibir su petición: quieren ver el informe sobre la articulación, planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y acciones para prevenir, investigar, buscar y localizar a las personas desaparecidas. Pero Ordóñez no llega, quien sale es su asesora, Grace Jiménez, y recibe el documento que le entregan las familias.

Mientras un grupo hace ese trámite, otro grita en las afueras de la institución. Una persona recuerda que los desaparecidos ni siquiera entraron en la agenda de propuestas de los 16 candidatos que intentaron llegar al poder en mayo de este año, mucho menos en los debates donde se hablaba abiertamente sobre los derechos humanos. Tampoco está en la hoja de ruta del presidente Guillermo Lasso quien, en siete meses, tampoco ha concretado reunión alguna. 

A las cuatro y media de la tarde, con 5 instituciones ya visitadas, el frío empieza a sentirse en Quito. La siguiente parada es el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para esta institución, los familiares tienen varias exigencias: piden que cumplan con mantener una base de datos de personas fallecidas, no identificadas, sin identidad y no reclamadas, que debe ser alimentada por datos proporcionados por la Fiscalía, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En la institución los recibe el director, el general inspector Milton Zárate, quien promete entregar los documentos con los resultados de la implementación de la ley. 

Galo Ortega

Galo Ortega, padre de Javier Ortega, periodista asesinado en abril de 2018, reclama la falta de respuestas en el caso Nos Faltan Tres. Fotografía: cortesía de Stefa Granada de INREDH.

En las escaleras del edificio frío, Isabel Cabrera, ex presidenta de Asfadec e hija de Leonor Ramírez, una adulta mayor que desapareció a sus 73 años, el 29 de abril de 2011, recuerda que el ex presidente Rafael Correa le dijo que mejor se “dedicara a seguir con su vida”, porque su madre ya debía estar muerta. Pero Isabel Cabrera no ha podido comprobar si su madre murió porque no hubo un cotejamiento con cuerpos no identificados. Lo que menos esperan las familias es que sus familiares hayan muerto. Los reclaman vivos, pero quieren encontrarlos, y si la forma es cotejando cadáveres, lo harán. 

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Cae la tarde y los buscadores tienen aún el grito altivo. Para conservar el ánimo, hacen bromas, sonríen, abrazan a quien se acerca a su lucha. Hay quienes los observan con un tesón de esperanza. Y eso es lo que mantienen en su última parada: la Dinased, la institución que ellos más cuestionan cuestionada por su falta de respuesta y revictimización.

—Señora, ¿por qué no se cansa? 

—Sigan con su vida. Ya no griten, están mayores. Vayan a descansar. 

—¿No se habrá ido con el novio? 

—Pero si ya deben estar muertos, ¿qué buscan? 

Son tantas las veces que han escuchado esas frases de los agentes investigativos asignados a sus casos, dicen. 

Un séquito de policías custodia la entrada. “Así no nos entendemos. Así no podemos dialogar”, dice uno de ellos, mientras las familias plantan sus banderas y carteles. Los policías están apurados, en el interior del edificio suenan villancicos: es momento de la novena. 

A Valeria, madre de Michelle Montenegro, se le llenaron los ojos de lágrimas y rabia. “No nos vamos a ir, ¿qué les pasa? Tantas veces estuve aquí pidiéndoles que busquen a mi hija y se burlaron en nuestra cara”, grita. La voz del cantor chileno Víctor Jara las calma el ambiente: “Ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva”, se escucha en las afueras de ese edificio donde se han firmado documentos viciados y mentirosos, como el suscrito por dos agentes que certificaba la muerte de Carolina Andrango, adolescente de 15 años, como natural. Tiempo después, otro informe desbancó la teoría engañosa de los funcionarios. 

Después del rechazo de uno de los policías, Fernando De La Torre, jefe de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas de la Dinased, recibe a una delegación pequeña de dos personas. Calmado, el mayor De La Torre dice que hace un mes se firmó finalmente el protocolo interinstitucional para buscar a los desaparecidos en el país. Muestra un compendio de hojas donde está escrito el procedimiento, y un manual. Pero las familias dicen que no conocen este documento, que no se lo han enseñado. De la Torre no sabe qué responder al reclamo pero asegura que pronto lo harán.

Cuando le pregunté a De la Torre por qué después de dos años de la Ley la respuesta sigue siendo lenta y burocrática, responde que es la falta de personal. Dice que son apenas 36 agentes de la Dinased. “Además, ahora nosotros somos quienes nos encargamos de encontrar a niñas, niños y adolescentes desde mayo de este año. Eso nos ha doblado el trabajo”, afirmó. 

Al salir de la Dinased, la noche comienza a caer. Las madres, hermanas, hijas, padres, amigas, me dicen lo que he escuchado tantas veces: “¿Qué hacemos si el Estado no nos responde? Pues la lucha, la lucha por todas y por todos”. 

Los buscadores cierran sus ojos, en ocasiones, y sonríen. Los miran, te miran. Llega un abrazo y una lágrima en la mejilla del otro. Aún en la tragedia, los buscadores recuerdan siempre que sí cabe tener esperanza, que sí se puede, podemos hacer algo, que vale la pena salir a las calles por los derechos humanos, escribir, contar, hacer memoria, gritar —como decía el poeta Jorge Enrique Adoum— hasta enronquecernos el corazón por los otros, los “otros nosotros”.

Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.