La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea recomendó por unanimidad el juicio político y la censura a Pablo Celi, excontralor general del Estado subrogante. La tarde de ayer, 4 de agosto, la comisión se reunió para tomar la decisión. Pasadas las 2 tarde de hoy, la comisión presentó el informe con sus recomendaciones a la Presidencia del Legislativo. Con este documento el proceso de enjuiciamiento político continuará en el pleno de la Asamblea. 

El juicio político contra Pablo Celi se hace por varios motivos, incluyendo irregularidades en su nombramiento, el papel que habría tenido en la trama de corrupción de Odebrecht, y la presunta interferencia de la Contraloría en el proceso electoral de 2021. 

El 30 de julio pasado, la comisión pidió una prórroga de 5 días para presentar el informe que aprobarán hoy porque solo habían avanzado hasta la mitad del documento. Ayer su solicitud fue rechazada y la Presidencia de la Asamblea le dio dos días a la Comisión para entregarlo. Lo hicieron la tarde de hoy. 

Así fue la sesión de la comisión

Un comunicado de la comisión de ayer dice que “los nueve legisladores afirmaron que hubo incumplimiento de funciones por parte de Pablo Celi”. Los asambleístas dicen que en los informes de responsabilidades civiles y penales sobre obras ejecutadas por la compañía brasileña Odebrecht —involucrada en un esquema de corrupción a nivel regional— que emitió Celi solo se sanciona a funcionarios públicos y a algunos privados. Sin embargo, el comunicado dice que “no topa a la constructora brasileña”. La asambleísta Soledad Diab dijo que eso “dejó en la completa indefensión al país” y que supuso numerosas pérdidas. 

En la sesión de la comisión, Fernando Villavicencio, su presidente, presentó un expediente de 250 páginas que incluye el contraste entre los documentos solicitados a varias instituciones del Estado con más de 50 de las 70 comparecencias que se hicieron en el proceso de enjuiciamiento contra Celi. 

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Según Villavicencio, el expediente es “un precedente histórico de investigación profunda” que no se había visto antes en la Asamblea. El legislador dijo que por 10 años, la Comisión de Fiscalización de la anterior Asamblea “canjeaba informes por votos y favores y que suscribía impunidad de la A a la Z”. En esta sesión todavía no se votó por ese informe. Eso se hizo hoy al mediodía y luego entregaron el documento a la Presidencia del Legislativo. 

Otras investigaciones 

Además, en la sesión de ayer los asambleístas consideraron que “se han recabado las pruebas suficientes que demuestran que en la Contraloría opera una estructura organizada que se dedica a desvanecer glosas a cambio del pago de sobornos”. Una glosa determina que existen irregularidades en la ejecución de un contrato de funcionarios públicos y proveedores estatales que provoca un perjuicio al Estado por acciones u omisiones que violan las obligaciones de esos contratos con el Estado.

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El comunicado dice que los asambleístas coincidieron en que era fundamental que la Fiscalía investigue el caso “en el campo penal”. La institución ya lo está haciendo. Pablo Celi está siendo investigado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, relacionado con el desvanecimiento de glosas en la Contraloría. Celi cumple una orden de prisión preventiva desde el 8 de mayo de 2021.

En la sesión de ayer, Fernando Villavicencio dijo que pedirá que la Fiscalía intervenga para investigar la sustracción de documentos públicos que algunos funcionarios habrían tomado de la Contraloría. El comunicado dice que Villavicencio se refiere a informes con indicios de responsabilidad penal del exfiscal Carlos Vaca por usar recursos de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para la comisión que investigó la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. 

Además, dice que habrían desaparecido informes contra el exasambleísta José Serrano por contrataciones irregulares cuando fue Ministro del Interior. Según el comunicado de la comisión, esos informes “habrían sido el canje” para que Baca, Serrano y otros contribuyan a que Celi ejerza el cargo de Contralor subrogante en 2017.  

El asambleísta Pedro Velasco, otro de los miembros de la comisión, dijo que también se detectó el mecanismo que usaban para desvanecer las glosas. Según Velasco, había “subrogación pasajera” que duraba pocos días. En ese periodo ciertos funcionarios “cumplían delegaciones de sus jerárquicos superiores” y aprobaban los informes para desvanecer las glosas.