Pablo Celi, antigua máxima autoridad de la principal institución de control del país, la Contraloría, cumple prisión preventiva por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Celi podría estar enfrentando una pena de 7 a 10 años de cárcel. 

Esta es una cronología de su caso

Celi fue detenido la madrugada del 13 de abril de 2021 en uno de los allanamientos hechos por la Fiscalía en un megaoperativo del caso Las Torres. Celi, excontralor subrogante, fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de Quito. En total, esa madrugada se hicieron 25 allanamientos en Quito y Guayaquil. La Fiscalía dijo que la detención de Celi y de los otros presuntos involucrados se dio porque habrían participado en el delito delincuencia organizada en el caso Las Torres, que persigue presuntos actos de corrupción en Petroecuador, la Contraloría y en la Secretaría de Comunicación destinados a desvanecer glosas (las sanciones administrativas pecuniarias) a favor de empresas privadas. 

Además del excontralor, también fue arrestado José Agusto Briones, ex secretario de la Presidencia de la República, y otras seis personas más. Agusto Briones murió en la cárcel el pasado 23 de mayo en lo que las autoridades calificaron como un suicidio

La investigación del caso Las Torres comenzó en 2019. La investigación de la Fiscalía ecuatoriana es la consecuencia de un caso de lavado de activos que se procesó y juzgó en Estados Unidos. En junio de 2019, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos y procesados en ese país por lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador. De la Torre, exfuncionario de Petroecuador y sobrino de Pablo Celi, fue detenido al intentar entrar al país norteamericano con 250 mil dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar. 

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Después del proceso en Estados Unidos, la Fiscalía de Ecuador comenzó una investigación previa para determinar si también se cometieron delitos en el país, y concluyó que podría tratarse de un caso de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, la estructura delictiva estaba liderada por funcionarios públicos de altos cargos como Briones y Celi. Ellos, dice la Fiscalía, presuntamente exigían sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría, entonces dirigida por Celi. También habrían pedido sobornos a cambio de la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador y la empresa de maquinaria de construcción NOLIMIT S.A.

Prisión preventiva y apelaciones

El 8 de mayo un juez dictó prisión preventiva a Pablo Celi, a su hermano Esteban, Briones y cuatro personas más. La medida ha sido ratificada en dos ocasiones. Sin embargo, el excontralor subrogante todavía no ha dejado sus funciones.

El 13 de mayo de 2021, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por Celi. Dos días antes, Celi envió una carta desde la cárcel en la que pedía defenderse en libertad. Según Celi, en su detención se desconocieron sus “principios universales y derechos constitucionales”. Sin embargo, el juez rechazó su pedido y Celi siguió preso. 

El 9 de junio, el Servicio de Rehabilitación (SNAI) confirmó que Celi tenía covid-19. La noche anterior al anuncio, dijo el SNAI, el excontralor subrogante fue trasladado desde la Cárcel 4 de Quito al hospital Eugenio Espejo, en el centro norte de Quito. Según su abogado, Marcelo Ron, desde la noche del 7 de junio su cliente había presentado fiebre alta y “complicaciones en su tracto respiratorio”. Ron dijo que los médicos de la cárcel pensaron que era gripe o un resfriado por lo que lo medicaron para estas patologías. Ron añadió que la noche del 8 de junio su estado empeoró y por eso lo llevaron al hospital. Siete días después, la tarde del 15 de junio, Celi recibió el alta médica y regresó a la Cárcel 4 de Quito. 

Un día después de su salida del hospital, la Corte Nacional rechazó otro recurso interpuesto por Celi: un habeas corpus. Su defensa esperaba que así la prisión preventiva se modifique a medidas alternativas y que el excontralor subrogante pueda defenderse en libertad. Celi asistió a la audiencia de forma telemática, pero su hija, Alejandra Celi, habló en representación de él porque todavía no estaba en “condiciones físicas” de hablar porque su estado de salud aún es delicado después del covid-19. 

La prisión preventiva contra Celi fue ratificada por segunda ocasión el 24 de junio. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, presentó documentos y chats. Según un comunicado de la Fiscalía, entre los elementos presentados están conversaciones entre el excontralor subrogante Pablo Celi con varios de sus subalternos.

La Fiscalía también dijo que presentó documentos que demostrarían la existencia de desvanecimiento de glosas. Según la institución, “se emitieron glosas a las entidades, se recibía el pago a través de las empresas cuyos representantes son procesados y luego la glosa era desvanecida”. Salazar dijo que eso justificaba mantener la medida cautelar de prisión preventiva. El juez Felipe Córdova estuvo de acuerdo y rechazó la solicitud de revocatoria y sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares hecha por Celi. 

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¿Qué pasa ahora con la Contraloría?

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Pablo Celi no renunció a la Contraloría hasta el 5 de julio de 2021. Desde su detención pidió una licencia sin sueldo por 60 días. En ese periodo lo reemplazó Valentina Zárate, entonces subcontralora general del Estado. Zárate reemplazó a Celi como Contralora subrogante entre el 14 de abril y el 12 de junio de 2021. En esa fecha se terminó la licencia sin sueldo que había solicitado Celi.

El 17 de junio, agentes de la Fiscalía allanaron el despacho del Contralor y la Dirección de Talento Humano de la institución. Lo hicieron porque una llamada anónima denunció a Zárate de presunta usurpación y simulación de funciones. Zárate renunció a su puesto como subcontralora el 21 de junio. Un mensaje publicado en su cuenta de Twitter dice que lo hizo porque se viven momentos de tensión en la Contraloría que “impiden y limitan” el cumplimiento de sus responsabilidades.

El 25 de junio, desde la cárcel, Celi designó a Carlos Alberto Riofrío González como el nuevo Subcontralor General del Estado. Según la Ley Orgánica de la Contraloría, Riofrío deberá subrogar a Celi en su ausencia temporal o definitiva hasta que el Consejo de Participación Ciudana (CPCCS) designe a un nuevo titular de la institución.

El 3 de julio, el CPCCS aprobó la difusión y socialización del proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar al Contralor General del Estado. Así comenzará el proceso para designar a la máxima autoridad de la principal institución de control del Estado. Además, ese mismo día, el CPCCS le pidió a la Asamblea que haga y apruebe una “ley interpretativa” para solucionar los problemas de la Contraloría. 

El 5 de julio, Celi envió su carta de renuncia irrevolcable al CPCCS. Celi afirmó que tomó la decisión “ante condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución”, aunque no especificó a qué o quiénes se refería. Su renuncia fue aprobada por el pleno del CPCCS el 12 de julio.

Juicio político contra Pablo Celi

El proceso penal no es el único en contra de Celi. El 30 de junio, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea calificó y admitió a trámite de forma unánime el juicio político contra el escontralor subrogante del Estado. Si el pleno lo aprueba, después de que se cumpla todo el proceso, Celi podría ser censurado y destituido. 

La solicitud de juicio político contra Celi fue presentada por Juan Cristobal Lloret, asambleísta por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), por incumplimiento de funciones. La solicitud de Lloret incluye como causales la falta de legalización de su nombramiento después de la salida de su predecesor y condenado y prófugo por corrupción, Carlos Pólit, el presunto papel de Celi en la trama de corrupción de Odebrecht, entre otros. 

Después de la calificación y admisión a trámite, la Asamblea debe notificar a Celi sobre el inicio del juicio político. El excontralor subrogante tendrá un plazo de 15 días para presentar su respuesta a las acusaciones y las pruebas de descargo que considere pertinentes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que cuando se cumpla el plazo de 15 días, la Comisión de Fiscalización debe enviar al Presidente de la Asamblea —actualmente Guadalupe Llori— un informe en el que recomendará archivar o continuar el trámite contra Celi.

Si se decide continuar con el juicio político, el informe se pondrá en conocimiento del pleno de la Asamblea para procesarlo. 

¿Quién es Pablo Celi?

Pablo Santiago Celi De la Torre es doctor en ciencias internacionales y filosofía en ciencias políticas. No estudió derecho, pero tiene una licenciatura en Sociología y Ciencia Políticas. Nació en Quito. Fue profesor en en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Univer­sidad Central del Ecuador por más de treinta años. 

Celi fue subsecretario de Sandra Correa, cuestionada ministra de Educación del gobierno de Abdalá Bucaram, que duró apenas seis meses a mediados de la década de 1990. En esa misma época, Celi comenzó a dar clases en la Academia de Guerra Aérea y en el Instituto Na­cional de Guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en la Academia de Guerra del Ejército. 

En 2010, Celi fue asesor en política internacional y posicionamiento de la Contraloría General del Estado.  Ese mismo año fue designado subcontralor administrativo. En 2011, fue nombrado embajador del Ecuador en Argentina, en el gobierno de Rafael Correa. En 2014 volvió por un breve período a la Contraloría, donde fue subcontrolador general. Ese mismo año fue enviado como delegado del Ecuador al Centro de Estudios Estratégicos de la hoy extinta Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Buenos Aires. En la Unasur fue subdirector del Consejo de Defensa Sudamericano. 

Regresó a la Contraloría en 2016. Fue nombrado Subcontralor subrogante y en 2017 pasó a ser Subcontralor General del Estado Subrogante después de que su antecesor Carlos Pólit fue procesado por su participación en la trama de corrupción Odebrecht. Pólit actualmente cumple una pena de 6 años de prisión