La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea calificó y admitió a trámite de forma unánime el juicio político contra Pablo Celi, contralor subrogante del Estado. 

La tarde de hoy, 30 de junio, los nueve miembros de la Comisión votaron a favor del juicio político contra Celi, quien actualmente cumple prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. 

¿Cuáles son las acusaciones en el juicio político contra Celi? 

La solicitud de juicio político contra el Contralor subrogante fue presentada por Juan Cristobal Lloret, asambleísta por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), por incumplimiento de funciones.

En su cuenta de Twitter, Lloret dijo que Celi “sigue gobernando desde la cárcel”. El asambleísta añadió que “ahora un subrogante designa a su subrogante”. Haciendo referencia a que Celi designó a Carlos Alberto Riofrío González como subcontralor, y entre sus funciones está subrogar a Pablo Celi en su ausencia. 

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Lloret cita cinco causales en su solicitud de juicio político contra Pablo Celi: 

  • La  legalización de su nombramiento porque “no hay una acción de personal que certifique la subrogación del despacho del Contralor” después de la salida de Carlos Pólit, antecesor de Celi y sentenciado a 6 años de prisión por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht.
  • El papel que Celi habría tenido en la trama de corrupción de Odebrecht. Lloret dice que la Contraloría hizo informes con indicios de responsabilidad contra funcionarios, pero libró “de toda responsabilidad” a la empresa brasileña. 
  • El contrato suscrito con Daniel Salcedo (sentenciado a 4 años de cárcel por fraude procesal y enfrentando varios procesos jurídicos en su contra por otros delitos). Un comunicado de la Asamblea de hoy dice que en su solicitud de juicio político, Lloret dice que el contrato por más de un millón de dólares que una empresa de Salcedo tenía con la Contraloría se adjudicó de forma irregular.
  • Los dos casos de presunta interferencia de la Contraloría en las competencias exclusivas de la Función Electoral cuando dispuso que se eliminen cuatro movimientos del registro de organizaciones políticas y cuando intentó hacer una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral en las elecciones generales de febrero de 2021. 

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¿Qué pasará ahora?

Después de la calificación y admisión a trámite, la Asamblea deberá notificar a Celi sobre el inicio del juicio para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Contralor subrogante tendrá un plazo de 15 días para presentar su respuesta a las acusaciones y las pruebas de descargo que considere pertinentes. 

La Asamblea también deberá notificar al asambleísta solicitante del juicio político. En este caso, a Lloret. Para que en un plazo también de 15 días sustente las pruebas que sustenten sus afirmaciones. 

La ley dice que cuando se cumpla el plazo de 15 días, la Comisión de Fiscalización debe enviar al Presidente de la Asamblea —actualmente Guadalupe Llori— un informe “que detalle, motivadamente, las razones” de su recomendación sobre el juicio político. La Comisión podrá sugerir archivar el trámite o recomendar que continúe. Tiene un plazo de 5 días para enviar ese informe a Llori. 

Si la Comisión de Fiscalización decide recomendar el juicio político, la Presidenta de la Asamblea debe disponer que el informe se difunda entre los legisladores. La ley dice que luego, en un plazo de 5 días, lo deberá incorporar en el orden del día para ponerlo en conocimiento del pleno del Legislativo para procesar el trámite. Así decidirán si se absolverá o si se censurará y se destituirá a Celi. 

¿Qué otras acusaciones enfrenta Celi?

Celi está cumpliendo una orden de prisión preventiva por su presunta participación en el caso Las Torres, una presunta trama de delincuencia organizada. La medida contra el Contralor subrogante ha sido ratificada dos veces. 

Según la Fiscalía, era liderada por funcionarios que ocupaban altos cargos en instituciones públicas como Celi. La Fiscalía dice que los líderes de la estructura habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedicada a la venta de maquinaria y equipos para la construcción y minería.