Pablo Celi: “La Fiscalía se licenció para engañar al país y usar su Twitter para distribuir información falsa”

El ex contralor Pablo Celi nos recibió en su casa, donde guarda prisión preventiva domiciliaria desde abril pasado por la investigación judicial del caso conocido como Las Torres. En una amplia biblioteca, habló durante una hora y media sobre lo que considera vacíos e irregularidades del proceso que se sigue en su contra, que involucra a otras 12 personas, incluyendo a su hermano Esteban Celi.

La Fiscalía lo acusa, entre otras cosas, que usted fue parte de una estructura para desvanecer glosas a cambio de sobornos. Señala  a su hermano como su intermediario. ¿Qué dice usted ante esta acusación? 

Eso es una acusación absolutamente carente de sustento. 

Y, además, una es una acusación que no corresponde a la verdad procesal. La Fiscalía no ha podido presentar ni una sola prueba que me involucre en hechos irregulares y mucho menos en un delito de delincuencia organizada. 

No hay ninguna prueba fáctica, ni de hecho que pueda establecer una vinculación causal en mi contra. 

José Luis de la Paz, accionista de la empresa No Limit, dijo que desde 2007 su hermano Esteban Celi le ofrecía “solución a los problemas”. Él dijo que “ahí es cuando empezaron los pagos, algunos pagos en efectivo que yo personalmente le entregaba a él”. El “problema” sería una posible glosa y un informe con responsabilidad penal de la Contraloría. Su hermano Esteban habría pedido dinero, en nombre suyo, para desvanecer esas glosas. 

José Luis de la Paz, en sus versiones y en su testimonio nunca nombra a Pablo Celi. 

Al contrario, cuando es preguntado respecto del Contralor, él señala con mucha claridad que no conoce al Contralor, que no ha tenido ninguna relación con el Contralor. 

De otro lado, el uso del nombre de Esteban Celi, con una intención maliciosa de vincularme a través suyo, en supuestos ilícitos, en los que no tengo ninguna participación, debo rechazarlo de manera absoluta por varias razones.  

Esteban Celi no tiene, nunca tuvo que ver, con mis actividades como Contralor General del Estado. El parentesco no puede ser un argumento. 

Con Esteban Celi yo no tengo ninguna vinculación comercial, financiera, ni de trabajo profesional. Se han hecho todos los peritajes. Yo no tengo cuentas en el extranjero, ni mías y mucho menos compartidas con alguna persona o entidad, no las tengo. 

No tengo ninguna cuenta, ni en el país, ni en el extranjero con Esteban Celi. No tengo ninguna propiedad en común, ni inversiones, ni relación comercial de ninguna naturaleza. 

Por lo tanto, asociar el nombre de Pablo Celi al nombre de Esteban Celi, por algo que no sea exclusivamente el vínculo familiar, es una perversa intención de usar esa relación familiar para atribuirme hechos en los que yo no he participado, ni de los que tenía ningún conocimiento. 

O sea, ¿partimos de la posibilidad de que Esteban Celi haya en efecto podido pedir esos dineros?

Lo que yo puedo asegurarle es que Pablo Celi no ha tenido ninguna participación en un ilícito. 

Y, por lo tanto, no me corresponde a mí, ni responder y mucho menos ser acusado por actuaciones de terceros, por muy familiares que sean, que además deberán ser probadas. 

Yo creo que es muy importante que en las acusaciones que se le haga a Esteban Celi, él responda con sus fundamentos. 

De acuerdo, sin embargo, al decir que el hermano pedía dinero y después coincidencialmente se desvanecían estas glosas, sí puede haber esta idea de que probablemente ocurrió un ilícito.  ¿Qué respuesta da a eso?

Para llegar a esa conclusión tendrían que existir elementos probatorios. 

Documentales o incluso, por último versiones. 

¿Y no los hay?

No hay. 

No hay ningún elemento documental y ninguna versión me atribuye a mí, en forma directa ni indirecta, haber tenido ninguna participación en un ilícito. 

Por eso creo que es muy importante ante una afirmación, muy escandalosa, que genera una confusión en la percepción pública y una idea falsa de que yo esté vinculado con hechos de los que soy ajeno. 

Creo que lo importante es revisar los procesos. 

La versión del señor Roberto Barrera, tal como se publica en varios medios, quien fue juzgado en Estados Unidos y cumplió condena, menciona que, en el caso de No Limit, se habría destinado 2 millones de dólares en coimas que debían repartirse entre usted,  Raúl de la Torre, asesor del gerente Petroecuador, su hermano Esteban Celi y una funcionaria de la Contraloría. 

No, y yo tengo que contradecir eso, porque yo he asistido personalmente a la versión del señor Barrera. Y el señor Barrera, nunca ha dicho eso. 

Pablo Celi es investigado en una supuesta trama de corrupción que involucraba también a su hermano, Esteban Celi. Imagen de Vanessa Terán para GK.

Al contrario, el señor Barrera, cuando fue preguntado sobre si conocía a Pablo Celi, si había tenido alguna relación con Pablo Celi, dijo de manera enfática, que no lo conocía, que no tenía ninguna relación, que lo encontró en un velorio y en un acto artístico y saludó, y que la tercera vez que lo veía era en esta audiencia. 

El hecho precisamente de que se publiciten supuestos que no están en el proceso fue motivo para que yo presenté una acción de protección, de la cual me gustaría hablar también luego.  

Y si es que, coincidencialmente, después se desvanecen estas glosas, usted dice que no recibió dinero, pero si se desvanecen unas glosas, ¿cuál es la explicación?  

A ver, no hay coincidencias. 

Primero, podríamos comenzar a ver de qué glosas estamos hablando. Si nos referimos al desvanecimiento de glosas de No Limit, estas glosas se desvanecen por un procedimiento que concluye con la suscripción (de un informe), por parte de dos funcionarios de la Contraloría, que en ese momento cumplían funciones directivas, por mi ausencia del país. 

¿Ellos son los que desvanecen? 

El señor Luis Miño desvanece cuatro glosas y el señor Nelson Dueñas, una. 

Sobre esto que debe estar claro. Primero, que el desvanecimiento de glosas no es un delito. 

Siempre, siempre tiene que haber, para poder levantar una predeterminación, tiene que haber una motivación técnica y una motivación jurídica. Dentro de la Contraloría General del Estado, el procedimiento es muy claro. Una glosa se “predetermina” —la palabra se explica por sí misma: no es una determinación en firme. 

No es una sentencia ejecutoriada.

No es una sentencia ejecutoriada, es una predeterminación. 

Por esta razón, la Ley Orgánica de la Contraloría le da 60 días al auditado para que presente sus descargos. 

Si no hubiese esto no habría debido proceso y las personas, por lo tanto, por la sola predeterminación estarían ya sujetas a pagos de glosas, e incluso indicios penales. 

O sea, para cumplir con un debido proceso, la Contraloría tiene un procedimiento. 

¿No hay forma de que un argumento de la Fiscalía sea que las glosas sí se desvanecieron entonces sí hubo pagos?

No, por dos razones. 

Primero, por lo que le acabo de mencionar: el levantamiento de una predeterminación es un derecho del auditado, si prueba que hay razones para ejercerlo. 

Segundo, si existiese una resolución de la Contraloría, en cualquier caso, que adolezca de fallas técnicas o legales, la ley determina que el camino para revisar e incluso anular una decisión de ese tipo, es el Tribunal Contencioso Administrativo. 

Es decir, pasa de la Contraloría, al Tribunal Contencioso. 

Correcto.

¿Y en qué momento pasa a ser una investigación penal entonces? 

No puede: esto es una arrogación de funciones de la fiscal. 

La fiscal no es órgano de revisión de glosas de la Contraloría, no se puede presentar como noticia criminis un desvanecimiento de predeterminaciones.

¿Eso es lo que pasó con Marcela Aguiñaga, que el Tribunal Contencioso Administrativo falló en su favor sobre el tema de la glosa por la construcción del parque Samanes en Guayaquil? 

Sin que yo esté de acuerdo, porque son dos cosas distintas. 

Cada caso es diferente y cada predeterminación tiene que ser sustentada y resuelta en derecho y de manera técnica en cada caso. 

Por lo tanto, dejando la salvedad de que no conozco los términos en los cuales el Tribunal Contencioso Administrativo se ha pronunciado respecto del caso que usted me menciona, en términos de procedimiento legal, el camino administrativo para revisar e incluso anular una resolución es el Tribunal Contencioso Administrativo, en ningún caso la Fiscalía ni tampoco el sistema penal. 

No se puede penalizar una decisión del Contralor sin que medien procesos administrativos. 

Caso contrario, ¿qué autoridad adoptaría decisiones, que debe adoptarlas en derecho, bajo el riesgo y la amenaza de que cualquier decisión del Contralor tiene implicaciones penales? 

Eso es paralizar a la Contraloría, intervenir en sus funciones. 

Es. en los hechos, no solo es arrogarse funciones por parte de la Fiscalía, es también el intervenir, contra una organización autónoma como es la Contraloría General del Estado. 

En su caso específico, sobre el desvanecimiento de estas glosas, mencionaba el señor Barrera tres glosas, me parece. Si se desvanecieron, ¿quiere decir que hubo los sustentos necesarios para hacerlo o cómo se explica? 

Bueno, en primer lugar, el señor Barrera no es fuente de derecho, ni es fuente de información calificada. 

Es un testigo.  

En este caso. Y en su testimonio tampoco se ha referido al proceso de desvanecimiento de glosas 

¿Qué es lo real? En primer lugar, que el proceso del cual se origina el denominado caso Las Torres es un proceso por un supuesto pago de sobornos en Petroecuador, no en la Contraloría General del Estado. 

En ningún momento la Contraloría ha sido, en el inicio de ese proceso, parte de una investigación, primera cosa. 

De otro lado, el pago de facturas en Petroecuador o la entrega de contratos, que era lo que se refiere la acusación de soborno a funcionarios de Petroecuador.  

En ningún lugar se mencionan glosas de la Contraloría, porque no son un requisito. 

«Ni el señor de la Torre, ni el señor Barrera, ni el señor Esteban Celi, tenían ninguna influencia sobre el contralor del Estado», dice Pablo Celi. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

El levantamiento de predeterminaciones no es un prerrequisito de pago en Petroecuador. 

Entonces, no se puede pretender que se necesitaba una acción de Contraloría para proceder a un pago, para un pago legítimo, no se diga para un pago coaccionado. Eso hay que tenerlo con mucha claridad. 

La fiscalía asegura que el señor de la Torre y el señor Esteban Celi presionaban para que No Limit entregue sobornos, asegurando que tenían influencia en usted, entonces Contralor. El argumento es que ellos pedían dinero a cambio de desvanecer las glosas.

Dos cosas falsas. Ni el señor de la Torre, ni el señor Barrera, ni el señor Esteban Celi, tenían ninguna influencia sobre el contralor del Estado, en primer lugar. 

En segundo lugar, no era un requisito que hubiese llevado a necesitar una acción de la Contraloría. Son hechos independientes. 

Claro, pero es comprensible que una empresa esté preocupada porque va a tener un informe de responsabilidad penal. 

No tiene ninguna relación. 

Bien que usted lo menciona, porque si revisa el proceso y revisa las vergonzosas y execrables comunicaciones, diálogos y reuniones entre el señor de la Torre, el señor Barrera y No Limit, que han sido de las que yo me he enterado en el proceso, porque han sido o transcritas, o incluso proyectadas. 

De los famosos chats. 

Los audios, todo ha sido presentado en audiencias. 

Ahí he podido enterarme, y enterarme con indignación y tener que escuchar horas de diálogos, entre descalificados morales, en los cuales nunca se nombra al Contralor, nunca se nombra a la Contraloría. 

Nunca hablan de glosas, todos los que han estado en la sala han podido escuchar, incluidos los jueces. 

¿Por qué lo vinculan? 

Vamos a responder a eso, pero primero quiero dejar claro lo oreo.

No existe una sola grabación de esas reuniones, una sola afirmación, un solo chat, que señale al Contralor como objeto de una transacción o destinatario de un beneficio. Eso es absolutamente falso, en primer lugar. 

En segundo lugar, en los peritajes que se han presentado hasta el momento, los peritos han sido preguntados de manera explícita sobre menciones a la Contraloría y al Contralor. 

Y de manera explícita han dicho que no existen menciones a Pablo Celi. Por esta razón, yo he puesto una acción de protección. Porque la Fiscalía se licenció para engañar al país y usar su Twitter para distribuir información falsa. 

Reportes de prensa hablan de un supuesto pago de cuatro millones de dólares para ser repartidos entre Pablo Celi, Esteban Celi de la Torre, Pablo Flores y Natalia Cárdenas, funcionaria de la Contraloría. 

Los medios también han sido objeto de los engaños extraprocesales de la Fiscalía.  

Pero es gravísimo lo que usted dice.  

Sí, absolutamente, por eso he puesto una acción constitucional. 

El país tiene que ser informado con verdad, los propios medios para poder informar con verdad tienen que recibir información veraz, confiable, comprobada, contextualizada. Si la Fiscalía entrega una información que no es veraz, no es confiable, no está contextualizada y que, además, ha sido deliberadamente deformada para inculpar a Pablo Celi…

¿O sea hay una intención en su contra? 

Hay, no solo una intención, sino una acción sistemática de parte de la Fiscalía. 

Primero para montar un proceso sin pruebas. Y segundo, para distribuir socialmente un conjunto de falsedades, para lograr una proscripción mediática y una proscripción social, una sentencia anticipada, que no correspondiendo a la verdad procesal, influyendo externamente sobre el ánimo de la justicia. 

Esto es absolutamente violatorio de los principios de inocencia y buen nombre, garantizados en la Constitución, y del principio de que la sociedad reciba información verdadera. 

Está incluso en contra del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en su artículo 5 señala con mucha claridad que la fiscal debe actuar con objetividad y no persecución. 

No solamente que no hay objetividad, sino que hay un afán persecutorio y un afán inculpatorio que no corresponde a la conducta de una autoridad de control, y mucho menos a la conducta de quien tiene la responsabilidad de cuidar de la pulcritud de una inculpación penal. 

¿Por qué cree que hay un afán persecutorio si, hasta donde sabíamos, la Fiscalía y la Contraloría trabajaban de la mano en temas de transparencia, en temas de anticorrupción?

Podemos dejar esa pregunta para el final. 

Para cuando yo le haya podido explicar el proceso, para que sea más comprensible. 

Ok. Otra de las cosas que menciona la Fiscalía es que usted y su hermano fueron asesorados para realizar inversiones en Suiza con el dinero de supuestas coimas en el llamado caso las Torres. 

En esto es muy importante precisar los niveles de responsabilidad de las cosas. 

Los medios han distribuido información inexacta, equívoca y falsa. 

¿Entregada por la Fiscalía?

Sí, por la Fiscalía. 

La responsabilidad sobre una información que engaña a los medios y los induce, por lo tanto, a difundir una idea del proceso que no corresponde a la realidad, es sin duda de la Fiscalía. 

Los medios han tenido distintas actuaciones. En algunos casos, solicitaron, sobre todo a mi abogado y en algún caso a mi familia, puesto que yo estaba impedido de poder hablar, solicitaron versiones muy cortas, en relación a la proporción de las reiteradas veces y sistemáticas, con las que se distribuía versiones inculpatorias. 

La desigualdad y la falta de equidad en la información han sido absolutas. Esto me ha llevado a señalar que los medios también tienen responsabilidades legales de contrastar la información. 

Entonces, si bien es cierto, no es el medio el que está falseando la información, si hay una omisión al no contrastar para que la sociedad sepa en dónde está la verdad. 

¿Qué puede entender la sociedad, si no tiene versión contraria, si se ha silenciado la versión contraria?

¿Pero, quién no le ha dado acceso a dar usted su versión? 

Es un proceso que tiene más de 70 mil documentos. ¿Quién ha leído los 70 mil documentos? 

Es una gran ventaja poder aparecer en los medios, atribuyendo a esos documentos cosas que no son. 

Sobre todo cuando no hay una contrarréplica que pueda decir que se están falseando esos documentos y se está falseando la verdad procesal. 

Ahí está el problema. Esto realmente me ha colocado a mí durante un año en una situación de absoluta desventaja y por lo cual, yo me he permitido, en las dos últimas semanas, enviar sendas comunicaciones a dos medios de comunicación que distribuyeron una información no contrastada y no correspondiente a las cosas. 

Yo tengo aquí una de las declaraciones que hace el señor José Luis de la Paz, de No Limit. Le voy a leer una parte: “Yo tenía que dar paso, conociendo que él era una persona que demostraba su influencia, que me decía que conversaba con su hermano”. 

Se refiere a Esteban Celi. “Yo muchas veces le vi almorzando con su hermano y es más en el proceso este de la Contraloría, muchas veces me entregó documentos que no debía yo tenerlos, que eran confidenciales, que eran de uso interno, entonces con esa influencia que él tenía compréndame, que obviamente tuve que acceder porque estábamos en una situación muy complicada y encima más con este tema de la Contraloría que nos iba a causar incluso más problemas”. 

¿Cómo Esteban Celi habría podido tener acceso a documentos que le correspondían a la Contraloría, si es que usted no estaba al tanto?

Es muy extraño, que las tres personas que participaron de manera directa en el acto de ilícito en Petroecuador, que son juzgadas en Estados Unidos —De la Torre, Barrera y de la Paz—, no formen parte del proceso penal en el caso las Torres, en Ecuador, en primer lugar. 

El excontralor mantiene arresto domiciliario y usa un grillete electrónico desde abril de 2022. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

En segundo lugar, es muy extraño que las tres personas que han sido acusadas y condenadas en los Estados Unidos, es decir, respecto de las cuales se configuró una conducta delictiva, que estas personas, con este antecedente, sean usadas por la Fiscalía ecuatoriana, y en lugar de ser llamados a juicio, se han convertido en testigos protegidos. ¿Para qué? 

Para llegar a los peces gordos, ¿no? 

La Fiscalía utiliza a tres delincuentes para, precisamente, usar la figura legal de testigo anticipado para posicionar, previo a la audiencia de juicio, como supuestas verdades los dichos de estos tres sujetos. 

Hay un uso de tres delincuentes como testigos protegidos. El caso de la Torre es mucho más escandaloso: este señor se pasea en las calles de Quito con protección policial de la Fiscalía, en la actualidad. 

Pero podría ser que haya un testigo que participó en algún hecho irregular y que luego se convierte en delator. Es algo bastante común. 

¿Que un delincuente cuente con la protección de la Fiscalía para levantar falsos testimonios?

¿Es falso lo que dicen? 

De falsedad absoluta. El señor José Luis de la Paz señala con claridad no conocer a Pablo Celi. No he tratado nada con él. 

Bueno, no tenía que conocer al señor Pablo Celi, porque para eso estaba, presuntamente,  un intermediario: su hermano. 

Sí, y está bien que usted lo pregunte con esa agudeza periodística. 

Pero yo tengo que decirle también, con la misma frontalidad, que ninguno de los acusados, ninguno de los intervinientes, ha mencionado nunca una relación conmigo. 

Una supuesta intermediación de otra persona en mi nombre, no solo que no está aprobada, sino que no está consentida de mi parte. Yo no he autorizado jamás a nadie, y entre nadie está Esteban Celi, ni a representarme, ni intermediar por mí, ni hablar en mi nombre.

O sea, en el caso imaginando que alguien pidió dinero en su nombre y que dijo, “yo tengo cercanía, tengo, es mi hermano, mi tío, mi lo que sea”, ¿era sin su autorización?

Habría sido sin autorización, sin mi conocimiento. 

Yo no puedo tener responsabilidad de lo que hacen terceros

Pero le reitero la pregunta, ¿cómo tenía acceso a estos documentos que menciona el señor de la Paz? 

Se lo dije. Yo no tengo ni conocimiento, ni puedo asegurar qué relaciones hayan tenido o qué cosas hayan intercambiado entre terceros. 

¿No era a través de usted? 

En ningún caso. 

Habría que verificar si no es documentación de uso público, porque ese es el otro tema: que en este juicio se ha abusado tremendamente de presentar como misterio, cosas que son documentación pública que está en la web de la Contraloría, a la que tiene acceso cualquier ciudadano. Pero aquí se la presenta como que ha sido entregada de manera subrepticia, intencional y dirigida. 

¿Como qué documentos, por ejemplo? 

Como las glosas levantadas a No Limit, de las cuales ya vamos a hablar. 

Se las presenta como una supuesta cooperación internacional, cuando en realidad son documentos oficiales de la Contraloría, que están en la web de la Contraloría. 

Esta utilización escabrosa para generar una idea de ilicitud, de ilegalidad, de cosas que son absolutamente transparentes. 

En los chats entre el señor de la Torre y el señor Barrera que mutuamente se atribuyen acceso e influencia en gran parte del Estado. 

Hablan de contactos y negocios en el Ministerio del Interior, de Salud, en la Secretaría de Inteligencia, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Ambiente, en CNT —donde el señor de la Torre dice que va a ser designado director por gestión de un allegado al presidente de la República—, en el IESS, en el Hospital Monte Sinaí, en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Defensa, en la Policía, en la Judicatura, en la Presidencia de la República, en la EMOP, en varios municipios del país, en el Banco del Estado, en la Contraloría General del Estado, en la Superintendencia de Compañías, en el Ministerio de Educación y nombra a las autoridades de todas estas instituciones como sus allegados, íntimos amigos, como sus promotores y como los canales de acceso para negocios. 

¿A las autoridades de ese entonces, en el gobierno anterior?

Del gobierno de Lenín Moreno. Hablan de allegados y familiares de Lenín Moreno. 

¿Y a ellos no se les investigó? 

Hablan del propio Presidente de la República y ninguno es vinculado, salvo al Contralor General del Estado. 

Ni siquiera han sido llamadas todas las autoridades mencionadas para que den una versión respecto si tenían o no relación con el delincuente De la Torre, que sé que tal como se tomaba el nombre del Contralor, pudieron tomarse el nombre de todos ellos. 

Todo esto está dentro del proceso, en las actas. 

¿Y a que le atribuye usted el hecho de que la Fiscalía deje de lado a estas personas pero sí lo investigue a usted?

Porque esto es un proceso que se montó desde un principio con la clara y sola intención de destituir al contralor, de descomponer a la Contraloría e incidir, como se ha hecho durante todo este año, en el proceso de control político del sistema institucional del país. 

Sobre ese tema podemos profundizar. 

¿Hay manipulación de la Fiscalía sobre la información de los testigos?

Es lo que vengo señalando, que esa manipulación se ha dado, no solamente en las declaraciones. 

Se han manipulado peritajes. ¿Por qué yo he interpuesto una acción de protección?

Hablemos de la acción de protección, entonces.

Mi defensa y yo hemos presentado, en la acción de protección, una contrastación del Twitter de la Fiscalía, lo que la fiscalía le atribuye a la audiencia y lo que realmente leyó el perito en la audiencia y lo que consta textualmente en el peritaje. 

¿Hay divergencia entre las tres cosas?

No solo que hay divergencia. Hay direccionamiento. 

En el peritaje no se pone la palabra Pablo Celi, ni las iniciales PC. En el Twitter de la Fiscalía se la coloca. 

¿Y el peritaje sobre que? ¿Para inducir a qué tipo de error? 

Es el ese peritaje respecto precisamente de la inquietud que usted tiene.

¿Sobre esta entrega, supuestamente de dos millones de dólares, para repartirse entre varias personas, entre ellos usted? 

Entre otras cosas, entre otras cosas, sí, precisamente, a los diálogos entre quienes acordaban repartos. Entonces yo he presentado una acción de protección. 

Esta acción de protección ha pasado a segunda instancia y ha pasado a segunda instancia porque hay un juez probo, aunque nunca lo conocí en mi vida. 

El juez ponente me ha dado la razón porque ha sido evidente la demostración probatoria de la tergiversación en el Twitter de la Fiscalía. 

Pablo Celi sacó en ese momento varios documentos que, según él, demuestran que la Fiscalía activó un pedido de asistencia penal a Estados Unidos, para intentar involucrarlo en el proceso. 

Pablo Celi, ex contralor, cree que la Fiscalía ha actuado con direccionamiento. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

Es una falsedad absoluta que la acusación nace de los Estados Unidos”, dice Celi.  “En toda la asistencia penal internacional jamás se nombra a la Contraloría, a Pablo Celi”. Dice además, que la fiscalía había pedido información adicional a Estados Unidos y que ese país le habría respondido que no existe más información. “Estados Unidos está actuando aquí en derecho y cuidando los procedimientos y dejando claro que esta acusación no ha nacido de Estados Unidos”, dice.

¿Por qué?

Cuando se dice que, y lo dice sin documentos, sin fundamentación alguna, que la acusación nace de los Estados Unidos, esto es una falsedad absoluta. En toda la asistencia penal internacional jamás se nombra a la Contraloría, a Pablo Celi. 

¿A qué cree usted qué se debe entonces, si usted no era parte de la investigación y la Contraloría tampoco, que hoy sea investigado?

A una clara  intención política, pero le pedí que, de eso, por favor, hablemos al final.  

Perdónenme, por cierto, es muy importante para que usted entienda el problema. 

Mire, no solamente que no hay ninguna mención, sino que esta es la carta de la asistencia penal internacional, que llega el 23 de junio de 2021, cuando yo ya estoy detenido. 

En enero, la Fiscalía del Ecuador solicitó, explícitamente, al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mire, el 6 de enero de 2021. La respuesta a esta solicitud llegó el 9 de febrero del 2021. Y lo único que esa respuestas incluye, es la fotocopia de las resoluciones firmadas por Miño y Dueñas.

Las resoluciones en favor de No Limit.

Sobre las predeterminaciones de No Limit. 

Ahora que usted menciona el Gobierno de Estados Unidos, no quiero dejar esto de lado. ¿A usted le han retirado la visa? 

En el momento en que yo fui acusado, obviamente hay una actuación de la Embajada americana retirándome la visa. 

¿Ahora usted está sin visa a Estados Unidos?

Se me retiró la visa. 

¿Y a su familia también? 

A mí y a mi esposa. Es una decisión soberana de los Estados Unidos, que yo la respeto de manera absoluta. 

¿Y eso no tiene que ver con que a usted se le está investigando? 

Pero eso no tiene ninguna relación con una investigación en Estados Unidos como lo acabo de demostrar. 

Y no debería tampoco tener relación con una investigación penal en el Ecuador no concluida y respecto de cosas no probadas, pero eso es una decisión soberana de los Estados Unidos. 

En este documento se señala también lo siguiente, de conformidad con el artículo 18, párrafo 19: la autoridad anticorrupción de Estados Unidos no tiene objeciones a que las autoridades ecuatorianas utilicen la información. 

¿En qué momento pasa usted de ser fiscalizador a ser fiscalizado? 

Sería muy bueno que, así como se han presentado chats descontextualizados, mutilados, que no corresponden al periodo investigado, que se desmaterialice todas las comunicaciones de mi teléfono. 

Entre ellas, mis comunicaciones con las autoridades del Estado, incluidas aquellas con la Fiscal General del Estado, cuando fui Contralor General del Estado. 

¿Por qué no se han desmaterializado? 

No sé. Aquí se han desmaterializado aquellas cosas que la Fiscalía ha dicho que se desmaterializa, nada más. 

Yo creo que sería mucho más saludable que se desmaterialice absolutamente todo. 

¿Por qué, según usted, se ha “montado” todo esto en su contra, como usted asegura? 

Para invalidar las resoluciones de la Contraloría, desde intereses, muchos que fueron afectados por esas resoluciones. 

¿Quiénes? 

 En medio de una pugna por el control de las instituciones que usted puede ver.

Pero, ¿quién querría controlar la Contraloría? 

Usted puede ver en el año que ha sucedido, después de mi detención, la permanente y voraz confrontación por tomarse los organismos de control público. 

Hay muchas auditorías que tocaron intereses en este país.

¿Qué intereses? 

Por ejemplo, la auditoría de la deuda pública. 

¿A quiénes tocaba? 

Tocó directamente a un gobierno que encubrió un endeudamiento por sobre los límites constitucionales y maquilló las cifras de la deuda externa. 

¿Se refiere al gobierno de Rafael Correa?

Por supuesto. 

Pero como la Fiscal, podría estar trabajando en conjunto con Rafael Correa, según sus señalamientos, o con miembros de ese gobierno, si es que ella incluso impulsó la causa contra Jorge Glas y otros funcionarios de alto rango. 

Miremos la sucesión de los hechos y saquemos conclusiones. 

Un asunto extremadamente serio que lo señalé con claridad en la Asamblea Nacional, que tiene que ver con las dos auditorías que la Contraloría hizo a las irregularidades en el Consejo Nacional Electoral.

¿De qué periodo?  

Las dos auditorías fueron un motivo incluso de sanciones, en donde se estableció señalamientos clarísimos sobre la inconsistencia del registro de partidos, donde se habían autorizado organizaciones políticas, sin que cumplan los requisitos de ley. 

¿Qué organizaciones? 

Cuatro organizaciones políticas. Voy a entregarle a usted los informes. El registro electoral donde se observó que no se implementó un sistema informático para depurar ese registro. 

¿Y estos informes recaen sobre los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral? 

Por supuesto, algunos de ellos, creo que otros han sido cambiados. 

Observaciones al sistema informático de conteo de votos y resultados, que no establecieron mecanismos de control y supervisión, inconsistencias en ese conteo, ausencia de un plan de contingencia, no aseguramiento de la integridad de bases de datos para la transmisión y publicación. Todo esto lo señalé en la Asamblea Nacional, porque también fui llamado a juicio político supuestamente por intervenir en el proceso electoral. 

¿Según su hipótesis, había presiones sobre la Fiscalía para que usted no ejerza sus funciones?

Aquí han habido presiones sobre todas las instituciones públicas.  

Es un juego político, de dar inicio a un proceso de desestabilización de las instituciones, de condicionamiento político a esas instituciones y de condicionamiento político de la estabilidad de sus autoridades. 

¿El condicionamiento es a cambio de qué? 

De la estabilidad de autoridades en medio de un proceso en donde se ha generado una desestabilización de todas las instancias institucionales del Estado. 

¿Claro, pero qué significa eso? 

En este caso particular, significa que, todas las acciones con las cuales se va forjando este proceso penal parten de iniciativas que no tienen ninguna relación con investigaciones previas puesto que no la hubo, sino con actuaciones de la Fiscalía que se producen entre la primera y segunda vuelta electoral, para tomar preso al Contralor, el día siguiente de concluidas las elecciones.  

No me termina de quedar claro qué es lo que usted quiere señalar.

Que los procesos en el ámbito de la justicia deben estar absolutamente exentos de intervención política. 

¿Y aquí hubo intervención política? 

Creo que es evidente la orientación y la intencionalidad política cuando se forja un proceso penal con tantas irregularidades. 

¿Qué político intervino en esto? 

Debieron ser, sino muchos, varios de los cuales la fiscal, probablemente, es simplemente un instrumento. 

¿Sus sospechas de quiénes son? 

Habrá muchas más entrevistas y creo que la historia de este país, de este periodo, todavía no ha sido contada. 

¿Usted es un perseguido político? 

Lo dije en la Asamblea, soy un reo de conciencia. 

Termino con esto. Las relaciones familiares al final fueron en su contra, porque involucran a su hermano, también al señor de la Torre, hijo de una prima suya. Podrían hacer pensar que hay un entramado casi familiar para delinquir.

Las relaciones familiares no pueden ser fundamento de una acusación, las personas deben responder por sus actos no por los de sus familiares en ningún grado. 

En el caso de mi hermano he precisado que no tengo ninguna relación con su actividad, ni en el campo económico, ni en el campo legal. 

En relación con el señor Raúl de la Torre. 

El señor es hijo de una prima mía, no es mi sobrino directo. No hay ningún otro vínculo. Por eso me parece cuando menos sospechoso que este señor, que debería estar incorporado en el juicio y detenido, porque es un delincuente confeso en los Estados Unidos, haya sido convertido en un delincuente protegido por la fiscal. 

Yo no tengo ninguna red con este sujeto. 

¿Usted se ratifica en su inocencia? 

De manera absoluta. 

No solamente desde mi conciencia personal, sino desde la verdad procesal. Donde no existe ninguna prueba en mi contra.