La Presidencia de la Asamblea Nacional le negó a la Comisión de Fiscalización la extensión del plazo para presentar su informe sobre el juicio político a Pablo Celi, ex contralor general del Estado subrogante. La mañana de hoy, 4 de agosto, la Asamblea publicó un comunicado en el que anunciaba que, en dos días, la Comisión de Fiscalización debe presentar el informe en el que recomiende o no al pleno del Legislativo avanzar con el juicio político a Celi. 

Según el comunicado de la Asamblea, la solicitud de la Comisión de Fiscalización fue presentada “de forma extemporánea” porque se hizo después de que se cumplió el plazo para presentar el informe. El 30 de julio pasado, la comisión, presidida por Fernando Viallavicencio, pidió una prórroga de 5 días porque solo habían avanzado hasta la mitad del documento. 

Además, la Asamblea dice que el pedido fue negado porque “va en contra del procedimiento establecido en la Ley que rige la Función Legislativa”. El artículo 82 de esta ley dice que la Comisión tiene un plazo de 5 días para presentar el informe y que sí puede pedir una extensión de 5 días para hacerlo. Sin embargo, ya que el trámite se presentó ante Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, después de que el plazo se venció, la solicitud fue negada. 

Carmen Iñíguez, una de las asesoras técnicas de la comisión, dijo que el informe no estaba terminado porque incluía 65 comparecencias y más de 50 solicitudes de información que no se se habían podido procesar a tiempo. Según Villavicencio, son “decenas de horas de audio y video que están siendo transcritas, miles de fojas que están siendo revisadas”. Eso, dijo el asambleísta, los conducía “inexorablemente a plantearnos la posibilidad de requerir 5 días  adicionales para completar y hacer un informe riguroso”. 

¿De qué acusan a Celi?

El 30 de junio, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea calificó y admitió a trámite de forma unánime el juicio político contra el ex contralor subrogante del Estado. La solicitud fue presentada por Juan Cristobal Lloret, asambleísta por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), por incumplimiento de funciones. 

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Lloret cita cinco motivos en su solicitud de juicio político contra Pablo Celi: 

  1. La  legalización de su nombramiento porque “no hay una acción de personal que certifique la subrogación del despacho del Contralor” después de la salida de Carlos Pólit, antecesor de Celi y sentenciado a 6 años de prisión por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht.
  2. El papel que Celi habría tenido en la trama de corrupción de Odebrecht. Lloret dice que la Contraloría hizo informes con indicios de responsabilidad contra funcionarios, pero libró “de toda responsabilidad” a la empresa brasileña. 
  3. El contrato suscrito con Daniel Salcedo (sentenciado a 4 años de cárcel por fraude procesal y enfrentando varios procesos jurídicos en su contra por otros delitos). Lloret dice que el contrato por más de un millón de dólares que una empresa de Salcedo tenía con la Contraloría se adjudicó de forma irregular.
  4. Los dos casos de presunta interferencia de la Contraloría en las competencias exclusivas de la Función Electoral cuando dispuso que se eliminen cuatro movimientos del registro de organizaciones políticas y cuando intentó hacer una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral en las elecciones generales de febrero de 2021.

Celi también enfrenta un proceso penal. Está siendo investigado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, relacionado con el desvanecimiento de glosas en la Contraloría. Cumple una orden de prisión preventiva desde el 8 de mayo de 2021. 

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¿Qué se dijo en las comparecencias?

Desde el 18 de julio se presentaron pruebas de cargo y descargo en el juicio contra Pablo Celi. Además, cerca de 70 personas comparecieron hasta el 26 de ese mes. Las personas que comparecieron incluyen a Fiscal General del Estado, Diana Salazar; Carlos Polit, excontralor del Estado; Valentina Zárate, exsubcontralora; el mismo Pablo Celi; entre muchos otros. 

En su comparecencia, el 26 de julio, Celi habló por más de dos horas. Estuvo flanqueado a cada lado por un agente de seguridad de la Cárcel 4 de Quito. Celi dijo que el juicio político era un proceso “carente de sustento, donde se acomodan supuestas pruebas”. Además, sobre de la acusación sobre los informes en que habría favorecido a la empresa petrolera Odebrecht, Celi dijo que “la Contraloría es un organismo técnico donde no es posible direccionar las auditorías ni sus resoluciones”.

Según Celi, él no ha incumplido funciones. “El acusador desconoce la propia actuación de la Asamblea Nacional de la cual es miembro, y las obligaciones derivadas de esta actuación para la autoridad de la Contraloría”, sostuvo el ex contralor subrogante. Celi dijo que desempeñó con las funciones que le correspondía como subrogante.

En cambio, en su comparecencia, la fiscal Salazar dijo que Pablo Celi habría solicitado desvanecer 6 glosas de NOLIMIT S. A. “por alrededor de 13 millones de dólares entre 2017 y 2020”. Además, según Salazar, el hermano de Pablo Celi, Luis Esteban Celi, habría solicitado y recibido dinero de dicha empresa. La Fiscal dijo que se podía “apreciar cómo se encontraba constituida esta delincuencia organizada que operaba, no solo desde la Contraloría, sino también desde la Gerencia de Petroecuador y desde la Secretaría General de la Presidencia, sobre todo en 2019”, autoridades de estas instituciones también están siendo investigadas por la Fiscalía en el caso Las Torres. 

Con el informe, que se deberá presentar en los próximos dos días, la Comisión de Fiscalización decidirá si recomienda que el juicio político pase al pleno de la Asamblea para que se vote a favor o en contra de la censura de Celi. Sin embargo, al ya haber renunciado a su cargo como Contralor subrogante, no podrá ser removido, pero sí podrá enfrentar otras consecuencias como la prohibición de ocupar cargos públicos por dos años.