Asambleístas de la Comisión de Derechos Humanos visitaron una hacienda de la empresa Furukawa para constatar que se esté cumpliendo la acción de protección a favor de más de 100 extrabajadores de la empresa que vivieron esclavitud moderna. La acción de protección fue aceptada por un juez en enero pasado.
La mañana de ayer, 30 de julio de 2021, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional visitó los campamentos de la hacienda 42, una de las 23 que tiene Furukawa Plantaciones C.A en la provincia costera de Santo Domingo. La empresa está dedicada a la producción de abacá, una planta parecida al plátano.
En la mañana de ayer, el Comité de Solidaridad con las familias que viven en las haciendas de Furukawa dijo en Twitter que los asambleístas desayunaron con miembros de la empresa Furukawa. Pablo Iturralde, director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), quien ha acompañado desde el inicio de las demandas a los extrabajadores en este caso, dijo a GK que el asambleísta independiente Gruber Zambrano, fue el único que se reunió con gente de la empresa, “Se supone que no puedes sentarte a desayunar con un actor que está en fiscalización, eso es como recibir un regalo de alguien que tienes que controlar y evaluar”, dijo Iturralde.
La comisión fue recibida por decenas de extrabajadores de Furukawa que esperan que sus derechos vulnerados —la salud, la vida, el trabajo, la educación, la vivienda, el agua—sean restablecidos como lo ordenó el juez. Los asambleístas conversaron con los extrabajadores para saber las condiciones en las que viven y seguir con el proceso de fiscalización que debe hacer en este caso, es decir verificar que se cumpla lo que ordenó el juez. Luego de las conversaciones, la Comisión de Derechos Humanos deberá presentar un informe en el que detalle que el Estado —a través del Ministerio de Trabajo y de Salud— están cumpliendo la acción de protección. Pablo Iturralde, dice “En nuestra opinión, desde el Comité de Solidaridad, hemos denunciado a la Asamblea porque los ministerios no están cumpliendo la sentencia”. Iturralde explica que hasta ahora, los ministerios solo han hecho listas de los extrabajadores y las han presentado a la Corte Provincial de Santo Domingo como argumento de supuesto cumplimiento de la acción de protección, pero dice que los ministerios deben hacer un plan de trabajo para que los derechos de los trabajadores sean devueltos.
El juez constitucionalista Carlos Vera Cedeño que aceptó la acción de protección en enero, ordenó que el Ministerio de Trabajo vigile permanentemente la situación laboral de Furukawa y el Ministerio de Salud Pública garantice atención física y psicológica a todos los accionantes.
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El 21 de julio, Patricio Donoso, Ministro de Trabajo, fue a una comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos, donde le preguntaron sobre el caso pero no dio respuestas concretas. Donoso habló sobre los pagos que ha hecho la empresa sobre utilidades a los trabajadores, también dijo que si hay sanciones contra Furukawa, “Hemos hecho inspecciones con la gente del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)”, dijo Donoso.
Ximena Garzón, Ministra de Salud, también fue convocada a una comparecencia en la Comisión para hablar del tema, pero no asistió. Garzón había justificado su ausencia por estar atendiendo la pandemia del covid-19. La Comisión advirtió con comenzar un juicio político en su contra.
“No basta una disculpa para sanar lo que ha sucedido en la empresa Furukawa”, dijo Jhonny Tapia, asambleísta alterno de la asambleísta Sofía Sánchez, del Partido Minka por la Vida, que visitó las plantaciones. Tapia escribió en Twitter que el Estado debe garantizar que en el país esto no se vuelva a dar.
¿Qué es el caso Furukawa?
El caso de Furukawa fue denunciado en la Defensoría del Pueblo, el 16 de octubre de 2018 por 40 trabajadores de la empresa que fueron despedidos. Pero antes que la Defensoría reciba el caso, la Secretaría de Gestión de la Política ya lo conocía. En reunión con otras instituciones del Estado, decidieron que el Ministerio de Trabajo realice visitas a varios campamentos de Furukawa.
La empresa Furukawa tiene sus plantaciones en la provincia costera de Santo Domingo de los Tsáchilas. En 1967, la empresa comenzó a producir abacá. La fibra de abacá es muy resistente, se usa en la industria automotriz, como sustituta de la fibra de vidrio, un material ampliamente usado en la producción de automóviles.
En junio de 2019, la empresa habría negociado individualmente con los empleados para darles una indemnización, según dijo Pablo Iturralde en una entrevista en 2019. Iturralde dijo que alrededor de 100 empleados habrían aceptado, y la empresa les hizo firmar un documento aceptando un pago de 350 dólares. Sin embargo, en algunos casos las personas aceptaron porque son analfabetas y no estuvieron acompañadas de un abogado.
El 29 de diciembre de 2020 comenzó la audiencia de la acción de protección por este caso contra el Estado Ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A. La acción de protección fue interpuesta por un grupo de 123 personas campesinas afroecuatorianas, mestizas y migrantes que trabajaban en las plantaciones de la empresa en condiciones laborales precarias. Los trabajadores vivían hacinados, sin acceso a agua potable o luz eléctrica, no tenían equipos de seguridad para su trabajo. Muchos de ellos perdieron dedos, brazos o piernas por la manipulación de maquinarias, según reveló un reportaje del portal La Barra Espaciadora y Plan V.
Es un caso de “esclavitud moderna”, según la Alianza de las Organizaciones por los Derechos Humanos. La esclavitud moderna, según el Índice Global de la Esclavitud, se da cuando una persona toma un trabajo en el que sufre explotación, pero no puede negarse por amenazas, violencia, abuso de poder, coerción o engaño.
La tarde del 15 de enero de 2021, el juez declaró al Estado ecuatoriano y a la empresa Plantaciones Furukawa Plantaciones C.A, culpables de la vulneración de los derechos de libertad, prohibición de esclavitud y servidumbre, salud y otros argumentados en la demanda de los 123 extrabajadores de la empresa. El juez resolvió la existencia de servidumbre de la gleba,-forma contemporánea de esclavitud. También dijo que los culpables, el Estado y la empresa deberán pedir disculpas públicas.
