Hoy, 18 de enero, los abogados del caso Furukawa hablaron sobre las medidas de reparación que incluye la sentencia a favor de los extrabajadores de la empresa en la acción de protección presentada por presuntas violaciones a derechos básicos. El pasado 15 de enero, el juez Carlos Vera Cedeño aceptó la acción de protección interpuesta por interpuesta por 123 personas que trabajaban en la empresa en condiciones laborales precarias.
Los extrabajadores alegan que la empresa vulneró sus derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos, afirman, su derecho al trabajo, salud, educación, vivienda, agua, alimentación, hábitat, vida digna y su integridad personal. La empresa Furukawa produce abacá, una fibra que se usa para elaborar sogas, papel moneda, filtros de café, envolturas de embutidos, bolsas de té o papel de cigarrillos.
Alejandro Morales, uno de los abogados de los accionantes, dijo en una rueda de prensa que el juez Vera en su sentencia oral declaró la vulneración de los derechos de libertad, prohibición de esclavitud y servidumbre, salud y los otros argumentados en la demanda. Según Morales, los testimonios de los trabajadores fueron clave para que el pronunciamiento sea favorable. El abogado dijo que también se consideraron las evidencias documentales y las pericias —en las que se visitaron las instalaciones de la empresa— para determinar el contexto en el que trabajaban en Furukawa.
La sentencia oral del juez Vera incluye medidas de reparación. Según Morales, el juez dijo que incluirá más medidas en la sentencia escrita, que puede ser dictada hasta 10 días después del pronunciamiento oral. Una de las que ya fueron leídas por el juez es la reparación económica por una suma de dinero aún no determinada. El abogado Morales dijo que la sentencia escrita también debe incluir la regularización de la situación migratoria de los trabajadores extranjeros y que se solucionen los problemas de vivienda de los empleados.
Además, el fallo ordena que la empresa y todas las instituciones que vulneraron derechos por omisión se disculpen públicamente con los empleados. Según la sentencia, dijo Morales, el Ministerio de Trabajo debe vigilar permanentemente la situación laboral de Furukawa y el Ministerio de Salud Pública está obligado a garantizar atención física y psicológica a todos los accionantes.
Un reportaje del portal La Barra Espaciadora y la revista Plan V dice que muchos trabajadores perdieron piernas, antebrazos y dedos por manipular la fibra sin usar el equipo de protección adecuado. El entonces gerente de la empresa dijo en el reportaje que los trabajadores recibían y reciben equipos de protección.
Es un caso de “esclavitud moderna”, según la Alianza de las Organizaciones por los Derechos Humanos. La esclavitud moderna, según el Índice Global de la Esclavitud, se da cuando una persona toma un trabajo en el que sufre explotación, pero no puede negarse por amenazas, violencia, abuso de poder, coerción o engaño.
En la rueda de prensa del 18 de enero también participaron representantes de los accionantes y de los colectivos que apoyaron la causa. Mayra Valdez, representante de los trabajadores de Furukawa, agradeció la confianza de sus compañeros y el apoyo de los abogados del caso. Valdez dijo que sentía que “finalmente existen leyes”. Susana Quiñonez, extrabajadora de Furukawa, dijo que piden al Estado “tierra, justicia y reparación”. Jacqueline Gallegos, del comité de solidaridad Furukawa Nunca Más, dijo que sus compañeros eran “un ejemplo de lucha en medio de un estado colonial, racista que ha sometido a hombres y mujeres durante toda su historia”. Todos los participantes insistieron en la importancia de que un caso como el de Furukawa nunca más vuelva a suceder.
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Alejandra Zambrano, otra de las abogadas de los accionantes, reconoció la valentía de los 123 trabajadores que interpusieron la acción de protección. Dijo que su papel fue esencial para probar la vulneración de derechos. Además, Zambrano dijo que al proteger los campamentos para que la empresa no pueda borrar las evidencias, permitieron que en las pericias encuentren “las estructuras de la condiciones de vida indigna” que la empresa les daba a sus empleados.
Los abogados dijeron que esta acción de protección es un primer paso. Esperan que en el futuro más empleados tomen acciones legales para que se constate la vulneración de sus derechos y pidan reparaciones. Según Zambrano, la información levantada por el Estado dice que hay al menos otros 1.241 empleados cuyos derechos habrían sido violentados. Sin embargo, dijo que podrían ser muchos más.
Cuando la sentencia sea notificada por escrito a las partes, podrá ser apelada. Zambrano dijo que al final de la audiencia del 15 de enero el Ministerio de Trabajo dijo que apelará, pero que las otras partes —incluyendo a Furukawa— no se han pronunciado todavía. La abogada dijo que cuando sean notificados tendrán tres días para presentar apelaciones.
