El 30 de junio, último día del primer semestre del 2021, Jensy Morales, de 24 años, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un terreno baldío en la amazónica y polvorienta ciudad de El Coca. Su femicidio se suma a los otros  67 que contó la Alianza para el Registro y Mapeo de Femicidios de la sociedad civil entre enero y junio de este año.

Según la Alianza, en Ecuador cada 41 horas hay un femicidio. En el primer semestre de 2021, hubo 68; en el mismo periodo de 2020, 53. La Fiscalía contó 36 femicidios en este primer semestre de 2021, y 31 en el primero del año pasado (las cifras varían porque los fiscales solo definen el tipo penal tras una investigación que puede durar incluso años, mientras que las activistas lo califican apenas conocen del caso).

La muerte de Jensy Morales está siendo investigada por la Fiscalía como un asesinato, no como un femicidio. En el Código Orgánico Integral Penal son dos delitos distintos con penas de 22 a 26 años, pero la clasificación, que en Ecuador existe apenas desde 2014, es clave para visibilizar la violencia a la que se enfrentan las mujeres en el país.  La abogada Cristina Cepeda, de la Casa de Acogida Paula y que da apoyo a la familia de Jensy Morales, dice que el posible autor del asesinato de Morales pudo haber sido su pareja. Es decir, su muerte es producto de la violencia de género.

En cualquiera de ambas cuentas, es evidente que hay un aumento en 2021. Las especialistas dicen que el cambio entre un año y otro  en realidad puede deberse a un subregistro en 2020, cuando aún se mantenían las medidas obligatorias de confinamiento por la pandemia del covid-19. “Por la pandemia siento que muchas muertes de mujeres pueden haber sido invisibilizadas”, dice la abogada Jacqueline Veira, Coordinadora de Servicios Legales del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Guayaquil. En los primeros meses de 2020, los hospitales se llenaron de pacientes con covid-19, y hubo quienes no alcanzaban a llegar a un centro de salud y morían en sus casas. Los cuerpos eran recogidos por Medicina Legal para ser enterrados. Cada día al menos 150 cuerpos eran recogidos.

Cientos de cuerpos se perdieron o fueron confundidos con otros. Por la crisis sanitaria, se dejaron de hacer autopsias para determinar las causas de las muertes. Las mujeres no podían salir a denunciar la violencia que vivían dentro de casa porque había una estricta cuarentena que impedía la libre circulación. Eso, dice Veira, hizo que algunas (no se sabe cuántas) de las muertes por femicidios se cuenten como muertes por covid-19. “Así no se supo las verdaderas cifras”, dice. La pandemia del covid-19 también fue la pandemia de la violencia de género. 

Con la abogada guayaquileña coincide la representante de la Red Nacional de las Casas de Acogida de Ecuador y de la Alianza que hace el monitoreo de los femicidios en el país, Geraldine Guerra. “Estamos absolutamente seguras que hay femicidios subregistrados”, dice Guerra apuntando que en la emergencia sanitaria, las denuncias por violencia disminuyeron pero eso no significó que hubo menos violencia en los hogares.“En el 2020 hubo una calma tensa porque las instituciones no estaban funcionando al 100%”, agrega Guerra. Muchos femicidios, dice, pudieron ser contados como suicidios.

Gráfico: GK Ecuador Fuente: Alianza para el registro y mapeo de femicidios de la sociedad civil, junio 2021

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El femicidio es el último escalón de la violencia contra las mujeres. Cristina Cepeda, abogada que acompaña a los familiares de Jensy Morales, me lee el acta de defunción por teléfono: asfixia por estrangulación de mano y obstrucción de vías aéreas. “Fue ahorcada”, dice Cepeda, que trabaja en la Casa de Primera Acogida Paula de El Coca.

Geraldine Guerra se enteró de este femicidio por una noticia de un medio de comunicación local que llegó a uno de los grupos de WhatsApp en los que ella está y donde varias organizaciones locales generan las alertas de violencia. Guerra se contactó enseguida con Casa Paula y confirmó el delito.

Sumó los datos de la muerte de Jensy Morales a la larga lista de femicidios que tiene la Alianza. En este primer semestre de 2021, la lista dice que de los 68 femicidios, hubo 4 transfemicidios (asesinatos a mujeres transgénero) y 33 muertes violentas por delincuencia organizada (relacionadas con los sicariatos o riñas entre pandillas).

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Los datos de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado están separados por una montaña de criterios. En el primer semestre de 2021, la Fiscalía registró 36 femicidios, casi la mitad de los que contó la Alianza.

Esto sucede porque la Fiscalía cuenta los femicidios cuando comienza el proceso penal, en cambio la Alianza —que trabaja con organizaciones en las 24 provincias ecuatorianas que envían alertas cuando una mujer es asesinada violentamente— los cuenta desde que se conoce la muerte de una mujer en una situación de violencia de género.

Jacqueline Veira afirma que cuando los fiscales llegan a levantar el cuerpo de una mujer, deberían descartar primero que fue un femicidio para luego investigar la muerte como un suicidio, asesinato, envenenamiento o accidente. “La perspectiva de género debe estar inmersa en todo el quehacer de la justicia”, dice Veira. Guerra coincide y dice que también es importante que los policías llenen bien el parte policial (el documento en el que se anotan los hechos de una contravención, accidente o delito).

Por ejemplo, si acuden por un llamado de la muerte de una mujer, deben escribir en el parte la autoidentificación de género. “Ahí es donde se podría estar perdiendo información sobre los transfemicidios”, explica Guerra. En muchos casos, los policías miran los datos de la cédula y ven que la víctima es biológicamente hombre, dice Guerra, pero no ponen la observación “es mujer trans”. Eso hace que los transfemicidos se queden en la oscuridad del subregistro.

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Desde marzo de 2017, la Alianza, conformada por varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, lleva la cuenta de los femicidios en el Ecuador. “El monitoreo es para interpelar al Estado y a la sociedad civil sobre la situación real de la violencia en Ecuador”, enfatiza Geraldine Guerra. La Alianza recibe y encuentra alertas de femicidios, que son analizadas por el Movimiento de Mujeres por la Justicia y Cepam Guayaquil.

Las integrantes de la Alianza revisan cada caso para definir si esa muerte es un femicidio o no. Por ejemplo, la Alianza analizó la noticia de la muerte de Jensy Morales, y concluyó que debe ser registrada en el monitoreo como un femicidio, porque había una relación de poder con su asesino y “su cuerpo fue ultrajado como si no valiera nada”, dice Geraldine Guerra, agregando que “hay una negación de ver la violencia hacia las mujeres como un delito, más bien se tiende a naturalizar desde las instancias de justicia”.

Los datos que publica la Alianza, difundidos cada tres meses, tienen variables de provincia, ciudad, la edad de la mujer, si tenía hijos, el arma que se usó para matarla, su identidad de género.

De los 68 contados hasta junio de 2021, las tres provincias con más casos fueron Guayas, con 21 casos, Pichincha con 11, y 7 en Manabí. La Alianza entrega esta información a la fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) para que la procese y  publique en un mapa y produzca una infografía.

Gráfico: GK Ecuador Fuente: Alianza para el registro y mapeo de femicidios de la sociedad civil, junio 2021

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Las organizaciones que monitorean los femicidios, lo hacen de forma voluntaria y activista. Guerra dice lo debería hacer el Estado que tiene el personal, equipos y recursos suficientes para ello. Es, además,  su obligación legal.

Además de la Fiscalía General del Estado, otras instituciones que llevan registro de femicidios (y otros delitos contra las mujeres) son el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de Derechos Humanos. Las cifras de estas instituciones no siempre coinciden y para lograr que haya una sola contabilidad, en la Ley para erradicar la violencia contra las mujeres se planteó la creación de un registro único.

En mayo de 2018, el gobierno de ese entonces creó el Registro Único de Violencia Contra las Mujeres (RUVCM) a través del Reglamento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género. En junio de 2021, ya en el gobierno de Guillermo Lasso, se comenzaron a hacer planes para implementarlo.

Rocío Rosero, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, un colectivo de la sociedad civil, dice que el Registro es “una herramienta para salvar las vidas de las mujeres”. Rosero, una de las activistas que más años ha trabajado por la igualdad de género en el país, dice que el RUVCM servirá para enlazar la información, para que las instituciones del Estado actúen en red al atender a una posible víctima de femicidio.

El RUVCM, según Rosero, servirá para que la Junta Cantonal de Derechos, la Secretaría de Derechos Humanos, la Red de Casas de Acogida, los Centros de Atención Integral, los Centros de Salud, la Policía Comunitaria sepan sobre la situación de violencia que vive una mujer que acude a sus servicios. Por ejemplo, dice, si ya hay una alerta de violencia por tercera vez, a través del RUVCM se puede ver el nivel de riesgo que existe. La Secretaría de Derechos Humanos podría tomar medidas, por ejemplo que la mujer vaya a una casa de acogida, reciba una boleta de auxilio, atención psicológica, legal y económica. Se podrían evitar los riesgos. Se podrían evitar femicidios.

Hasta el cierre de este reportaje, la Secretaría de Derechos Humanos no respondió a nuestro pedido de entrevista para saber cómo ha avanzado la creación del registro o la inversión que recibirá. Una comunicadora dijo que el martes, 20 de julio, la secretaria Bernarda Ordóñez dará una rueda de prensa para hablar sobre el tema.

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El femicidio no solo es la muerte de una mujer. El femicidio corta de tajo sueños y metas, es la desintegración de familias, el viacrucis de madres, padres o hermanos por buscar justicia. El femicidio es el resultado de otras violencias que no se atienden a tiempo, que en las unidades de justicia se ignoran. “Cuando alguien está diciendo que la pegaron o que sufre violencia psicológica lo minimizan”, dice la abogada Veira.

Antes de que el cuerpo de Jensy Morales fuera encontrado, ella fue reportada como desaparecida. Unos vecinos del terreno baldío vieron el cuerpo y llamaron al servicio de emergencias ECU 9-1-1 en la mañana del 1 de julio.

Había sido asesinada ocho horas antes. En los periódicos de El Coca, circuló una foto pixelada de Jensy Morales —su imagen se desvanece al igual que tantos otros femicidios de los que no sabremos.