Luego de dormir en la oficina de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en un pueblo de Pichincha, Alicia* logró denunciar a su esposo Marco, quien la había golpeado la tarde anterior. Era marzo de 2020 y regía una estricta cuarentena en Ecuador para evitar la propagación del covid-19. Los policías habían llegado a la casa de Alicia para, supuestamente, auxiliarla, pero ella y su esposo fueron detenidos, ambos acusados de violencia intrafamiliar. 

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Los policías no sabían qué hacer, dice Alicia, porque todo estaba cerrado por la cuarentena. Para comprobar la gravedad de la agresión, la llevaron a Santo Domingo, una ciudad a dos horas y media para que allí le hicieran exámenes físicos y psicológicos. Sentado junto a Alicia en el asiento trasero del patrullero viajaba también su agresor. 

Esa no era la primera vez que Marco la golpeaba. En 2017, él le fracturó la nariz y por eso Alicia tenía una boleta de auxilio. La boleta es una de las Medidas Administrativas de Protección Inmediata (MAPI) para prevenir y detener la vulneración de derechos de las mujeres. Solo entre el 14 de marzo al 1 de julio de 2020 en todo el Ecuador se emitieron 690. Estas medidas, otorgadas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, los tenientes políticos, las comisarías nacionales o las intendencias, deben ser enviadas a un juez para que, en máximo 24 horas, las ratifique, modifique o revoque. A Alicia, en 2017, le ratificaron su medida por eso la boleta de auxilio que tenía la tarde de marzo que su pareja la volvió a agredir, era válida. 

Los policías le pidieron a Alicia que les mostrara el documento, y en el momento de angustia, solo encontró una fotocopia. Uno de los policías le dijo “si usted sabe que él es así, ¿por qué lo deja entrar?, podría llevarla presa a usted porque no está cumpliendo con su boleta de auxilio”. Alicia, por teléfono y con tono de resignación, cuenta que también fue detenida porque sin el documento original, los policías le dijeron que no podían actuar de otra forma. 

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Sin virus, sin pandemia y con transporte privado o público, una mujer que sufre violencia puede ir a una Junta Cantonal de Derechos, a la tenencia política en caso de ser una parroquia rural, a una comisaría nacional o a una intendencia para pedir una medida de protección. Otra opción es llamar al ECU911. Entre el 17 de marzo y el 25 de mayo —mientras duró la cuarentena más estricta en el país— esta línea recibió 18.026 llamadas de auxilio por violencia de género. Juan Zapata, director del ECU911, dijo en una entrevista a GK realizada el 30 de abril que en octubre de 2019 capacitaron a 70 operadores telefónicos en temas de primeros auxilios psicológicos, comunicación asertiva, empatía, comunicación en derechos humanos. “Y sobre todo en que el evaluador pueda generar el control de este tipo de emergencia”, dice Zapata y agrega que los datos mínimos que se le pide enseguida a la mujer que llama son la dirección para enviar inmediatamente a la Policía Nacional, que es la primera respuesta.

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Durante la cuarentena las mujeres no podían salir de sus casas a denunciar a las oficinas de la Fiscalía, como en los meses previos. Además, coinciden la abogada Ana Vera y la activista Geraldine Guerra, las oficinas estaban cerradas, y las que estaban abiertas solo recibían denuncias de delitos flagrantes. Hasta el 25 de mayo, las denuncias en la Fiscalía por violencia de género —física, psicológica y sexual— disminuyeron en un 75%. Antes de la cuarentena a nivel nacional, recibía un promedio de 675 denuncias semanales, durante la cuarentena recibió 256 cada semana. Por esta restricción es que las MAPI fueron la mejor opción para denunciar la violencia. 

Según la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las medidas de protección no son denuncias, no son sanciones, y no requieren probar los hechos de violencia. Pero en la práctica no siempre es así. 

De acuerdo al Ministerio de Gobierno, la visión de los policías comunitarios es “ser el servicio policial que más confianza ciudadana genere hacia la institución”, pero la noche en que Alicia fue golpeada la respuesta de los policías no honró esa declaración de intenciones. Alicia recuerda que uno de ellos le dijo: “No me diga cómo hacer mi trabajo” cuando pidió que se lleven detenido a Marco, y no a ella, porque él la había golpeado. 

Durante la cuarentena, la abogada Ana Vera —de Surkuna, una organización que da apoyo legal a mujeres — acompañó más de un caso en el que la policía no cumplió esa “confianza ciudadana” que, en el papel, es su deber. “A una chica que nosotros le atendimos le decían que ellos no podían hacer nada porque ella no había llamado inmediatamente al 911 y no había flagrancia”. Vera cuenta que la joven había sido agredido a las 10 de la noche y había llamado a denunciarlo al día siguiente, a las 10 de la mañana. “Entonces sí había flagrancia pero no entienden absolutamente nada y no son sensibles”, se queja Vera. Los policías llegaron y se fueron, dice Vera, dejándola en absoluta indefensión. 

La Policía, explica el experto en seguridad César Cedeño, se dedica al orden público y seguridad interna. El orden público, continúa, es que controla los hechos o amenazas de violencias: robos, ataques terroristas o la violencia intrafamiliar que pueden suceder, por ejemplo, en una plaza. Pero para atender robos o violencia intrafamiliar dentro de un hogar se necesita un entrenamiento especializado, dice Cedeño, “que precisamente los policías comunitarios en Ecuador no tienen”. 

En respuesta a un pedido de información, el Ministerio de Gobierno dijo que en su formación, los aspirantes a policía reciben 120 horas en la asignatura de Policía Comunitaria y realizan 600 horas de prácticas, pero no detalla si tienen o no formación en género. Además, dice que la Dirección Nacional de Policía Comunitaria capacita de forma continua a los agentes sobre prevención de la violencia. La respuesta tampoco especifica si es o no continua. 

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La copia de la boleta de auxilio no le funcionó a Alicia y por eso fue llevada hasta Santo Domingo para los exámenes de peritaje para comprobar, con hechos, si en verdad había sufrido violencia. Los médicos, recuerda, la trataron con frialdad. 

—Levante los brazos

—Baje los brazos

—Mire para acá

—Mire para allá

—Ya, no tiene nada, hasta luego

Con los resultados de los exámenes físicos y psicológicos, Alicia y Marco volvieron al pueblo de Pichincha donde estaba su casa. Como era demasiado tarde y regía el estado de excepción, no pudieron seguir el proceso que hubiera habido sin pandemia: ir a una unidad de flagrancia para que, ante un juez, un fiscal alegue la existencia del delito en una audiencia.

Esa fue la noche que ambos durmieron en la Unidad de la Policía Comunitaria. A la mañana siguiente, otra vez en la misma camioneta oficial, los llevaron a Pedro Vicente Maldonado, una ciudad a casi una hora de viaje para realizar la audiencia en la única unidad que estaba atendiendo en la zona. Marco recibió 15 días de prisión por la contravención —al igual que en 2017, luego de romperle la nariz— y Alicia recibió otra medida: una orden de restricción del agresor. 

En la audiencia, la jueza la increpó. Alicia dice que le preguntó si estaba segura de separarse de su esposo, si estaba consciente de los riesgos de que Marco vaya a la cárcel en plena pandemia. “Entonces, yo respondí a todas esas preguntas que yo ya no pensaba volver con esta persona, que sentía que mi vida corría riesgo”, dice. Marco, dice Alicia, fue llevado a la cárcel de Latacunga, y dos semanas después salió libre. La medida de protección que Alicia tiene debería evitar que él se le vuelva a acercar. Pero Geraldine Guerra, activista por los derechos de las mujeres y quien acompañó a Alicia en este caso, dice que no hay ninguna garantía que no lo haga. 

Cuando Alicia llegó a su casa después de la audiencia de flagrancia, cuenta que una psicóloga de la Secretaría de Derechos Humanos la llamó para saber cómo estaba. Ella no quería seguir en la casa donde fue agredida porque sentía miedo, y se mudó por dos meses a una fundación que apoya a mujeres en esta condición. Según la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las mujeres tienen derecho a la reparación psicológica, a recibir atención en salud y una reparación económica. Alicia recibió atención psicológica del Servicio Integral de Protección (SPI) que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, por un mes, hasta que un día ya no hubo contacto: no recibió ni atención en salud ni reparación económica. En una entrevista realizada en mayo de 2020, la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, dijo a GK que desde el 27 de marzo, el SPI llamó a las mujeres para “descartar las situación de riesgo o de constatar la situación de riesgo y volver también a activar el sistema territorial local”. En el SPI trabajan 85 personas en 45 oficinas distribuidas en todo el país. Consultada sobre el número de atenciones o mujeres beneficiarias de estas llamadas, Chacón no respondió con una cifra. 

Dos meses antes de la pandemia, en enero de 2020, el Servicio de Protección Integral ya trabajaba a medias porque su presupuesto fue recortado: la mitad de sus funcionarios en todo el país fueron despedidos. 

La psicóloga clínica María Fernanda Porras dice que la reparación psicológica es necesaria para que las víctimas puedan enfrentar esta situación tan dolorosa. La experta explica que la reparación es muy lejana en el Ecuador porque no se prioriza la atención en salud mental: no hay presupuesto, y además, “hay una mirada estigmatizada con relación a la salud mental, creo que no se escucha a las personas que son usuarias, las personas tienen que ir al psiquiatra y no se plantean otras opciones”, afirma Porras. Sobre el apoyo psicológico, la activista Geraldine Guerra dice que las mujeres que fueron víctimas de violencia necesitan una terapia efectiva y especializada.  

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Porras dice que la atención psicológica a víctimas de violencia es importante para que las mujeres entiendan que no son las culpables de lo que sufrieron. La gente alrededor les dice “por qué te callaste, por qué no dijiste,  tú mismo que le dejaste” por eso se necesita un espacio distinto donde no se señale a las víctimas como causantes de la violencia. Ese, coinciden las expertas, no es un servicio público que exista en el Ecuador desde antes de la pandemia. Tampoco la hubo durante y es muy difícil saber si la habrá después —más pronto llegará una vacuna contra el covid-19 al país que una atención como esa.

Sin acompañamiento psicológico a largo plazo y sin la certeza de que su expareja regrese a buscarla, Alicia, al igual que en marzo, ha advertido a sus vecinas sobre su situación. Ellas son las que están pendientes de su bienestar y seguridad, a falta de un Estado que la escucha, le cree y la acompaña cuando lo necesita.  


Este contenido se realizó con el apoyo de

internews