Tardaron pero llegaron. El creciente malestar que desde hace meses hacía ruido en Cuba, hace una semana finalmente se encarnó en protestas que no se habían visto en la isla desde el Maleconazo en 1994. Ya que el gobierno de Díaz Canel controla la prensa en ese país, la mayor parte de la información ha llegado a través de redes sociales, coberturas ciudadanas y el limitado acceso de la prensa internacional. Son datos contundentes: el gobierno cubano llamó a reprimir la protesta. Los abusos a los derechos humanos ya reportados por medios internacionales y organismos por los derechos humanos como Human Rights Watch, sin embargo, se han sometido a los sofismas demagógicos de muchas figuras de la izquierda latinoamericana. Las noticias sobre esta ola de protestas demuestran cómo las denominaciones políticas pueden convertirse en caprichos que, con demasiada frecuencia, eclipsan los hechos y los principios. En el caso de Cuba: el grito de sus ciudadanos por acabar con la dictadura y la desesperación de la misma por mantenerse en el poder.

El gobierno socialista de Díaz-Canel ya había recibido una serie de advertencias simbólicas, como Patria y Vida, el popular video de rap que, con más de 6 millones y medio de vistas en Youtube, en febrero los tuvo como gallinas sin cabeza, encarcelando y azuzando a quienes lo promovían. Entonces respondieron con otro video musical de trova propagandística, mucho menos visto y de mucha menor calidad. Un jedi habría dicho que desde hace rato había “una perturbación en la fuerza”. 

Ahora, después de 62 años en el poder, al partido del presidente no le sirvió la guerra avisada: miles de personas salieron a protestar en más de 20 localidades, según la BBC, por lo que el gobierno desplegó a sus fuerzas de represión y llamó a los revolucionarios a “las calles”. Díaz Canel hizo “una orden de combate”, saltándose los eufemismos de otros gobiernos y amenazando directamente a los manifestantes. 

No solo se trata de retórica. Según Pablo Játiva, abogado internacionalista, el gobierno de la isla tiene poderes constitucionales para responder y acallar sin mayor resistencia: puede llamar a los ciudadanos a responder con violencia en caso de que el sistema se vea amenazado. Játiva utiliza de ejemplo el cuarto artículo de la Constitución cubana, que define a la traición como “el más grave de los crímenes”, por lo que las sanciones a quienes lo comentan serán “las más graves”. 

Es un artículo escrito en modo guerra: “Los ciudadanos tienen derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.” En otras palabras: la protesta social no será tolerada. 

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Esto no es nuevo. El régimen cubano no ha hecho intentos siquiera de cuidar las formas y lucir menos autoritario de lo que es. “Socialismo o muerte”, sigue siendo la consigna; absoluta y maniquea. El partido por eso no tiene empacho en cortar el acceso a Internet de la isla (que volvió la mañana del 14 de julio, aunque con un bloqueo a las redes sociales) y de detener y arrestar manifestantes y disidentes, incluso de manera clandestina. 

Según José Miguel Vivanco, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), los índices son escalofriantes: “Los listados preliminares de detenidos ya incluyen a cerca de 400 personas. Se desconoce el paradero de muchos de ellos”. Según Vivanco, se reportó el arresto de 7 periodistas y a la mayoría de detenidos “no les permiten llamar a su familia o a sus abogados, ni recibir visitas.” Todo esto, con vía libre, sin control o contraparte alguna. El gobierno tiene, además, a la ley de la mano: las detenciones se han hecho bajo figuras tan amplias y ambivalentes como «desacato», «instigación a delinquir» o «desorden público». 

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Según HRW, los números muy probablemente son peores: los datos que provee la organización son lo que se han registrado a pesar de que en la isla “el poder judicial está subordinado al ejecutivo, la prensa libre está prohibida, la defensa de DDHH no es reconocida como una actividad legítima, las garantías de debido proceso se violan constantemente y el régimen controla el acceso a internet.” 

La represión cubana, en ese sentido, no le envidia nada a las denuncias que recibió Iván Duque en Colombia durante las protestas de mayo, aunque con una diferencia importante: ejercer la prensa alternativa y libre en la isla es un delito y no hay instituciones que puedan contrarrestar la versión oficial. En Colombia, en cambio, el gobierno (muy a pesar suyo) recibió durísimas críticas y hasta burlas de muchos medios —incluso de algunos principales, como El Espectador.

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Los datos no han importado. Sobre Cuba, muchas figuras de la izquierda latinoamericana han enfatizado el bloqueo estadounidense —una de las causas de la crisis económica de la isla— por sobre los abusos a los derechos humanos de la dictadura. 

Rafael Correa, por ejemplo, criticó a Lasso por “abrazar a Duque” y criticar a Cuba. Con un emoji de guiño (a Correa le encantan los emojis de guiño), llamó a eso “servilismo”. Gustavo Petro, político colombiano que lideró las protestas de junio en su país, llamó al diálogo con un tuit que llamó la atención por su ambigüedad. ¿Qué pasó con el rebelde que hace meses llamaba a protestar en las calles? Silencio. 

Nicolás Maduro, quien acusó al gobierno colombiano de “masacrar  su pueblo”, predeciblemente, compartió disciplinadamente todos los estados del gobierno cubano con videos del discurso del presidente Díaz Canel en que se celebraba a una Cuba “libre de injerencias extranjeras”. Parece que no les molestan los abusos, sino los colores de las banderillas que utilizan los abusadores. 

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Las protestas en Cuba muestran nuevamente cuán sometidos a la demagogia están los derechos humanos a ambos lados del espectro político

La periodista cubana Melissa Cordero en una entrevista con GK enfatizó que las victorias sociales ganadas en la isla no pueden ser utilizadas para justificar los abusos de la dictadura. Ni las victorias sociales, ni el bloqueo económico, ni el covid-19. Sin turismo, la economía cubana sigue contrayéndose y la escasez ha aumentado. 

Pero así como no hay sofismas económicos que puedan justificar los abusos de gobiernos de derecha, como el de Iván Duque en Colombia, la izquierda tiene la responsabilidad de denunciar, de una vez por todas, los abusos de su referente más anacrónico. Los derechos humanos no pueden estar sometidos a banderillas ideológicas ni a los índices del PIB.