Los familiares de los tres periodistas secuestrados y asesinados por una narcoguerrilla en la frontera entre Ecuador y Colombia presentaron una demanda de desclasificación de la información. 

El 12 de julio de 2021, los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que trabajaban para diario El Comercio, presentaron la acción ante la Corte Constitucional exigiendo que se desclasifique la información sobre el secuestro y asesinato a los tres periodistas. 

“El Estado debe garantizarnos el derecho a la verdad”, escribió en Twitter, Yadira Aguagallo, pareja de Rivas y una de las voceras del colectivo Nos faltan 3, que se organizó para demandar respuestas a los estados ecuatoriano y colombiano desde que los 3 fueron secuestrados cuando reporteaban en Mataje, un pequeño y empobrecido pueblo de la provincia de Esmeraldas, y fueron llevados al lado colombiano, donde permanecieron rehenes del autoproclamado Frente Oliver Sinistierra, un comando delincuencial dirigido por alias Guacho y que opera. 

¿Qué es una demanda de desclasificación de la información? 

El Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional dice que la demanda de desclasificación tiene el fin de levantar el carácter de reservado, secreto o secretísimo de la información que haya sido clasificada así por organismos de seguridad, cuando existan “presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales”. 

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Según la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Corte Constitucional es el órgano que debe conocer y resolver este tipo de demandas. 

¿Por qué se presentó la demanda? 

El colectivo Nos faltan 3 —conformado por los familiares y amigos de los tres periodistas— presentó la demanda por el incumplimiento de la desclasificación de la información del caso del expresidente Lenín Moreno. 

En un comunicado, el colectivo dijo que en febrero de 2021, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) le informó a la Fiscalía que no desclasificará la información sobre lo sucedido el 28 de marzo, 13 y 17 de abril de 2018, días en los que estuvieron secuestrados y fueron asesinados Ortega, Rivas y Segarra. 

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¿Qué es la información clasificada? 

Es aquella información que no se podrá revelar por un periodo de 15 años, dice la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). 

Según la ley, la información puede dejar de estar reservada cuando ya no haya las causas que provocaron su reserva. Solo el Cosepe puede clasificar y desclasificar la información. 

¿Qué pasó con los tres periodistas? 

El 26 de marzo de 2018, los tres periodistas fueron secuestrados en Mataje, un pueblo en la provincia costera de Esmeraldas, frontera con Colombia. 

Los tres fueron tomados rehenes por un grupo narco insurgente nacido de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llamado Frente Oliver Sinisterra, liderado por un exguerrillero llamado Walter Arízala Vernaza y conocido como alias Guacho. 

El equipo había viajado hasta Mataje para cubrir la noticia sobre la detonación de un tanquero bomba en ese pueblo que mató a tres soldados y dejó a otros heridos. La bomba fue detonada cuando los militares se acercaron a inspeccionar el tanquero, que lucía abandonado.  

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El 27 de marzo de 2018, el gobierno de Ecuador confirmó en un comunicado que el equipo periodístico había sido secuestrado. En la noche del 28 de marzo, el diario El Tiempo de Colombia informó que los periodistas habían sido liberados, sin embargo, la noticia fue desmentida. 

Mientras estuvieron secuestrados, todas las noches, en la Plaza Grande en el centro de Quito, se concentraron familiares y amigos de los periodistas para pedir la libertad de los rehenes, tenían carteles que decían “Nos faltan 3. Paúl, Javier, Efraín”. Ahí nació el colectivo 

El viernes 13 de abril de 2018, el gobierno confirmó el asesinato del equipo periodístico

Enseguida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) para hacer el seguimiento de la investigación de los hechos sobre las medidas cautelares otorgadas por la misma CIDH a favor de los tres periodistas. 

El ESE visitó Ecuador en julio y noviembre de 2018. El equipo revisó documentos bajo reserva de la investigación en la Fiscalía General del Estado de Ecuador. También visitó Colombia en septiembre de 2018, donde tuvo reuniones y audiencias. Pero hasta ahora no se han aclarado los hechos sobre el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio. En diciembre de 2018, alias “Guacho” murió en un enfrentamiento con la policía y el ejército de Colombia en la espesa selva de Llorente, municipio de Tumaco, en Nariño.

En marzo de 2021, la justicia colombiana sentenció a 28 años y 8 meses de cárcel a Jesús Vargas, alias Reinel, quien era parte de la narcoguerrilla de Guacho. Él fue sentenciado por el delito de homicidio agravado y el delito de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. 

La Fiscalía de Colombia y Reinel llegaron a un preacuerdo, un acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad como medida de reparación a los familiares, así se logró la sentencia. Otras cinco personas que pertenecían al frente Oliver Sinisterra también fueron sentenciadas, en mayo de 2021 en un tribunal penal de la provincia costera de Esmeraldas

Los cinco recibieron una condena de 9 años de cárcel por delincuencia organizada, según el Código Orgánico Integral Penal, ese delito es cuando una persona forma un grupo estructurado de dos o más personas que de forma permanente o reiterada, financian actividades de una organización delictiva para cometer delitos.

En junio de 2021, Gustavo Angulo Arboleda alias Cherry fue sentenciado a 28 años de prisión también por el delito de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado.