Reminiscencias de otros tiempos: el martes 25 de septiembre de 2018, el edificio de la Corte Nacional de Justicia está cercado por vallas policiales. Sin embargo, la concurrencia a la que deberían contener no llega a veinte personas: es mucho cerco para tan poca masa. Los presentes, simpatizantes del expresidente Rafael Correa, portan carteles con la imagen de su líder, otros, camisetas verdeflex del partido que lideraba Correa. Al interior del edificio, algunos policías controlan el orden, durante el segundo día de la audiencia de llamamiento a juicio por el supuesto secuestro de Fernando Balda, en el que uno de los involucrados es el hombre que gobernó con vehemencia al Ecuador entre 2007 y 2017. Balda, un enemigo político de Correa, sufrió un intento de secuestro en Bogotá, en 2012, donde vivía autoexiliado. En el intento fallido habrían participado Diana Falcón y Raúl Chicaiza, dos exagentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia periodistas, abogados y familiares de los procesados, buscan, con urgencia, entrar a la sala de audiencias— la misma en que, hace menos de un año, Jorge Glas —entonces Vicepresidente de la República— fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita.
A pesar del apuro por entrar, no se espera nada demasiado revelador. Todos los asientos están ocupados: el número de simpatizantes correistas también se ha reducido allí. El viernes anterior, en el primer día de audiencia, al menos un tercio de la sala estaba compuesto por seguidores del expresidente. La cartografía de la sala muestra en las primeras filas a los llamados veedores internacionales —personajes afines al correísmo que llegaron de Italia, Bélgica, Brasil y Uruguay a observar la audiencia. Entre ellos, dos de sus abogados europeos, el belga Christophe Marchand y el italiano Antonio Ingroia.
Ya instalada la audiencia, hablan los abogados. Empieza Felipe Rodríguez, defensor de Balda. Joven, elocuente, impetuoso; el manejo de la voz, los comentarios irónicos que hace en medio de las audiencias, suelen romper con la monotonía de las intervenciones:
— Aclaro a la defensa, con todo respeto, Rafael Correa es expresidente.
Pero el momento más histriónico de Rodríguez llega cuando, mirando al público como quien espera una reacción, dice que la asambleísta correista Sofía Espín visitó en la cárcel a la agente Diana Falcón. Que junto a ella estuvo Yadira Cadena.
Entre los periodistas comienza un murmullo:
— ¿Quién es Yadira Cadena?
— Trabaja con Caupolicán Ochoa, dice alguien.
Ochoa es el abogado de Rafael Correa.
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Pasan cerca de veinte minutos y llega el receso. Los periodistas están ávidos de conversar con los abogados, después de las palabras de Rodríguez. Todos quieren más detalles. Balda baja a la improvisada sala de prensa en la planta baja. De su mano va Vanessa Castello, su esposa, que se queda detrás de él. Él, alto, frente a más de una decena de cámaras y una veintena de periodistas, estira el cuello, ríe. Balda es poseedor de una teatralidad propia. Le gusta llamar la atención y dominar el escenario— sobre todo cuando hay medios. No tiene reparos en presentarse como un personaje que reivindica los abusos del gobierno de Rafael Correa y para eso se dirige a la prensa como quien le habla a sus aliados, como si la lucha fuese común. Ante los micrófonos repite la denuncia de Rodríguez: explica que Yadira Cadena, además de trabajar con Ochoa, es cercana al exlegislador correista Virgilio Hernández, que ella le sigue los pasos desde siempre. Mientras él se explaya, Ochoa baja y espera su turno.
En cuanto Balda termina, el defensor de Correa ocupa su lugar. Hay un contraste visible: Balda es joven— y se ve aún más joven. Ochoa debe llevarle unos veinte años. Balda es alto, atlético —Ochoa es más bien rollizo y camina lento. Balda habla con soltura, Ochoa hace pausas descolocadas y se tropieza en el lenguaje. “Que una procesada reciba una visita no es un delito para nadie”, dice. Que no conoce la naturaleza de la visita, dice. Y se va de largo: habla de detalles del proceso, de los exagentes, de las pruebas.
Los periodistas le lanzan una y otra vez la preguntas: ¿Yadira Cadena trabaja con usted? ¿Confirma que visitó a Diana Falcón? ¿Para qué visitó a Diana Falcón?
— Ojalá las personas visiten a esta mujer. Ojalá ejerzan su solidaridad.
— No conozco qué ha hecho Yadira Cadena.
— No he hablado con Diana Falcón.
Ninguna de sus respuestas responde las preguntas de los reporteros. A un costado de la sala, Balda y sus allegados cuchichean. Balda se separa del grupo, se abre paso entre los periodista, alzando el índice, amenazante, e interrumpe a Ochoa:
— Yo voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa, es gravísimo lo que usted ha hecho.
Detrás de él, un hombre —posiblemente de su seguridad— lo sostiene del pecho, como para evitar que se abalance sobre Ochoa.
—Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado que trata de ofenderme frente a los medios de comunicación.
Los periodistas insisten.
— ¿Yadira Cadena trabaja con usted?
— Es una abogada en libre ejercicio
Al fondo, las barras de Balda gritan.
Balda exige que lo dejen replicar a Ochoa. Los periodistas le responden que no, que ya habló, que necesitan oír al resto. Balda, ensimismado, no escucha y como si una sonrisa sirviera para justificar su necedad, se vuelve a sentar en la mesa. Ochoa lo ve y se le ríe a carcajadas:
— Esto es una ridiculez. ¿Qué, ahora cuando acabe yo también debo pedir la réplica? Por favor, es ridículo.
El desfile de abogados continúa con Diego Chimbo, defensor de los dos exagentes Falcón y Chicaiza. Confirma que la legisladora Espín ha visitado el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino Prioritario en Quito, en el que está recluida Falcón, acompañada de Yadira Cadena. Que se investigue, pide. Dice que no es la primera vez que buscan a sus defendidos para presionarlos. Que algunas personas, cuando van a visitar al expresidente Glas, en la cárcel 4, aprovechan para buscara a Chicaiza. Que a Falcón le ofrecieron llevarla a Europa a cambio de que se retracte de su versión diciendo que el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, la ha presionado para mentir.
Desde la Asamblea, Sofía Espín reacciona. Dice que sí fue a visitar a Falcón, pero por motivos humanitarios, que jamás la ha presionado. Días antes, Espín había dicho en su cuenta de Twitter que los migrantes iban a pagar los gastos para que los veedores se quedasen en el país hasta el viernes 21 de septiembre. Hay un tufo de ridiculez en lo que sucede: Ochoa, Balda, Espín parecen actores de una tragicomedia conscientes de que el show tiene que continuar.
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Han pasado cuatro días de audiencia. Las ‘partes procesales’ —es decir Rafael Correa, Raúl Chicaiza, Diana Falcón, Pablo Romero Quezada (el ex director de la Senain, vinculado también en el proceso), Fernando Balda y sus abogados, además del fiscal Paúl Pérez, han presentado los elementos que sustentan sus argumentos. En el caso de Balda y la Fiscalía, aquellos que probarían la participación del expresidente, el exjefe de la Senain y los dos exagentes en el fallido secuestro. En el caso de ellos, los descargos para no evitar ir a juicio.
Los otros dos involucrados inicialmente en el proceso, Fausto Tamayo y el exagente de la Senain Jorge Espinosa, fueron sobreseídos. El primero, exdirector General de Inteligencia y excomandante de la Policía, está en prisión cumpliendo una condena de dos años por un caso de corrupción en la entrega de traslados policiales.
Entre los elementos que presentaron los acusadores, están los documentos desclasificados de la Senain de las operaciones Guayacán y Wilson. La defensa de Correa los rebatió, diciendo que la primera no tiene ninguna conexión con el secuestro de Balda y que la segunda tampoco, pues según ellos, el inicio de Wilson fue el 9 de julio de 2013, casi un año después del secuestro.
La Fiscalía también se refirió a las cartas en las que, en 2015, Chicaiza y Falcón le habrían pedido ayuda a Correa. Ochoa dice que el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, las respondió y devolvió diciendo que no sabía de qué operaciones hablaba Chicaiza en sus cartas y que se dirija a las órganos regulares.
La Fiscalía se refirió a unas grabaciones en las que supuestamente intervienen los dos exagentes y Pablo Romero Quezada. Dice que allí mencionan a Correa. Su defensa dice que los audios no son admisibles como prueba porque no hay garantía en la cadena de custodia, que en el peritaje para determinar si es Romero quien habla, no se respetó el debido proceso. Así, para cada prueba presentada, hay una respuesta de los abogados defensores.
Los de Correa no cesan de repetir que no existen elementos para llamar a juicio al expresidente. La Fiscalía insiste que a quien le interesaba secuestrar a Balda es a Rafael Correa. No a Chicaiza, no a Falcón, no a Romero Quezada. A Correa. El argumento es que al expresidente no le gustó que Balda difundiera información sobre el llamado caso Mameluco —la denuncia que habría hecho un ciudadano sobre un presunto acoso sexual que habría sufrido por parte de Correa en el despacho presidencial.
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Son casi las diez de la noche del jueves 27 de septiembre. En la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, que durante el día se llena, casi no hay nadie. Ni la prensa. Los noticieros ya salieron al aire, las ediciones ya cerraron, no se espera mayor novedad. Durante la tarde los involucrados han anunciado sus pruebas —los elementos que usarán para probar su acusación o para defenderse en caso de ir a juicio; y han presentado sus objeciones a las pruebas presentadas por los otros.
Por las intervenciones sabemos que hay varios altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa que serán llamados como testigos en caso de ir a juicio: el exsecretario de la Presidencia y Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, el exministro del Interior, Javier Córdova.
El último en intervenir es Diego Chimbo. Usa la visita de la asambleísta Espín a Diana Falcón para pedir a la jueza que les levante la prisión preventiva a ella y a Chicaiza. Que, en su lugar, les dicte prisión domiciliaria. “Para precautelar su seguridad”, dice vehemente. La entrada de Espín a la cárcel —que además le costó el puesto a la directora del centro porque, según el gobierno, se hizo sin autorización y sin registro—, dice, demostró las vulnerabilidades a las que se enfrentan sus clientes.
Chimbo se sienta. La jueza, que pocas veces tiene algún gesto que permita descifrar qué está pensando, le ordena al fiscal Pérez que prepare un informe en el que se detalle el nivel de riesgo de Chicaiza y Falcón. Le da 72 horas para que lo entregue. Sin más, da por terminada la audiencia.
En la calle, no queda ni un solo correista. Virgilio Hernández, exlegislador, ha estado desde temprano en la audiencia. A la salida conversa con los abogados de Correa. Ricardo Patiño, hombre fuerte en la era correista, estuvo unas horas junto a Hernández, pero en la noche ya no está. Son un grupo reducido. Las caravanas de autos con vidrios oscuros, el séquito de asesores, choferes y asistentes, las multitudes que esperaban afuera de los actos políticos —esperando verlo o increpar a quien ose cuestionarlo— son recuerdos de lo que, para ellos, fue un tiempo mejor. Hoy son solo un puñado de hombres a pie, bajando de un edificio casi vacío, en donde se decidirá el futuro judicial de quien gobernó al Ecuador por una década. La vallas, silentes, frías y metálicas, siguen ahí, ya no contienen a nadie; carecen de otro propósito que no sea ser reminiscencias de otros tiempos.
