Cuenca, en el austro del Ecuador, es la primera ciudad que tiene un Sistema de Gestión Antisobornos (SGAS). Este sistema es una certificación hecha bajo la norma ISO 37001:2006. 

El 6 de mayo de 2021, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, recibió la certificación. El Sistema de Gestión Antisobornos también servirá para que las personas denuncien posibles actos de corrupción dentro del municipio cuencano, a través de un formulario que está en su sitio web. Luego de llenarlo con sus datos personales o de forma anónima, describir el presunto pedido de sobornos y adjuntar evidencias, se lo debe presentar en la Ventanilla Única Municipal o enviar al correo electrónico cerosobornos@cuenca.gob.ec.

La norma ISO 37001:2006 es una norma internacional creada para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión contra la corrupción, prevenir, detectar y tratar el soborno, dice un documento de la Secretaría General de ISO en Suiza. 

Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), una federación mundial de organismos de estandarización de procesos y sistemas que adoptan las empresas y organizaciones para homologar su operación a los estándares internacionales de eficiencia y calidad establecidos por el ISO. 

Al aplicar el SGAS, el Municipio de Cuenca (o cualquier otra organización pública o privada que la obtengan), se compromete a cumplir algunas medidas como la formación antisoborno de su personal, que debe aprender a reconocer y responder a sus ofertas, ayudar a prevenirlo, y cómo y a quién informar situaciones de posibles sobornos. 

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El soborno es un pago ilegítimo para acceder a un servicio o bien, como una forma fácil de alcanzar lo que se necesita de un funcionario público. Puede darse a cambio de conseguir un trato preferencial para defraudar impuestos, obtener permisos o aprobaciones o no cumplir leyes y regulaciones. No necesariamente siempre se pagan en dinero, también puede ser el regalo de objetos, comida, invitaciones, becas, ofertas de empleo. 

El soborno está tipificado en el el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como el delito de cohecho. Lo cometen los servidores públicos o personas que tienen poder en instituciones del Estado, reciben o aceptan un beneficio económico para hacer, omitir, agilitar o retardar cuestiones relacionadas a sus funciones. Este delito es sancionado con 1 a 3 años de cárcel. Si el cohecho sucede para cometer otro delito la pena puede aumentar de 5 a 7 años de cárcel. 

La corrupción es uno de los mayores problemas del Ecuador. Según el índice de Transparencia Internacional, una organización internacional que mide cuán corruptos son los estados del mundo, el Ecuador está en el puesto 92 de 180, logró 39 puntos sobre 100 —siendo 100 menos corrupto y 0 más corrupto. 

El 13 de abril pasado, se destapó el más reciente caso de sobornos de alto vuelo en el Ecuador. La Fiscalía hizo 25 allanamientos en Quito y Guayaquil y arrestó a 8 personas, entre ellas al Contralor General del Estado, Pablo Celi, por una presunta trama de sobornos dedicados al desvanecimiento de glosas en la Contraloría y otros posibles actos de corrupción. En abril de 2020, el expresidente del Ecuador Rafael Correa y otras 19 personas fueron sentenciados a ocho de prisión por el delito de cohecho, por la existencia de lo que la Fiscalía llamó una “estructura criminal” en la que varias empresas recibieron contratos a cambio de entregar dinero a Alianza País, el movimiento político creado por Correa.