Cuatrocientas personas de comunidades indígenas kichwa marcharon la mañana de hoy desde el Consejo de la Judicatura hasta la Fiscalía en El Coca, capital de la provincia amazónica de Orellana, reclamando reparación por los daños provocados por el derrame de crudo en los ríos Coca y Napo ocurrido hace un año, el 7 de abril de 2020.
Ese día, se rompieron los dos oleoductos ecuatorianos, el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El crudo contaminó el río Coca y afectó a cerca provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Desde entonces, los pobladores de estas comunidades denuncian que han sufrido afectaciones a la piel, contaminación de su principal fuente de agua , además, el desmoronamiento de riberas.
Debes Saber
Tres semanas después del derrame, el 29 de abril de 2020, las comunidades presentaron una acción de protección contra el Estado Ecuatoriano y solicitaron medidas cautelares pedían que se les garantice agua potable y alimentos hasta que el agua de los ríos volviese a estar apta para bañarse, tomar y cocinar. Según los accionantes, se derramaron 15.800 barriles de crudo. Las comunidades exigían que los jueces declaren la vulneración de sus derechos y de la naturaleza.
El 1 de septiembre de 2020, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección y medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas. Según Oña, la demanda no debía realizarse por vía constitucional, sino administrativa. Las comunidades apelaron el fallo. Después de cuatro meses de espera y ocho cancelaciones, finalmente se instaló la audiencia de apelación, es el 24 de marzo de 2021. La apelación también fue rechazada.
Según un comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos —compuesta por organizaciones como F.C.U.N.A.E y Alianza Ceibo—, la sentencia que negó la apelación se limita a transcribir el fallo de primera instancia. Las alegaciones de los de vulneración de derechos hecha por los demandantes, dice el fallo de apelación, son “como meras insatisfacciones” .-
Mientras caminaban hacia la Fiscalía, Carlos Jipa, presidente de la Federación Indígena Kichwa (FCUNAE), dijo que este derrame ha sido uno de los peores del siglo XXI. Según Jipa, las empresas responsables, OCP y PetroEcuador, no han hecho una debida remediación ambiental y social. Además, recordó que las comunidades que viven alrededor de los ríos no tienen agua potable y que “cada vez que llenamos el balde de agua, tenemos que esperar a que se asiente la suciedad para consumir”. “estamos cansadas de tanto atropello, hoy por hoy nuestras voces no se callarán, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias», dijo Jipa.
Un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confenaie) dice que la marca busca la “reivindicación de la defensa de sus territorios afectados” por proyectos que se han otorgado en lo que llamaron “procesos inconstitucionales de consulta que jamás han contado con nuestro consentimiento”. Entre ellos, dice la Confenaie, están el Bloque 28 y toda la Ronda Sur Oriente, además de “las concesionarias mineras en los territorios de nacionalidad Shuar en la Cordillera del Cóndor y Transkutuko, entre otros”. Además se enfatiza que estas prácticas de “consulta previa” incumplen con los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos.,
OCP y Petroecuador alegan que las tuberías se cerraron tan pronto como se supo de su rotura, y que el petróleo que se era únicamente el residuo que quedaba en las válvulas. Además, según la agencia EFE, ambas empresas, alegan que han presentado los documentos que demostrarían la reparación hecha en las comunidades.
