Mañana, 27 de marzo, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional decidirá si continúa el proceso de juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. La sesión de la Comisión será virtual y empezará a las 8 de la mañana. En febrero de 2021 los asambleístas Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz, ambos de la bancada correísta, presentaron dos solicitudes de juicio político contra Zevallos por presunto incumplimiento de funciones.

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Según un comunicado publicado hoy por la Asamblea, Sinmaleza aduce que Zevallos incumplió sus responsabilidades como ministro “por acciones u omisiones respecto a la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad” emitidos por el Ministerio de Salud. En julio de 2020. se denunció que asambleístas y funcionarios gubernamentales habían recibido los carnés para obtener beneficios —como reducción de ciertos impuestos—, aunque no tuvieran ninguna discapacidad. El asambleísta Sinmaleza alega que Zevallos también incumplió con sus obligaciones al no dar nombramientos definitivos al personal de salud de primera línea que atendió la emergencia sanitaria del covid-19.

La Asamblea dice que Pabel Muñoz responsabiliza a Zevallos “por el negligente manejo de la pandemia del covid-19”. El asambleísta acusa al exministro de no tomar en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, no implementar los protocolos de bioseguridad necesarios ni asegurar fondos para enfrentar la crisis. El pasado 20 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea resolvió por unanimidad iniciar el trámite de juicio político contra Zevallos. El CAL decidió que los pedidos de Sinmaleza y Muñoz se unieran y sean sustanciados como un solo trámite. 

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El artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el CAL —el máximo organismo de administración legislativa— debe verificar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de juicio político. Según la ley, esos son contar con las firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea y ser presentada al Presidente de la Asamblea en el formulario correspondiente. 

El CAL tiene un plazo de 3 días para hacerlo, contados desde que el Presidente de la Asamblea pone la solicitud en conocimiento del Consejo. Si el CAL verifica el cumplimiento de los requerimientos, califica el juicio político a trámite y el proceso pasa a la Comisión de Fiscalización. Ese es el punto en que se encuentra el trámite. 

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Mañana la Comisión sesionará para, conforme dice la ley, “avocar conocimiento de la solicitud”. En esa misma sesión, deberá verificar si el pedido cumple con los requisitos constitucionales para continuar con el proceso. En el Ecuador, un juicio político puede entablarse mientras el funcionario señalado ejerce el cargo o hasta un año después de que lo dejó. En este caso, apenas ha pasado un mes desde que Juan Carlos Zevallos renunció, así que el pedido cumple con este requisito.

Si la Comisión califica el pedido, Zevallos tendrá un plazo de 15 días para presentar sus argumentos y presuntas pruebas de descargo. Muñoz y Sinmaleza deberán presentar evidencia que sustente sus acusaciones. Luego de eso, la ley ordena que la comisión emita un informe en un plazo no mayor de 10 días. Si el informe es aprobado por sus integrantes, el juicio pasará al pleno de la Asamblea, que decidirá si condena o no a Zevallos. 

La Comisión de Fiscalización y Control Político está integrada por 11 asambleístas. Su presidente es Elio Peña Ontaneda, asambleísta de Pachakutik por la provincia de Zamora Chinchipe. La vicepresidenta de la Comisión es Noralma Zambrano, de Alianza País. Además, está conformada por Esteban Melo y Bairon Valle de Revolución Ciudadana, Mercedes Serrano y Denis Marín del Partido Social Cristiano, Jaime Olivo de Pachakutik, José Serrano de Alianza País, Franco Romero del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), y Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña de CREO. 

Los juicios políticos necesitan que dos tercios de los asambleístas —92— voten a favor para censurar o destituir a una autoridad. Zevallos ya renunció y salió del país no podrá ser destituido. Sin embargo, de los juicios políticos pueden derivarse indicios de responsabilidad penal con los que el proceso pasaría a la Fiscalía, que ya tiene una investigación abierta contra el exministro. 

Juan Carlos Zevallos asumió el cargo en marzo de 2020, en medio de la pandemia del covid-19. su periodo en el Ministerio de Salud estuvo marcado por denuncias de corrupción, irregularidades y procesos poco transparentes. Se intensificaron cuando comenzó el proceso de vacunación en enero de 2021. El exministro confirmó que su madre fue vacunada en un centro geriátrico privado, pese a que antes el gobierno había dicho que el plan piloto de vacunación solo estarían incluidas las residencias públicas. En esta etapa también se vacunó a personal que no era de primera línea y rectores de varias universidades dijeron que el Ministerio de Salud los invitó a ser inmunizados, pese a no ser un grupo prioritario o de riesgo.  

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A finales de enero de 2021, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea le pidieron al presidente Lenín Moreno que destituyera a Zevallos del Ministerio. En esa época, el legislativo también empezó a tramitar el juicio político contra el exministro y la Fiscalía abrió una investigación por presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas contra el covid-19. Zevallos renunció al Ministerio de Salud el 26 de febrero y salió del país en la madrugada del día siguiente.