El proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización fue enviado a la Asamblea Nacional por tercera vez. Hoy, 25 de marzo, en la mañana, el proyecto fue enviado al Legislativo después de haber sido rechazado en dos ocasiones. El proyecto reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. Al igual que las dos versiones anteriores, este también tiene carácter económico urgente —es decir que si la Asamblea no lo trata en un máximo de 30 días, se aprueba directamente por el llamado, ministerio de la Ley.
Un comunicado de hoy del Ministerio de Economía y Finanzas dice que en el proyecto fue enviado a la Asamblea “una vez concluido el trabajo de las mesas técnicas”, que fueron desarrolladas, según el comunicado, entre miembros del Ejecutivo, el Legislativo y de entidades de control. El 4 de marzo pasado, 3 días después de que el documento fuera rechazado por segunda vez, el Ministerio y la Asamblea acordaron conformar mesas de trabajo. interinstitucionales. Estas estarían a cargo de revisar el contenido del proyecto antes de ser enviado al legislativo otra vez.
Debes Saber
Las mesas que analizaron la última versión del proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización estaban formadas por representantes de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Economía, según el comunicado. Además, en las discusiones estuvieron presentes representantes del Banco Central del Ecuador, la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
El proyecto enviado hoy a la Asamblea tiene “los temas de fondo que buscan defender la dolarización”, según el Ministerio de Economía. Además, dice que los puntos principales de la ley están relacionados a “dotar de independencia técnica” al Banco Central del Ecuador (BCE), proteger y recuperar las reservas.
Noticias Más Recientes
Otro de los objetivos de la ley, dice el Ministerio, es conformar el directorio del BCE y designar miembros para la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El proyecto de ley propone que los miembros de estos organismos sean nombrados por la Asamblea. Si se aprueba el proyecto de ley, la Junta y el Directorio ya no estarán conformados por representantes del Ejecutivo, como lo establece el Código Orgánico Monetario y Financiero que está vigente actualmente.
| Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |
El proyecto de ley para la Defensa de la Dolarización también volvería a establecer los cuatro sistemas de balance del Banco que fueron eliminados en 2010. Esos mecanismos permiten que el dinero que reciba el BCE en depósitos (sus pasivos) esté totalmente respaldado por las reservas internacionales (recursos de disponibilidad inmediata usados para emergencias).
Según el proyecto, el primer sistema de balance del BCE son las especies monetarias (los billetes y monedas) que circulan en Ecuador. El segundo son los depósitos de otras entidades financieras como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y otros bancos públicos y privados. En el tercero estarían los depósitos del sector público no financiero como las instituciones de las 5 funciones del Estado. En el cuarto, el último, se incluirían el resto de las cuentas del BCE como el patrimonio del Banco.
El proyecto de ley dice que las reservas deben cubrir los depósitos de cada sistema en orden de prioridad, del primero al cuarto. Según el documento presentado hoy a la Asamblea, “a más tardar hasta el año 2026” todos los pasivos del primer sistema —el de las especies monetarias— estarán cubiertos en un 100% por las reservas internacionales.
|Para leer más sobre la economía del Ecuador, haz clic aquí|
Este proyecto de ley es de carácter económico urgente. Por ley, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobarlo, modificarlo o negarlo. El Consejo de Administración Legislativo (CAL) de la Asamblea recibirá el proyecto de ley para la Defensa de la Dolarización enviado hoy y lo calificará. Si lo admite a trámite, el documento será enviado a la comisión legislativa correspondiente para ser analizado y luego será debatido en el pleno. Si el proyecto no es tratado en ese plazo de 30 días, entrará en vigencia de forma automática.
