La noche de ayer, 23 de febrero de 2021, el presidente Lenín Moreno envió por segunda vez el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea. El proyecto reformaría el Código Orgánico Monetario y Financiero. La propuesta legislativa fue remitida por primera vez el 8 de febrero, un día después de las elecciones generales de 2021. Sin embargo, dos días después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió no calificarlo porque no cumplía los requisitos de ley. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo en un comunicado que se volvió a enviar después de que “se han subsanado los requisitos formales” que le faltaban al primer proyecto.  

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Uno de los motivos para rechazarlo, según un comunicado del Legislativo, es que no definía con claridad los artículos que serían reformados, lo que es un requisito establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la calificación de los proyectos de ley. Según el CAL, tampoco se  exponían “de forma suficiente” los motivos para presentarlo, con lo que se incumplía el artículo 136 de Constitución. 

Según el comunicado del Ministerio de Economía de hoy, la ley es importante porque “protegerá el sistema monetario del país al fortalecer la independencia del Banco Central del Ecuador (BCE)”. Por eso, al igual que la primera versión del proyecto, la nueva fue enviada con carácter económico urgente. Es decir, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobarlo, modificarlo o negarlo. El CAL es el encargado de calificar el proyecto de ley para su tratamiento. Si no lo hace, como pasó con la primera versión, no será tratado en el pleno y será devuelto al Ejecutivo. Pero si la ley no es tratada en esos 30 días, entra en vigencia de forma automática.

Uno de los objetivos del proyecto, dice el comunicado, es “dotar de autonomía técnica al BCE para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado”.  La propuesta de ley dice que las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria y proteger la estabilidad financiera. 

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Una de las modificaciones que propone la ley es transformar la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Según el Ministerio de Economía, la nueva junta será un órgano “independiente encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros”. El proyecto de ley añade disposiciones al Código Orgánico Monetario y Financiero para establecer quién conformará la nueva junta, sus funciones, deberes y facultades. 

Una de las principales diferencias entre las la junta actual y la que contempla el proyecto de ley, son sus miembros. La JPRF estaría conformada por cinco miembros —2 a tiempo completo y 3 a tiempo parcial— nombrados por la Asamblea Nacional. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera —la que funciona con la legislación actual— está conformada por los Ministros de Economía, Producción y un delegado del Presidente. Según ambas legislaciones, también pueden participar con voz, pero sin voto, representantes de las superintendencias, el Gerente General del BCE y otros funcionarios. 

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El proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización establece que el directorio del BCE —su órgano máximo de gobierno— esté conformado por cinco miembros, también seleccionados por la Asamblea. Actualmente, sus miembros son un delegado de la Presidencia y de otras instituciones del Ejecutivo. Al modificar cómo se designan las autoridades de los órganos de gobierno, la ley dice que se va a “precautelar que las decisiones eminentemente técnicas” estén alejadas de las injerencias políticas o los intereses particulares de cualquier sector económico. 

Además, el Ministerio de Economía dice que con esta ley se volvería a establecer los cuatro sistemas de balance del Banco Central que fueron eliminados en 2010. En esa época, los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas advirtieron que modificar los cuatro sistemas o confundirlo con uno solo provocaría que la economía ecuatoriana entre a una situación de iliquidez y que “finalmente ahorque el esquema de la dolarización”. 

Los sistemas permiten que el dinero que reciba el Banco Central en depósitos (los pasivos) esté respaldado por sus reservas internacionales (recursos de disponibilidad inmediata que pueden ser usados en emergencias) en su totalidad. El proyecto dice que las reservas deben cubrir los pasivos de cada sistema en orden de prioridad, del primero al cuarto. Así, dice el Ministerio, se garantizaría y se transparentaría “el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el BCE”. 

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Según el proyecto de ley, el de canje, el primero, serían las especies monetarias (los billetes y monedas) en circulación en el Ecuador. En el segundo se registrarían los depósitos de otras entidades financieras, como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y otros bancos públicos y privados. En el tercero estarían los depósitos del sector público no financiero (como las entidades de las 5 funciones del Estado). En el cuarto se registraría el resto de las cuentas del BCE como el patrimonio del Banco.