La mañana de hoy, 1 de marzo de 2021, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) no calificó por segunda vez el trámite del proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización. El documento que incluía reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero tenía carácter económico urgente y debía ser tratado por la Asamblea en 30 días. Según el CAL, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es inconstitucional. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles.
De los 7 miembros que tiene el CAL, 4 votaron en contra de aprobar el trámite. Fueron el presidente de la Asamblea, César Litardo, el primer vicepresidente, Carlos Solórzano, y los legisladores Ana Belén Marín y Carlos Cambala. La asambleísta Cristina Reyes votó a favor. Reyes le dijo a GK que votó en contra de devolver el proyecto al Ejecutivo porque “no somos instancia de constitucionalidad y lo único que nos correspondía es verificar el cumplimiento de requisitos”. Patricio Donoso, segundo vicepresidente del Legislativo, y la asambleísta Rina Campain se abstuvieron.
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Es la segunda vez que el CAL no califica el proyecto para su tratamiento. La primera fue el 10 de febrero, dos días después de que fue enviado por primera vez. El CAL dijo que no aprobó el trámite porque no cumplía los requisitos de ley. Un comunicado de la Asamblea dice que en el proyecto de ley no se definían con claridad los artículos que serían reformados ni que se exponían “de manera suficiente” los motivos para presentarlo. Ambos son requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución.
El pasado 23 de febrero el Ejecutivo volvió a remitir el proyecto a la Asamblea. Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de ese día, en la segunda versión “se han subsanado los requisitos formales” que le faltaban al primer proyecto. El proyecto incluía reformas para “proteger el sistema monetario del país”, según el Ministerio de Economía. Además, dice que lo hará al “fortalecer la independencia del Banco Central del Ecuador (BCE)”.
Las dos versiones tenían carácter económico urgente. La Asamblea debe aprobar, modificar o negar este tipo de proyectos en un plazo máximo de 30 días. Ya que la segunda versión del proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización no fue calificado a trámite, también será devuelta al Ejecutivo.
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El proyecto de ley proponía transformar la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera —que existe según la legislación vigente— en la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Una de las principales diferencias entre las dos juntas es cómo se escogerá a sus miembros. La JPRF habría estado conformada por cinco miembros nombrados por la Asamblea Nacional. La junta que funciona actualmente está compuesta por los Ministros de Economía, Producción y un delegado del Presidente. Las dos leyes (la vigente y el proyecto otra vez rechazado) incluyen una lista de funcionarios que pueden participar con voz, pero sin voto en las reuniones.
El proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización también proponía que la Asamblea escoja a los miembros del directorio del BCE, su órgano máximo de gobierno. Según la legislación actual, sus miembros son un delegado de la Presidencia y de otras instituciones del Ejecutivo. En la segunda versión del proyecto de ley dice que al modificar cómo se designan las autoridades de los órganos de gobierno del BCE se va “precautelar que las decisiones eminentemente técnicas” se alejen de los intereses particulares de los sectores económicos y de las injerencias políticas.
La segunda versión del proyecto de ley incluía establecer otra vez los cuatro sistemas de balance del BCE. Así se permitiría, según la propuesta, que el dinero que reciba el Banco Central (sus pasivos) esté totalmente respaldado por las reservas internacionales, los recursos de disponibilidad inmediata que se pueden usar en emergencias. Los sistemas incluyen el dinero circulante, los depósitos de otros bancos, los de otras entidades del Estado y el resto de dinero que está en las cuentas del BCE. Las reservas deben cubrir esos pasivos en ese orden de prioridad. El Ministerio de Economía dice que así se garantizaría la transparencia en los depósitos del BCE.
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El Ministerio de Economía y el presidente Lenín Moreno todavía no se han pronunciado sobre la decisión del CAL. Tampoco han confirmado si una tercera versión del proyecto será enviado a la Asamblea.
