Hoy, 24 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó con mayoría absoluta un informe no vinculante sobre la fiscalización legislativa sobre la entrega de carnés de discapacidad. Una de las conclusiones del informe es que se abra una investigación al asambleísta Fabricio Villamar por la obtención de su carnet de discapacidad. 

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El informe no vinculante fue realizado por la Comisión de Salud. Según el Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, este tipo de informes sirven para asesorar a la Asamblea para tomar una decisión. El 14 de julio de 2020, en una resolución, el Pleno pidió a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud que realice una investigación sobre la obtención de carnés de discapacidad por algunos asambleístas y sus familiares. Entre los legisladores señalados, estaba Villamar. 

El asambleísta por Alianza País, Rodrigo Collaguazo, quien mocionó la aprobación del informe, deberá poner la denuncia en la Asamblea Nacional contra Villamar, dice un comunicado de la Asamblea Nacional. En una entrevista de Tiempo Real, un programa digital Collaguazo dijo que está preparando el documento para denunciar a Villamar, luego el Consejo de Administración Legislativa deberá aprobar el documento para pasarlo a la Comisión de Ética. 

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En un boletín de prensa publicado en su perfil de Twitter, Villamar dijo “estaré presto a comparecer a los procesos que la República requiera, pero haré valer la Ley y la Constitución”. Además, Villamar dijo que el proceso de investigación que se abrirá en su contra, es un “intento de desviar la atención, de las investigación por diezmos o beneficiarios del reparto de los hospitales”. 

La noche del 30 de junio de 2020, se difundió en las redes sociales que los asambleístas Fabricio Villamar, Israel Cruz, Marcia Arregui, y el esposo de la asambleísta Elizabeth Cabezas, tienen carnés de discapacidad. A la mañana siguiente, Villamar dijo que tiene el 51% de discapacidad auditiva y dijo que en enero de 2020 importó un carro de más de 23 mil dólares con los beneficios que le da el carnet de discapacidad para tener una rebaja en el pago de impuestos al valor agregado, de consumos especiales o pago de tributos al comercio exterior, dice la Ley Orgánica de Discapacidades. Los bienes que sean importados deben ser adaptados a la discapacidad de la persona. 

Otra de las conclusiones del informe no vinculante dice que el MSP y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad (Conadis) deben tener un procedimiento claro para que las personas con discapacidad puedan obtener un certificado médico que sirva para corroborar su discapacidad emitido por un hospital privado. El certificado debe “contar con las garantías de veracidad sobre la especialidad acreditada”.  

Actualmente, para tener un carné de discapacidad, la persona debe ir a una cita médica en un hospital o centro de salud público. Ahí un médico designado como calificador evalúa el porcentaje de discapacidad que tiene la persona y le entrega el carné con el porcentaje del tipo de discapacidad que tenga que puede ser auditiva, física, intelectual, de lenguaje, psicosocial o visual. 

Otra conclusión del informe de la Comisión de Salud es pedir al Ministerio de Salud entregue un reporte sobre el seguimiento de las denuncias en la Fiscalía a 22 funcionarios del Ministerio por emitir más de 29 mil carnés de discapacidad con sospechas de irregularidades. 

En el informe, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades deben hacer políticas, normativas y medidas que garanticen el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, que son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, originadas en el nacimiento o producidas a lo largo de la vida. 

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El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) tiene registradas más de 470 mil personas con discapacidad.