La Defensoría del Pueblo denuncia a autoridades del gobierno por presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en el paro de octubre de 2019. Entre los pedidos que hace el Defensor del Pueblo también está la prohibición de salida del país del Presidente de la República, ministros y otros involucrados. La denuncia la presentó el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ante la Fiscalía General del Estado hoy, martes 23 de marzo de 2021.
El Defensor hace la denuncia después de que la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo, presentara un informe sobre las protestas de octubre de 2019. Para la elaboración del informe, la Defensoría dijo que recibió 519 testimonios de vulneración de derechos. En la presentación de este informe, hecha el 17 de marzo de 2021, el Defensor del Pueblo dijo que las violaciones a los derechos humanos incluso derivar en acciones internacionales.
Debes Saber
Entre las personas demandadas por la Defensoría del Pueblo están autoridades del gobierno de Lenín Moreno. Entre ellos está el presidente de la República, Lenin Moreno; la exministra de Gobierno, Maria Paula Romo; el exministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. También están el excomandante General de Policía, Nelson Villegas; el exjefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, Lenín Bolaños; el Comandante de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, Victor Araus; la inspectora General de la Policía, Maria Fernanda Tamayo y el Director General de Operaciones de la Policía Nacional, Hernán Carillo.
En un comunicado oficial, la Defensoría pide que se formule cargos de manera “urgente” contra los demandados. Además, pide que la investigación previa por el presunto delito de lesa humanidad sea tramitada por la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía. Otra de sus solicitudes es la desclasificación de la información de las operaciones realizadas durante los días del paro nacional de octubre de 2019 por las fuerzas de seguridad. Otro de los pedidos del Defensor del Pueblo es que se considere su ingreso y el de su familia en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). Esto porque, según el Defensor, habría recibido múltiples amenazas en contra de él y su familia. Por eso, dijo, en un comunicado que “resulta fundamental contar con protección especializada para cumplir cabalmente con mi función como Defensor del Pueblo”.
El artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que los delitos de lesa humanidad son aquellos que se “cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. La sanción es de pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años
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El paro de octubre de 2019 ocurrió después de que el martes 1 de octubre de 2019, el presidente, Lenín Moreno, anunció la liberación del precio del diésel y de la gasolina extra. Tras la decisión, el 3 de octubre de 2019 el gremio de transportistas paralizó las actividades en señal de desacuerdo a la medida. Después de la paralización, se sumó el movimiento indígena, gremios de estudiantes y trabajadores.
