La ministra de Gobierno, María Paula Romo, compareció frente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La mañana del 31 de octubre, Romo presentó las pruebas de descargo del tercer juicio político en su contra. La causal es su supuesta mala actuación en el paro de octubre de 2019.
La solicitud de juicio político fue presentado el 15 de enero de 2020 por los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, ambos independientes pero llegaron a la Asamblea respaldados por CREO, y Amapola Naranjo, del bloque correista. A Romo la acusan de lanzar bombas lacrimógenas caducadas, lanzar bombas lacrimógenas en centros de paz y acogida humanitaria, y de convocar de forma tardía al Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación— todo esto dentro del marco de las manifestaciones de octubre de 2019.
El 13 de octubre de 2020, Romo envío una carta a la Comisión de Fiscalización para solicitar que el juicio político se realice de manera presencial. Sin embargo, se instaló de forma telemática por la emergencia sanitaria de covid-19.
En la comparecencia que fue transmitida por Facebook live desde Carondelet, la Ministra de Gobierno se defendió y presentó pruebas de descargo. Durante su intervención estuvo acompañada de varios policías y algunos ministros de estado como Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa y Juan Sebastián Roldan, Secretario de Gabinete.
Con respecto a las bombas lacrimógenas caducadas, Romo dijo que hay dos informes que prueban que la caducidad de las bombas no afecta la salud.
Sobre la acusación por la convocatoria tardía al Comité de Protección de Periodistas, Romo dijo que no es su competencia, y que de eso se tenía que encargar, la Secretaría de Comunicación.
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Romo además hizo énfasis en que el personal de la Policía Nacional que intervino en el paro nacional usó su fuerza para responder a la violencia que se registró durante las manifestaciones.
Los interpelantes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta repitieron que la ministra Romo es la responsable política del uso excesivo de la fuerza pública en las protestas de octubre de 2019, y que no ha respondido como debía al estar a cargo de la Policía Nacional. Por otro lado, en su intervención, la asambleísta Amapola Naranjo, dijo que la Fiscalía General del Estado tiene que abrir investigaciones sobre la violación de derechos humanos que existió durante el paro nacional.
El paro nacional más intenso que ha vivido Ecuador en la última década se desencadenó después de que el presidente Lenín Moreno emitiera el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. El paro duró 11 días, desde el 2 hasta el 13 de octubre de 2019 y dejó como saldo 11 muertos y más de 800 millones de dólares en pérdidas materiales, según una evaluación del Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador.
En enero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre el paro y emitió 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano. En el informe, la comisión responsabilizó a la Policía Nacional— que está a cargo de la Ministra Romo—y a las Fuerzas Armadas de presuntamente cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”.
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Con las declaraciones de Romo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cerrará la etapa de presentación de pruebas y comparecencias, y ahora deberá valorarlas. El organismo tiene hasta el 5 de noviembre para hacer esta evaluación y recomendar que la solicitud del juicio pase al pleno o sea descartada.