Cada cuatro días, Pablo Arévalo, un médico cuencano que cursa un posgrado en Geriatría y Gerontología en Quito, trabaja treinta horas en el hospital que hace las “prácticas o actividades asistenciales” que exige su posgrado. Por ellas no recibe un salario, ni la afiliación a la seguridad social. Según la ley, los médicos posgradistas son considerados estudiantes y las prácticas asistenciales son parte de su formación académica. Sin embargo, muchos posgradistas afirman que a veces son tratados como estudiantes, y otras, como trabajadores.
Un posgrado de medicina en Ecuador toma entre tres y cinco años. Para obtenerlo, los médicos deben cumplir 64 horas de actividades asistenciales y 16 de clases teóricas cada semana mientras dure el posgrado. Arévalo está por terminar el primero de los tres años y medio que dura su posgrado.
En Ecuador hay dos modalidades de estudios de posgrado: becarios y autofinanciados. Pablo Arévalo es parte de los segundos. Paga más de 4 mil dólares que le cuesta cada semestre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Para hacerlo, hipotecó la casa donde viven sus padres en Cuenca. Para pagar su primera matrícula vendió su auto y usó sus ahorros. Dice que pidió un crédito educativo, pero en los bancos sólo le prestaban para pagar las matrículas semestrales pero no para costos de transporte, vivienda en Quito y alimentación. “Es un problema grande, nadie te presta para que vivas tres años y medio sin producir un centavo”, dice.
Los posgradistas becarios pueden obtener una beca pública o privada. Solo los becarios privados no devengan, quiere decir que no devuelven en años de trabajo el dinero invertido en sus estudios. Las becas otorgadas por el Estado implican la devengación en el doble de tiempo que se invirtió en el proceso de formación.
Los más de 3 mil médicos posgradistas que hay en Ecuador no son internos rotativos que todavía deben graduarse de médico general o médicos realizando el año de salud rural. Son profesionales que postularon a las universidades públicas y privadas para obtener un cupo en alguno de los 56 posgrados que se puede estudiar en el país como Alergología, Cardiología, Dermatología, Hematología, Infectología, Urología, Cirugía Oral, Ortodoncia o Endodoncia.
Según la Norma Técnica de Especialización en el Campo de la Salud —el documento del Consejo de Educación Superior que regula los posgrados de medicina— quien cursa un posgrado “es un estudiante en formación y no reemplaza a un profesional de la especialidad ya formado”. Los posgradistas al ser considerados estudiantes, no están incluídos en la distribución de salarios de los trabajadores de salud pública. La norma técnica sí ordena que estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por el tiempo que duren sus prácticas. Pero Arévalo dice que no está afiliado. Solimar Herrera, experta en derecho laboral, dice que los posgradistas estarían en una condición de precarización: no tienen contrato con los hospitales y pueden ser sometidos a reglas que no están definidas en la ley.
Parte del posgrado es hacer rotaciones entre hospitales. Sirven para que el posgradista tenga mayores aprendizajes. Pablo Arévalo, por ejemplo, rota cada 10 semanas. Fernando Cornejo, Coordinador del Posgrado de Psiquiatría de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), insiste que el posgrado no es una función laboral “ni en los hospitales ni en las universidades, es un proceso de formación académica según dicen las normas”.
Dice, además, que si los posgradistas firman un contrato de trabajo en un hospital ya no podrán hacer rotaciones en hospitales públicos y privados. “Si el posgradista se queda atado con una firma a un hospital, seguramente tendrá un salario pero no tendrá todo el aprendizaje que requiere”. En cambio, Santiago Zúñiga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Posgradistas cree que es necesario garantizar que los posgradistas tengan beneficios laborales. Ahora, dice, siguen en un limbo.
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La emergencia sanitaria por el covid-19 aumentó la desprotección laboral a los médicos posgradistas. Pamela* es posgradista de Ginecología, realiza sus actividades asistenciales en un hospital de Guayaquil desde enero de 2020. Pamela pidió no ser identificada por temor a represalias. Asegura que en la emergencia sanitaria ha tenido que usar una sola mascarilla quirúrgica en cada turno, en el que atiende a posibles pacientes con la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. “Cuando decimos que no tenemos la obligación de exponernos al cien por ciento, nos dicen que tenemos que estar ahí porque no hay el personal suficiente”.
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En el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario aprobado el 15 de mayo de 2020 en plena pandemia por el covid-19, se propone que los médicos posgradistas que están atendiendo la emergencia sanitaria firmen un contrato ocasional con el Ministerio de Salud Pública (MSP) o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que les permitirá recibir una remuneración.
La Ley ya recibió el veto parcial del presidente Lenín Moreno el 9 de junio, y sobre la contratación de los posgradistas no hubo ningún cambio. La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse. Si no lo hace, la ley quedará aprobada y entrará en vigencia apenas se publique.
Cuando Pablo Arévalo debe realizar su turno de 30 horas en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor en donde trabaja ahora, le entregan una mascarilla, guantes y una bata, dependiendo del área que vaya, “realmente no para todas las áreas se necesita ingresar con el traje completo”.
Arévalo dice que la coordinadora de su posgrado trabaja en ese hospital y ha gestionado para que reciban el equipo de bioseguridad en la emergencia sanitaria. Zúñiga, Presidente de la Asociación de Médicos Posgradistas del Ecuador, dice que, como se sabe desde que comenzó la emergencia sanitaria el 16 de marzo de 2020, el sistema de salud pública no tenía la suficiente cantidad de mascarillas, de trajes, de batas, de guantes para entregar a los médicos. En algunos servicios de salud les dijeron a los posgradistas que cada uno lleva su equipo de protección.
Pamela trabaja en el área de quirófano y cuenta que en uno de sus turnos una enfermera le consiguió una bata, pero no tenía botines, ni gorro y así tuvo que ingresar. Pamela es de Quito y se fue a estudiar su posgrado a Guayaquil. Junto a dos compañeros rentó un departamento. En marzo de 2020 se contagiaron de covid-19, Pamela no se enfermó pero tuvo que seguir trabajando sin que en el hospital haga un cerco epidemiológico para los médicos.
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Karla Calle estudia un posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria en la Universidad del Azuay en Cuenca. Está en el segundo año y cumple sus actividades asistenciales en un Centro de Salud en las afueras de esa ciudad. Asegura que en el Centro de Salud le entregan una mascarilla KN95 (una mascarilla especial con 95% de eficiencia de filtración de partículas como humo, hollín, bacterias o virus) cuando va a atender a un paciente con síntomas del covid-19, pero las KN95 en teoría, dice Calle, debe ser usadas una sola vez y desechadas. Sin embargo, por la emergencia sanitaria, se reutiliza hasta dos veces si el médico no atendió a pacientes con síntomas del covid-19.
Hay una distinción en la entrega de insumos de protección. “En el Centro de Salud hay tres médicos: dos de planta y un posgradista, nos dan dos mascarillas, alguien no recibe, ese alguien es el posgradista porque no somos parte de la nómina de trabajadores”, dice Calle. La norma técnica dice que los posgradistas tienen derecho a recibir elementos de bioseguridad gratuitos. Pero eso, al parecer, es solo tinta.
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Karla Calle estudia con una beca tripartita de 7 mil dólares semestrales, una parte la cubre el MSP, otra el IESS y una tercera debía entregarle el extinto Instituto de Fomento del Talento Humano (IFTH). Pero por la emergencia sanitaria, muchos médicos posgradistas becados no han recibido los fondos de sus subvenciones hace más de tres meses, dice Calle, quien espera que su estipendio se haga efectivo, como está planificado, en junio de 2020.
La Norma Técnica para Unidades Asistenciales Docentes es un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Educación Superior en el que se describen los derechos y obligaciones de los internos rotativos y los médicos posgradistas. El documento dice que solo los posgradistas que tengan beca recibirán un estipendio —un monto de dinero para gastos—, más el pago de la colegiatura o matrícula.
Teddy García, Janeth Torres, Adriana Ayala y Karina Pino estudian el posgrado de Emergencia y Desastres en la Universidad Central del Ecuador. En abril de 2020, a través de un video en redes sociales, pedían que el gobierno deposite sus estipendios. Zúñiga dijo en una transmisión por Facebook que tiene información que entre el 10 y 11 de junio comenzaba el Ministerio de Finanzas a depositar los estipendios a los becarios. Pero hasta el 14 de junio, Calle dijo que ella ni sus compañeros de posgrado han recibido el pago del estipendio.
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Compleja. Esa es la palabra que encuentra Calle para definir la preocupación por no recibir el estipendio puntualmente y seguir atendiendo a pacientes con o sin síntomas del covid-19 sin equipos de bioseguridad necesarios.
Los posgradistas reclaman sus derechos laborales, y no es suficiente con decirles héroes o heroínas por ser parte de los médicos que contuvieron la emergencia sanitaria en el país. Karla Calle dice que estudiar un posgrado es una necesidad personal, es una necesidad comunitaria, y es una necesidad del país.
