Los recortes al presupuesto de las universidades públicas, explicados

  • Recortes en el presupuesto de universidades públicas genera rechazo

    • presupuesto de las universidades públicas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Agustín Albán.

    Los recursos asignados a las universidades públicas serán 98 millones de dólares menos en 2020. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) lo anunció el 4 de mayo. Albán dijo que el recorte no es una decisión unilateral, se debe a “la manera en la que está compuesto el presupuesto del Estado”. En 2019, recibieron 1.214 millones de dólares, en enero de 2020 ya se redujo a 1.177 millones. Con el nuevo recorte, el presupuesto baja a 1.079 millones

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    Según Albán, el 80% del dinero asignado a las universidades depende de la recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta. Durante la pandemia del covid-19, la actividad económica y, por ende, la recaudación tributaria cayeron. “Derivado de la fórmula de asignación de recursos”, dijo Albán, hay menos fondos que entregar a las instituciones de educación superior. 

    En su intervención, Albán dijo que hubo acercamientos previos con algunos rectores, equipos técnicos y el Ministerio de Finanzas. Desde esa fecha, Albán se ha reunido con los rectores de instituciones de educación superior públicas para entender cómo afectará la decisión a cada una. Dijo que discutirán “cómo podemos apoyar a reasignar recursos, reorientar gastos durante la nueva normalidad”. Según Albán, no tener clases presenciales podría ayudar a manejar ciertos recursos de una manera distinta.

    Incluso con los recortes presupuestarios, Albán dijo que la Senescyt garantizará el acceso, la calidad de la educación y que se mantenga la seguridad académica de los estudiantes. También dijo que a la Secretaría le preocupaba la estabilidad laboral de ciertos docentes. En su intervención, se comprometió a reorientar el gasto para que eso no suceda. 

    Según Albán, se evaluarán los gastos y se eliminarán los que no son productivos en la realidad que vive el país por las pandemias. Citó como ejemplo las prácticas de laboratorio y las investigaciones de campo, que tendrán que suspenderse para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes. Albán dijo que el impacto económico de la crisis generada por el parón económico producto de las medidas de aislamiento y distanciamiento para evitar la propogación del covid-19“dependerá de la creatividad que tengan los rectores”.

    El secretario Albán dijo que era difícil pretender que en una crisis mundial no haya que hacer ajustes. “A todos los ecuatorianos nos toca de manera solidaria arrimar el hombro”, dijo y pidió que las universidades hagan un esfuerzo por mantener la matrícula y la calidad de la educación en la nueva realidad presupuestaria. 

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    Los directivos y estudiantes de las  universidades públicas expresaron su desaprobación del recorte de varias formas. Pese a las medidas de distanciamiento social,  los estudiantes de universidades públicas en Quito y Cuenca organizaron plantones para protestar la medida. En un comunicado, la Universidad Central del Ecuador anunció que se suspendía el proceso de matrículas de 2020 “por la severa disminución de presupuesto” hasta que pueda “aclarar el financiamiento de la oferta académica”. 

    Modificar los recortes, dijo Albán, dependería de la recaudación tributaria del país. El recorte, dijo, es el resultado de aplicar una fórmula sobre las recaudaciones obtenidas “no es una asiganación arbitraria de recursos”. Con los datos actuales, según Albán, la fórmula arroja la reducción de los más de 98 millones de dólares de la asignación prevista.Albán dijo que la Secretaría bajo su administración espera que no crezca el recorte presupuestario, “pero no se descarta”.

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    El 4 de mayo comenzó el proceso de asignación de cupos en las universidades públicas para el siguiente semestre. Cuando comenzó la emergencia sanitaria, se pospuso porque había estudiantes que no tenían Internet en sus casas y perderían el cupo. Albán dijo que se habilitó la asignación de cupos por mensajes de texto para que todos los estudiantes puedan recibir y aceptar una plaza en las universidades públicas del país. 

  • Defensor del Pueblo advierte que el recorte a las universidades vulnera derechos

    • corte de presupuestos universitarios viola

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo.

    El 8 de mayo de 2020, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea analizó la reducción del presupuesto de las universidades públicas. Ante la Comisión comparecieron Catalina Vélez Verdugo, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Freddy Carrión Intriago, defensor del Pueblo, Fabricio Tinajero Jiménez, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y, Pablo Vanegas Peralta, rector de la Universidad de Cuenca.

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    El 4 de mayo se anunció el recorte de 98 millones de dólares al presupuesto de las universidades públicas. Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, adujo que se debía a la menor recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta que equivale al 80% del dinero asignado a las instituciones.

    Catalina Vélez dijo que el CES solicitó información sobre las cifras de reducción y los parámetros con los que se ha ejecutado al Ministerio de Finanzas y la Senescyt. Según el artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior el CES debe aprobar la fórmula de distribución del presupuesto de las universidades. Los recursos para cada institución dependen, según la Ley, de la calidad y excelencia académica, eficiencia administrativa y financiera; y, la pertinencia. La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt) plantea el presupuesto y el Ministerio de Finanzas lo asigna.

    Durante su intervención, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que la Defensoría del Pueblo alertó a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el recorte. 

    Carrión dijo que hay dos escenarios:  la reducción obedece a la crisis económica o se da para “tomar los recursos de la educación con el propósito de cubrir necesidades de la pandemia”. En cualquiera de los dos escenarios, existe regresión y vulneración de derechos humanos, dijo Carrión. 

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    El Defensor del Pueblo dijo que la decisión afecta a la calidad de la educación, los salarios de los profesores y la capacidad de desarrollo del país. “Solo con educación se puede dejar atrás el subdesarrollo”, dijo. Al terminar su comparecencia, dijo que a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional se podrían iniciar acciones legales y constitucionales para para garantizar el derecho a la educación superior de los estudiantes del país. 

    Las universidades tampoco están de acuerdo con el recorte. El rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Fabricio Tinajero, dijo que no han recibido “comunicación formal alguna” de la reducción presupuestaria. Según Tinajero, al menos 65 profesores serán despedidos como consecuencia de la medida. Explicó que eso significaría tener que asignar mayor carga horaria para los docentes que se queden. “Al disminuir el número de maestros la integralidad de una universidad incluyente e inclusiva se trastoca”, dijo Tinajero. 

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    El rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, criticó el momento de la decisión ante la Comisión. Vanegas dijo que recortar el presupuesto a mediados de año, cuando parte de este ya se ha consumido, les obliga a hacer ajustes: en los profesores contratados, las actividades de investigación, y otras áreas que se habían generado y desarrollado hasta mayo. Vanegas pidió a las autoridades hablar, acordar y “no afectar a este rubro tan importante para el país”. 

    En la semana pasada, estudiantes universitarios en Quito y Cuenca realizaron plantones para protestar el corte. Universidades públicas de todo el país, en redes sociales y otras plataformas digitales, han criticado el recorte de más de 98 millones decidido por el gobierno de Lenín Moreno. 

  • Comisión de Educación de la Asamblea pide juicio político a Richard Martínez

    • juicio político al Ministro de Finanzas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea.

    La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea anunció que empezará acciones para enjuiciar políticamente a Richard Martínez, Ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno. Fue una decisión unánime de los 12 asambleístas que la conforman “por los recortes presupuestarios a la educación general y superior”, según la cuenta de Twitter de la Comisión. 

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    El presidente de la Comisión, Jimmy Candell, anunció la decisión después que el ministro Martínez no compareciera ante la comisión. Los asambleístas esperaban que explique las motivaciones “constitucionales y legales” del recorte de 98 millones al presupuesto de las universidades públicas. “Las decisiones arbitrarias, caprichosas y tomadas al margen de la Constitución y la Ley no tienen cabida en un Estado de derecho”, dijo Candell. 

    Los asambleístas dicen que Martínez incumplió el artículo 165 de la Constitución que ordena que durante el estado de excepción no se usen fondos públicos de salud y educación para otros fines. Candell dijo que Martínez también incumplió el artículo 355 de la Constitución, que reconoce la autonomía financiera de las universidades y escuelas politécnicas y que el Ejecutivo no puede privarlas “de sus rentas o asignaciones o retardar las transferencias”. Según Candell, el Ministerio de Finanzas “ha tomado decisiones que contravienen de forma grosera lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución”. Por eso, la Comisión decidió empezar todas las consultas necesarias para “encauzar el juicio político contra Richard Martínez por el incumplimiento de sus funciones”. 

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    Actualmente, reciben presupuesto estatal 26 universidades públicas, tres universidades de posgrado y ocho particulares que son cofinanciadas. En estas últimas, el presupuesto va a las becas para estudiantes que pertenecen a grupos “históricamente excluidos”. En un comunicado del 5 de mayo, la Comisión legislativa dice que el recorte tendrá graves consecuencias en el sistema de educación superior: se cerrarán carreras, los nuevos bachilleres no podrán ingresar y “sobre todo la imposibilidad de garantizar la calidad de la educación superior”, dice el boletín.

    Durante la sesión 40 de la Comisión de Educación, Candell se dirigió directamente al ministro Martínez porque “seguramente está escuchando”. Le recordó que él, al ser Ministro, tiene la confianza del presidente Lenín Moreno que lo designó como tal. Pero los asambleístas, dijo, gozan de la confianza de los electores y representan “ la voluntad popular expresada en las urnas, al pueblo del Ecuador”. 

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    Para dar paso al pedido de juicio político, los miembros del Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, deben revisar que se cumplan los requisitos de forma. Se necesita los votos de la mayoría del CAL — cuatro de  siete — para que el trámite se apruebe. Si es así, pasará a la Comisión de Fiscalización, en donde se presentarán pruebas de cargo y donde el enjuiciado podrá presentar sus pruebas de descargo en máximo quince días. La Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe en máximo diez días. Si es favorable, el juicio pasa al pleno de la Asamblea. Allí se necesita la votación de 92 asambleístas — dos tercios del total— para aprobar el juicio y destituir al funcionario.

     

  • Eliminan el Instituto de Fomento al Talento Humano, antiguo IECE

    • Instituto de Fomento al Talento Humano

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Instituto de Fomento al Talento Humano.

    El Presidente Lenín Moreno eliminó el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). El 8 de mayo de 2020, a través del Decreto 1040 se oficializó la decisión. El Instituto de Fomento al Talento Humano fue creado en 2015 por el expresidente Rafael Correa, en reemplazo del Instituto de Crédito Educativo y Becas (IECE). Su función era la administración de la oferta de becas y créditos educativos otorgados por el antiguo IECE y el Banco del Pacífico hasta 2015.

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    Según el decreto, todas las competencias, atribuciones, funciones, programas, proyectos, representaciones y  delegaciones que le correspondía al Instituto de Fomento al Talento Humano serán asumidos por la Secretaría de Educación Superior, Tecnología e Innovación” (Senescyt). Además se establece un proceso de transición de 90 días después de emitir el decreto. Lo que significa que durante este lapso deberá garantizarse  la continuidad de programas, proyectos y los servidores públicos que trabajaban en el IFTH deberán pasar  a la nómina del Senescyt, según el decreto 1040. 

    En su cuenta de Twitter el Presidente Moreno dijo que el objetivo de la optimización de las instituciones es “mejorar la estructura del Ejecutivo y reducir gastos”. La Secretaría de Educación Superior, Tecnología e Innovación se pronunció sobre la eliminación del IFTH. En un tuit, dijo que se dispuso un “plan integral y una hoja de ruta que no afectará en lo absoluto a los beneficiarios de los diferentes programas y servicios del Instituto”.

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    Además de la eliminación del IFTH, se han fusionado otras instituciones del gobierno. Otra de las instituciones eliminadas es el Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividad y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. A través del Decreto 1039, ambos institutos se han fusionado en el Instituto de fomento a la Creatividad y a la Innovación. Entre funciones estarán “definir criterios para la distribución de los recursos asignados para fomento y la promoción de las artes, innovación, creatividad, cine y audiovisual ecuatoriano”

    Lo mismo pasó con el Instituto Antártico Ecuatoriano y el Instituto oceanográfico de la Armada, que pasaron a convertirse en una sola entidad: el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, que estará adscrito al Ministerio de Defensa. Antes de la fusión, el Instituto Antártico tenía la función de promover la participación del Ecuador en la Antártida para fines de investigación científica. Mientras que el Instituto Oceanográfico de la Armada estaba encargado de proporcionar seguridad a la navegación, efectuar investigación oceanográfica, compilar la cartografía náutica nacional, entre otras. 

  • La CIDH advierte el impacto en los derechos humanos del recorte de presupuesto de la educación superior

    • CIDH por recorte presupuestario

      Fotografía tomada del archivo de la CIDH.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “profunda preocupación” por el recorte de presupuesto de las universidades públicas en el Ecuador. En Twitter el 11 de mayo, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) advirtieron sobre las consecuencias negativas de la merma del “acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector”. recor

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    El recorte, según la Secretaría Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), se da por una reducción en los ingresos tributarios que componen el 80% del presupuesto de las instituciones. Los recursos asignados a las universidades públicas este año serán 98 millones de dólares menos de lo planificado. Sin embargo, algunos expertos insisten en que la educación superior pública del Ecuador ha sido afectada mucho antes de la pandemia.

    La decisión generó rechazo entre los directivos, profesores, estudiantes y otras organizaciones. A pesar de las restricciones de movilidad por el covid-19, han salido a protestar en los exteriores de las universidades desde el 5 de mayo. El 11 de mayo, organizaciones estudiantiles convocaron a una movilización “biosegura”. Según la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, se siguieron medidas como mascarillas y distanciamiento para reducir el contagio del coronavirus. 

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    La CIDH reconoció la difícil situación que enfrenta el Ecuador por el covid-19, e hizo un llamado al Estado para que “asegure la participación e información” de los sectores afectados en la decisión de medidas de austeridad.  El 11 de mayo, en un comunicado la Senescyt aseguró que está trabajando con las universidades y escuelas politécnicas del país para “precautelar el bienestar de la comunidad educativa”. Agustín Albán, secretario de Educación Superior, dijo el 13 de mayo que “tiene confianza” en que encontrarán soluciones específicas para el financiamiento de estas instituciones.

    La CIDH y Redesca hacen otro llamado al Estado ecuatoriano:  basar los ajustes presupuestarios en el análisis de impacto sobre los derechos humanos. Considerando “las obligaciones en la materia que le imponen la Convención Americana y su Protocolo San Salvador”, dice el tuit de la CIDH. El Protocolo de San Salvador es un instrumento adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se estableció en 1988 y se refiere directamente al derecho a la educación y la orientación que debe tener. Incluye instrumentos de las Naciones Unidas, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz. 

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    Los organismos le recordaron al Estado que las medidas de austeridad que afecten los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser “necesarias, proporcionales, adecuadamente consultadas y transparentes”, cumpliendo con el desarrollo progresivo y no regresividad. Esta obligación fue establecida en la Convención Americana de los Derechos Humanos para garantizar que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas económicas que logren “progresivamente la plena efectividad” de los derechos. 

  • Se suspende provisionalmente recorte de presupuesto de universidades públicas

    • Medidas cautelares suspenden recorte

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la FEUE nacional.

    El pedido de medida cautelar de la Universidad Técnica de Ambato contra el de recorte a su presupuesto fue concedido la tarde del miércoles 13 de mayo por un Juez Constitucional de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Ambato. Horas después, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador resolvió en igual sentido. El máximo tribunal constitucional del país dictó una resolución de medidas cautelares deteniendo el recorte presupuestario a la educación superior. 

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    Las medidas aprobadas por los entes judiciales detienen provisional e inmediatamente las disposiciones emitidas en el oficio circular del 16 de abril del 2020 por el Viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, donde disponía la merma de más de 98 millones de dólares de asignaciones a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. 

    Según el juzgado de Ambato, el recorte presupuestario era “una amenaza a los derechos fundamentales”. Por ello, resolvió la suspensión de los efectos de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) en las circulares del 9 y 16 de abril y en el comprobante de modificación presupuestaria. 

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    De la misma manera, la Corte Constitucional dispuso que estas instituciones se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que “puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”. Las medidas son de cumplimiento obligatorio y estarán vigentes hasta que la Corte adopte una decisión de fondo.  

    La Corte adoptó la medida  tras las demandas de incumplimiento del Ejecutivo del dictamen 1-20 EE/20 emitido por el alto tribunal el 19 de marzo donde  se pronunciaba sobre la constitucionalidad del estado de emergencia dictado por el Ejecutivo por la pandemia de covid-19. 

    El pasado 4 de mayo, el Gobierno Nacional anunció la aplicación de un recorte de 98 millones de dólares al presupuesto de Educación Superior. Según Agustín Albán, Secretario Nacional de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) el recorte se dio debido a una reducción en los ingresos tributarios que sostienen el presupuesto universitario como resultado de la crisis económica que vive el país por la emergencia sanitaria. Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada por expertos y analistas educativos. 

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    Desde su anuncio, la aplicación del recorte presupuestario ha causado molestias en la comunidad educativa, incluyendo directivos, estudiantes, profesores, e incluso padres de familia, provocando protestas en diferentes ciudades del país desde el 5 de mayo incluso a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el Ejecutivo debido a la pandemia. 

    La resolución de medidas de cautelares ha sido reconocida por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y otras organizaciones estudiantiles del país como una “victoria de la educación.” 

  • La FEUE convoca a nuevas movilizaciones para el 28 y 29 de mayo

    • movilizaciones el 28 y 29 de mayo

      Fotografías tomada de la cuenta de Facebook de FEUE Machala

    El 28 y 29 de mayo de 2020 habrá nuevas protestas sociales. Se harán, dijeron  los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), en defensa a la educación y para conmemorar del Día Nacional del Estudiante.

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    Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) dijo en la rueda de prensa virtual del 26 de mayo del 2020, que el 28 del mes se hará la primera de estas manifestaciones. Será frente a la Corte Constitucional  “para  hacer respetar lo que la misma establece en el artículo 165(de la Constitución), donde dice que ni en caso de estado de excepción se podrá recortar el presupuesto para educación y salud”, dijo la dirigente.

    La protesta se da, según Vargas, porque “hay un recorte del presupuesto de 300 millones a la educación general y de 98 millones a la educación superior”. Las medidas, dijo, “afectan a miles de niños y a miles de jóvenes ecuatorianos”. Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, afirmó que la jornada del 28 de mayo será en defensa de la educación y en contra de las medidas económicas del gobierno.

    Desde que se anunció el recorte de 98 millones de dólares a la educación superior pública, el 4 de mayo del 2020, los estudiantes y docentes han llamado a manifestaciones callejeras. Desde el 16 de marzo de 2020, el Ecuador está en una cuarentena con severas restricciones de tránsito en sus ciudades para prevenir la propagación del covid-19, lo que no ha detenido a los protestantes a salir a las calles.  “Si el Presidente ya no quiere que los ecuatorianos estemos en las calles, tiene que dar marcha atrás a esta política que atenta contra los derechos de los ciudadanos”, dijo el dirigente estudiantil. 

    En lo que va de mayo ha habido cuatro movilizaciones. La más concurrida se dio el 25 de mayo, una marcha de trabajadores y sindicalistas, en la que también participaron estudiantes universitarios, reunió a cientos de personas en Quito permanecieron en las calles hasta las dos de la tarde, hora que comienza el toque de queda. “Las manifestaciones que se realizarán el 28 y 29 de mayo serán plantones pacíficos en Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga”, dijo Chiluisa.

    En la rueda de prensa, Mauricio Chiluisa dijo que están en desacuerdo con la actitud del gobierno nacional. Según Chiluisa, el régimen de Lenín Moreno ha iniciado campañas para difamar el papel que juega la universidad pública en el país, aunque no precisó cómo ni cuáles son. 

    Mientras que la movilización que realizarán el 29 de mayo será por el Día Nacional del Estudiante. Este día se celebra para recordar la noche del 29 de mayo de 1969, cuando estudiantes secundarios y universitarios protestaron en Guayaquil para exigir el libre acceso a la educación superior. La protesta —que dejó 30 muertos y 140 jóvenes torturados— se realizó en una época donde solo 5 de cada 100 aspirantes  podían acceder a las universidades.

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     “No hay mejor fecha que el 29 de mayo para protestar por el derecho a la educación. Esta es una movilización convocada por los estudiantes”, dijo Chiluisa. Para ese día, las protestas comenzarán en los exteriores de las gobernaciones —que representan al Ejecutivo en las provincias— de las ciudades del país. En el caso de Quito, el viernes 29 se anunciará el punto de concentración, dijeron los representantes de la FEUE.

  • La Corte Constitucional da vía al al recorte del presupuesto a universidades y escuelas politécnicas

    • fotos muestran la protesta contra recorte

      Manifestantes se reunieron en las afueras de la Universidad Central del Ecuador en contra del recorte presupuestario a la educación pública. Fotografía de Karen Toro, David Diaz /Fluxus Foto.

    La Corte Constitucional, el máximo tribunal constitucional ecuatoriano, decidió anular las medidas cautelares que suspendían provisionalmente el recorte presupuestario a las universidades públicas del país. La sentencia, dictada el 31 de agosto de 2020, tiene el voto de ocho de los nueves jueces de la Corte. El juez Hernán Salgado no consignó su voto porque se excusó de conocer la causa en mayo pasado. Con esta decisión, la merma de los presupuestos de las escuelas politécnicas y universidades del país podrá entrar en vigencia.

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    La sentencia, que se hizo pública la mañana del 10 de septiembre, dice que no se puede verificar una “suspensión” del derecho a la educación por parte del Ministerio de Finanzas. La sentencia, además, determina que, durante un estado de excepción, el manejo presupuestario está a cargo de este Ministerio. Por ende, puede realizar las modificaciones en él que se requieran para responder ante un déficit económico. 

    El Ministerio de Economía y Finanzas justificó la reducción del presupuesto de las instituciones de educación superior alegando que no ha tomado fondos de salud o educación para solventar las necesidades de financiamiento del estado de excepción. Según el Ministerio, el recorte se da por varios factores, como la caída del precio del petróleo durante la pandemia, que han afectado el presupuesto del Estado. 

    La Corte también indicó en su sentencia que los documentos que presentó el Ministerio de Finanzas dicen que la pandemia y la crisis económica han tenido un impacto negativo en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta. Al ser estos fondos los que se destinan a la educación superior, en consecuencia se merman también las preasignaciones a las universidades y escuelas politécnicas, dijo la Corte. 

    La Procuraduría General del Estado, según la sentencia, explicó que el recorte se hizo con el fin de optimizar los recursos debido a la reducción de recaudación tributaria. Aclaró además que la reducción de presupuesto no está dirigida sólo a las Instituciones de Educación Superior (IES), sino también a otros organismos. 

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    El recorte fue suscrito por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, el 16 de abril de 2020 y contemplaba una reducción de 98 millones de dólares. El cambio en el presupuesto fue anunciado por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, el 4 de mayo. Según Albán, el 80% del dinero asignado a las universidades depende de la recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta, y como eso se redujo debido a la pandemia de covid-19, el presupuesto también debía reducirse. 

    La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas generó gran rechazo entre grupos de profesores, estudiantes y otras organizaciones sociales. A pesar de las restricciones de movilidad que existían en el momento por el covid-19, cientos de personas salieron a protestar en varias ocasiones en las principales ciudades de Ecuador—Quito, Guayaquil y Cuenca—para exigir que no se redujera el presupuesto.

    Cuatro días después del anuncio, el 8 de mayo, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se reunió para analizar el recorte. En su comparecencia, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dijo que la reducción de presupuesto vulneraba los derechos humanos. Además, alertó a la Corte Constitucional para que se pronunciara al respecto. 

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció con respecto al recorte. En su cuenta de Twitter, la CIDH expresó una “profunda preocupación”. Además advirtió sobre las consecuencias negativas de la disminución del “acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector”. Varios expertos cuestionaron el recorte, diciendo que no se trataba algo nuevo, sino la continuación de un recorte sistemático. 

    El 12 de mayo de 2020, la Corte Constitucional dictó una resolución de medidas cautelares. En ella, ordenaba al Ministerio de Finanzas suspender cualquier disposición de modificar el presupuesto hasta que el Pleno tomara una decisión definitiva. De esta forma el recorte estaba suspendido provisionalmente. 

    Ante la decisión de dar vía libre al recorte presupuestario, la Federación de Estudiantes Ecuatorianos del Ecuador (FEUE), dijo que la Corte le había “dado la espalda” a la universidad pública. Un comunicado firmado por el presidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa, dijo que “el gobierno nacional destina recursos económicos al pago de la deuda externa y a la renegociación de la misma y no da prioridad al pago de sueldos y salarios de servidores públicos”. Como protesta a la decisión, la FEUE ha convocado a una movilización a nivel nacional en defensa del presupuesto para la educación superior que se hará el miércoles 16 de septiembre a partir de las cuatro de la tarde.

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    El Ministerio de Economía y Finanzas también se pronunció con respecto a la decisión de la Corte Constitucional. En una rueda de prensa en la tarde del 10 de septiembre, Xavier Lazcano, coordinador jurídico ministerial, dijo que la reducción presupuestaria “nunca fue un recorte”.  Lazcano sostuvo, además, que la decisión de la Corte refleja que el “reajuste” del presupuesto de las instituciones de educación superior públicas no incumplió con ningún artículo de la Constitución. 

    Ahora, con el levantamiento de las medidas cautelares, Lazcano explicó que el Ministerio hará una nueva estimación del presupuesto. El cálculo, que estará basado en la recaudación del IVA e impuesto a la renta, se dará a conocer en los próximos días. 

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