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La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario el 15 de mayo, un día antes de que venza el plazo del proyecto de carácter económico urgente. El Pleno la aprobó con 74 votos afirmativos de los 137 legisladores presentes en la votación virtual. 

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Por acuerdo del presidente Lenín Moreno y algunos asambleístas se eliminó la sección sobre contribuciones solidarias de personas naturales y empresas. Moreno dijo que así se podrían aprobar las normas que permitan “llegar a acuerdos deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, entre arrendatarios e inquilinos. Los acuerdos son la mejor manera de enfrentar esta crisis”.  Kary Arteaga, presidenta de la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social, pidió al Ministerio de Trabajo que vele por una política pública “pro derechos laborales” y que sea el regulador, no el mediador de los acuerdos. 

El proyecto de ley fue muy criticado. La mayor preocupación de quienes lo cuestionaban era la sostenibilidad del empleo, la liquidez de las empresas y la atención a los sectores más necesitados.

Durante el debate, asambleístas de Alianza País y de CREO, como María José Carrión y Fernando Flores, coincidieron en que la ley tiene beneficios sociales para los ciudadanos. Por ejemplo, suspende temporalmente el desahucio de inquilinos y la suspensión de servicios básicos durante la emergencia. La ley reducirá un 10 % de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para las personas más necesitadas. El costo de energía para los sectores productivos también disminuirá y no se podrá subir el valor de los servicios básicos. 

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Con la nueva ley, las entidades del sistema financiero nacional que den créditos a las pequeñas y medianas empresas desde abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrán incentivos. Podrán deducir del impuesto a la renta el 50 % del valor de los intereses recibidos por el pago de estos préstamos. Los créditos pueden ser de tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito. Deben superar los 25 mil dólares y pagarse a un plazo mínimo de cuarenta y ocho meses. 

Otros asambleístas, como Jimmy Candell del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, criticaron que no se incluyeran algunas de las observaciones a la propuesta del gobierno. La prohibición de despidos, los incentivos al comercio, aportes se la banca privada, la eliminación de las pensiones vitalicias, entre otros, no se incorporaron en la ley. Reclamaron, también, que no se incluyan beneficios para los sectores de turismo, transporte y artesanal. A pesar de las críticas, la asambleísta Brenda Flor Gil, de Alianza País, dijo que el texto que envió el Ejecutivo en abril mejoró en un 70% con las observaciones de los asambleístas. 

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Según la Asamblea, el objetivo de la ley es “proteger la vida y la salud, reactivar la economía, atender a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad, sostener el empleo y fomentar las actividades productivas”. Además, busca prevenir procesos de quiebra de empresas y proteger los derechos de los trabajadores. Según César Litardo, presidente del Legislativo, la ley fue analizada de manera “amplia y con respeto irrestricto a la democracia”. El texto será remitido al Ejecutivo como manda el proceso constitucional de promulgación de leyes. 

En el debate, asambleístas de oposición, criticaron el manejo del gobierno de la crisis sanitaria y financiera. Se planteó, de nuevo, el juicio político a Richard Martínez, Ministro de Finanzas. Una de las causales mencionadas por los legisladores que lo cuestionaban fue el pago de 1.300 millones de la deuda externa en plena emergencia. 

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En el debate se mencionó reiteradas veces los casos de corrupción que han investigado desde principios de mayo. Pidieron que la Contraloría y la Fiscalía investiguen los casos y sancionen a los responsables. Recordaron que la Asamblea cumplirá con su rol fiscalizador y de control político para que la corrupción no quede impune.