La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario llegó a la Asamblea, te la explicamos

  • La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario llegó a la Asamblea

    • Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

      Fotografía tomada del archivo de la Asamblea Nacional.

    |Para leer con qué cambios se aprobó la ley en la Asamblea la noche del 15 de mayo da click aquí|

    Una semana después de que el Presidente Lenín Moreno hiciera el anuncio de las medidas económicas que el gobierno plantea —y que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional— el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, llegó a la Asamblea Nacional. 

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    Entre los principales temas que trata está la creación de contribuciones únicas por parte de personas naturales y jurídicas; la extensión de la cobertura de prestaciones de salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las personas que pierdan su empleo por la crisis del covid-19; la creación de una cuenta especial manejada por cinco personas de la sociedad civil nombradas por el Presidente Moreno y los acuerdos laborales a los que podrán llegar el empleador y los empleados para evitar el cierre de las empresas. 

    La cuenta que se propone crear es exclusivamente para dar asistencia humanitaria e impulso a la economía durante esta emergencia sanitaria producida por el Covid-19. Los recursos serán utilizados para enfrentar los problemas sociales y económicos que se produzcan durante la emergencia, sostener el empleo y fomentar las actividades productivas, según el documento enviado a la Asamblea. Sus beneficiarios, según lo estipulado en el proyecto de ley, serán “los destinatarios de los planes, programas, proyectos y actividades de instituciones públicas o privadas, pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil”.

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    En caso de aprobarse esta ley, cinco miembros de la sociedad civil serán nombrados por el Presidente de la República, Lenín Moreno, para conformar un “consejo consultivo y de observación del correcto manejo de la cuenta”.  Sus funciones serán ad honorem, es decir que no percibirán un salario por esto.

    Los recursos depositados en la cuenta estarán compuestos por un porcentaje de los créditos, donaciones o contribuciones realizadas por organismos multilaterales, las contribuciones humanitarias, los aportes del gobierno y otros aportes o donaciones realizadas en el futuro. 

    Sobre los pagos a la seguridad social, el proyecto de ley propone dar facilidades de pago a las micro y pequeñas empresas. Quienes no hayan podido realizar el pago correspondiente en los meses de marzo, abril, mayo y junio  del 2020 “podrán realizarlas sin la generación de intereses y multas”. 

    El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) extenderá  también a 60 días adicionales la cobertura en prestaciones de salud a los “afiliados que hayan quedado cesantes por pérdida de su trabajo” durante esos meses. 

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    El proyecto fue enviado a la Asamblea Nacional por el Ejecutivo la noche del 16 de abril y deberá ser tratado como económico urgente, es decir que la Asamblea Nacional tiene 30 días para su debate y aprobación.  Si es que la Asamblea no se pone de acuerdo para aprobarlo o vetarlo, al ser de carácter económico urgente, pasa por el ministerio de la ley, es decir que se aprueba automáticamente tal como lo envió el Ejecutivo. 

  • ¿Cómo funcionará la contribución humanitaria?

    • contribución comunitaria por el coronavirus

      Fotografía tomada de Unsplash bajo licencia CC BY-ND 3.0.

    Según la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, habrá dos tipos de contribuciones: las que hagan las personas naturales, calculada sobre el valor de sus ingresos mensuales y las que hagan las empresas. 

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    En el primer caso, tanto en el sector público como privado, tendrán que hacer una contribución proporcional a su salario. El cobro se hará sobre el ingreso neto mensual. Quienes hayan percibido ingresos durante 2019 y no tengan relación de dependencia también tendrán que hacer la contribución que será calculada sobre el promedio mensual de sus ingresos. La contribución se realizará  durante un período de nueve meses contados a partir del mes siguiente de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial.

    Las contribuciones se harán de acuerdo a esta tabla: 

    contribución comunitaria por el coronavirus

    Para quienes tienen relación de dependencia, serán los empleadores quienes retengan la contribución para pagarla mensualmente. El proyecto propone que se puedan establecer reducciones para personas que se hayan visto gravemente afectadas, a nivel económico, por el coronavirus y las personas con discapacidad tendrán una rebaja del 50 por ciento. 

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    En el caso de las compañías, se calculará sobre las utilidades. El proyecto dice que será una contribución del 5 por ciento “calculada sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2018”, siempre que sea igual o mayor al millón de dólares. Es decir que se calcula sobre las utilidades que quedan después de haberlas entregado a los trabajadores Las empresas constituidas a partir del 1 de febrero de 2019 pagarán una contribución similar, tomando como base el año fiscal 2019. El proyecto propone también la posibilidad de hacer rebajas a las compañías que pertenecen a sectores de la economía gravemente afectados por la crisis del covid-19. 

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    Los pagos, para las compañías, se harán en 3 cuotas mensuales a partir de la promulgación de esta Ley en el Registro Oficial.

    Quien no declare total o parcialmente cualquiera de estas aportaciones, será multado con el 3 por ciento de los valores no declarados. Estas contribuciones no podrán ser utilizadas como crédito tributario.

  • ¿Qué propone la ley sobre seguro de desempleo, pensiones educativas, servicios básicos, pólizas de seguro y arriendos?

    • seguro de desempleo en Ecuador

      Fotografía tomada del archivo de la Asamblea Nacional.

    Si la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se aprueba, quienes pierdan su empleo entre los meses de abril a julio de 2020, por causas ajenas a su voluntad, podrán cobrar el seguro de desempleo cumpliendo los algunos requisitos, entre ellos: tener 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia (al menos 6 deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia); estar en situación de desempleo por lo menos 7 días.

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    El proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario dice, además, que durante todo el 2020, ninguna guardería, escuela, colegio o universidad privada podrá suspender la atención a sus estudiantes por falta de pago. Propone también que para las instituciones educativas privadas que hubieren acordado una reducción de, al menos 20 por ciento en el valor de las pensiones de marzo, en el caso de la Sierra, o la última pensión cobrada en el régimen Costa, el gobierno podrá entregar compensaciones para cubrir parte de las pensiones del año lectivo para los alumnos de sectores más vulnerables —que sean menores a 18 años—.

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    Además, durante el tiempo que dure el confinamiento obligatorio y durante 60 días posteriores no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de vivienda excepto en los casos de peligro o destrucción de la vivienda arrendada. Para acogerse a esta disposición los arrendatarios deberán haber al menos pagado el 20 por ciento de los valores adeudados.

    Esta suspensión podrá extenderse si el arrendador y el arrendatario llegan a un acuerdo por escrito.

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    La propuesta incluye que durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, se prohíbe de valores en servicios básicos, incluídos telecomunicaciones, independientemente de que las empresas que los presten sean públicas o privadas. El proyecto propone también la prohibición de suspender la cobertura o terminar pólizas de salud por mora de hasta 60 días en los pagos correspondientes. 

    Los montos no pagados deberán pagarse prorrateados para los meses de vigencia del contrato sin que se generen intereses por mora. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario llegó a la Asamblea Nacional el 16 de abril de 2020 por la noche.

  • ¿Cómo funcionarán los acuerdos laborales, según la Ley de Apoyo Humanitario?

    • condiciones acuerdos laborales

      Fotografía tomada del archivo de la Asamblea Nacional.

    Según la propuesta de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, los empleadores y empleados podrán modificar, de común acuerdo, las condiciones de la relación laboral. Un nuevo acuerdo podrá ser propuesto por el empleador o por el empleado y deberá ser comunicado al Ministerio de Trabajo. A partir de la suscripción de los acuerdos las empresas no podrán repartir dividendos ni despedir a sus trabajadores. Los acuerdos solo podrán ser impugnados en caso de que se haya producido cualquier tipo de fraude. 

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    Las condiciones mínimas que se establecen en la propuesta, para que los acuerdos sean válidos incluyen haber presentado a los trabajadores, de forma íntegra, completa y veraz los estados financieros de la empresa; que la empresa no use recursos de la empresa para gastos suntuarios ni distribuya dividendos ni reduzca el capital. Se establece también que los acuerdos serán aprobados por la mayoría de los trabajadores y será válida incluso para trabajadores o empleadores que no los suscriban. Se establece que, en los casos en los que el acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso, el empleador podrá empezar el proceso de liquidación. 

    Los empleadores podrán solicitar la reducción de la jornada laboral solamente en caso de fuerza mayor. Una vez que la solicitud sea aceptada por el Ministerio del Trabajo el aporte a la seguridad social y la remuneración deberán ser pagadas de acuerdo al número de horas trabajadas. Las empresas tampoco podrán repartir dividendos ni podrán despedir a sus trabajadores hasta que finalice la reducción de horario solicitada. Caso contrario, se indemnizará al trabajador despedido con la remuneración de tres meses adicionales. La reducción del horario podrá aplicarse hasta por dos años y podrá ser renovable por el mismo periodo una sola vez.  

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    Además, de ser publicada la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, durante los dos siguientes años  los empleadores podrán “notificar” inmediatamente “la obligación de gozar de sus vacaciones” o adelantarlas “de un máximo de hasta dos años”. 

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    Además se podrá utilizar la figura de contrato especial emergente. Esta es una modalidad de contrato propuesta por tiempo definido celebrado para nuevas inversiones o líneas de negocio o para empresas que atraviesan dificultades económicas y que requieran la contratación urgente de personal para aumentar la producción o cumplir obligaciones pendientes. El contrato puede tener una vigencia máxima de 2 años y podrá ser renovado una sola vez; con un mínimo de 20 horas laborales por semana y un máximo de 40, por máximo 6 días de trabajo y no más de 8 horas diarias. La remuneración y beneficios de ley serán proporcionales. 

  • Sin contribuciones solidarias, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

    • Asamblea aprobó Ley de Apoyo Humanitario

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea.

    |Para leer como entrará en vigencia la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario después del veto parcial y las ratificaciones de la Asamblea da click aquí|

    La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario el 15 de mayo, un día antes de que venza el plazo del proyecto de carácter económico urgente. El Pleno la aprobó con 74 votos afirmativos de los 137 legisladores presentes en la votación virtual. 

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    Por acuerdo del presidente Lenín Moreno y algunos asambleístas se eliminó la sección sobre contribuciones solidarias de personas naturales y empresas. Moreno dijo que así se podrían aprobar las normas que permitan “llegar a acuerdos deudores y adeudados, entre empleadores y empleados, entre arrendatarios e inquilinos. Los acuerdos son la mejor manera de enfrentar esta crisis”.  Kary Arteaga, presidenta de la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social, pidió al Ministerio de Trabajo que vele por una política pública “pro derechos laborales” y que sea el regulador, no el mediador de los acuerdos. 

    El proyecto de ley fue muy criticado. La mayor preocupación de quienes lo cuestionaban era la sostenibilidad del empleo, la liquidez de las empresas y la atención a los sectores más necesitados.

    Durante el debate, asambleístas de Alianza País y de CREO, como María José Carrión y Fernando Flores, coincidieron en que la ley tiene beneficios sociales para los ciudadanos. Por ejemplo, suspende temporalmente el desahucio de inquilinos y la suspensión de servicios básicos durante la emergencia. La ley reducirá un 10 % de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para las personas más necesitadas. El costo de energía para los sectores productivos también disminuirá y no se podrá subir el valor de los servicios básicos. 

    Con la nueva ley, las entidades del sistema financiero nacional que den créditos a las pequeñas y medianas empresas desde abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrán incentivos. Podrán deducir del impuesto a la renta el 50 % del valor de los intereses recibidos por el pago de estos préstamos. Los créditos pueden ser de tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito. Deben superar los 25 mil dólares y pagarse a un plazo mínimo de cuarenta y ocho meses. 

    Otros asambleístas, como Jimmy Candell del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, criticaron que no se incluyeran algunas de las observaciones a la propuesta del gobierno. La prohibición de despidos, los incentivos al comercio, aportes se la banca privada, la eliminación de las pensiones vitalicias, entre otros, no se incorporaron en la ley. Reclamaron, también, que no se incluyan beneficios para los sectores de turismo, transporte y artesanal. A pesar de las críticas, la asambleísta Brenda Flor Gil, de Alianza País, dijo que el texto que envió el Ejecutivo en abril mejoró en un 70% con las observaciones de los asambleístas. 

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    Según la Asamblea, el objetivo de la ley es “proteger la vida y la salud, reactivar la economía, atender a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad, sostener el empleo y fomentar las actividades productivas”. Además, busca prevenir procesos de quiebra de empresas y proteger los derechos de los trabajadores. Según César Litardo, presidente del Legislativo, la ley fue analizada de manera “amplia y con respeto irrestricto a la democracia”. El texto será remitido al Ejecutivo como manda el proceso constitucional de promulgación de leyes. 

    En el debate, asambleístas de oposición, criticaron el manejo del gobierno de la crisis sanitaria y financiera. Se planteó, de nuevo, el juicio político a Richard Martínez, Ministro de Finanzas. Una de las causales mencionadas por los legisladores que lo cuestionaban fue el pago de 1.300 millones de la deuda externa en plena emergencia. 

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    En el debate se mencionó reiteradas veces los casos de corrupción que han investigado desde principios de mayo. Pidieron que la Contraloría y la Fiscalía investiguen los casos y sancionen a los responsables. Recordaron que la Asamblea cumplirá con su rol fiscalizador y de control político para que la corrupción no quede impune. 

  • Lenín Moreno envió veto parcial de la Ley Humanitaria a la Asamblea

    • veto parcial de la Ley Humanitaria

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Lenín Moreno.

    El 9 de junio de 2020, el presidente Lenín Moreno, envió el veto parcial a la Ley Humanitaria a la Asamblea Nacional. El veto —que puede ser total o parcial— es una facultad del Ejecutivo para modificar una ley aprobada en la Asamblea, eliminando una parte o modificando una sección de ella. Moreno dijo que su decisión priorizaba 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción, y asegurar la provisión de servicios. El veto parcial se dio 26 días después de que la Asamblea aprobara el proyecto de ley con 74 votos afirmativos de los 137 legisladores presentes en la votación virtual. 

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    El veto parcial tiene 32 observaciones, en su mayoría centradas en las relaciones laborales. Incluye, también, objeciones a las pensiones escolares, el costo de los servicios básicos y a la terminación de pólizas de salud. Ahora, la Asamblea tiene 30 días para responder a la resolución enviada por Moreno. Si es que no se responde en ese plazo, se entiende que la Asamblea ha aceptado todas las objeciones y la Ley de Apoyo Humanitario quedaría aprobada en la última versión —es decir, la enviada por el Ejecutivo el 9 de junio y tendría que publicarse en el Registro Oficial.

     En el ámbito laboral, Moreno plantea que se de un acuerdo entre los trabajadores y el empleador para modificar las condiciones económicas de la relación laboral y que este no afecte el “salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornadas reducidas”. El proyecto de Ley aprobado por la Asamblea menciona lo mismo sobre el acuerdo bilateral y directo entre el trabajador y el empleador, pero no incluye una propuesta sobre el salario básico. Si no se cumple el acuerdo, el veto parcial advierte que “cualquiera de las partes será sancionada con lo dispuesto en el Código del Trabajo”.

    La reducción emergente de la jornada de trabajo, es otro de los temas modificados en el veto parcial. La ley dice que por eventos de fuerza mayor, o caso fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%. El documento enviado por el presidente Moreno añade que el sueldo del trabajador será proporcional a las horas trabajadas, añade. Además, el salario no será menor al 55% fijado antes de la reducción de la jornada laboral. El veto parcial también establece que la modalidad de teletrabajo podrá ser permanente, ocasional o parcial. En el mismo documento se aclara que el trabajador tiene derecho a una desconexión de al menos 12 horas continuas. 

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    El veto establece una rebaja “de hasta el 25%” de las pensiones de los centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios particulares, fiscomisionales y municipales, y las instituciones del Sistema de Educación Superior, si los representantes de los estudiantes demuestran “haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos”. Además, las instituciones no podrán suspender “bajo ninguna forma el servicio educativo, el registro de  asistencia y evaluación a dichos alumnos”. En la Ley, no se establecía una rebaja en la pensión, solo que las instituciones educativas no podían suspender los servicios durante el estado de excepción.  

    La observación del artículo 5, establece que el costo de los servicios básicos no podrá aumentar, incluyendo las telecomunicaciones y el internet. Según la ley, la disposición sería “desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después”. Con el veto parcial habría una diferencia en el plazo, solo “hasta seis meses después”.  Moreno aclara que los clientes deberán solicitar acuerdos de pago a sus proveedores. 

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    El veto también modifica los plazos de la terminación de seguros. La Ley Humanitaria decía que las compañías “no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguros de salud, ni otros servicios por falta de pago de hasta tres meses consecutivos. El veto parcial prohíbe la terminación de los servicios de seguros “si es que se presentasen atrasos en los pagos del titular del contrato de hasta 60 días adicionales a los que establezcan los contratos respectivos”.

  • Así entrará en vigencia la Ley Apoyo Humanitario tras aprobación de la Asamblea Nacional

    • vigencia la Ley de Apoyo Humanitario

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea.

    El 19 de junio de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. La nueva norma legal regresó del Ejecutivo con una serie de objeciones. En una sesión sesión virtual, los asambleístas debatieron las 32 modificaciones realizadas por el presidente Lenin Moreno en su veto parcial a la ley que pretende resolver los problemas económicos derivados de la crisis sanitaria por el covid-19. 

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    Los asambleístas se allanaron —es decir, aceptaron— 22 de estas objeciones, y se ratificaron en 10 —o sea, rechazaron los cambios propuestos por Moreno. El Legislativo podía allanarse, aceptar las objeciones del Presidente o ratificarse, reafirmando el texto original que se aprobó el pasado 15 de mayo de 2020. Estaban presentes 133 de los 137 asambleístas electos. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que “hubo un debate con seriedad, responsabilidad y sin cálculos políticos”, en un comunicado emitido por la Asamblea.

    Entre los artículos ratificados, está la Disposición Única Interpretativa sobre los despidos por fuerza mayor. La Asamblea decidió que los despidos por fuerza mayor sólo sean posibles si es que el empleador suspende toda su actividad económica. El veto presidencial proponía que el despido por fuerza mayor no implicase el cese total de actividades económicas, sino que se podía realizar si el empleador consideraba que el contrato con el trabajador era “imposible de mantener”. Entre las formas de terminar un contrato de trabajo en el Ecuador, se encuentra la causa de fuerza mayor, que permite que el patrono lo finalice sin que el trabajador reciba las indemnizaciones por despido intempestivo que contempla la legislación ecuatoriana. 

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    La Asamblea aprobó el artículo 5 que prohíbe el incremento de precios de servicios básicos como agua, luz e internet hasta marzo del 2021. Los servicios no se podrán suspender por falta de pago hasta dos meses después de que termine el estado de excepción, vigente a nivel nacional hasta al menos el 15 de agosto de 2020. Se incluyó, también, la fijación de precios de bebidas y alimentos de la canasta familiar. Los precios se fijarán en un Decreto Ejecutivo y serán válidos hasta finales del 2020.

    La Asamblea aprobó rebajas “hasta del 25%” del Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior para  los alumnos cuyos representantes legales perdieron el trabajo o ingresos durante la pandemia. Las aseguradoras no podrán terminar las pólizas de seguros de salud aunque haya retrasos en los pagos. Los asegurados tendrán hasta 60 días más desde el límite establecido en el contrato con la aseguradora para ponerse al día con sus obligaciones contractuales. 

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    La primera versión de la ley fue aprobada con 74 votos a favor el 15 de mayo de 2020. Moreno presentó el veto parcial el 9 de junio. La Asamblea tenía 30 días para responder a las observaciones presidenciales. Con lo aprobado en la Asamblea, el texto final será enviado al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia. 

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