La vida de los otros

El gobierno se despreocupa de la violencia de género

Los centros que brindan atención psicológica, legal y social a las mujeres víctimas de violencia tienen menos presupuesto. En lo que va de enero de 2020 funcionan a media llave y no hay certeza que su atención se normalice en febrero. ¿Por qué es tan importante el Servicio de Protección Integral?
  • servicio de protección integral a víctimas de violencia de género

    Ilustración de Paula de la Cruz para GK

El último día de 2019, la mitad de los psicólogos, abogados y trabajadores sociales que atendían a las mujeres víctimas de violencia en el Ecuador, fue despedida. En un país donde 65 de cada 100 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida, el servicio estatal para atenderlas, funciona a medias. 

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Los profesionales despedidos trabajaban en el Servicio de Protección Integral (SPI), más conocido por su nombre anterior, SEPE (Servicio Especializado de Protección Especial). El SPI brinda atención psicológica, legal y de trabajo social a víctimas de violencia de género: las mujeres y sus familias. Allí también se atienden víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes, según la descripción en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos, la institución gubernamental a cargo de los SPI. 

En el Ecuador, cuando una mujer pone una denuncia por algún tipo de violencia de género —física, psicológica, sexual—  la Fiscalía, las unidades judiciales especializadas o las juntas de protección cantonal de derechos la remiten al SPI. En el país hay 46 oficinas del SPI. En ellas, en teoría, debería haber un equipo mínimo de tres profesionales: un trabajador social, un abogado y un psicólogo. 

La cantidad de profesionales varía de acuerdo a la demanda del servicio. El psicólogo da orientación a la víctima para lograr su estabilidad emocional y pueda superar la situación de violencia, el trabajador social coordina con instituciones, por ejemplo, para reinsertar a los hijos de la víctima a la escuela trabajan con el Ministerio de Educación, o para que la mujer pueda conseguir un empleo coordinan con el Ministerio de Trabajo. La abogada brinda asesoramiento legal en el proceso que está en la Fiscalía.  En conjunto los tres profesionales logran crear un proyecto de vida para la víctima, para que pueda lograr independencia.

Mayra Tirira, abogada de Surkuna, una organización que brinda acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencias, explica que el SPI mitiga los efectos de la violencia de género y ayuda a las víctimas a crear estrategias para mejorar su plan de vida. “Por eso es tan importante”. Con esto coincide Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito: “El servicio es una respuesta a las víctimas de violencia para que ellas y sus familias pueden recuperar sus proyectos de vida”. Los SPI son una parte de la red de apoyo que una mujer vulnerada necesita para recuperar su vida. En enero de 2020 no ha habido, ni tendrán, el personal necesario para atenderlas.  

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Los despidos del 50% del personal que trabajaba en los SPI son parte de un plan de austeridad del gobierno ecuatoriano. La Secretaría de Derechos Humanos publicó un comunicado, el 10 de enero de 2020, en el que dice que el gobierno asignó cerca de 5 millones de dólares para los casos de violencia de género en 2020. Pero para este año, parte de ese dinero no se destinará a los SPI específicamente. La Secretaría ha dicho que cubrirá esos gastos con dinero de inversión —un fondo que se obtiene cuando las instituciones públicas presentan una propuesta específica al Ministerio de Finanzas para cubrir gastos que no se lograrán pagar con el presupuesto principal. Según el comunicado de la Secretaría publicado en redes sociales, el gobierno les asignó ya 876 mil dólares para los SPI en el 2020. 

De esos 876 mil dólares, la subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Catherine Chalá dice que el 60% será para la contratación de personal. El resto, será para producir material impreso para el trabajo en el Servicio de Protección y para adecuar sus oficinas. 

Chalá dice que con los casi cinco millones asignados a la prevención de la violencia se cubren los salarios del personal de la subsecretaría que lidera y que está conformada por cuatro direcciones, se otorga fondos a las casas de acogida —donde históricamente hay retrasos en la llegada de ese dinero. Cuatro días después de que la subsecretaria Chalá me dijera que eran  876 mil dólares de dinero de inversión que servirían para reintegrar al personal del SPI, el área de comunicación de la Secretaría se contradijo en un pedido de información: contestó que es un poco más de dos millones de dólares. 

El dinero de inversión es una de las soluciones para mantener el SPI, dice Catherine Chalá, y agrega que a comienzos de febrero, los equipos de profesionales van a estar completos (o más bien como estaban hasta diciembre), porque están trabajando en la selección de ese personal. Sybel Martínez dice que se reunió el 16 de enero de 2020, con la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, y que Chacón le reafirmó que en febrero se restablecerá el SPI.  “Yo sí voy a hacer el ejercicio de esperar este mes y monitorear cada uno de los servicios que han sido completados” dice Martínez.

Los funcionarios despedidos el 2 de enero tenían un contrato de servicios ocasionales —un tipo de contrato del sector público que incluye todos los derechos laborales, excepto estabilidad. Chalá dice que el 70% de los despedidos van a ser reintegrados al servicio, el resto no porque no cumplían con el perfil necesario para la atención de las víctimas de violencia.   

Mientras en las oficinas gubernamentales se discute qué porcentaje del personal se reintegrará, hay mujeres en el país que no han recibido la asistencia que necesitan. No es la primera vez que el Estado muestra su desinterés por este tema. Cuando se creó —en 2009 con el nombre de SEPE— era manejado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Después, pasó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Cuando este último se fraccionó en noviembre de 2018 y el área de Derechos Humanos se transformó en una Secretaría, el SPI pasó bajo su paraguas. Los centros del SPI, en los 20 días de enero de 2020, no han atendido como deberían. Por ejemplo, el centro de San Miguel de los Bancos, al noroccidente de Quito, no hay nadie.

En promedio, un SPI atiende a 400 personas cada mes. Solo en 2019, más de 70 mil personas llegaron a pedir sus servicios. La atención a una víctima de violencia —el servicio psicológico, legal y de trabajo social— en el SPI puede durar entre tres a seis meses. En un país donde 35 de cada 100 mujeres ha sufrido violencia física y 57 de cada 100 mujeres violencia psicológica, reducir la inversión de estos espacios no es solo una contradicción, sino una necedad. 

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La decisión de haber recortado el 50% del personal de SPI durante cuatro semanas parece no preocupar a Chalá: “Enero es un mes de muy baja atención”, dice. Agrega que “casi” no hay apertura de casos nuevos. “Yo no sabía que en temas de violencia hay estacionalidad”, dice Sybel Martínez. En enero, quienes han atendido principalmente son los psicólogos, dice Chalá. “Los psicólogos han dado continuidad a los procesos de trabajo social y legales” hasta que la reorganización ocurra. 

Otra de las medidas que ha tomado la Subsecretaría para que las mujeres con los casos “más urgentes” sigan recibiendo el servicio, es que sean atendidas en casas de acogida, o en organizaciones de la sociedad civil, dice Catherine Chalá. Pero aunque  las casas de acogida tienen trabajadores sociales, psicólogos, abogados, ellos trabajan con casos de las mujeres que están en acogimiento, dice Geraldine Guerra, coordinadora de la Red de Casas de Acogida. Esa derivación, cree Guerra, no es viable. Marlene Villavicencio es coordinadora de la Casa de Acogida María Amor de Cuenca y dice que las casas no pueden suplir el servicio de protección integral. Además, dice, este mes no han recibido ningún caso derivado de los SPI. 

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El futuro del Servicio de Protección Integral es incierto. Según Chalá existe una estrategia para 2020 para que trabajen con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación y la Fiscalía. “No hay una sola institución que pueda atender en totalidad el tema de prevención y erradicación de la violencia”, dice la Subsecretaria, “es una tarea que la misma ley nos pide hacerla en conjunto”. 

Pero en el Ecuador, las estrategias integrales de atención no han sido precisamente exitosas. 

Sybel Martínez cree que la atención a mujeres víctimas de violencia debe ser una actividad específica de la Secretaría de Derechos Humanos porque se especializa en ese tema, así como la Junta de Protección de Derechos se enfoca más en los derechos de la niñez. La abogada Mayra Tirira, de Surkuna, dice que transferir los casos de violencia de género a centros de salud sería un error, porque “hay que entender completamente la reparación integral de los derechos de las mujeres y el círculo de violencia”. En un centro de salud, dice, no hay profesionales especializados en eso.

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A partir de febrero de 2020, en teoría, el Servicio de Protección Integral tendrá presupuesto. Pero a finales de año, podría repetirse la paralización del servicio, dice Sybel Martínez. Habrá que esperar al 1 de febrero de 2020 para que el SPI vuelva a tener la misma cantidad de profesionales que atiende a las miles de víctimas que encima de sufrir la violencia de sus parejas, deberán soportar la indolencia de la burocracia.

Mayuri Castro
Periodista de GK. Cubre migración interna, educación y escribe ensayos breves y reflexivos sobre coyuntura nacional.