Después de casi un mes, la mañana del miércoles 18 de diciembre de 2019, en el Complejo Judicial del Norte de Quito, se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra Luis Carrillo, acusado de abusar de Julián*, un niño de seis años. La diligencia había comenzado el 26 de noviembre. Ese día la sala estaba llena de profesoras y profesores, algunas incluso con el uniforme azul marino del colegio donde Carrillo hacía de profesor de gimnasia (a pesar de ser mecánico de profesión) y en el que estudiaba Julián. El 18 de diciembre, estaban las mismas personas, con la misma sonrisa y las mismas bromas. La única diferencia era que esta vez ya no vestían sus chalecos azul marino y pantalones azul oscuro. Llevaban ropa casual. Como si con el simple hecho de no llevar su uniforme pudieran borrar su condición de profesores, de haber conocido a Julián y de haber conocido la interminable lucha de sus padres por hacer justicia.
Antes de que se reiniciara la audiencia el 18 de diciembre, además de la abuela de Julián y su tía, llegaron a la sala unos representantes de la Defensoría del Pueblo para vigilar el proceso. Pero no les permitieron entrar porque, les dijo uno de los jueces, que el proceso era reservado por tratarse de abuso sexual infantil. Las puertas de la sala 207 del segundo piso se cerraron con la imagen de Luis Carrillo y los padres de Julián, Galo e Irene, proyectados en una pantalla: lucen agotados, como si el peso de tener que huir del país por las amenazas y luchar con un sistema judicial que no protegió ni brindó apoyo a su hijo, les hubiese caído encima de golpe.
Mientras la audiencia se desarrollaba a puerta cerrada, la abuela y tía de Julián junto con Amparo Molina, representante de la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez, fueron al exterior de la del Complejo Judicial para —con cartulinas, carteles y una pancarta— reclamar justicia. Algunos de los profesores camuflados de civiles, bajaban de rato en rato para fotografiarlas o burlarse de ellas. La audiencia se suspendió cerca de las cuatro de la tarde porque había demasiada gente dispuesta a declarar a favor de Carrillo. “Fue todo un circo”, dice Galo, padre de Julián.
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Pero dos días después, cerca de las diez y media de la mañana del viernes 20 de diciembre de 2019, en el tramo final de la diligencia, quedaban solo tres personas en la sala: la abuela de Julián y dos mujeres que respaldaban al acusado. Un silencio monolítico invadía el pasillo, que hacía solo dos días estaba lleno de risas y bromas de unas veinte personas que iban a testificar a favor de Carrillo. Mientras esperaban, una de las dos mujeres abrió el estuche de su teléfono, que tenía una estampa del Divino Niño, lo vio nerviosa y lo volvió a guardar; luego, sonó una canción de iglesia: era el ringtone de la misma mujer. Sentada en otra parte de la sala, la abuela de Julián, murmuraba lo que parecía una oración. Unos momentos después, la puerta de la sala se abrió.
La primera en salir fue la abogada de Julián: Luis Carrillo, dijo, había sido sentenciado por abuso sexual a Julián a más de 13 años de prisión.
La jueza ponente Olga Azucena Ruiz Russo y los jueces Galo Ramiro Rumiguano Urbano y Daniel Tufiño Garzón dictaron el fallo al que le sumaron los agravantes del artículo 48, numeral 1 y 8 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): que la víctima estaba al cuidado de una persona en “establecimientos públicos o privados, tales como los de salud, educación u otros similares”, y cuando “la infractora o el infractor algún tipo de relación de poder o autoridad sobre la víctima, tal como ser: funcionaria o funcionario público, docente”, dijo el Tribunal.
Minutos después, salieron los abogados del acusado. Mientras la abuela de Julián celebraba la resolución, uno de ellos le gritó:
— Sinvergüenza.
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Pero el calvario burocrático y judicial, que empezó hace veinte meses, no ha terminado. El acusado y sus abogados apelarán la sentencia.
Pero tendrán que lidiar con al menos otro frente: Julián no fue el único. El 3 de diciembre, se realizó otra audiencia de otro caso que involucraba a Carrillo. La sentencia fue la misma: trece años y cuatro meses.
A pesar de que la sentencia está dictada, las falta de apoyo por parte de las instituciones y la revictimización del sistema judicial tienen una deuda con Julián y miles de niños que han sido abusados en sus escuelas.
El camino para Galo e Irene ha sido eterno y desgastante. La abuela de Julián dice que ahora podrán dormir en paz, pero ellos aún muestran —en su voz, en su sonrisa, en su mirada— los estragos de lo que padeció su hijo.
