Profundidad

Las deudas de Lenín Moreno

Lenín Moreno lleva dos años gobernando al Ecuador pero su gestión aún está llena de vacíos, desde promesas de campaña incumplidas hasta una pobre gestión política.
  • resumen gobierno lenin moreno

    Ilustración de Paula De la Cruz.

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Compromisos públicos rotos, gestión económica y política deficiente y un discurso repetitivo que no asume responsabilidades. Así ha sido el gobierno de Lenín Moreno, cuya popularidad —que llegó a ser una de las más alta del historia— ha caído en picada.

En mayo de 2017, cuando su gobierno empezaba, Lenín Moreno contaba con la aceptación de 6 de cada 10 ecuatorianos. Seis meses después, 8 de cada 10 confiaban en la gestión del nuevo Presidente. Hoy, apenas 2 de cada 10, según Perfiles de Opinión, califican como buena la gestión de Moreno.

Han sido dos años convulsos para el Ecuador, con un gobierno cuyo mayor esfuerzo ha sido alejarse —sobre todo mediáticamente— del pasado que lo une a Rafael Correa, de quien Moreno debía ser heredero político.

Eso no ocurrió: la relación que durante una década parecía sólida se rompió durante los primeros meses de gobierno. Rafael Correa pronto empezó a criticar a su sucesor, y Moreno, usualmente cauto en sus declaraciones públicas, eligió el camino de la confrontación —velada en inicio, frontal después— y de la ruptura. La quiebra incluyó, también, escudar las deficiencias del gobierno morenista en las evidentes faltas del correísmo.

¿Cuáles son las deudas más urgente que tiene Moreno con el país?

Aquí analizamos seis que abarcan la economía, sus promesas de campaña, la corrupción y los derechos humanos.

| Lee: Un discurso como su gobierno: prefabricado. |

Economía: ¿vendidos al FMI?

En marzo de 2019 se presentó la Carta de Intención del acuerdo más reciente entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), un documento a través del cual Ecuador pide ayuda económica al organismo multilateral. En el acuerdo, cuyo objetivo es dar “apoyo a las políticas económicas del Gobierno (léase, le presta plata para que haga lo que ofreció), el Ecuador puso ocho metas que para reducir de gastos e incrementar ingresos en tres áreas: laboral —el Estado se comprometió a renovar solo uno de cada dos contratos de funcionarios públicos—, tributaria —entre las que está el aumento de impuestos—, y fortalecer las reservas financieras internacionales del país El objetivo, según el Gobierno es “promover el ahorro, la inversión y la producción”.

El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que para bajar los gastos, el Estado se enfocará en cuatro egresos: salarios, gastos de inversión, subsidios y gastos de mantenimiento del Estado. Para ello, es necesario reformar leyes laborales. La propuesta, que debe pasar obligatoriamente por la Asamblea,  aún no llega al legislativo. Según Andrés Madero, Ministro de Trabajo, estarán listas “lo más pronto posible”.

Durante el gobierno de Lenín, el Ecuador adquirió en total una deuda de 10 mil 200 millones de dólares: 4 mil 200 millones vendrán directamente del FMI y 6 mil millones serán de bancos multilaterales El 15 de marzo de 2019, el Ecuador recibió el primer desembolso: por 652 millones de dólares. Según el Ministerio de Finanzas, en junio y en septiembre habrá dos, ambos por 251 millones de dólares.

Cuando Lenín asumió la presidencia, la deuda pública —la suma de la interna y externa— superaba los 43.500 millones de dólares. Un año después, en mayo de 2018, subió a más de 48.300 millones. En marzo del año siguiente, la deuda pública superó el límite legal de endeudamiento: el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice que “en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB”.  Los 51.200 millones a los que se llegó en el primer trimestre del 2019 equivalen al 45% del PIB.

| Lee: Claves para entender el acuerdo de Ecuador con el FMI. |

Más despidos que empleo

En su campaña, Moreno prometió crear 250 mil plazas laborales anuales. En 2018, se desdijo y bajó la cifra a 500 mil en cuatro años. Pero lo que en realidad sucedió fue lo contrario: hasta marzo de 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informó que más de 300 mil personas estaban desempleadas. Y apenas 3 millones 90 mil personas tienen un empleo adecuado —es decir que tienen ingresos iguales o superiores que satisfacen las condiciones mínimas (canasta básica).  Las cifras de empleo adecuado no presentan gran diferencia. En marzo de 2017, más de 3 millones 100 mil personas lo tenían. Para marzo de 2018, la cifra llegó a más de 3 millones 300. Sin embargo, si comparamos los números del 2019 con el de 2018, el empleo adecuado disminuyó.

En los dos años que Moreno está en el poder,  11 mil 800 servidores públicos fueron despedidos. Solo en el sector de la salud se despidió a cerca de 3500 personas, según los dirigentes de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública. Estos despidos se dieron para, según el Ministerio del Trabajo, reducir desequilibrios fiscales. Otra de las razones sería el plan del gobierno para la reducción del tamaño del Estado y la optimización del sector público.

En su intención de “cumplir las propuestas de campaña”, Moreno lanzó, el 3 de enero de 2018, la Política Nacional de Empleo para promover oportunidades laborales y reducir el índice de desempleo, subempleo e informalidad en el país. En su cuenta de Twitter, Moreno dijo que “el mayor generador de empleos” sería el proyecto Casa para todos. El Ministerio de Trabajo dice que se crearán, además, empleos para artesanos, agricultores, personas dedicadas al sector turístico, acuacultura,  floricultores y ganaderos.

Otra estrategia del gobierno es es el programa Empleo Joven. Moreno prometió, que hasta el final de su mandato, daría trabajo a 60 mil jóvenes de entre 18 y 26 años. Sin embargo, según la Oficina Andina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualmente, existen alrededor de 132 mil jóvenes desempleados entre 15 a 24 años de edad en el país —más del doble de lo que Moreno prometió, pero en negativo.

A pesar de estos números, Moreno dijo en enero de 2018 que el desempleo “ha pasado de 5,2 al 4,6”. Un año después, en abril de 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) publicó  la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo: de marzo de 2018 a marzo de 2019, el empleo bruto bajó en casi dos puntos.

Esto quiere decir que la población en edad de trabajar que tiene empleo bajó del 65,1% al 63,4%: hasta marzo de 2019, 5 millones de los 8 que conforman la población económicamente activa (PEA) ecuatoriana no tenía, empleado adecuado.

¿Y las casas?

En abril de 2019 Moreno dijo que se han construido 30 mil viviendas. Dijo, además, que el ofrecimiento fue de 185 mil casas, y que en total se construirán 200 mil viviendas hasta 2021 —15 mil más de las que él había prometido. Sin embargo, la promesa inicial —hecha en un debate de febrero de 2017—  eran 325 mil viviendas en todo el país en los cuatro años de gobierno.

El plan para darle casa a la gente se ejecuta en dos proyectos: el Plan Casa para Todos y Reconstruyo Ecuador —este último para la construcción de viviendas en la zona afectada por el terremoto de abril de 2016.

Casa para Todos se desarrolla con la colaboración de alcaldes y prefectos, que legalizan y ceden terrenos para este proyecto. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot en julio de 2017 entregó terrenos para 4000 viviendas. En 2017, Casa Para Todos tuvo un presupuesto inicial de 500 millones de dólares, según el sitio web del proyecto. Xavier Torres, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), entidad a cargo de este proyecto, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional en noviembre de 2018, dijo que se construirán 81 mil casas en el Ecuador, durante el 2019.

Con el Plan Reconstruyo Ecuador, creado en abril 2016, 19 mil viviendas se repararon en Manabí, hasta marzo de 2017. También este proyecto es coordinado con los gobiernos locales y prefecturas. El terremoto destruyó unas 70 mil viviendas, 27 mil fueron calificadas de uso restringido y 22 mil, inseguras, según el Miduvi. Según la página web de Reconstruyo Ecuador su asignación presupuestaria es de 2 millones de dólares.

Moreno justificó la reducción del número de viviendas en el plan Casa Para Todos diciendo que el país está quebrado y endeudado. Tuvimos que reestructurar íntegramente el Plan Casa para Todos, y muchos otros planes, porque teníamos que remediar lo económico, las consecuencias de un gasto dispendioso, deshonesto, excesivo, que estaba destinado únicamente al gasto público para poder enriquecerse y al despilfarro”, dijo el presidente Lenín Moreno, en febrero de 2019 durante la entrega de más de 600 viviendas de 5 urbanizaciones en Jaramijó, Manabí.

En ese mismo discurso dijo también que se invertirían 1.600 millones de dólares en ese proyecto de vivienda. Más de 400 millones irían a viviendas subvencionadas en su totalidad por el Gobierno para familias pobres. En la página web del Ministerio de Vivienda, en su sección noticias y en rendición de cuentas, no hay datos actualizados sobre cómo avanza el proyecto.

Sin embargo, en marzo de 2019 se publicó que la urbanización Anconcito, en Santa Elena, parte del programa Casa para Todos, está “casi lista” para entregar 285 viviendas. También, el Miduvi informó en su web que, en abril de este año, se llegó a un acuerdo con la Corporación Financiera Nacional para fijar en 4,99% el interés para que los ciudadanos puedan adquirir viviendas mediante créditos hipotecarios.

Corrupción: la cirugía mal hecha

A inicios de marzo de 2019, circuló en redes sociales una foto del presidente Lenín Moreno comiendo langosta en una cama. Era una de cientos de fotografías, chats privados y correo electrónicos producto de un filtración llamada INA Papers, que, se suponía, era evidencia de los vínculos de la familia del Presidente con una empresa offshore.

Tan solo un mes antes, el portal La Fuente, publicó un reportaje en el que se evidenciaban supuestos nexos entre varias empresas offshore constituidas por Edwin Moreno Garcés, hermano del Presidente, y los empresarios Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño. Además, a través de la offshore se habrían comprado los muebles del departamento que ocuparon Lenín Moreno, su esposa y sus hijas Irina, Cristina y Carina Moreno González, en Ginebra.  La compañía se llama INA Investment Corporation en supuesta alusión, dicen los críticos de Moreno, a la terminación de los nombres de las hijas de Moreno.

Aunque el presidente ha negado su participación en esta offshore, el caso sigue abierto en la Asamblea Nacional, a la espera de la presentación en el pleno del informe de la Comisión de Fiscalización. Además, en la Fiscalía, el caso de INA Papers está en investigación previa. Tanto Lenín Moreno como su esposa, Rocío González, han pedido a la fiscal general, Diana Salazar, que investigue sus cuentas bancarias.

El caso es solo uno de los escándalos de corrupción que, en el gobierno de Lenín Moreno, han sido noticia casi cada semana. Varios altos funcionarios como exvicepresidentes, exministros e incluso prófugos han complicado la cirugía mayor a la corrupción que Moreno ofreció en 2017.

En dos años, Moreno ha tenido tres vicepresidentes: Jorge Glas, María Alejandra Vicuña y Otto Sonnenholzner. Los dos primeros tienen causas penales abiertas. Glas cumple ya una sentencia

de seis años de cárcel por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción Odebrecht.

Sin Glas en el poder, María Alejandra Vicuña fue elegida vicepresidenta. Después de 11 meses el cargo, tuvo que renunciar por haber exigido pagos indebidos a un excolaborador. Aunque ella lo negó, renunció al cargo, salió sin el apoyo de Moreno, y dejó un legado bastante pobre.

Otros funcionarios del gobierno de Moreno pasaron de auxiliares de quirófanos a intervenidos de la cirugía prometida. María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue la primera canciller del país en el gobierno de Moreno, entre mayo de 2017 y junio de 2018. Espinosa  nacionalizó a Julian Assange en un intento por nombrarlo diplomático ecuatoriano y sacarlo de la embajada sin entregarlo al Reino Unido.

Su plan falló. El proceso de naturalización fue denunciado como irregular, y hoy Espinosa está tiene juicio político abierto en la Asamblea Nacional, donde es acusada, además, de negligencia en el manejo del secuestro de los periodistas de diario El Comercio y de la pareja de civiles asesinados en la frontera con Colombia. Además, Marcelo Simbaña, asambleísta de CREO, dijo que su bancada demostrará que la excanciller tiene graves indicios de peculado. El 14 de mayo, la Comisión de Fiscalización, que investigaba a la excanciller,  recomendó que se llame a juicio político a María Fernanda Espinosa. Ahora le corresponderá a César Litardo, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, incluir la lectura del informe en la agenda del pleno.

Otro aliado del gobierno imputado en delitos es Iván Espinel, excandidato presidencial y ministro de Inclusión Económica y Social de Moreno. Ahora está en la cárcel después de ser detenido por presunto lavado de activos por un monto de alrededor de 770 mil dólares. La Contraloría General del Estado emitió varios informes de la gestión de Espinel en ae IESS, donde fue director del Guayas en 2013.

Además, el exministro fue acusado de peculado, aunque un tribunal ratificó su inocencia en febrero de 2019. Espinel enfrenta cargos por el posible delito de enriquecimiento ilícito porque no justificó la procedencia de más de 500 mil dólares que habría usado para comprar un carro, una casa y hacer pagos a bancos.

Moreno contabiliza, además, una lista de eminentes prófugos de la justicia. La huida del exsecretario de comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado en octubre de 2018, fue tragicómica.

Alvarado se sacó el grillete electrónico que monitoreaba sus movimientos, se despidió de los funcionarios que lo vigilaban en un chat de WhatsApp y salió a Venezuela. El escape puso en entredicho la seriedad de la lucha contra la corrupción de Moreno. Nadie entiende cómo Alvarado burló a todo el sistema de vigilancia ecuatoriana. La Interpol emitió una alerta azul en contra de Alvarado —y podría ser detenido en 192 países.

Otros exfuncionarios del gobierno anterior a los que se les ha abierto causas salieron antes de que se iniciaran esos procesos. A Sofía Espín, exasambleísta correísta, un juez le dictó prisión preventiva en 2019 por incumplir la orden de presentarse cada ocho días en la Corte Provincial del Guayas.

A ella se la investigaba por presunto tráfico de influencias en el llamado caso Balda. Según su abogado, ella estaba fuera del país desde octubre de 2018, no prófuga sino por cuestiones. Han pasado cinco meses, su instrucción fiscal se amplió 30 días, según informó la Fiscalía, también se reformularon sus cargos, ahora será investigada por el presunto delito de fraude procesal y Espín no ha regresado.

Otro de prófugo de alto perfil es Ramiro González, expresidente del directorio del IESS. Pese a que fue capturado en Perú, el 9 de abril de 2019, no ha podido ser extraditado a Ecuador. Su abogado dijo en una entrevista en Radio Democracia, que González tenía, meses antes de su detención, el refugio provisional en Perú, razón por la cual las autoridades peruanas no podrían “devolverlo” al Ecuador.

En varias ocasiones Moreno ha acusado a Rafael Correa por la corrupción. Dijo que la mayor parte de la corrupción se dio en las contrataciones del gobierno pasado y, también, se quejó de que no había “la mesa servida” como le prometieron.

Al parecer, Moreno se olvidó de que él fue parte de la Revolución Ciudadana: fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013. En ese tiempo jamás criticó a Correa. Al salir del gobierno e irse de  enviado especial de Naciones Unidas para la discapacidad y accesibilidad en Ginebra, tampoco.

Las críticas a la gestión de Correa aparecieron desde que lo reemplazó en la presidencia —a la que llegó por el propio Correa— y las faltas de su administración han sido reiteradamente endilgadas al gobierno pasado.

| Lee también: Claves para entender los supuestos vínculos de Lenín Moreno con la empresa offshore INA |

El huésped incómodo y los derechos humanos

Julian Assange está detenido en Londres desde el 11 de abril de 2019 y fue condenado a 50 semanas de cárcel por una corte británica por haber roto su libertad bajo fianza en 2012. Además, Estados Unidos pidió su extradición acusándolo de espionaje. Esa mañana de abril, la policía de Scotland Yard sacó al fundador de Wikileaks a la fuerza de la Embajada del Ecuador en Londres, donde vivió asilado casi 7 años.

El presidente, Lenín Moreno, en un video, justificó la decisión diciendo que Assange habría incumplido las normas de convivencia y del asilo, que se habría entrometido en asuntos de otros Estados, y que había faltado el respeto a los funcionarios diplomáticos. Los opositores de Moreno, lo acusaron de tomar esta decisión después de la filtración de los INA Papers.

Parte del plan de gobierno con el que Moreno ganó era posicionar al Ecuador como un país protector de los derechos humanos. Esa mañana, con la expulsión de Assange de la embajada londinense, la postura de Ecuador sobre los garantías básicas de los individuos entró en serio cuestionamiento.

Julian Assange siempre tuvo una relación tirante con el gobierno que lo acogió en su embajada en 2012, cuando Correa aún era presidente. Sin embargo, durante el gobierno de Lenín Moreno la situación se volvió insostenible. En 2017,  cuando Moreno ganó la presidencia, dijo que el asilo al fundador de WikiLeaks se mantendría mientras su vida estuviese en peligro, aunque no estaba de acuerdo con todas sus acciones.

Dos años más tarde, desdijo esa oferta. En su mensaje del 11 de abril de 2019,  lo justificó diciendo que el Gobierno ecuatoriano le había pedido que no opine en asuntos políticos de Ecuador o de otros países. Las advertencias habrían sido ignoradas. Moreno dijo que Assange “sigue vinculado en las intromisiones” en asuntos de otros Estados, como el Vaticano.

En octubre de 2018, Ecuador había establecido un protocolo de convivencia que incluía procesos para visitas y normas para el uso de dispositivos y comunicaciones, por el que Assange interpuso una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano —que perdió. A medida que las tensiones subían, el New York Times dijo que Assange sería usado como moneda de trueque con los Estados Unidos por condonación de deudas.

Unos días antes de su expulsión, Wikileaks denunció que sucedería en las próximas horas o días. Así fue. El caso está lejos de terminar para el país. Juan Carlos Herrera, en un su artículo El caso Assange está lejos de terminar para Ecuador, dijo  que “a pesar de las posibles irregularidades en su naturalización, el gobierno ecuatoriano tenía la obligación de garantizar el debido proceso al señor Assange, ante una corte, y no lo hizo”.

Tras la expulsión de Assange, fue detenido en Ecuador Ola Bini, un experto informático que cumple ya más de cuarenta días en prisión preventiva. ¿La acusación? Supuestamente trabajar para Assange.

Sin embargo, hasta ahora ni la Fiscalía ni el gobierno han entregado evidencia de que Bini haya cometido un delito.

Los críticos de la detención han dicho que Bini está preso solo por ser amigo de Assange. Entre las pruebas en su contra está un reporte migratorio obtenido de la base de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que constan 150 viajes (de ida y retorno) realizados por Bini a diferentes países, desde el 14 de noviembre de 2013 hasta el 11 de abril de 2019, 15 de ellos a Londres. La Fiscalía presentó un reporte en el cual se detalla que entre 2015 y 2019 Bini realizó pagos por servicios de internet por 230 mil dólares. En un giro kafkiano, los libros que leía, que estaban en inglés, fueron también señalados como prueba en su contra.

La excusa de los males en el gobierno de Lenín siempre es la misma. En una entrevista para la BBC, días después de retirado el asilo al australiano, Moreno dijo que tiene “casi todas las evidencias” de que Assange y Correa se coordinaron para desestabilizar a su gobierno. Además aseguró que el ‘inquilino’ convirtió “a la embajada en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático”.

Esa mañana de abril, cuando se le quitó el asilo a Assange, la Ministra del Interior María Paula Romo dijo que el expresidente, Rafael Correa, y el excanciller, Ricardo Patiño, ambos considerados prófugos de la justicia, fueron muy permisivos con Assange. En 2012, cuando Lenín era vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, declaró que el asilo concedido a Assange en la embajada en Londres era un derecho soberano de Ecuador. Siete años más tarde, Assange solo era un huésped incómodo para Moreno.

Xenofobia y machismo

Después que un hombre venezolano asesinara en enero de 2019 a una mujer en Ibarra, Lenín Moreno, en lugar de culpar al asesino y a la violencia machista, denunció públicamente la nacionalidad del homicida. Además, dijo que conformaría brigadas para controlar la situación de los venezolanos.

El gobierno impuso nuevos requisitos de ingresos a los venezolanos, como pasaportes actualizados y el registro de antecedentes penales. La medida provocó que los pasos ilegales aumentaran. Los migrantes avanzaron cruzando quebradas y ríos aledaños para evitar el control migratorio. En febrero, los migrantes venezolanos bloquearon el puente internacional de Rumichaca.

En marzo, la Corte Constitucional suspendió de forma provisional los requisitos que había ordenado el gobierno. También dijo que los ciudadanos de otros países sudamericanos solo debían presentar su cédula para entrar al Ecuador, por lo que exigirles requisitos adicionales a los venezolanos era discriminación.

Aquella vez, según Moreno, la culpa era del Socialismo del Siglo XXI. Impulsado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales y su examigo, Rafael Correa. Durante la visita de Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezolano, el 2 de marzo de 2019 —en pleno feriado de carnaval— Moreno no mencionó ni las brigadas ni el pasado judicial de los venezolanos, pero sí dijo que, actualmente, Venezuela es un Estado fallido. “No debe ir más”,  dijo Moreno, “Se encuentra en el camino de salir de ese mal llamado Socialismo del Siglo XXI”. Este camino, según Moreno, “lo conocemos porque ya lo seguimos y salimos del abismo en el que nos colocó el Socialismo del Siglo XXI”.

Moreno quería actuar como un médico, hacerle una cirugía a la corrupción y sanar la economía, pero 24 meses más tarde, el Ecuador es un paciente aún muy enfermo.

Entre supuestas relaciones con empresas offshore, con tres vicepresidentes, altos funcionarios envueltos en tramas de corrupción, sin todas las casas ofrecidas, con despidos masivos en lugar de empleo, con ideas como ‘brigadas’ para controlar la migración y con cuestionamientos por no respetar derechos humanos y tomar decisiones improvisadas, Lenín Moreno empieza los dos años que le restan. Habrá que ver si es capaz de dejar la  “mesa servida”, y dejar de recurrir a su excusa habitual de culpar al gobierno de Correa de todo lo que pasa, demostrando que puede gobernar más allá de la queja.

Susana Roa, Mayuri Castro y María Emilia Leiva colaboraron en la elaboración de este reportaje.

María Sol Borja es periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Periodismo y en Comunicación Política. Es la editora política de GK. Periodista. Yalilé Loaiza es directora de investigación de La Foca. Fue docente universitaria. Estudió una maestría en Comunicación Digital en la Universidad de Los Hemisferios de Ecuador.