A veces parece que el Ecuador es una sociedad que se gobierna con encuestas: son los estudios de opinión los que determinarán la agenda de los regímenes de turno, comportándose y definiendo líneas de acción de acuerdo a como se los interpreta. Por eso es vital comprender y leer apropiadamente encuestas, evolución temporal de cifras, metodologías y contextos de generalización inductiva.
Las cifras por sí solas no deberían ser utilizadas para tomar decisiones y actuaciones futuras. En el Ecuador, tres encuestadoras han difundido continuamente la calificación a la gestión del presidente Moreno: Cedatos —tradicionalmente relacionada a clientes que fueron parte de la oposición al gobierno de Rafael Correa—, Opinión Pública Ecuador (OPE) — cliente de los canales incautados por el gobierno anterior—, y Perfiles de Opinión —generalmente relacionada con clientes pertenecientes al gobierno anterior. Independiente de las relaciones políticas o económicas, la generación de investigación permanente y sostenida constituye una fuente importante de información para evaluar la evolución de la imagen de los gobernantes ante la opinión pública.
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Para entender la forma en que la popularidad de Lenín Moreno fluctuó en este año de gobierno, hay que entender un antecedente. Tras seis años de ejercer la Vicepresidencia, en 2013 Lenín Moreno dejó el poder con un nivel de aprobación impresionante: un 98% de aprobación, que lo legitimaba como la figura política más querida del Ecuador, incluso por encima de Rafael Correa, entonces presidente.
Eran tiempos diferentes. Alianza PAÍS se encontraba a las puertas del mejor momento electoral de su historia. La agenda vicepresidencial despertaba simpatía a nivel nacional. Políticamente, Moreno era un personaje proveedor de buenas noticias para el oficialismo, que capitalizaba políticamente su imagen de conciliador: Lenín, el candidato a Premio Nobel, el del diálogo con la oposición, el de las ternuras y las Manuelas. Moreno era el Mujica de Alianza PAÍS, pero sin vista a la Plaza Grande.
El desenlace de esta primera etapa de relación utilitaria inició el 10 de noviembre de 2012. Ese día, la Cuarta Convención Nacional de Alianza PAÍS definió a Jorge Glas como el binomio vicepresidencial de Rafael Correa: “Lenín es insustituible”, dijo el entonces candidato presidente, “pero debemos continuar y respetar su decisión”.
El fin de esa etapa política agarró a muchos militantes por sorpresa. Hoy, aquel evento debería ser visto en una retrospectiva crítica que ahonde en recabar las huellas de lo que sería, cinco años más tarde, la enemistad entre Correa y Moreno: es innegable que ahí hubo un movimiento que causó la grieta que quebraría por completo al movimiento político más poderoso en la historia republicana del Ecuador.
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Pasaron los años de Correa en el poder sin que Alianza PAÍS logre impulsar nuevos liderazgos. No se crearon cuadros que pudiesen pelear elecciones con diferentes códigos a los instaurados por las facciones dominantes.
En 2017, después de que Correa no pudiese optar por un nuevo mandato, tuvo que recurrir al capital político que Moreno construyó durante sus años en la Vicepresidencia, aunque quería que fuese Jorge Glas quien lo reemplace en el poder. Pero el tiempo y las sospechas crecientes de corrupción impidieron que Glas fuese escogido el candidato a la Presidencia —aunque Correa logró imponerlo como el candidato vicepresidencial.
La salida de Moreno de la esfera pública, en 2013, para retirarse a un puesto diplomático evitó que sufriera el desgaste que padeció el resto del movimiento de gobierno. Con eso, a Moreno le alcanzó para ganar la presidencia. Quizá la discusión más importante al interior de Alianza PAÍS será definir si en las presidenciales de 2017, su binomio ganó a pesar de Glas o gracias a Correa.
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Entre el 24 de mayo (día de su posesión) a diciembre de 2017, tanto para Cedatos, Opinión Pública Ecuador (OPE) y Perfiles de Opinión, la labor del Presidente tiene una aprobación o una calificación positiva del 65 al 80%, y una desaprobación del 10 al 23% —dependiendo de la encuestadora.
Moreno empezó su administración con el estigma de unas elecciones apretadas, con un país altamente polarizado y con dudas sobre la legitimidad de su triunfo electoral. Rápidamente, el Gobierno logró reducir la conflictividad marcando un estilo de conciliación y cediendo protagonismo al avance de la Justicia en torno a las investigaciones sobre los escándalos de corrupción.
Incluso antes de posesionarse, hubo un cambio evidente entre el estilo conflictivo del expresidente Rafael Correa y el conciliador de Lenín Moreno.
El primer mes de Gobierno sirvió de impulso para que la aceptación de Moreno llegara a proyectarse —en agosto de 2017— a un rango entre 77% y 85%. En esta época, una de sus principales políticas fue el Diálogo Nacional. Las acciones judiciales contra funcionarios, ex funcionarios, empresarios y lobbistas envueltos en la trama de corrupción de la empresa brasilera Odebrecht fueron también giros radicales en la gestión.
El desagrado hacia Moreno bajó hasta un inusual rango de 12-16%. En ese mes, Moreno marcó un distanciamiento radical con Jorge Glas, quien venía criticándolo y contradiciéndolo en un intento por disipar las sospechas de corrupción con golpes políticos.
Sin duda, lo hecho por el régimen hasta aquel momento tuvo una gran acogida, y le sirvió a Moreno para tener una alta aprobación que iría decayendo lentamente hasta ubicarse en alrededor de 70% al finalizar el 2017.
Las tres encuestadoras coinciden en la evolución de la aprobación de agosto a diciembre.
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El 2018 inició con el debate político alrededor del llamado a la Consulta Popular y el arranque de la campaña electoral.
Es en este momento en que se empiezan a notar discrepancias entre las tres encuestadoras. Es cierto que el descenso en la aprobación de Moreno continúa, pero para Perfiles de Opinión este descenso es más pronunciado: en noviembre 74% calificaba como positiva a la gestión del Gobierno mientras que en enero el 66%; lo que representaba una disminución de 8 puntos porcentuales.
Para Cedatos y OPE, a mediados de enero la aprobación se mantenía en 69% y 71% respectivamente. Ambas encuestadoras no registraban ningún decrecimiento significativo. El régimen ganó la Consulta Popular en todas sus preguntas con porcentajes de más del 60%. Sus niveles de aprobación se ubicaron a mediados de febrero en un rango entre 65% y 68%.
Sin embargo, lo cierto es que desde febrero de 2018 comenzó a perfilarse un crecimiento de la desaprobación al Gobierno: estuvo entre el 26% y 34%.
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Al analizar los resultados de la consulta, se encontraba un segmento de alrededor del 35% que respaldó el proceso político de la Consulta, pero que en abril de 2017 rechazó al régimen que lo convocó. No es de extrañarse que una fracción de este segmento cambie fácilmente de posición frente a la labor del Presidente.
En este segmento —así como en aquellos que pudieron haber respaldado a Moreno desde su inicio pero solo hasta un tiempo después— hay sectores que participaron del Diálogo y que no vieron que sus tesis fueran escuchadas o sintetizadas en algún proyecto de Gobierno.
La disputa electoral durante la Consulta Popular terminó por romper de forma definitiva al movimiento Alianza PAÍS. Sin el partido que lo llevó al poder, Moreno tuvo que consolidar una base política propia partiendo de un apoyo duro de alrededor del 27% (interpretada en base a los ciudadanos que habrían votado por Lenín Moreno en la Segunda Vuelta 2017, y votado Sí en la Pregunta 2 en 2018).
Si nos imaginamos un sistema estático, la aprobación de Moreno jamás podría bajar de este apoyo duro. Sin embargo, el dinámico ascenso y descenso en los niveles de aprobación cuestiona el nivel de dureza de las cifras de febrero; no es descartable que con el tiempo surjan eventos que influyan en el nivel de correlación entre el segmento duro y el nivel de popularidad.
Evolución de la calificación a la gestión de Moreno durante su primer año de gobierno de acuerdo a tres encuestadoras.
Las barras de error (los puntos con dos líneas horizontales) corresponden al margen de error reportado en la ficha metodológica de cada encuesta. Las líneas verticales punteadas corresponden a las siguientes acontecimientos:
- Agosto 4, 2017: “…lastimosamente ingeniero Jorge Glas, lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted»
- Octubre 2, 2017: convocatoria a consulta y referéndum
- Enero 3, 2018: empieza campaña electoral
- Febrero 4, 2018: consulta y referéndum
- Febrero 26, 2018: revelación de audios entre Serrano y Polit
- Marzo 26, 2018: secuestran a equipo periodístico de El Comercio
- Abril 13, 2018: confirman la muerte del equipo de El Comercio
Desde febrero de 2018, las primeras señales del desgaste político típico del ejercicio del poder empezaron a golpear rápidamente a Moreno. A pocos días de terminar el mes, el exfiscal Baca Mancheno, reveló una conversación conspiratoria entre el entonces Presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor (prófugo de la Justicia) Carlos Pólit. El escándalo no solo erosionó la credibilidad de las instituciones que estos funcionarios representaban, sino también de toda la clase política.
A pesar de que Moreno había logrado desmarcarse de varios funcionarios de Gobierno involucrados en posibles actos de corrupción, la población percibía que no todos estaban siendo juzgados como se debe, algo que también influiría en la caída de la aceptación del Gobierno.
Encuestas publicadas por Perfiles de Opinión a mediados de marzo de 2018 confirman el desgaste de las organizaciones políticas, sobre todo por la baja aceptación que los ciudadanos tienen de los partidos políticos. La evolución de quienes dicen no simpatizar con ninguna organización es ascendente: el 84% de la población decía no simpatizar con ninguna organización política, mientras que en agosto de 2017, apenas hacía siete meses, era del 61%,
Hasta mediados de marzo, los hechos que habrían influido en el nivel de aceptación se presentaban de manera gradual, e independientemente de su importancia, eran procesados en el campo mediático y político como recurrentes: disputas políticas, la interpretación económica del legado del anterior Gobierno, los actos de corrupción, entre otros. Para entonces, la aprobación a la gestión de Moreno era de 60% y 62% de acuerdo a Cedatos y OPE, pero sólo del 53% según Perfiles de Opinión.
Marzo empezó con un ambiente de expectativa tras el anuncio de un Plan Económico, que a la final fue entregado el 4 de abril tras el pedido de postergación del sector empresarial. Pero el mes de espera fue aprovechado políticamente por sectores de oposición que insistieron en que dicho plan incluía un paquetazo económico que favorecería sólo al empresariado.
Este discurso caló en el imaginario colectivo, y así parece demostrarlo la encuesta de OPE: ¿A quién benefició el Plan Económico del gobierno? El 30% de encuestados señalan que beneficia a los empresarios, 28% a los políticos, 12% a los banqueros y sólo un 11% ‘a todos’.
La responsabilidad por el desempleo también comienza a dirigirse hacia Moreno: en ese mismo estudio el 62% de encuestados ubican como su causante al gobierno.
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Paralelamente, desde finales de enero se gestaba y agravaba el fenómeno que más influiría en el nivel de aceptación de Moreno: la seguridad en la frontera con Colombia. La crisis empezó con el estallido de un cuartel policial en San Lorenzo, Esmeraldas el 27 de enero de 2018. Se agravó en febrero con el enfrentamiento de una patrulla militar con grupos armados irregulares y en marzo con varios ataques con explosivos (y que dejó, lamentablemente, cuatro soldados muertos).
La situación empeoró aún más cuando tres periodistas de diario El Comercio fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018. En aquellos primeros días de la crisis de la frontera, se generó una percepción de mal manejo gubernamental, denotando incapacidad en el régimen y sus ministros para lidiar con el tratamiento operativo y comunicacional.
Desde el inicio se pudo apreciar a un Ministro del Interior contradictorio, dubitativo al informar y carente de respuestas al país y al mundo. La falta de información precisa en torno a la situación de los tres secuestrados, la carencia de explicaciones sobre el manejo de una negociación con un enemigo invisible, y la falta de relacionamiento diplomático ante la información generada desde el lado colombiano, generaron un ambiente de incertidumbre e impotencia.
El manejo de crisis fue percibido como funesto para los ecuatorianos: un 79% consideró como ineficiente el manejo del problema, y un 63% consideró infectivo el combate al narcotráfico por parte del Gobierno. Según Cedatos, la aprobación a Moreno habría caído 9% en 20 días, ubicándose en 51%, al 4 de abril. Mientras tanto, y sorprendentemente, en el ‘tracking’ de la labor del Presidente de OPE, Moreno sostiene una calificación positiva de 63% al 7 de abril.
El 13 de abril de 2018 se confirmó que los periodistas secuestrados habían sido asesinados. La noticia desató una ola de indignación y movilización nacional inédita en este periodo de gobierno, y que influyó significativamente en sus niveles de aceptación.
De acuerdo a la medición que hizo Cedatos el 20 de abril de 2018, la aprobación a la gestión del Presidente de la República fue del 46%. La desaprobación se manifestaría a la inversa, es decir, al 4 de ese mes estaba en 44%. Pero dieciséis días después, tras el asesinato, llegó al 47%.
Aparentemente, por primera vez la calificación positiva de la gestión de Moreno habría sido superada por la calificación negativa. Sin embargo, no se podría concluir categóricamente que la desaprobación es mayor porque el margen de error de dicha encuesta es de +/- 5%.
En la medición de Perfiles de Opinión del 22 de abril de 2018, se ve de manera más clara que la suma de calificaciones positivas (47%) a la gestión del Presidente es superada por primera vez por la suma de calificaciones negativas (53%), con un margen de error de +/- 3,3%.
El fatal desenlace de los tres periodistas fue un muy duro golpe al régimen. La seguridad se volvió un tema recurrente: hubo un nuevo secuestro, más enfrentamientos armados y amenazas de bombas en centro urbanos —hechos inéditos en el Ecuador y que sin duda afectaron el clima de opinión pública.
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La imagen del presidente Moreno también parece haberse afectado después de sus entrevistas con CNN y NTN24. Datos confusos y afirmaciones incoherentes dieron la impresión de que el Presidente no estaba en conocimiento y dominio de la verdad, o al menos de los detalles técnicos de la verdad. La denuncia a la Fiscalía en base a lo entregado por el entrevistador Fernando del Rincón, y las posteriores afirmaciones del Secretario Nacional de Comunicación sobre lo que se conocía y se habría ocultado con respecto a los presuntos aportes de las FARC a la campaña electoral del 2006, dejaron una sensación de improvisación frente al manejo de este tema incómodo. Si estas afirmaciones son ciertas, lo implican a Moreno directamente porque esos dineros fueron también a su campaña.
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El primer año de Lenín Moreno en el poder estuvo marcado por disputas políticas y judiciales. El gobierno fue hábil para prolongar el período de gracia que la ciudadanía estuvo dispuesto a otorgarle desde un inicio.
Aprovechó su buen arranque y el aglutinamiento de apoyos para liberarse de algunos fantasmas del correísmo, principalmente de aquellos que clamaban una posición de dominio en desmedro de la estabilidad de Moreno en la Presidencia. Quizás, en un acto de supervivencia política, al Presidente no le importó traicionar a este segmento, sin el cual, difícilmente hubiese podido llegar al poder.
Pero no se puede gobernar sólo con base a expectativas por cuatro años. Ha llegado el momento en el que hay que enfrentar situaciones aparentemente inesperadas y tomar decisiones, algunas difíciles, y que son cotizadas y apropiadas como capital político.
Moreno termina su primer año con un Gabinete casi totalmente diferente al que inició su gobierno: en él, hay gente de los extremos del espectro político, lo que sería, aparentemente, un esfuerzo por proyectarse en su segundo año como un gobierno de concertación.
Sin embargo, habrá que ver qué tanto su entendimiento de concertación sea compatible con las expectativas ciudadanas para un gobierno de transición, que fue lo que lo caracterizó en sus mejores momentos de aceptación en el 2017.
El año que arranca hoy tendrá como retos la economía, la seguridad, y el mantenimiento de la infraestructura y los servicios sociales que florecieron en la última década.
