Profundidad

La transparencia selectiva de CREO

El movimiento que aspira a ser la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional está golpeado. La destitución de una de las legisladoras más mediáticas de la organización política y las posturas de legisladores como Pedro Curuchumbi o Héctor Yépez, generan preguntas sobre la transparencia intelectual y política del movimiento liderado por Guillermo Lasso.
  • creo fiscalización asamblea nacional

    Collage de Daniela Mora.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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El movimiento CREO tambalea. La destitución de la legisladora Ana Galarza votada en la Asamblea Nacional el 7 de febrero de 2019, golpeó, una vez más, la credibilidad del partido liderado por el exbanquero Guillermo Lasso. CREO pretendió, alguna vez, posicionarse como la mayor fuerza de oposición; primero frente al régimen de Rafael Correa y, desde 2017,  al de Lenín Moreno. La razón de la expulsión de Galarza se apoyó en la causal de “gestión de cargos públicos”, tras la denuncia hecha de un antiguo asesor, que planteaba una serie de irregularidades en el despacho de la asambleísta. Aún a pesar de las dudas del respeto al debido proceso, Galarza, una de las asambleístas más mediáticas de este período, se fue. Se fue a pesar de los intentos de CREO para sostenerla y respaldarla. Se fue, aún más cuestionada por algunos sectores de la opinión pública por el respaldo que ciertos periodistas le dieron. Se fue a pesar de que quedaron varios cabos sueltos en las acusaciones que hiciera su asesor. Y se fue dejando a su partido como un cuestionado actor en medio de todo el escándalo.

CREO, tajante cuando de cuestionar correístas se trata, dudó bastante cuando debía fiscalizar a una partidaria. Algunos, como Fabricio Villamar, dijeron que debía ser investigada —aunque realmente no lo fue. La comisión creada dentro de la Asamblea Nacional para hacerlo se concentró en minucias como el uso de la tarjeta de ingreso al recinto legislativo que hizo su esposo, Francisco Sevilla, pero no indagó a fondo sobre el rol que tuvo Sevilla en el ejercicio de las funciones de la asambleísta. Tampoco ahondó en esclarecer qué hacía “la asesora en territorio” que tenía Galarza, que fue incapaz de dar explicaciones precisas sobre la naturaleza de su trabajo.

Otros, como Homero Castanier, le dieron su respaldo irrestricto. Incluso organizaron una rueda de prensa, en la que varios coidearios se presentaron con ella para respaldarla. Para lo único que  sirvió fue para dejar claro que la fiscalización de la que CREO se ha abanderado no funciona con los mismos raseros.

CREO demostró una incapacidad absoluta de mirarse hacia adentro, de ser autocríticos, de encontrar mecanismos que permitan que la transparencia —que piden y cacarean para el pleno— se aplique casa adentro. El costo político podría ser alto.

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Las fracturas en la solidez intelectual de CREO no se limitan al caso de Galarza. El desgaste del movimiento se produce también por las propuestas de sus asambleístas.

Pedro Curichumbi, miembro de la comunidad evangélica de Chimborazo, dijo, en el debate sobre las reformas al COIP, que el “aborto se constituye en un deporte, en un pasatiempo”. Nadie en CREO parece escandalizarse por ese tipo de planteamientos. No por la oposición a la reforma, en sí, sino por la ligereza y falacia de los argumentos.

En esa misma línea, Curichumbi continuó su argumentación en contra de la despenalización del aborto en casos de violación: “Cuando ya esté permitido el aborto, ellos se reunirán en un ambiente de fiesta, música, alcohol y droga y sencillamente dirán, debemos recoger un poco de dinero, un poco de dólares, para hacer abortar a cuántas mujeres que deseen.”

Bajo esa misma lógica, en julio de 2018, ya había pronunciado un discurso en el que hablaba de Satanás, del “asesinato infernal de miles de niños a través del aborto”, de la destrucción de la familia mediante “divorcios nefastos”. Fue entonces que dijo que  “se debería obligar a que los sacerdotes y las monjas de la iglesia católica celebren matrimonios para que definitivamente no produzcan violaciones a menores”. En el video que recogía la intervención quedó, para la posteridad, la sorpresa y confusión de su compañero de partido, Fabricio Villamar, sentado dos filas detrás de Curichumbi.  

Curichumbi dijo que la reforma incluye artículos que podrían permitir que “en el futuro los jóvenes universitarios puedan tener esa solicitud de cambio de género pero sería lamentable que hombres jóvenes, que son el futuro de la patria, extirpen sus órganos genitales masculinos para cambiar el nombre, y eso es desastroso para la sociedad ecuatoriana”.  En esa ocasión, el movimiento se pronunció separándose de las ideas de Curuchumbi. “Lo expuesto por el Asambleísta de la Provincia de Chimborazo, Pedro Curichumbi, responde a su cosmovisión y creencia particular, que no representa de manera alguna la posición de nuestro bloque”.

De Héctor Yépez, sin embargo, el partido no ha tomado distancia a pesar de sus pronunciamientos polémicos. Aunque llegó a la Asamblea Nacional de la mano del movimiento SUMA, se separó en marzo de 2018, apenas diez meses después de ser electo. En mayo de ese mismo año, se adhirió a CREO y ha sido uno de los legisladores más mediáticos de esa organización política.

Uno de sus propuestas más recientes es la de castración química y prisión perpetua para los violadores, en respaldo, dice, a la propuesta hecha por Poly Ugarte, la exlegisladora del Partido Social Cristiano que se separó de éste para ser candidata a la Prefectura de Guayas por CREO.

Varios abogados y activistas le respondieron a Yépez que su propuesta era populismo penal, que no solucionaba nada y que incluso era inconstitucional. Las respuestas cayeron en oídos sordos. Yépez insiste en que no hay ninguna prohibición en la Constitución para la pena perpetua. “Lo que hay es una interpretación de que la cadena perpetua sería incompatible con el fin de rehabilitación de la pena que está en la Constitución” dijo en una entrevista radial.

Cuando el periodista le dice que los derechos humanos deben ser progresivos y que eso sería una regresión, insistió: según él, eso significaría que imponer una pena de 30 años a alguien que tiene 60, sería, en la práctica una cadena perpetua, y por lo tanto, también inconstitucional.

Esa no es la única propuesta del asambleísta que ha generado críticas. En julio de 2018, después de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia en la que reconoce el derecho de los adolescentes, entre 12 y 18 años, a decidir sobre su vida sexual, Yépez propuso una resolución en la Asamblea —que fue aprobada— en la que se exhortaba a la Corte Constitucional a “respetar los derechos garantizados en la Constitución, incluyendo el de los padres para criar y educar a sus hijos”.

Yépez se mostraba contrario a la sentencia de la corte y al plantear su resolución, intercambiaba elogios con Amparo Medina, activista del colectivo Con mis hijos no te metas, opositora férrea del aborto, incluso en casos de violación. Medina ha dicho que Pepsi utiliza restos de abortos para producir su gaseosa, y se presenta como una ex guerrillera y ex colaboradora de la ONU reconvertida al cristianismo (aunque la ONU ha desmentido que Medina haya sido funcionaria del organismo).

Yépez comparte la postura con Medina, a pesar de que en 2012, en el medio digital La República publicaba una columna en la que afirmaba estar en favor de la vida desde la concepción pero explicaba que, desde una postura jurídica, no es lícito penalizar el aborto. “No hay ninguna prueba de que la penalización del aborto salve vidas, sí hay abundante prueba de que provoca muertes. Al criminalizarse el aborto, su práctica se vuelve clandestina y, por ello, más riesgosa.” Para entonces, Yépez no militaba en CREO, pero parece haber radicalizado su visión desde que se unió al partido de Lasso, conocido por sus posturas conservadoras.

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¿Alguien en la bancada de CREO le ha pedido explicaciones a Yépez de sus cambios radicales de postura? No se ha hecho público si alguno de sus compañeros de partido le ha preguntado cómo así se ha alineado con personajes que promueven visiones fundamentalistas y con argumentos basados en hechos cuestionados, o al menos, tergiversados. Tampoco está claro cuál fue el motivo para escoger como candidato por Chimborazo a Curichumbi, más allá de su popularidad entre la gran población evangélica de la provincia —aún a costa de las falacias que el asambleísta expone cada tanto.

Si los únicos motivos para escoger a un pastor evangélico fundamentalista y ponerlo en el centro de producción legislativa es cuán popular es, eso tiene un solo nombre: demagogia.

Da lo mismo que poner a una persona cuyas sola credencial sea su fama por haber sido futbolista, un cantante, presentador de televisión o una exreina de belleza. CREO, que durante mucho tiempo insistió que era diferente, dio muestra tempranas de que no lo era, pero ahora lo ha dejado todo muy claro: tienen, como todos los partidos del Ecuador, un líder supremo, y al vaivén de sus decisiones funciona el partido. De hecho, su candidato para alcalde de Quito fue impuesta, a dedo, por Lasso. Fue una decisión tan inconsulta que tomó por sorpresa al mismísimo candidato elegido por el exbanquero guayaquileño, Juan Carlos Holguín y dejó de lado a César Montúfar, quien ya había hecho pública su candidatura a la alcaldía por esa organización.

“Hubo un rompimiento unilateral por parte del señor Lasso, él faltó a su palabra. Lo único que esto demuestra es la pobreza del liderazgo político ecuatoriano, que únicamente piensa los procesos electorales en función de cálculos muy pequeños”, dijo Montúfar en ese momento y continuó con su candidatura, hoy en marcha.

No es la primera vez que las alianzas de CREO toman un rumbo distinto al anunciado. El mismo Montúfar quedó apartado en las elecciones de 2013, cuando Lasso prescindió de él en beneficio de Juan Carlos Solines, también hoy candidato a la Alcaldía de Quito. En ese entonces Solines rompió con la Concertación —que había fundado junto a Montúfar— para ser el binomio de Lasso en la candidatura presidencial.

Parecen alianzas circunstanciales que no hablan bien del movimiento. No han sido hechas por afinidades ideológicas, sino como atajos al poder: el caso de la alcaldía de Quito, donde gobernó con Mauricio Rodas, es la muestra más grande. El posterior fracaso político de Mauricio Rodas como alcalde confirma, además, cuán riesgoso puede ser aliarse con el único propósito de lograr un objetivo electoral.

En poco más de año y medio que lleva en funciones la Asamblea Nacional, CREO ha perdido a dos figuras que llegaron a legislar respaldados por la organización política: Mae Montaño, abiertamente favorable a la despenalización del aborto en casos de violación, y Raúl Auquilla que pasó a las filas del Partido Social Cristiano.

Cuando Montaño, una de las fundadoras de CREO, anunció públicamente su separación dijo que sus ideas, propuestas y sueños ya no tenían espacio en la organización. Parece que CREO comulga más con las ideas de Yépez y Curuchumbi que con las de Montaño.

En cierta forma, es como si en el Ecuador solo hubiera una forma de hacer política: la del caudillo, la de las candidaturas por pura popularidad, la de la tolerancia con los desbandes de los propios, aunque sean muy similares, demasiado parecidos, a aquellos por los que se persiguieron a los contrarios.  

La dubitativa postura de CREO frente al caso de Ana Galarza le pone una amarga cereza al pastel de incongruencias del movimiento que pretende ser la segunda fuerza política. Y parece querer hacerlo a cualquier costo, aun cuando haya que sacrificar la transparencia y la congruencia intelectual.

María Sol Borja
Periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada en GK.