“El gobierno parece más efectivo en tratar de debilitar a la oposición que al crimen organizado”

En julio de 2026, Human Rights Watch (HRW) presentó Una alianza peligrosa, un informe sobre la cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos que documenta cuatro operaciones: tres cerca de las costas de Galápagos y una en la frontera con Colombia, en las que identifica abusos en el uso de la fuerza, torturas y desapariciones.

La investigación se basa en más de 60 entrevistas con víctimas, familiares, abogados y miembros de las comunidades de San Mateo y Jaramijó, además de documentos médicos, análisis de expertos forenses, imágenes satelitales y datos de rastreo de embarcaciones.

En esta entrevista, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, habla de los hallazgos de este documento.

¿Cuál es el principal hallazgo de este informe? 

Este informe concluye que la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador para temas de seguridad, lejos de haber mejorado la situación de seguridad en el país, ha permitido que el crimen organizado se siga expandiendo y, en cambio, ha tenido costos muy graves en materia de derechos humanos.

En el informe se califica esta alianza como peligrosa. ¿Por qué? 

El informe documenta cuatro incidentes específicos, uno en San Martín, en la frontera entre Colombia y Ecuador, y tres incidentes marítimos cerca a las costas de Galápagos. 

¿Qué pasó en San Martín? 

Hubo el bombardeo de tres propiedades distintas a inicios de 2026. Luego, la quema de dos de esas propiedades y la detención arbitraria de cuatro personas, que fueron torturadas por el Ejército ecuatoriano. 

Nosotros verificamos que estas personas no tienen antecedentes penales, ninguna vinculación ni con crimen organizado ni con narcotráfico e hicimos el proceso de verificación forense, y efectivamente sufrieron torturas.

Lejos de lo que describían las autoridades norteamericanas y ecuatorianas, una de esas propiedades no era una finca ni de entrenamiento ni donde pudiera haber realmente un grupo de crimen organizado. Era una finca lechera, y verificamos el sistema de compra de productos, los recibos de venta. Las otras dos propiedades estaban abandonadas.

Si fueron soldados ecuatorianos quienes ejecutaron la operación, ¿qué tiene que ver la alianza con Estados Unidos?

Tanto Estados Unidos como Ecuador han dicho que fue una operación conjunta. El general Francis Donovan en Estados Unidos declaró ante el Congreso de Estados Unidos que había observado directamente esta operación y que, en sus términos, era exitosa.

Pero no ha habido una aclaración de ninguno de los dos gobiernos de cuál fue exactamente la contribución de Estados Unidos. 

Lo que sí puedo decir es que hubo muy mal uso de recursos tanto de Ecuador como de Estados Unidos. Y como resultado, no hubo ningún grupo de crimen organizado que quedara debilitado. Pero sí una comunidad aterrorizada y unas personas víctimas de una violación tan grave de los derechos humanos como la tortura.

Goebertus dice que el informe documenta cuatro incidentes específicos. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Hay una ley en Estados Unidos que prohíbe que unidades militares reciban recursos de cooperación si cometieron actos de tortura, ¿cómo funciona?

La ley Leahy establece un proceso de vetting que determina qué unidades militares, que estén asociadas con violaciones a derechos humanos, no pueden recibir recursos de cooperación. 

Nosotros, a partir de estos hallazgos, solicitamos al Congreso de Estados Unidos que active la aplicación de este vetting para evitar que recursos de cooperación de Estados Unidos sigan llegando a unidades militares en Ecuador que estén involucradas en violaciones a derechos humanos.

Nota del editor: El vetting es una revisión de antecedentes de las unidades militares que reciben ayuda de Estados Unidos. Si hay evidencia creíble de que una unidad cometió graves violaciones de derechos humanos, deja de recibir esa ayuda.

¿Se buscó la respuesta de los gobiernos ante el bombardeo en San Martín? 

Los dos gobiernos han reconocido esta operación, pero no han respondido ante nuestra solicitud de información sobre las violaciones a derechos humanos que habrían ocurrido.

Cursa una investigación por tortura en Ecuador a cargo de la Fiscalía. Sin embargo, el reto al que se enfrentan estas investigaciones es que el gobierno ecuatoriano le sigue negando acceso a la información, alegando que se trata de información reservada. 

Por supuesto, en cualquier operación de seguridad tendría sentido que haya información reservada, pero esa reserva no le puede ser oponible a quienes investigan graves violaciones, como la Fiscalía.

¿Cuándo ocurrieron los otros tres ataques cerca de las costas de Galápagos? 

Entre enero y marzo de 2026. Documentamos tres casos de tres embarcaciones distintas: el Don Maca, el Negra Francisca II y el Fiorella. El modus operandi es el mismo. 

Las personas que entrevistamos reportaron haber sido seguidas por una embarcación que tenía bandera de Estados Unidos. Luego, dijeron haber sido seguidas por drones que las monitoreaban. Después, dos de las embarcaciones fueron atacadas con explosivos desde estos drones [Don Maca y el Negra Francisca II]. Cuatro personas resultaron gravemente heridas. 

Dijeron que quienes estaban a bordo hablaban inglés y usaban uniforme de camuflaje caqui con insignias de Estados Unidos. 

Los sacaron de la embarcación, los abordaron en esta nueva embarcación y los entregaron a guardacostas salvadoreños. Los heridos reportaron que los guardacostas de El Salvador les dijeron que los habían recibido de parte de oficiales de Estados Unidos. Luego de varios días fueron devueltos desde El Salvador a Ecuador.

Nosotros verificamos el tipo de lesiones que sufrieron con expertos forenses y concluyeron que ese tipo de lesiones resultan de un ataque con drones cargados con explosivos. También verificamos antecedentes: son legítimamente pescadores, los barcos tienen dueños, los dueños tienen abogados. No es el caso de una pequeña lancha que pudiera ser transportadora de drogas.

¿Qué pasó con la embarcación Fiorella? 

Fue el mismo modus operandi, con la única diferencia de que había dos pescadores que estaban pescando fuera de la embarcación. Reportaron que vieron una columna de humo en el lugar donde estaba el Fiorella. Cuando se acercaron, la embarcación ya no estaba. Ocho de sus tripulantes permanecen desaparecidos hasta el momento.

Estados Unidos ha dicho que ni la Guardia Costera ni el Departamento de Defensa participaron, pero no ha negado la participación de otras agencias.

Después de la publicación de nuestro informe, The Washington Post reveló que tendría información, un testimonio y el seguimiento de un avión que serían concluyentes con la participación de la CIA.

¿Se está investigando la desaparición de los pescadores? 

Hay una investigación en curso por la desaparición de los pescadores del Fiorella e incendio de las embarcaciones. 

Hay que decir que la fiscal que estaba investigando el caso en Manta, a quien nosotros entrevistamos y cuyo testimonio está en el informe, fue posteriormente asesinada y no hay en este momento esclarecimiento ni qué fue lo que pasó en su caso en particular. 

¿Cómo continúa la investigación? 

Hoy la Fiscalía se estrella —como nos lo dijo desde entonces la propia fiscal— con la negativa del gobierno a entregarle información sobre lo que sucedió allí. Nuevamente, se ampara en la clasificación de la información, lo que impide que la Fiscalía pueda continuar con la investigación.

¿La alianza entre Estados Unidos y Ecuador ha sido transparentada, hay algún convenio al que se pueda acceder? 

No. 

Ha habido anuncios públicos de mayor colaboración, del Escudo de las Américas, de esta alianza en contra del crimen organizado lanzada desde Panamá, pero no hay un documento base ni mucho menos público al que podamos acceder que establezca los parámetros de esa colaboración.

En la entrevista, Goebertus habló sobre la independencia de los poderes en Ecuador. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿La colaboración entre Estados Unidos y Ecuador para la lucha contra el crimen organizado está dando más problemas que resultados?

Es lógico que los gobiernos busquen cooperar en la lucha contra el crimen organizado. 

El problema es la manera en que se está abordando la criminalidad organizada en Ecuador: por vía de la declaratoria de conflicto armado del gobierno de Noboa. Es equivocada y es ineficaz en la lucha contra el crimen organizado.

Este tipo de colaboración está basada en mala inteligencia, con abusos en el uso de la fuerza, no está reduciendo la capacidad del crimen organizado.

En la práctica, lo que está generando esta alianza es este tipo de violaciones a derechos humanos mientras el crimen organizado sigue avanzando. 

Sobre el conflicto armado interno, el informe hace una recomendación, ¿cuál es? 

El derecho internacional humanitario regula el uso de la fuerza en conflictos armados, y la interpretación que ha dado el Comité Internacional de la Cruz Roja permite establecer cuándo una situación de violencia pasa el umbral para convertirse en un conflicto armado.

No cualquier tipo de violencia, mucho menos de criminalidad, pasa el alumbrar para que exista un conflicto armado. Hay lugares con gran violencia, muchos de ellos en América Latina, y no por ello hay un conflicto armado. 

El análisis que ha hecho la Corte Constitucional con el cual nosotros coincidimos es que en Ecuador no se cumplen con los niveles ni de hostilidad ni de organización para considerar que existe un conflicto armado.

Sin esa declaratoria, ¿qué debería hacer el Ecuador para enfrentar al crimen organizado? 

Lo que debería desplegarse es una política de seguridad y justicia bajo las reglas que rigen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la Policía. Eso no significa, ni mucho menos, quedarse quietos o no poder usar la fuerza. Claro que se puede usar, pero como legítima defensa o para proteger a terceras personas, no como una primera opción de fuerza letal.

Lo más importante es entender que, si a lo que uno se está enfrentando es al crimen organizado, la respuesta debe ser, sobre todo, judicial. Hay que fortalecer la capacidad de investigación para cortar las redes de lavado de activos y de corrupción. Y eso es, desafortunadamente, lo que no se ha fortalecido en Ecuador.

Con el conflicto armado interno se ha normalizado la militarización en Ecuador, ¿esta decisión del presidente Noboa está dando pie a que haya abusos de derechos humanos? 

Sí, sin duda.

Desde 2024, a partir de la declaratoria de conflicto armado, empezamos a ver unos incrementos significativos en las denuncias por casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales de tortura y en general de abusos en el uso de la fuerza por parte de fuerzas militares.

En gran medida, lo que ha pasado es que, como no hay una buena caracterización ni un proceso de investigación que permita ir detrás de los máximos responsables de los distintos grupos que operan en Ecuador, lo que hay es una militarización de las calles.

Con mal entrenamiento, malas reglas sobre el uso de la fuerza y poca visión estratégica, se termina usando la fuerza letal contra personas que, en algunos casos, no forman parte del crimen organizado. Y, en otros, aunque puedan tener participación en el crimen organizado, existe de todas formas una prohibición de desaparecerlas, torturarlas o hacer un uso excesivo de la fuerza.

¿Cuál es la petición de Human Right Watch tras el informe?  

Bueno, insistir en que Ecuador renuncie a describir lo que sucede en el país como un conflicto armado y aborde la grave criminalidad como crimen organizado.

Eso implica poner en marcha una política de seguridad que sea efectiva y protectora de los derechos humanos. Y para lograrlo, hay que fortalecer la capacidad de la policía y la capacidad de investigación y judicialización. Me refiero a un incremento de capacidad forense, persecución penal estratégica, garantía de independencia de los jueces para que puedan cumplir su tarea.

Una cosa que me ha sorprendido en esta semana es que el gobierno parece más efectivo en tratar de debilitar a la oposición y a las organizaciones de sociedad civil que al crimen organizado. 

Se trata de tener una visión de desmantelar las redes del crimen organizado, cortarles sus redes de corrupción, cortarles sus redes de lavado de activos y eso no se logra con regímenes de excepción, con más militarización. Se logra con hacer la tarea de fortalecer la capacidad de policía, la capacidad de la Fiscalía de investigar y la capacidad de judicialización independiente. 

¿Cómo lograrlo en un estado que ha sido cuestionado precisamente por su independencia de poderes?

La gente tiene que poder darse cuenta en Ecuador que el gobierno les está vendiendo una supuesta solución de seguridad que en la práctica no está generando mayor seguridad. Es la ciudadanía la que puede exigirle a un gobierno que le está prometiendo eso, que lo cumpla y que cambie el tipo de políticas que está implementando.

Efectivamente, es un proceso muy delicado en Ecuador de un intento de cooptación de los distintos poderes públicos.

Ecuador sufre la herencia de un mal diseño institucional desde la época del correísmo que concentró en el Consejo de Participación la elección de todos los distintos entes de control y que hoy el gobierno Noboa logró cooptar también para cooptar a su vez el Consejo Nacional Electoral para hoy estar cerca de llegar a cooptar efectivamente la Fiscalía, etc.

Lo que habría que poner en la agenda desde la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía es poner en marcha reformas institucionales para recuperar la independencia de poderes. 

¿Hay alianzas de Estados Unidos con otros países en la región, así como la que hay con Ecuador?

Lo que está pasando en Ecuador, en mi opinión, es un piloto de lo que la administración Trump quiere hacer en el resto de América Latina.

Este es un llamado de alerta para países como Perú o Colombia, que ya han expresado su deseo de colaborar con la administración Trump. Porque, insisto, la colaboración per se no es mala, es deseable. 

El problema es la manera en la cual la administración Trump, primero, caracteriza esto como una amenaza terrorista. Y decide que lo que va a hacer es lanzar operaciones de bombardeo en el Caribe y en el Pacífico, que constituyen ejecuciones extrajudiciales. En nuestro conteo van más de 220 personas ejecutadas extrajudicialmente por parte de Estados Unidos a través de estos bombardeos en el Pacífico y en el Caribe. 

Goebertus explica por qué la declaratoria de conflicto armado no correspondería en Ecuador. Fotografía de Diego Lucero para GK.

¿En qué fechas?

La propia DEA —recientemente con un informe que fue filtrado por el Washington Post— demostró que desde el inicio de los bombardeos en contra de embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, lejos de reducirse la cantidad de drogas que ingresa a Estados Unidos, sigue en aumento y que, además de violatorio a los derechos humanos, es estratégicamente equivocado.

Las pequeñas embarcaciones, incluso cuando efectivamente cargan drogas, son el eslabón más débil de la cadena criminal. Son actores fungibles que la organización reemplaza muy fácilmente por el siguiente joven que ni estudia ni trabaja, que eventualmente termina reclutado para participar en una embarcación que lleve drogas.

Entonces, creo que es un llamado de alerta porque América Latina sí tiene un problema serio de crimen organizado, es verdad que tiene que enfrentarlo. Somos la región con la tasa más alta de homicidios, con la tasa más alta de impunidad por homicidios. Pero la receta que está ofreciendo Estados Unidos es muy poco efectiva en la lucha contra el crimen organizado y es violatoria de derechos humanos.

¿Con el triunfo de Abelardo de la Espriella y su cercanía expresa con Trump, los ataques podrían incrementarse en la zona del Pacífico y frontera?

No sabemos aún. No sabemos exactamente cómo vaya a ser. Lo que sí puedo insistir es que si Perú o Colombia pretenden copiar la receta que está aplicando Trump en Ecuador, lo que vamos a ver es que sigue creciendo el crimen organizado y que se cometen violaciones a derechos humanos.

En el informe dice que una de las recomendaciones también era que el Congreso de Estados Unidos fiscalice estas operaciones

Nosotros presentamos el informe en Washington el mes pasado, nos reunimos en el Congreso. Ha habido solicitudes de información de las distintas comisiones de relaciones exteriores, de armas, que han buscado mayor transparencia por parte del gobierno. 

La semana pasada hubo una carta publicada desde el Senado, es la primera carta alertando sobre la grave situación de derechos humanos en Ecuador y sobre los riesgos de colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Ecuador. 

La carta es por los hechos de San Martín y por la situación de seguridad en general en el país y por las violaciones a derechos humanos desde la declaratoria de conflicto armado.