¿Qué dice la reforma que blinda a servidores públicos y amenaza la libertad de expresión?

Cuando la asambleísta de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León, presentó el proyecto ley para reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dijo: “Sin prensa libre no hay democracia”.

El artículo 396 dice que la persona que profiera expresiones violentas, agresivas u hostiles en redes sociales, medios de comunicación y otras plataformas tecnológicas para desacreditar a otra, podría ir a prisión entre 15 y 30 días. 

León plantea añadir un nuevo apartado que disponga a un juez a verificar si esas expresiones son parte del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión —cuando se trate de asuntos de interés público— o son críticas contra servidores públicos. 

Por eso, organizaciones sociales han alertado que es una reforma que blinda a servidores públicos.

La asambleísta León dijo, en una entrevista con Carlos Vera, el 26 de enero, que su objetivo es que “la gente pueda expresarse libremente y, sobre todo, que los funcionarios mantengamos un nivel más amplio de tolerancia a la crítica. Esa es la motivación: la libertad”.

Pero la propuesta —que parece contradictoria al discurso de León— ha sido cuestionada. Defensores de la libertad de expresión y de prensa advierten que se trataría de una herramienta para “intimidar a periodistas”.

Francisco Rocha, ex director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), dice que es “una burda utilización de un artículo vigente que debería desaparecer”. Para él, el proyecto revela “una intención de amedrentar a los medios” y de blindar al poder para evitar que se destapen casos de corrupción.

“No tiene ni pies ni cabeza”, dice el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Mauricio Alarcón, sobre el proyecto, respaldado con 14 firmas de asambleístas de ADN como Andrés Castillo, Rosa Torres y Valentina Centeno.

Con el pretexto de “blindar a la libertad de expresión”, dice Alarcón, ADN abriría la posibilidad para que un juez califique subjetivamente expresiones e imponga sanciones penales.  “Aunque se pinta como algo positivo, termina siendo igual o peor de lo que tenemos hoy”, añade. 

Por ejemplo, el artículo 369 del COIP ya ha sido usado para castigar a periodistas. Según Fundamedios, organización que defiende la libertad de prensa en el país, el periodista guarandeño Jonathan Quezada fue sentenciado en 2024 por “descrédito o deshonra” mientras investigaba presunta corrupción judicial.

La reforma podría “reforzar la penalización de la libertad de expresión”, señala Periodistas sin Cadenas, una fundación que defiende el trabajo periodístico en Ecuador. 

Pero la asambleísta León dice que el proyecto se apega a “estándares internacionales” que garantizan que en Ecuador exista la libertad de expresión, y que los periodistas puedan “sentirse libres de denunciar la corrupción”, incluso del poder. 

La propuesta dice, en los antecedentes, que la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos —uno de los instrumentos más importantes a nivel mundial—, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1948. 

La propuesta de León también dice que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho penal debe utilizarse únicamente como última opción y solo frente a conductas verdaderamente graves. Es decir, que no cualquier expresión incómoda, fuerte o crítica puede dar lugar a prisión.

Sin embargo, César Ricaurte, director de Fundamedios, dice que hay jueces que no aplican los estándares internacionales a la hora de sentenciar porque “no tienen el conocimiento adecuado o porque no quieren aplicarlo ya que consideran que probablemente la libertad de expresión no es un derecho tan importante”. 

Darle esa potestad a un juez que no tiene la preparación puede ser negativo, advierte Ricaurte. 

Además, en el proyecto de ley hay una disposición general que dice que los jueces deberán aplicar un “test de proporcionalidad” basados en principios de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. Este es un método que usan jueces y tribunales para evaluar si una medida del Estado que limita un derecho fundamental —por ejemplo, la libertad de expresión— es constitucionalmente válida.

“Creemos que esto no va a favorecer a la protección ni a la garantía de la libertad de expresión”, señala Ricaurte. Ahí está el “gran peligro” de que la reforma sea aprobada.

Además, dice Mauricio Alarcón, el riesgo se agrava en un sistema de justicia con poca independencia, cuestionado y “servil al poder”. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura —el máximo órgano de gobierno del sistema judicial—, enfrenta un juicio político por supuestas presiones a funcionarios para influir en decisiones judiciales.

En ese escenario, explica Francisco Rocha, el beneficio terminaría siendo para el servidor público. “Lo que quieren es que no denunciemos cuando tenemos conocimiento de un hecho”, añade. 

No es una hipótesis lejana en un contexto en el que investigaciones periodísticas han destapado recientemente casos relevantes de posible corrupción en el gobierno central y en municipios, como la fallida venta de un terreno que salpica al alcalde del cantón La Libertad, Francisco Tamariz, revelada por el periodista Andrés López.

O también las supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de un funcionario cercano a Godoy para que fallara a favor de un narcotraficante serbio, un caso que se conoció a través de una columna publicada en Primicias.

“El funcionario, en general, cuando acepta un cargo, acepta estar en la palestra pública. Es decir, acepta que la opinión pública evalúe, para bien o para mal, los actos que realiza, y más aún cuando existen indicios de irregularidades”, añade Rocha. 

Con una reforma como la propuesta, investigaciones periodísticas que revelaron casos de corrupción —que involucran a funcionarios— difícilmente habrían salido a la luz. Por ejemplo, la investigación que expuso que la embajada de Ecuador en Londres celebró —con fondos públicos— el aniversario del asilo concedido a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien permaneció refugiado en esa sede diplomática. O el reportaje El policía que entrenaba a niños sicarios, publicado en GK.

Tampoco se podría haber publicado la investigación periodística que destapó una red de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. El reportaje reveló el financiamiento ilegal de campañas de la extinta Alianza PAIS mediante sobornos de empresas, entre ellas Odebrecht, a cambio de contratos públicos. Este trabajo periodístico desembocó en una investigación de la Fiscalía, primero conocido como Arroz Verde y luego Sobornos 2012–2016, en la que Correa fue condenado por cohecho.

¿Una motivación que queda sin sustento? 

Para sustentar su propuesta, el proyecto cita información de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Relator Especial de la ONU, quienes visitaron Ecuador en octubre de 2018 para evaluar la situación de la libertad de expresión en el país.

En la visita observaron que en el país se estigmatiza y persigue a periodistas, y que se usa la vía penal para silenciar, en lugar de privilegiar el derecho a informar.

El proyecto señala además que, durante el gobierno de Rafael Correa —entre 2007 y 2017—, periodistas y ciudadanos fueron judicializados por comentarios sobre autoridades, lo que generó un ambiente de autocensura. Pone como ejemplo uno de los casos más emblemáticos es el del diario El Universo. 

En febrero de 2011, Emilio Palacio, entonces editor de opinión del diario El Universo, publicó el artículo “No a las mentiras”, en el que cuestionó al entonces presidente Correa por su actuación en la revuelta policial de septiembre de 2010 —30S. 

Luego, Correa presentó una querella por difamación contra Palacio y otros directivos del diario. La justicia ecuatoriana condenó a Palacio y a tres directivos a tres años de prisión y al pago de indemnizaciones millonarias por supuestos daños al “honor” del presidente. 

Luego, la CIDH consideró que estos procesos, entre otros, afectaron la libertad de expresión y llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que se violó el derecho a la libertad de expresión porque las sanciones penales y civiles impuestas fueron innecesarias y desproporcionadas para proteger el honor de un funcionario público.

Pero todos estos antecedentes del proyecto de ley parecerían contradecirse con la propuesta.

La asambleísta León dijo que el artículo 396 “mantiene ciertos vacíos que han permitido en otros gobiernos que se persiga, hostigue, intimide, a los periodistas y a los comunicadores, eso es lo que buscamos evitar [con la reforma]”, explicó en la entrevista con el medio radial RTP.

Por eso —dijo en la misma entrevista— antes de presentar la propuesta se reunió con “gremios de periodistas”. Pero cuando el entrevistador Ramón Sonnenholzner le preguntó cuáles, respondió que no estaba autorizada a revelar los nombres. 

— Cómo se desnuda públicamente de que no ha habido una socialización; dígame los nombres, le increpó el periodista. 

— Claro que hubo una socialización, contestó la asambleísta. 

— No engañe a la ciudadanía, le respondió Sonnenholzner. 

Francisco Rocha dice que ninguno de los gremios de periodistas con los que ha conversado tienen conocimiento del proyecto de ley. Incluso, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) expresó su “gran preocupación” ante el proyecto de reforma. Dijo que el texto vulnera derechos constitucionales y por eso pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea que no califique el proyecto. 

Hasta el 27 de enero, la propuesta está en la Unidad Técnica de Análisis para el análisis. Luego, deberá ser analizado por el CAL y aprobado con 77 votos del Pleno de la Asamblea. 

Una verdadera garantía para la libertad de expresión 

En 2019, un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas señaló que al artículo 396 del COIP es una disposición “sumamente vaga y ambigua y, por lo tanto, produce un innegable efecto desalentador e inhibidor de las manifestaciones orales”.

Por eso, instaron al Estado ecuatoriano a derogar esa disposición. 

Según Alarcón, bajo los estándares interamericanos ninguna forma de expresión u opinión debería estar penalizada. “No importa si es una privación de libertad de muchos años o, como ahora, de 15 a 30 días”, dice. A su criterio, en el sistema interamericano el derecho al honor no es superior a la libertad personal.

Los estándares interamericanos sí reconocen la protección del honor, pero establecen que cualquier reclamación debe tramitarse por la vía civil —por ejemplo, mediante una indemnización— y no por la vía penal con sanciones de prisión.

“Si se quiere evolucionar lo que dice el Código Penal ecuatoriano, la única opción es despenalizar toda forma de expresión u opinión”, agrega. 

Esta propuesta de reforma se da en un contexto en el que medios y periodistas enfrentan censura desde diferentes ángulos. Por ejemplo, el diario Expreso ha sido atacado por el gobierno de Noboa para supuestamente doblegar su “línea editorial”. Este es uno de los medios más críticos con el gobierno. 

También la periodista Gisella Bayona salió de TC Televisión —un medio manejado por el gobierno. En sus redes sociales, Bayona había sido crítica del gobierno. Cuando salió del canal, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “¿Quieren saber por qué?”, escribió, refiriéndose a las causas por las que la despidieron. 

“Para mí, callar no es una opción y no solo como periodista sino como ser humano porque no es normal vivir con miedo a opinar, no es sano”, dice en el video. Bayona también dijo que un país donde la gente tiene miedo de hablar “es un país enfermo y una sociedad enferma, que no se cura persiguiendo las voces, sino escuchándolas”.

Para Rocha, la reforma podría convertirse en una herramienta similar a la que fue la Ley de Comunicación durante el correísmo, usada para presionar y castigar la crítica: “La ley mordaza”. 

Entre el 1 y el 26 de enero, según la Fundación Periodistas Sin Cadenas, hubo una agresión diaria contra medios y periodistas, incluidas dos amenazas de muerte contra comunicadores de Santa Elena tras revelar presuntos casos de testaferrismo y venta irregular de tierras que involucrarían a autoridades locales.

GK pidió una entrevista con la asambleísta Camila León el 26 de enero, pero hasta el cierre de esta nota no fue concedida. Tampoco quiso referirse al tema el asambleísta Andrés Castillo, quien respaldó la propuesta.