El pasado 24 de mayo asumieron funciones los flamantes legisladores y no esperaron ni un mes para aprobar, tras años de polémica, el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación —o “ley mordaza”, como la llaman sus críticos—, sobre un texto afinado a última hora por Mauro Andino luego de reunirse con el Presidente Correa, antes de ser votado “por capítulos” y sin debate en la Asamblea Nacional.
Luego de esta aprobación express, el proyecto irá al despacho del Presidente Correa —mejor dicho, de su Secretario Jurídico, Alexis Mera— para aprobarlo o vetarlo. Ya sabemos, en la práctica, que el texto tuvo el previo visto bueno del Presidente, pero aún así vale la pena recordar que el Mandatario tiene el deber de proteger la Constitución y, por tanto, tiene la obligación —ojo: no la facultad— de vetar todos aquellos artículos del proyecto que violen la Norma Fundamental o el derecho internacional de derechos humanos.
Propongo, entonces, un ejercicio de utopía: ¿qué debería vetar el Presidente si su prioridad número uno fuera el respeto a la Constitución? A continuación, algunas sugerencias.
La primerísima sería la más utópica de todas: renunciar a controlar el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, así como la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidades administrativas que sancionarán a los medios cuando, a su juicio, se porten mal.
De los cinco miembros del Consejo (art. 48), uno lo nombra el Presidente, otro los Consejos Nacionales de Igualdad (supeditados al mismo Presidente), otro el Consejo de Participación Ciudadana (que siempre ha elegido a los candidatos favoritos del Presidente) y otro el Defensor del Pueblo (nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, afín al Presidente).
En cuanto a la Superintendencia, hay menos disimulo: el Superintendente es elegido entre una terna directamente enviada por el Presidente (art. 55).
Que las sanciones al periodismo dependan de organismos políticamente controlados por el Ejecutivo, es, por sí solo, una grave amenaza a la libertad de expresión. La razón salta a la vista: si el periodismo político tiene por finalidad investigar y denunciar al poder, mal puede este poder convertirse en el juez del periodismo. Los pájaros disparando a las escopetas.
La segunda sugerencia sería eliminar la pintoresca figura del “linchamiento mediático” (art. 26), que no es más que un simpático y rimbombante escudo para encubrir la corrupción. Prohibir la «la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica, o reducir su credibilidad pública», significa, en buen cristiano, prohibir la investigación de la corrupción. Obviamente, cuando un medio publica información que revela prácticas oscuras de funcionarios de gobierno, se afecta su credibilidad. ¡Y esa es la idea! Esta norma debería ser urgentemente eliminada antes de que Duzac, Pedro Delgado, el “comecheques” o Glas Viejó pasen a engrosar, jurídicamente, la noble categoría de “linchados mediáticos”.
Mi última sugerencia tiene que ver con un asunto menos lírico, pero que quizás sea la médula política de esta Ley de Comunicación: la prohibición de publicidad producida en el extranjero (art. 98). El proteccionismo absurdo de la norma tiene, como único efecto, el lucro astronómico de las productoras y empresas nacionales —en un mercado donde tiene mucho éxito una de las familias más poderosas de este gobierno—, que deberán generar toda la publicidad que se pretenda lanzar en el Ecuador. Negocio redondo.
Por supuesto, este artículo es una ilusa utopía. Los argumentos jurídicos, los derechos humanos y la supremacía constitucional son minucias frente al interés político de aplastar la crítica periodística y adueñarse del mercado publicitario. El Presidente no va a vetar la ley por estos motivos. Entonces no quedará más que impugnar la ley ante la Corte Constitucional… que él mismo controla. Otra ilusión. Parece, en fin, que el control constitucional de las leyes se ha vuelto, desde todos los frentes, una de las más exitosas utopías en el Ecuador.
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Héctor Yépez Martínez