Los operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires, explicados

Misiles y fuego de mortero —un tipo de artillería que lanza proyectiles explosivos a corta distancia— de las Fuerza Armadas caen encima de campamentos de minería ilegal en las montañas de Buenos Aires. El video, grabado desde un helicóptero que sobrevuela la parroquia rural del cantón Urcuquí, en la provincia norandina de Imbabura, fue compartido el 19 de octubre de 2025 por el presidente Daniel Noboa.

“No vamos a parar ante presiones o amenazas”, escribió, asegurando que el gobierno continuará con los operativos “contra la minería ilegal y los políticos que la protegen”.

Ese fue el más reciente operativo que los militares hicieron en esa zona, y que comenzaron en julio de 2025. 

Entre julio y octubre de 2025, las Fuerzas Armadas han ingresado varias veces a la zona para desmantelar campamentos y maquinaria usada en la minería ilegal. En estos operativos, hubo enfrentamientos, máquinas destruidas y 13 personas detenidas —entre ellas varios ciudadanos colombianos. Un militar murió y tres resultaron heridos.

El 19 de octubre de 2025, los militares destruyeron más de 700 bocaminas —entradas de túneles usados para extraer oro sin control del Estado— y procesadoras —estructuras donde se separa el mineral con químicos contaminantes. 

También incautaron fusiles y municiones, y detuvieron a cinco personas armadas. Entre ellas, presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra (FOS), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en la frontera norte. El FOS es recordado en el Ecuador por ser la organización narcocriminal que secuestró y asesinó a tres periodistas de diario El Comercio en 2018. 

Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, con estos ataques el gobierno busca eliminar “múltiples bocaminas ilegales” y desarticular a los grupos armados que operan en los sectores de Mina Nueva y Mina Vieja, en las zonas altas de la parroquia Buenos Aires.

Buenos Aires está a unos 80 kilómetros de la frontera con Colombia, en una zona montañosa de difícil acceso. Su proximidad con la frontera facilita el desplazamiento de grupos criminales entre ambos países.

Loffredo dijo que las Fuerzas Armadas habían tomado “posesión total del territorio” y anunció la instalación de una base militar permanente. Desde el inicio del gobierno de Noboa, las Fuerzas Armadas sólo han hecho patrullajes y operativos temporales en Buenos Aires. Es decir, llegan, incautan, y se van.

El Ministerio de Defensa anunció que esta base —conformada por unos 300 militares— permanecerá de forma indefinida para mantener el control territorial y evitar el retorno de la minería ilegal.

Según el Ministerio de Defensa, antes del ataque aéreo se evacuó a las personas que vivían o trabajaban en los campamentos de minería ilegal cercanos a las minas ubicadas en las zonas altas de Buenos Aires. El gobierno advirtió que cualquier ingreso no autorizado a esa área será considerado una amenaza a la seguridad nacional.

Para el experto en seguridad Daniel Pontón, las operaciones en Buenos Aires no solo tienen un propósito militar, sino también político. Explica que el gobierno busca proyectar una narrativa de autoridad y control en medio del paro nacional que terminó el 22 de octubre de 2025.

Pontón añade que estas operaciones también funcionan como una estrategia política previa a la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025, al proyectar liderazgo y control frente a la inseguridad.

Según un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Buenos Aires hay presencia de al menos cinco grupos armados que vinculan su actividad con la minería ilegal.

“El bombardeo no solo apunta a recuperar un territorio, sino a enviar un mensaje: el Estado mantiene autoridad pese al conflicto social”, dice Daniel Pontón.. Según el experto en seguridad, la ofensiva combina una estrategia de control territorial con una narrativa de fuerza que busca reforzar la imagen del gobierno.

¿Qué pasa en Buenos Aires?

Buenos Aires está en el norte de la provincia de Imbabura y tiene cerca de 3.000 habitantes. Es una zona agrícola y montañosa donde se cultiva café, caña, maíz y frutales, pero el hallazgo en 2017 de vetas de oro —concentraciones naturales del mineral dentro de la roca— transformó su economía.

Con la llegada de buscadores de oro, surgieron campamentos improvisados que con el tiempo se consolidaron en un enorme asentamiento informal conocido como la Ciudad de Plástico, por las carpas y techos de lona que lo cubrían.

Esta zona llegó a albergar más de 7.000 personas, controladas en su mayoría por grupos criminales armados que condicionaban y controlan el ingreso, cobraban tarifas o “peajes” y regulaban el comercio del oro: fijaban precios de compra, controlaban quién podía vender el mineral y se quedaban con un porcentaje de cada transacción.

En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Estado desplegó 2.400 militares para desalojar los campamentos. Pero fue una medida parche: la minería ilegal se reactivó pocos meses después. Desde entonces, Buenos Aires ha sido escenario de operaciones militares periódicas que destruyen campamentos y procesadoras, pero no han logrado eliminar del todo el negocio ilegal.

En 2025, hubo dos operativos previos al del 19 de octubre en Buenos Aires. El primero, el 3 de julio, en el sector de Mina Vieja, en el que murió el soldado Erick Alexander Tituaña; y el segundo, el 30 de julio, cuando seis miembros de Los Lobos fueron detenidos tras enfrentarse con disidencias de las FARC por el control de las rutas de extracción de oro.

Según Pontón, Buenos Aires dejó de ser una zona rural agrícola para convertirse en punto de minería ilegal dominado por economías criminales que mezclan minería, contrabando y lavado de dinero. 

El experto dice que las intervenciones militares en zonas como Buenos Aires no logran resultados duraderos porque el Estado no mantiene una presencia constante y las organizaciones criminales se adaptan con rapidez. “Cuando las Fuerzas Armadas ingresan, los grupos se repliegan o se esconden; pero una vez que el operativo termina y el control estatal disminuye, las mafias vuelven a ocupar el territorio”, dice Pontón.

Esto ocurre, continúa, porque la capacidad del Estado para sostener el control territorial es limitada tanto en recursos como en inteligencia. A esto se suma la geografía montañosa y de difícil acceso, que facilita el retorno de los mineros ilegales y complica las labores de vigilancia.

Por eso, dice, “las tomas nunca son definitivas”. El patrón ha sido siempre el mismo: operaciones intensas, retiro militar y posterior reaparición de las redes ilegales. La presencia de una base permanente podría reconfigurar esta situación. 

Las posibles represalias por operativos

El 15 de octubre de 205, dos días después del operativo en Buenos Aires, hubo una explosión en un punto comercial de Guayaquil que dejó un muerto y más de 30 heridos. 

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que fue una represalia de Los Lobos por las operaciones contra la minería ilegal en Imbabura. “Estamos enfrentando estructuras que reaccionan cuando el Estado toca sus economías ilegales”, dijo.

Los Lobos han tenido tanto enfrentamientos como alianzas puntuales con disidencias de las FARC.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, en el norte del país se han enfrentado con bandas criminales como Comandos de la Frontera, mientras que con el Frente Oliver Sinisterra —una disidencia de las FARC— mantienen cooperación en actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

Pontón dice que esa conexión evidencia el alcance de las economías criminales: “Los grupos que controlan minas también manejan rutas, armas y dinero. Cuando se golpea un eslabón, el sistema responde”.

GK conoció que los explosivos usados en la explosión del carro bomba en Guayaquil provendrían de un lote robado en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, una zona minera donde operan Los Lobos.

El experto en seguridad Pontón dice que la coincidencia entre los bombardeos y hechos como el carro bomba en Guayaquil fortalece la narrativa de autoridad estatal. “Cuando se trastocan intereses criminales puede haber represalias, eso es esperable”, explica. 

GK solicitó información al Ministerio de Defensa y al Ejército sobre los operativos realizados en Buenos Aires y el funcionamiento de la base militar que el gobierno anunció para esa zona. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.