En junio de 2020, mientras la pandemia del covid-19 colapsaba hospitales y dejaba cadáveres en las calles de Guayaquil, una avioneta se estrelló en Tumbes, Perú, cerca de la frontera con Ecuador. A bordo iban cuatro personas. Una de ellas era Daniel Salcedo, un hombre de treinta y tantos años, piel morena, cabello oscuro y músculos tallados a punta de gimnasio. Hasta entonces era apenas un rostro conocido en redes sociales.
El accidente lo sacó del anonimato. Poco después, la Fiscalía confirmó que Salcedo estaba siendo investigado por corrupción en hospitales públicos de Guayaquil, la ciudad más golpeada por el virus. Desde entonces, su nombre no ha dejado de aparecer en expedientes judiciales.
Cinco años después, en 2025, Salcedo tiene seis sentencias por delitos como peculado, lavado de activos, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, fraude procesal y delincuencia organizada. Además, es uno de los investigados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023.
Convertido en uno de los emblemas de la corrupción en Ecuador, acumula 36 años de prisión.
Estas son las sentencias de Daniel Salcedo.
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Lo descubrieron con un celular en la celda
Daniel Salcedo estaba en prisión preventiva tras ser involucrado en una red de corrupción en los hospitales.
El 6 de julio de 2021, mientras Salcedo estaba, vía telemática, en una audiencia de juicio por lavado de activos con el Tribunal Penal de El Oro, fue sorprendido usando un iPhone dentro de su celda en la Cárcel 4, en Quito.
Lo descubrieron en una requisa ordenada por el entonces director del centro, Henry Soria, tras recibir una alerta de que Salcedo manipulaba un objeto parecido a un celular durante la audiencia.
El teléfono, de color negro y sin chip, fue encontrado junto a un cargador blanco. Estaba dentro del estuche de una laptop que le habían dado para que se conecte a la audiencia.
La Fiscalía acusó a Salcedo de tener un artículo prohibido dentro de un centro penitenciario. Durante el juicio por este caso, la defensa de Salcedo dijo que el teléfono no le pertenecía y que había sido colocado sin su conocimiento por otro reo.
Moisés Chavarría Aranda, también privado de libertad en la Cárcel 4, declaró que él había metido el celular en la celda de Salcedo. Dijo que lo escondió en el estuche de la laptop cuando subió a entregarle el computador por orden del director. Según su testimonio, lo hizo porque había escuchado rumores de una posible requisa y no quería que lo descubrieran a él.
Chavarría dijo que el dispositivo era suyo y que lo usaba para comunicarse con su familia.
La jueza Luz Marina Serrano Lasso dijo que la versión de Chavarría era inconsistente y tenía contradicciones. En la sentencia se determinó que el celular fue encontrado en una celda que ocupaba sólo Salcedo.
El 27 de agosto de 2021, Salcedo fue condenado como autor directo del delito de posesión de artículos prohibidos a 36 meses de prisión y una multa de cuatro salarios básicos, es decir, más de 1.000 dólares.
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Operaciones comerciales ficticias
Salcedo fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos. El caso empezó en 2020.
Según la Fiscalía, Daniel Salcedo, accionista de Salnoedan Productions S.A., Paliye S.A., HDC Producciones, Higcistem Cía. Ltda., Mare World Group Cía. Ltda., Industrias Saldanobo C.A., usó esas compañías para hacer operaciones comerciales ficticias, transferencias bancarias y movimientos financieros para lavar dinero de origen ilícito.
La Fiscalía dijo que los fondos provenían de delitos precedentes como peculado, fraude procesal y delincuencia organizada —casos en los que estaba siendo investigado—, uno de ellos relacionado con contratos irregulares en el sistema de salud pública durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
Entre las pruebas presentadas hubo informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que identificaron inconsistencias entre los ingresos registrados por las empresas y los movimientos en sus cuentas bancarias.
También se presentaron documentos sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles, como vehículos de alta gama, importados con exoneraciones obtenidas mediante el uso de un carné de discapacidad auditiva del 41 % que supuestamente tenía Daniel Salcedo, y transferencias al extranjero —incluyendo dos giros a Puerto Rico por 550 mil y 700 mil dólares, y una transferencia a Estados Unidos por 102 mil dólares a su nombre.
Durante el juicio, la defensa argumentó que no se probó el origen ilícito de los recursos ni la existencia de una relación directa entre las operaciones financieras y actividades delictivas.
En 2022, el tribunal penal de El Oro lo absolvió de los cargos y ratificó su inocencia. Pero en 2024, la Corte Nacional de Justicia aceptó un recurso de casación de la Fiscalía y lo declaró culpable del delito de lavado de activos.
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Fundas de cadáveres con sobreprecio
Daniel Salcedo Bonilla fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de peculado. La sentencia determinó que Salcedo participó en la adquisición irregular de fundas para cadáveres para el Hospital General del IESS Los Ceibos, en Guayaquil, en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19.
La sentencia fue dictada la noche del 5 de julio de 2021.
La Fiscalía dijo que hubo una red ilícita para direccionar el contrato de las fundas de cadáveres a Silverti S.A., empresa que vendió 4.000 fundas para cadáveres a 148 dólares cada una al hospital, cuando en el mercado costaban alrededor de 20 dólares.
El contrato tuvo un valor de 872.000 dólares, lo que representó un sobreprecio superior al 300%. Las proformas presentadas por otras compañías —entre ellas Bioim, vinculada a Ecap-Mediq, empresa en la que Salcedo fue accionista — tenían valores más altos para mostrar a la proforma de Silverti como la más favorable, según la Fiscalía.
La defensa de Salcedo dijo que no era funcionario público ni había firmado el contrato, que no recibió pagos por el contrato de las fundas. Pero el tribunal dijo que su rol como coautor del delito de peculado estaba probado. Se benefició económicamente y participó en la estructuración del negocio.
Además de Salcedo, fueron sentenciadas a 13 años de prisión como autoras directas Susana Paola Mera, exgerente del hospital, Cristina del Rocío Goya, responsable de compras públicas, y Johana Isabel Vinueza (exsubdirectora administrativa y financiera).
La Fiscalía señaló que las funcionarias del hospital “dispusieron abiertamente de fondos públicos” en medio de la emergencia sanitaria, destinando recursos que, con precios justos, habrían permitido comprar más de 500.000 mascarillas quirúrgicas o 45.000 trajes de bioseguridad.
- Era ‘asesor’ del narcotraficante Leandro Norero
El 30 de julio de 2024, Salcedo fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión como autor del delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis.
Salcedo se acogió a un procedimiento abreviado, es decir, una forma más rápida y simplificada de terminar un juicio, cuando el acusado acepta su responsabilidad en el delito.
Admitió su participación en la estructura criminal que operaba desde la cárcel de Latacunga bajo el mando del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022. A cambio de esa colaboración con la Fiscalía, la pena contra Salcedo fue reducida a 40 meses de prisión.
Según la sentencia, Salcedo tenía un rol de colaborador directo en la organización liderada por Norero. Usaba la aplicación encriptada Threema, donde era identificado con los alias Bello y Bellito, para recomendar contactos judiciales a Norero y sugerir estrategias para lograr su liberación irregular.
También admitió haber hablado con Norero sobre mecanismos para lavar activos y planificar delitos relacionados con la obtención de contratos públicos en Petroecuador, en la Corporación Eléctrica del Ecuador o en el IESS.
Según su relato, la estrategia consistía en comprar cargos directivos dentro de estas instituciones para facilitar contrataciones y recuperar lo invertido mediante sobreprecios o favores ilegales.
La Fiscalía dijo que Salcedo se jactaba de tener acceso directo a jueces y funcionarios del sistema judicial, sin necesidad de intermediarios. Uno de esos vínculos era con Mayra Salazar, quien entonces era relacionadora pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas —y también fue sentenciada en el caso Metástasis.
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Intentó escapar con documento falsificado
El 8 de junio de 2020, Salcedo intentó escapar de Ecuador en una avioneta tipo Cessna.
La avioneta salió del aeropuerto de Guayaquil bajo las revisiones de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC). Habría hecho una parada en la provincia de El Oro para alterar su matrícula, e ir hacia Tumbes, Perú.
Pero la aeronave se estrelló en territorio peruano. Cuando fue rescatado, Salcedo se identificó ante las autoridades locales como Abraham Muñoz, usando una cédula y un pasaporte alterados: los documentos contenían los datos de Muñoz, pero llevaban la fotografía de Salcedo.
Muñoz era el entrenador personal de Salcedo.
En ese momento, Salcedo ya enfrentaba investigaciones por corrupción vinculadas a contrataciones públicas. Según la sentencia por el delito de fraude procesal, el objetivo de la suplantación fue entorpecer los procesos penales en curso y evadir a la justicia.
Más adelante, la Dirección Nacional de Migración certificó que no existía ningún registro oficial de salida del país a nombre de Salcedo ese día.
En julio de 2021, un tribunal de Machala dictó la sentencia condenatoria en primera instancia, y le impuso cuatro años de prisión. Sin embargo, en marzo de 2022, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas redujo la pena a 20 meses. La Fiscalía apeló ese fallo ante la Corte Nacional.
El 22 de abril de 2025, la Corte Nacional lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de fraude procesal.
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Siguió usando un celular en la cárcel
El 24 de junio de 2025, un tribunal penal de Guayaquil sentenció a Salcedo a 16 meses de prisión por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.
Salcedo admitió su responsabilidad por tener un teléfono celular en su celda en La Roca, en Guayaquil.
Según el fallo, el 26 de abril de 2025, durante un operativo de control hecho por las Fuerzas Armadas y la Policía se encontró un iPhone blanco dentro de la celda 14, ocupada por Salcedo.
Una pericia informática determinó que ese mismo día el celular se conectó a la red wifi institucional identificada como “CPL-LA ROCA-audiencia” entre las 2:53 pm y las 5:23 pm, lo que confirmó que fue usado dentro de la cárcel.
Salcedo pidió acogerse a un procedimiento abreviado. Además de la pena, recibió una multa de cuatro salarios básicos unificados —1.840 dólares— y le confiscaron el celular.
Esta fue la segunda vez que Salcedo fue condenado por el ingreso de un celular a la cárcel.
Otra investigación en curso
Salcedo es investigado por la Fiscalía como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Su nombre aparece junto a los de ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glas, José Serrano, Ronny Aleaga, y además, Xavier Jordán, según un documento de la Fiscalía filtrado que revela su presunta participación en la investigación previa, que empezó en octubre de 2023.
La principal prueba contra Salcedo proviene de la versión libre de Lenin Vimos, sentenciado en el caso Plaga, quien dijo que Salcedo era el “enlace entre los políticos y Los Lobos”, grupo criminal al que se atribuye el asesinato. Vimos aseguró que alias Invisible, líder de Los Lobos, le confirmó los vínculos entre Salcedo, Jordán y el crimen.
El 27 de junio de 2025, tras un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba, Salcedo rindió un testimonio anticipado.
Aunque aún no ha sido vinculado al caso, Salcedo es el único de los cinco investigados que ha accedido a rendir testimonio.
Para Amanda Villavicencio, hija del candidato asesinado, Salcedo sí forma parte de la red criminal responsable y su declaración podría revelar el entramado político-criminal detrás del crimen.
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