Los largos tentáculos de la corrupción en la pandemia

En junio de 2020, cuando aún la pandemia del covid-19 azotaba con fuerza al Ecuador y gran parte del mundo, se cayó una avioneta en Tumbes, Perú, una ciudad fronteriza entre ambos países. 

Este reportaje es parte del proyecto transnacional Vigila la Pandemia, coordinado por Convoca.pe

En la aeronave viajaban cuatro personas. Una de ellas era Daniel Salcedo Bonilla, un hombre de treinta y tantos años, moreno, de pelo oscuro, con músculos trabajados en largas horas de gimnasio que exhibía en sus fotos en redes sociales. Hasta entonces, su nombre era poco conocido para la mayoría del país. Tras el accidente, se hizo público que la Fiscalía lo investigaba por presuntos hechos de corrupción en dos hospitales públicos de Guayaquil, la ciudad más afectada por el coronavirus. 

Más de dos años después, Salcedo enfrenta, desde la prisión, cinco procesos judiciales. Los más graves son por peculado, lavado de activos y delincuencia organizada. Los tres están en distintas etapas. Por uno de ellos, el de peculado, ya tiene una sentencia a 13 años de prisión, como autor directo en el proceso de adjudicación de fundas para cadáveres con sobreprecio en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Los Ceibos. En este caso, está prevista una audiencia de apelación para el 5 de septiembre próximo —faltan, por lo menos dos instancias más para que la sentencia quede ejecutoriada. 

Mientras sus procesos se resuelven, Salcedo ha interpuesto, al menos, una docena de hábeas corpus para intentar salir de prisión; el más reciente en agosto de 2022. Ninguno de estos recursos ha logrado su objetivo, y él sigue cumpliendo prisión en la Cárcel 4 de Quito. 

En el proceso por lavado de activos fue ratificada su inocencia. Ahora, el expediente está en casación, la última instancia en la que un proceso judicial puede ser apelado. El de delincuencia organizada está en etapa de juicio, por lo que aún podría durar varios meses para que haya una primera sentencia que, a su vez, podría ser apelada en otras instancias de la justicia.

Los dos otros procesos son por fraude procesal y por ingreso de materiales no permitidos a la cárcel. El primero se abrió después de que la justicia determinara que Salcedo habría intentado fugarse cuando la avioneta en la que viajaba cayó. Por este caso, fue sentenciado a cuatro años de prisión, pero un tribunal decidió reducir la pena y ya tiene boleta de excarcelación. El segundo se inició tras la viralización de un video que mostraba a Salcedo bailando, desde la prisión. Tras la difusión se descubrió que tenía un teléfono celular dentro de la cárcel. La justicia lo condenó a tres años de prisión.

Estos cinco procesos han mantenido el nombre de Salcedo en los titulares de la prensa sobre los casos que se investigan desde el inicio de la pandemia hasta dos años y medio después. Su nombre se enlaza con el de personajes políticos y funcionarios públicos también señalados por presuntos actos de corrupción en el peor pico de la pandemia. 

Aunque han pasado más de dos años de la caída de la avioneta —el 79% de los ecuatorianos ya tienen las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y Ecuador se recupera de la crisis que dejó la pandemia—, los casos de corrupción en contra de Salcedo continúan. 

Este es un recuento para entender hasta dónde llegan los tentáculos de este personaje que parece el núcleo de la corrupción en los hospitales durante la pandemia. 

Los vínculos con la familia Bucaram

Unos días antes de que la avioneta se accidentara en Tumbes, mientras Ecuador vivía uno de los picos más difíciles de la pandemia por el Covid-19, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en Guayaquil. Presumían que existían irregularidades en la compra de fundas para envolver a los miles de cuerpos que se amontonaban en el Hospital del IESS Los Ceibos, en Guayaquil. Algunos morían en el hospital, otros en la sala de espera, otros llegaban sin vida en los brazos de sus familiares desesperados.

La presunción de la Fiscalía se confirmó cuando se descubrió que en el portal de compras públicas —por el que deben pasar todos los procesos de adquisición de bienes y servicios para las instituciones del Estado— constaba que este hospital había comprado 4 mil bolsas para embalaje de cadáveres a 148,5 dólares cada una. El precio en el mercado estaba entre los 12 y 25 dólares por unidad: entre cinco y 12 veces menos. El monto total del contrato alcanzó los 594 mil dólares y la empresa adjudicada fue Silverti S.A, cuya gerente desde 2019 es Sandra Ortega Romo, quien fue sentenciada por peculado, al igual que Salcedo, por la venta de fundas de cadáveres. 

La Fiscalía dijo que Silverti S.A., vinculada a Salcedo, presentó la propuesta más barata para la compra de fundas de cadáveres, pero estas tenían un sobreprecio de 300%.

Uno de los allanamientos en este caso fue en el Hospital del IESS de Los Ceibos. La Fiscalía reportaría después que una de las irregularidades encontradas fue en el kárdex —el sistema por el cual un hospital está obligado a registrar el ingreso y la salida de los insumos que utiliza, para llevar un inventario y garantizar el buen uso de los recursos públicos—.  Mientras la Fiscalía allanaba el hospital, una funcionaria registró el ingreso y la salida de las fundas de cadáveres. 

Según una fuente cercana al proceso, que pidió la reserva de su nombre, la funcionaria alegaría después que ella no conocía del allanamiento y que la información fue coincidencialmente llenada el mismo día en que este ocurrió porque “no había tenido tiempo de hacerlo antes”. El comportamiento llamó la atención de la Fiscalía porque, en un proceso de compras regular, el ingreso de los implementos médicos se hace al momento en el que son recibidos en el hospital, tras una compra.

Cada vez que un insumo se utiliza debe quedar registrado en el momento en el que se usa, no después. Por eso, las autoridades de justicia se alertaron al conocer que, en el caso de las fundas para cadáveres, tanto el registro y la salida de las fundas se hizo el mismo día del allanamiento del hospital para investigar posibles irregularidades.

Entre las 14 personas que fueron detenidas en el operativo, no estaba Daniel Salcedo, quien, para esa fecha, ya estaba en el radar de las autoridades ecuatorianas pero seguía siendo un desconocido para la mayoría de la ciudadanía. Salcedo no trabajaba en el hospital. El vínculo entre él y las bolsas de cadáveres se conocería luego. Nadie sabría de él hasta cuatro días después, cuando la avioneta en la que intentaba escapar de la justicia ecuatoriana se estrellara. 

El intento de fuga puso el foco de atención sobre Salcedo Bonilla y los vínculos que, según la Fiscalía, mantenía con la familia del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz, especialmente con su hijo, Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley, quien fue asambleísta entre 2009 y 2014. 

Entre julio y diciembre de 2019, Salcedo habría hecho donaciones económicas para el equipo de fútbol 9 de Octubre, que entonces era presidido por Dalo Bucaram Pulley. Esta evidencia fue utilizada por la Fiscalía en una de sus investigaciones. Las donaciones se habrían hecho desde dos empresas de Salcedo Bonilla: HDC Producciones y Salnoedan. La primera habría donado 49.700 dólares, y la segunda, 30 mil dólares. 

Los casos de corrupción no solo alertaron a las autoridades de justicia, sino también a la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, encargada del control político de las responsabilidades que pudieran tener los funcionarios públicos. Un año después del accidente de avioneta, en una comparecencia en esta comisión, Bonilla Salcedo aceptó que conocía a Dalo Bucaram pero negó que hubiera vínculos entre Bucaram y su empresa HDC Producciones. Pocos días antes de esa comparecencia, Salcedo Bonilla había sido sentenciado a 13 años de prisión por peculado: fue encontrado culpable de vender las bolsas de cadáveres con sobreprecio. 

A raíz de esa investigación, se abrieron dos más: una por delincuencia organizada —en la que, además de a Salcedo Bonilla, inicialmente, se investigó al expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, a sus tres hijos Jacobo, Dalo y Michel, y a su nuera, Gabriela Pazmiño— y otra por lavado de activos.

Ambos delitos, lavado de activos y delincuencia organizada están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El primero, lo cometen quienes tengan, entreguen u oculten activos de origen ilícito.  En el segundo, por delincuencia organizada, puede ser juzgado quien forme un grupo estructurado de dos o más personas que financien de cualquier forma actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos.

Además de las presuntas donaciones al equipo de Dalo Bucaram, la sospecha de los vínculos entre Daniel Salcedo Bonilla y la familia del expresidente de la República aumentó cuando se  hizo público que la avioneta en la que Salcedo Bonilla y sus acompañantes se accidentaron pertenecía a la empresa Granjas Marinas Doble “A” – Gramada S.A., de propiedad de Alfredo Adum, amigo cercano de Abdalá Bucaram. Adum fue ministro de Energía durante su gobierno y candidato a la alcaldía de Guayaquil por el PRE, el partido que lideraba Bucaram en los 90.

La avioneta donde se accidentó Daniel Salcedo. Fotografía de la Policía Nacional del Perú.

Adum confirmó que se trataba de una avioneta familiar, pero dijo que no conocía del vuelo que sacó a Salcedo Bonilla de Ecuador, y que terminó accidentado en Perú. El mundo vivía aún los días más difíciles de la pandemia e incluso la frontera con Perú estaba cerrada. “Le han dado plata a mi piloto para que les preste la avioneta para una fuga premeditada hecha a mis espaldas”, dijo Adum a Ecuavisa en esa época. 

Por estos hechos, Adum fue inicialmente investigado por la Fiscalía pero finalmente quedó fuera del proceso. Los vínculos entre Salcedo Bonilla y la familia Bucaram se evidenciaron aún más durante los siguientes días.

Dalo Bucaram Pulley, que había salido de Ecuador tres meses antes de que se cayera la avioneta —y no había regresado a pesar de que sobre él, su hermano Michel y su esposa pesaba una orden de captura desde el 13 de junio— admitió en una entrevista a Teleamazonas, concedida vía telemática desde Miami, que Salcedo era su amigo. Dijo que era un empresario y que lo conoce “como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña de 2017”, en referencia a su candidatura a la presidencia de la república ese año. 

Mientras el perfil de Salcedo era más conocido por la ciudadanía por las publicaciones de los medios que intentaban descifrar quién era,  un reportaje de Teleamazonas reveló que Dalo Bucaram se había hospedado en la casa de Salcedo en Miami, pocos días después del accidente de avioneta y de su detención. 

Pero Dalo Bucaram no fue el único de la familia con vínculos con Salcedo. El empresario que intentó huir en avioneta en plena pandemia también tuvo una relación de negocios con Michel Bucaram Pulley, otro de los hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Ambos habían creado la empresa de insumos de cocina, Sabupi S. A, en 2018. Esta empresa nunca fue vinculada con ninguna investigación, pero sí reafirmó que Salcedo mantenía varias conexiones con los Bucaram.

En julio de 2021, Michel y Dalo Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño Yépez —esposa de Dalo— quedaron fuera del proceso por presunta delincuencia organizada por el que, inicialmente, estaban siendo investigados. El proceso sigue en curso para su hermano Jacobo Bucaram, Daniel Salcedo Bonilla y Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Las presuntas relaciones con altos funcionarios públicos

Mientras se investigaba el sobreprecio de las bolsas de cadáveres con las que se demostró que hubo peculado, la Fiscalía encontró indicios de que también podría haberse cometido el delito de delincuencia organizada. 

Además de Daniel Salcedo Bonilla y de uno de los Bucaram —Jacobo, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz—, se sumó el nombre de un ex funcionario de alto rango: Paúl Granda, quien fue presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre diciembre de 2018 y abril de 2020. Según la Fiscalía, Salcedo Bonilla, Granda y Bucaram, además de otros involucrados, se habrían organizado para armar una red de corrupción al interior de dos hospitales públicos: el Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos en Guayaquil. 

Una publicación del portal Periodismo de Investigación de junio de 2020  —firmada por Christian Zurita y Fernando Villavicencio, este último actual asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización—  denunció que el entonces presidente del directorio del IESS visitó la Torre Colón, en Guayaquil, en donde Daniel Salcedo Bonilla tenía arrendada una suite desde 2018. Una fuente cercana al proceso judicial que pidió la reserva dijo que la información de ese reportaje fue un elemento determinante para vincular a Granda. 

Las empresas que estaban en la mira de la Fiscalía en este proceso de presunta delincuencia organizada son Silverti S.A, Ecap-Mediq, Bioim Cia. Ltda, relacionadas a Salcedo; también se investigó a Raismonel S.A., cuyo propietario era Xavier Jordán desde 2016 hasta junio de 2018. 

Xavier Jordán es un empresario que huyó del Ecuador a partir de esas investigaciones. Su nombre ha tomado relevancia en las últimas semanas porque investigaciones policiales consideran que tendría relación con grupos allegados al tráfico de narcóticos. Existe, además, evidencia de que un asambleísta ecuatoriano, Ronny Aleaga, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), participó de una fiesta en la casa de Jordán en Miami, Florida.    

Pero estas no son las únicas. Antes de que iniciara la pandemia, ya había una alerta por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) sobre irregularidades en el  Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Uno de los nombres que esta organización señala que está estrechamente relacionado a la familia Bucaram es el de José Luis Llerena, hermano de María Gabriela Llerena Candela, ex esposa de Jacobo Bucaram.  Entre 2012 y 2019, la familia Llerena Candela consiguió 46 contratos para la venta de insumos en dicho centro médico por cerca de 7,7 millones de dólares.

La Contraloría General del Estado también ha encontrado irregularidades en los procesos de contratación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde antes de la pandemia. Especialmente los que se hacen bajo la modalidad de convenio de pago. Entre enero de 2018 y julio de 2020 se autorizaron convenios de pago por más de 17 millones y medio de dólares para la compra de medicamentos e insumos médicos, en los que se eludieron los procesos regulares de contratación. 

La teoría de la Fiscalía es que Paúl Granda, en calidad de presidente del directorio del IESS, habría ordenado la liberación de los pagos pendientes a los proveedores de insumos médicos con los que Salcedo Bonilla estaría vinculado. Una de las pruebas serían las bitácoras del edificio Torre Colón, publicadas en el reportaje del portal Periodismo de Investigación. 

En el reportaje se incluyen las fotografías de las bitácoras de la guardianía del edificio en las que se lee el nombre de Granda como visitante a la suite de Salcedo Bonilla. Según la publicación, Granda habría hecho al menos tres visitas al departamento de Salcedo: el 3 de junio, el 11 y el 27 de julio de 2019. 

Granda lo niega. “Yo no conozco al señor Salcedo ni he estado en ningún departamento de él”, dice en entrevista telefónica con GK. “A Dalo Bucaram lo conozco porque me reuní con él por delegación del Presidente [Lenín] Moreno, para tratar temas políticos de la coyuntura electoral de 2019”, dice. Comenta también que se reunió en un lobby en el Hotel Colón de Guayaquil, que queda al lado de la Torre Colón: “era en un lugar público”.

Para Granda, las bitácoras no demuestran la existencia de una reunión ni el cometimiento de un delito. “No sé por qué mi nombre consta en ese registro”, dice. “Son además bitácoras con tachones y mutiladas”, insiste.

Un texto publicado en el portal Opción S, cuyo director es Víctor Granda Aguilera, el padre de Paúl Granda, afirma que uno de los guardias que atestiguó las supuestas visitas de Paúl Granda a la suite de Salcedo, luego se desdijo. Según la publicación, el testigo explicó que su declaración inicial de que Granda se había reunido con Jacobo Bucaram era falsa. “Esto lo dijimos por pedido de los agentes civiles que detallamos en nuestra declaración”, señala el texto que cita supuestamente al guardia del edificio. Una fuente de la fiscalía que pidió no ser identificada confirmó que, en efecto, el guardia se había retractado.

Además, según el acta de identificación personal que se elabora tras el proceso de identificación en  la cámara de Gesell y que consta en el proceso, los guardias que anteriormente habían dicho que Granda entró al edificio, no logran reconocerlo. 

Granda dice también que sus funciones como vocal del Consejo Directivo del IESS nada tenían que ver con los procesos administrativos en los hospitales. Niega, además, haber visitado la suite de Salcedo Bonilla. “Nunca en mi vida he presionado ni he gestionado pagos a favor de nadie. Yo no sabía la existencia de esos contratos ni de esas empresas”, dice Granda. 

Niega también que en la reunión política con Bucaram Pulley él le haya hablado de contratos. “Jamás tratamos sobre temas contractuales, ni me lo insinuó ni nada”.

Todo esto consta en el proceso en curso por delincuencia organizada, cuya siguiente audiencia aún está pendiente. La sentencia máxima a la que se enfrenta Granda, Salcedo y los otros procesados en este caso es de 10 años de prisión que, en el caso de Salcedo, se sumaría a las otras sentencias que ya tiene en su contra y podrían alcanzar, con todos los procesos en curso, un total de 42 años. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal establece como pena máxima los 40 años, pero también dice que la suma de las condenas de una persona no puede ser mayor al doble de la pena más alta. En el caso de Salcedo, este enfrentaría entonces una pena de 26 años de prisión.

Un proceso descartado 

En julio de 2021, la justicia ratificó la inocencia de Daniel Salcedo Bonilla en el caso de lavado de activos que se había abierto tras la investigación de las bolsas para cadáveres con sobreprecio en el hospital Los Ceibos del IESS. La fiscal del caso, Ivonne Proaño, hizo pública la preocupación de la institución, pues consideraban que habían presentado pruebas contundentes para mostrar la culpabilidad de Salcedo. 

La fiscalía presentó como evidencia del presunto delito de lavado de activos la intención de Daniel Salcedo de realizar dos transferencias de su dinero depositado en el Banco de Guayaquil  al Statetrust Bank, en San Juan, Puerto Rico. El 3 de junio de 2020 realizó dos transferencias por 1 millón 250 mil dólares que fueron anuladas por el banco en Ecuador y reportadas como inusuales al sistema nacional de análisis financiero. 

Al día siguiente, el 4 de junio, Daniel Salcedo realizó un poder especial a nombre de su hermano Noé Salcedo para administrar las cuentas bancarias. Según la fiscalía, esa acción fue para colocar el dinero en un lugar que impida el rastreo e incautación. Unos días después, el 8 de junio intentaron salir del país por avioneta usando documentos falsificados.  

Otra de las pruebas que citó la fiscalía fue la discordancia en las cuentas, en referencia a los movimientos bancarios. Dijo la fiscal Proaño que entre 2018 y 2020,  el ingreso de Daniel Salcedo fue de un poco más de 2 millones y medio de dólares en sus cuentas bancarias, mientras que el ingreso declarado solamente fue de un millón y medio.

La diferencia, superior a un millón de dólares, demostraba, según la fiscal, que había movimientos irregulares. Solo con su tarjeta de crédito había hecho pagos superiores a 600 mil dólares en compras en el exterior. “Uno de sus gastos, como persona natural, fue la adquisición de pasajes aéreos para la familia Bucaram”, dijo la fiscal tras la decisión de los jueces. Otra evidencia que se suma a los vínculos de Salcedo con esta familia. 

La fiscal dijo además que Foracril, Importadora y Exportadora Dapasma, Silverti y Bioim Cia. Ltda., empresas  proveedoras de los hospitales públicos investigados También relacionadas a Salcedo Bonilla, no prestaron los servicios por los que fueron contratados. Es decir, habían simulado contratar a HDC Producciones para lavar dinero, de acuerdo con la hipótesis fiscal. Los montos de los supuestos contratos con HDC Producciones y otra empresa llamada Salnoedan Productions S.A. fueron de $1’956.125, según la Fiscalía

El tribunal que juzgó el caso no observó el delito de lavado de activos y los declaró inocentes, sin preguntarse por el origen del dinero. 

§

El entramado de corrupción hospitalaria no ha dejado de estar en el foco público durante dos años. Daniel Salcedo Bonilla continúa en prisión a pesar de los intentos constantes de utilizar recursos legales que le permitan salir de la cárcel. Por su seguridad, la justicia ha dispuesto que cumpla su condena en la Cárcel 4, de Quito, un centro que suele albergar a criminales de cuello blanco. 

Salcedo ha sido trasladado a ese centro porque la justicia ha considerado que en Guayaquil, donde le correspondería estar, su vida corre riesgos. Y la preocupación no es sin sustento. En la masacre carcelaria de noviembre de 2021, Abraham Muñoz murió de forma violenta. Muñoz era amigo y entrenador físico de Salcedo Bonilla. Estaba cumpliendo 8 años de prisión por la venta ilegal de actemra, un medicamento con el que se trataba el Covid-19 en los peores picos de la pandemia. Por este caso también fue sentenciado Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo. El día que la avioneta se estrelló en Tumbes, encontraron la identificación de Abraham Muñoz que Salcedo Bonilla habría utilizado para viajar. 

Ninguno de los tres procesos que Salcedo Bonilla enfrenta tienen una sentencia ejecutoriada —aquella que, en última instancia judicial, declara su culpabilidad—, a pesar de que han pasado más de dos años desde que inició la investigación por el primer delito que se le atribuye: peculado.