A principios de junio de 2025 la empresa estadounidense Progen Industries LLC inició un proceso de arbitraje de emergencia contra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). ¿La razón? La terminación unilateral supuestamente ilegal de los contratos para los proyectos térmicos en Salitral, en la provincia costera del Guayas, y en Quevedo, en la provincia agrícola de Los Ríos.
Progen es una empresa estadounidense a la que el gobierno de Daniel Noboa pagó 149,1 millones de dólares en agosto de 2024 por dos contratos para la compra de motores capaces de generar, entre ambos, 150 megavatios de energía.
La firma de los dos contratos fue una de las estrategias del gobierno para enfrentar la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024 —con apagones de hasta 14 horas diarias que obligó al gobierno a declarar en emergencia el sector eléctrico del país—, así como la operación comercial completa del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón.
Sin embargo, al igual que la hidroeléctrica, los contratos con Progen ocasionaron varios problemas para el Estado desde el comienzo, más que una solución. Los contratos fueron adjudicados de forma directa a la empresa estadounidense amparándose en la declaratoria de emergencia. Esto causó críticas por la falta de transparencia del proceso. Además, en diciembre de 2024, el gobierno sancionó a Progen por incumplimientos en la entrega de los motores generadores de energía en Salitral y Quevedo.
Seis meses después, en junio de 2025, Celec terminó unilateralmente el contrato y Progen demandó a Celec.
Por la adjudicación directa de los contratos a Progen, la Contraloría General del Estado intervino —por petición del Ministerio de Energía y Minas— y la Asamblea Nacional para fiscalizar el proceso.
Te contamos sobre las sanciones, la terminación del contrato, el arbitraje contra Celec, las intervenciones de la Contraloría y la Asamblea, y sobre la empresa estadounidense.
Sanciones a Progen por incumplimientos y el arbitraje contra Celec
En un comunicado del 17 de diciembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador anunció que Progen fue notificada sobre varios incumplimientos en los plazos de entrega de las unidades de generación, lo que resultó en una multa de 900 mil dólares para la empresa estadounidense.
Además, dijo que los funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador Termopichincha (Celec Termopichincha) y los administradores del contrato con Progen, quienes supuestamente obstaculizaron el proceso, fueron destituidos de sus cargos y serán objeto de investigaciones.
En el mismo comunicado, el Ministerio también solicitó a la Contraloría hacer un examen especial al proceso de contratación y a la ejecución del proyecto por parte de Progen, que comenzó el 13 de diciembre de 2024, cuatro meses después de la firma de ambos contratos.
El experto en contratación pública Luis Alberto Andrade dijo a GK en diciembre de 2024 que estaba preocupado sobre el proceso de contratación de la empresa Progen. Andrade destacó varios puntos críticos sobre la transparencia y la efectividad de ese proceso.
Uno de los principales cuestionamientos fue sobre la ausencia de estudios técnicos y de mercado sólidos.
Según Andrade, esta falta de fundamentación técnica impedía evaluar adecuadamente la viabilidad del proyecto. Además, señaló que, hasta diciembre de 2024, no se habían realizado inspecciones que garantizaran la calidad y el origen de los equipos contratados.
Lo que generaba incertidumbre de si los generadores eran nuevos o usados, así como sobre su lugar de fabricación, ya que no quedaba claro dónde fueron hechos. La falta de controles adecuados por parte de los administradores del contrato es objeto de crítica, ya que se considera esencial para asegurar la integridad del proceso.
La ministra de Energía, Inés Manzano, quien asumió el cargo tras la firma de los contratos, admitió en diciembre de 2024 que no tenían certeza sobre la ubicación ni el estado de los equipos contratados.
Aunque los procesos de contratación en situaciones de emergencia permiten un alto grado de flexibilidad, Andrade subraya que esta discrecionalidad no exime a las entidades contratantes de realizar las verificaciones necesarias.
La normativa vigente exige la realización de estudios técnicos y económicos previos, así como la presentación de garantías que respalden el uso de recursos públicos.
Estos problemas provocaron que, entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2025, Celec notificara a Progen la terminación unilateral de los dos contratos por supuestos retrasos en la ejecución, y dio 10 días de plazo para corregir observaciones. El plazo para el contrato de Quevedo terminó el 8 de junio, mientras que el plazo para el contrato de Salitral terminó el 13 de junio.
Pero el 9 de junio de 2025, Progen interpuso una demanda contra Celec ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, que sigue en curso.
Según Progen, ambos proyectos, Salitral y Quevedo, contratados en agosto de 2024 por 149,1 millones de dólares, debían finalizar entre noviembre y diciembre de ese año. Pero no pasó.
Salitral, por ejemplo, debía operar desde el 30 de noviembre de 2024 y hasta diciembre de ese año Porgen solo entregó 23 de los 29 motores adquiridos, según Celec.
La ministra Manzano dijo que la entrega incompleta de los motores en ambas ciudades y la falta de equipos necesarios para la generación de energía constituyen un incumplimiento contractual. Manzano acusó a Progen de deshonestidad, afirmando que los directivos de la empresa mienten sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En contraste, Progen defendió su posición diciendo que cumplió con el 79% del contrato y que los retrasos en la entrega de los motores restantes se deben a eventos de fuerza mayor, como huracanes que impactaron su sede en Florida, Estados Unidos.
En junio de 2025, la empresa denuncia que la cancelación por parte del Estado ecuatoriano vulnera sus derechos contractuales y compromete la seguridad energética de Ecuador, ante el inminente período de estiaje y sequía que enfrentará el país.
Según Progen, durante los primeros cinco meses y medio del contrato de Quevedo, firmado el 2 de agosto de 2024, por 49,7 millones de dólares, Celec no hizo ningún desembolso hasta enero de 2025, lo que afectó el cronograma de entrega e instalación. Mientras que en el contrato de El Salitral, por 99,4 millones de dólares, los pagos se retrasaron.
Celec ha dicho que “los desembolsos se hacen solo tras cumplir hitos en construcción, que son verificados, previo informes y entregables”.
🚫Información difundida FALSA.
— Corporación Eléctrica del Ecuador🇪🇨 (@CELECEPOficial) April 12, 2025
El valor del contrato complementario con PROGEN es de $0 y no contempla monto adicional alguno. Los desembolsos se hacen solo tras cumplir hitos en construcción, que son verificados, previo informes y entregables.
✅Infórmese por canales oficiales pic.twitter.com/ZLhIo4lfcI
Intervención de la Contraloría General del Estado y de la Asamblea Nacional
Entre finales de 2024 y mediados de 2025, la Contraloría General del Estado revisó los dos contratos de Progen sobre generación terrestre en Salitral y Quevedo.
El 18 de junio de 2025, a través de una publicación en X, la Contraloría dijo que notificó los resultados provisionales de los exámenes a Progen y que podrá presentar sus descargos y argumentos en respuesta a la auditoría “antes de la lectura del borrador de informe y aprobación del informe final”.
📢 #ComunicadoOficial pic.twitter.com/HGhszwhjyS
— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) June 19, 2025
Tres meses antes de la notificación de la Contraloría sobre los resultados provisionales del exámen, en marzo de 2025, el caso también llegó a la Asamblea Nacional.
Ese mes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, entonces presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, convocó a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, y a otras autoridades para que explicaran las demoras y el incumplimiento en los contratos con Progen.
Sin embargo, Manzano no compareció. El 31 de marzo de 2025, la Comisión de Fiscalización dijo que Manzano, al no presentarse en cuatro ocasiones ante la comisión, “podría tener un pedido de juicio político en su contra”. Ese mismo día hicieron la solicitud de juicio contra Manzano, pero hasta junio no ha sido tramitada.
#IMPORTANTE | Tras una cuarta ausencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, a @FiscalizacionAN, para comparecer sobre los casos Progen y Campo Sacha, la autoridad podría tener un pedido de juicio político en su contra. pic.twitter.com/AEFh3WvCWv
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 1, 2025
En junio de 2025, la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, comenzó la fiscalización de los contratos entre Celec y Progen. Sin embargo, el 20 de junio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) —controlada por el oficialismo— resolvió traspasar este proceso de fiscalización a la mesa de transparencia, también controlada por el oficialismo.
La Comisión de Garantías aceptó esta resolución y dijo que continuará fiscalizando por su cuenta.
A su vez, el legislador Jaime Estrada, de la Revolución Ciudadana, denunció una supuesta operación para blindar al gobierno de Daniel Noboa, y prometió remitir toda la documentación a la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría General del Estado sobre los contratos entre Progen y el Ministerio de Energía.
¡Ecuador necesita saber la verdad, SIN FILTROS! pic.twitter.com/US9ETV48Eh
— Jaime Estrada Medranda (@JaimeEstradaM) June 20, 2025
El origen de Progen y el contrato con Ecuador
Progen Industries LLC fue fundada en abril de 2017 en el estado de Florida, en Estados Unidos. Esta empresa actúa como una extensión de una entidad homónima con sede en Delaware, un territorio conocido por su favorable legislación fiscal.
En junio de 2025, Andrew Williamson es su presidente. Él fue el encargado de firmar los contratos con Celec en agosto de 2024.
La compañía tiene su sede en el parque industrial Prairie Industrial Parkway, número 600, en la ciudad de Mulberry, situada en el centro de Florida.
Según su sitio web, Progen Industries LLC es una empresa que surgió “de la colaboración de profesionales expertos en la industria que reconocieron la transformación dinámica que estaba ocurriendo en el sector energético”.
Sin embargo, no existe información clara sobre quiénes son los propietarios o beneficiarios finales de la compañía.
En las ofertas presentadas a Celec, la información disponible es limitada. Aunque Progen incluyó un resumen de su experiencia, el cual destaca su papel como proveedores de “soluciones de generación eléctrica” y presentó un contrato por más de 60 millones de dólares para instalar una planta de generación eléctrica de 100 megavatios en Yemen en 2019 a través de Megawatt Power Holding; sin embargo, no detallaron la naturaleza de sus otros proyectos.
En este resumen, Progen menciona diez proyectos realizados en diversos países de América y África, respaldados por varias cartas de recomendación.
De acuerdo con los registros de la División de Empresas de Florida, en la misma dirección del parque industrial Prairie Industrial Parkway, número 600, operan otras dos empresas llamadas Megawatt Power Industries y Genertek Power Industries.
En ambas, John Manning, el CEO de Progen en los documentos presentados a Celec, figura como director.
Megawatt, al igual que Progen, opera en Florida como una extensión de una empresa con sede en Delaware. Además, está vinculada a otra firma ubicada en Malta, que ha sido mencionada en la filtración Paradise Papers —documentos confidenciales que en 2017 revelaron cómo empresas multinacionales, políticos, celebridades y personas adineradas utilizaron estructuras offshore para evadir impuestos, ocultar propiedades o mover dinero a través de paraísos fiscales.
Entre sus representantes están Joseph Adir y Mohammad Ayoub, quienes ocupan los cargos de CEO y director ejecutivo de Megawatt en Florida.
La conexión entre Megawatt y Progen es particularmente relevante para los contratos que esta última ha conseguido en Ecuador.
Según los términos de referencia de los procesos de contratación, la empresa ganadora debía certificar su experiencia en la «provisión de generación de energía eléctrica mediante soluciones térmicas terrestres» utilizando el combustible denominado fuel oil, derivados del petróleo.
Para el contrato en Salitral, Celec solicitó experiencia con una capacidad igual o superior a 100 megavatios. Para Quevedo, al menos 50 megavatios.
Para verificar el cumplimiento de estos requisitos, Celec consideró un certificado de cumplimiento presentado por Progen, que acredita la instalación de una planta de energía de 100 MW en Yemen, en la península arábiga.
Este certificado fue emitido por Megawatt Power Holdings Limited. Fue fundamental para la calificación de las ofertas de Progen en ambos contratos. Especifica un valor de contrato de 119 millones de dólares con fecha de 2019.
Sin embargo, el certificado no menciona en ningún momento la relación directa entre las empresas. En ambas aparece como su director John Manning, el mismo que en las ofertas presentadas por Progen firma como CEO. Esta relación ha generado suspicacias entre expertos y la ciudadanía.
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