El caso Apagón investiga el presunto peculado en dos contratos de generación eléctrica firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC. El peculado se comete cuando un servidor público abusa, se apropia, distrae o usa arbitrariamente dinero o bienes del Estado. Los contratos eran para la compra de motores capaces de generar, entre ambos, 150 megavatios de energía, alrededor del 3% de la electricidad que Ecuador necesita y suplir parte de la crisis energética del país.
Los motores se debían instalar en Salitral, en la provincia costera del Guayas, y en Quevedo, en la provincia agrícola de Los Ríos. Sin embargo, esto no sucedió por múltiples problemas con la empresa contratista, como la adjudicación directa del contrato, la terminación unilateral, el estado de las piezas, hasta un arbitraje internacional en contra de Celec que sigue abierto.
Desde que empezó, la investigación ha tenido tres operativos. El primero fue el 28 de julio de 2025, cuando la Fiscalía y la Policía allanaron propiedades en las provincias de Pichincha, Guayas y Bolívar.
La madrugada del 28 de agosto de 2025 hubo un segundo operativo, esa vez en Guayas y Pichincha. Los allanamientos se hicieron en las casas y oficinas de las 12 personas investigadas, entre ellas Fabián Calero, quien entonces era gerente general subrogante y representante legal de Celec.
El tercer allanamiento fue el 6 de febrero de 2026, en Pichincha, Guayas y Tungurahua. Según la Fiscalía, se decomisaron documentos, celulares, computadoras y otros objetivos considerados relevantes para la investigación.
El 22 de mayo de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas por su presunta participación en el delito de peculado. Entre ellos están:
- Antonio Gonçalves, ex ministro de Energía
- Fabián Calero, ex gerente subrogante de Celec y ex viceministro de Electricidad
- Funcionarios de distintos niveles de Celec, Termopichincha y Electroguayas
- Representantes de la empresa estadounidense Progen y de una subcontratista
Los procesados habrían “omitido procedimientos de contratación pública para favorecer a Progen”, pese a que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos.
Según el fiscal general encargado Leonardo Alarcón, en la compra de los 49 generadores eléctricos se destinaron 150 millones de dólares.
Pese a las irregularidades detectadas, según la Fiscalía, la empresa recibió como anticipo el 70% del valor contratado: 104,37 millones de dólares, monto que constituiría el presunto perjuicio para el Estado.
De los 21 procesados, hay 19 con prisión preventiva.
El 24 de agosto de 2026, la Fiscalía pidió vincular a 10 personas más al caso Apagón. Entre ellas están José Manuel de Oliveira, ex coordinador jurídico del Ministerio de Energía durante la gestión de Roberto Luque, y Peter Dreher, ex asesor de esa cartera de Estado.
Según la Fiscalía, durante la instrucción aparecieron nuevos elementos que hacen presumir su participación.
En total, serían 31 procesados. Pero en el caso no están procesados ni Roberto Luque ni Inés Manzano, que también fueron ministros encargados de Energía durante la crisis energética en Ecuador.
Luque visitó las instalaciones de Progen en Estados Unidos cuando era ministro, mientras que durante la gestión de Inés Manzano el Gobierno desembolsó 34 millones de dólares a la empresa.
Te contamos sobre el caso Apagón.
Los cuestionamientos a la investigación de la Fiscalía
De los 21 procesados por este caso, la mayoría son funcionarios técnicos de Celec. Cuatro de ellos dijeron en un comunicado que sus funciones dentro del proceso eran “exclusivamente técnicas y referenciales”.
El comunicado dice también que la comisión que los cuatro conformaban dentro de Celec:
- No adjudica contratos
- No autoriza pagos
- No administra recursos públicos ni maneja anticipos.
Además, tres ingenieros de Celec viajaron a Houston en septiembre de 2024 para inspeccionar los equipos de Progen. Ese mismo día, desde un hotel, grabaron un video que se difundió en mayo de 2026. “Para los que llegan a ver si alguna vez nos llega a pasar algo, no es lo que nosotros recomendamos, que sean nuevos, y no es así. Vimos cosas viejas. Y nos da temor”, dijo uno de ellos.
O sea los tres técnicos habrían advertido que los equipos eran viejos. La Fiscalía dijo que “al momento”, ese y otros videos no son parte del expediente fiscal.
Karla Saud, pieza clave en el caso Apagón
Karla Saud fue detenida en el aeropuerto de Madrid, España, el 9 de julio de 2026. Tenía notificación roja de la Interpol desde mayo de 2026 por pedido de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.
Saud es una de los 21 procesados por el presunto delito de peculado.
El día de su detención, José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, dijo que el gobierno empezará el proceso para su extradición. Pero, al día siguiente, el 10 de julio de 2026, la Audiencia Nacional de España la dejó en libertad con medidas cautelares, que hasta ahora no se conocen.
Para entender el papel de Karla Saud hay que volver a 2024, cuando Ecuador enfrentaba una crisis energética. En abril de ese año, Saud le envió un correo al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, para invitarlo a visitar la fábrica de Progen, una empresa estadounidense de generación eléctrica.
Según la Fiscalía, ella era la representante de Progen en Ecuador y Latinoamérica.
Un mes después, Luque viajó y estuvo con Saud en esas instalaciones. Y en agosto de ese mismo año, Celec firmó dos contratos con Progen.
Saud fue la lobista para la adjudicación de los contratos. Según la Fiscalía, participó en reuniones con funcionarios de Celec, en la presentación de ofertas y en las gestiones relacionadas con la contratación.
Además, según Neira, Saud es media hermana de Alex Dueñas Calero. Él fue administrador de la Unidad de Negocio Guayas–Los Ríos de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Dueñas también fue asesor de la Gerencia General de CELEC.
Para Neira, esos vínculos familiares habrían facilitado la adjudicación de los contratos a Progen.
Además de Luque, Saud también mantuvo contacto con altos funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. Una investigación de Ecuavisa reveló que la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, intercambiaba mensajes sobre los generadores eléctricos con Saud.
Incluso, en una de esas conversaciones, Manzano le reclama a Saud por presuntos actos de corrupción en el proceso.
De los 104 millones de dólares que CELEC pagó a Progen por los dos contratos, cerca de 20 millones habrían terminado en manos de Saud. Ella habría usado sus empresas Astrobryxa S.A. y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A., en Ecuador, y Astrobryxa LLC, en Delaware, para canalizar los pagos y transferencias de Progen.
Neira dijo que una parte de ese dinero fue usado por Saud para “sus gastos personales”.
Saud también aparece en la demanda civil que CELEC presentó contra Progen ante un tribunal de Florida, en Estados Unidos. Saud ha negado haber participado en actos de corrupción.
Los allanamientos y los investigados
En el operativo de julio de 2025 la Fiscalía y la Policía allanaron 12 casas y oficinas de los sospechosos, una de las oficinas allanadas sería la central térmica Guangopolo-Termopichincha —al noreste de Quito— y el domicilio de Fabián Calero. Según la Fiscalía decomisaron computadoras, documentos, dispositivos de almacenamiento, discos duros, celulares, entre otras cosas.
#CasoApagón | Se realizan allanamientos en 12 domicilios y oficinas vinculadas a los sospechosos –incluidas centrales termoeléctricas–. Se recaban indicios como computadoras, documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares, entre otros. pic.twitter.com/5flCBirU8I
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 28, 2025
En agosto hicieron 11 allanamientos en casas y oficinas y decomisaron también computadores, documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares y más.
#CasoApagón | Entre los inmuebles intervenidos se incluyen domicilios y oficinas vinculadas a las personas investigadas. Durante la acción, se recaban indicios como computadores, documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares, entre otros. pic.twitter.com/a9UkZLgPj8
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 28, 2025
Los 12 involucrados son:
- Fabián Calero, ex gerente general subrogante y ex representante legal de Celec
- Byron Fernando Orozco, ex gerente de Termopichincha, quien firmó los contratos
- Cristhian Dahik, subgerente jurídico Termopichincha, quien aprobó los acuerdos con Progen
- Gabriela Alexandra Toazo, analista de operación de Celec
- Holger Santiago Jaramillo, especialista de producción de Termopichincha
- Marvin Bryan Rubio, de la central térmica Guangopolo-Termopichincha
- Julio Eduardo Montesdeoca, supervisor de operación
- Marlon Iván Casilla, jefe de mantenimiento
- Elizabeth Silvana Paguay, gerente de Unidad de Negocio Termopichincha antes de la firma de los contrato
- Irene Alexandra Cuenca, directora de planificación
- Juan Carlos Cornejo, jefe de mantenimiento
- Carlos Iván Villacís, subgerente de producción
Calero salió de Celec en octubre de 2024 y se convirtió en viceministro de Electricidad. A este cargo renunció en julio de 2025, en medio de la polémica de los contratos con Progen. Tras su renuncia, volvió a Celec pero fue despedido. Según una publicación de diario Expreso, Celec dijo que Calero huyó de Ecuador y está prófugo.
Siete meses después, el 6 de febrero de 2026, la Fiscalía y la Policía hicieron 20 allanamientos en casas y oficinas de Quito, Guayaquil y Ambato, donde se decomisaron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
En este último operativo no hubo detenidos. El caso está en la fase de investigación previa.
El problema con los contratos de Progen
Los contratos de agosto de 2024 que firmó Celec —la empresa pública encargada de generar electricidad para el país a través de hidroeléctricas, termoeléctricas, barcazas— con Progen fueron cuestionados desde el inicio ya que fueron adjudicados de forma directa. Para hacerlo, el gobierno se amparó en la declaratoria de emergencia del sector eléctrico. Esta forma de contratación fue criticada por la supuesta falta de transparencia del proceso.
Cuatro meses después, en diciembre de 2024, el gobierno sancionó a Progen por incumplimientos en la entrega de los motores generadores de energía en Salitral y Quevedo.
En junio de 2025, Celec terminó unilateralmente los contratos. En respuesta, Progen demandó a Celec ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Progen solicitó medidas cautelares para impedir que Celec terminara unilateralmente los contratos.
El 2 de julio de 2025, el árbitro de emergencia rechazó el pedido de medidas cautelares de Progen en el contrato de Quevedo negando que la empresa estadounidense siguiera a cargo del contrato de Quevedo.
Según el comunicado del Ministerio de Energía y Minas del 2 de julio de 2025, el árbitro concluyó que Progen no logró acreditar los requisitos legales exigidos para solicitar medidas cautelares y que el plazo contractual —es decir, el tiempo acordado en un contrato para que se cumplan los acuerdos a los que llegaron— “fue ampliamente superado” por Progen.
El Ministerio dice que Celec está habilitado para seguir con la terminación unilateral del contrato y concluir la ejecución del proyecto.
Pero el segundo arbitraje, sobre el contrato del proyecto de Salitral, aún está siendo analizado por el centro de arbitraje, hasta finales de agosto de 2025.
📌[COMUNICADO OFICIAL]
— Ministerio de Energía y Minas Ecuador🇪🇨 (@RecNaturalesEC) July 2, 2025
🔷A la ciudadanía⏬ pic.twitter.com/sxEriCjLif
En julio, Progen le dijo a GK que están “sorprendidos y decepcionados” por la decisión del árbitro y que están “revisando el fallo y evaluando sus opciones”. También dice que reiteran su convicción de haber cumplido con sus obligaciones contractuales “a pesar de los repetidos retrasos y la mala fe de Celec desde la firma de los contratos”.
Por la adjudicación directa de los contratos a Progen, la Contraloría General del Estado intervino —por petición del Ministerio de Energía y Minas. La Asamblea Nacional también empezó a fiscalizar el proceso.
El 21 de julio de 2025, la Contraloría determinó que en los contratos de Progen en Quevedo y El Salitral habría un perjuicio para el Estado de 100 millones de dólares por los pagos a Progen. De los 100 millones, 70 millones son de Salitral y 30 millones de Quevedo.
Además, Mauricio Torres, contralor general del Estado, dijo en una entrevista radial que los problemas “van a derivar en responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal”.
En la auditoría también encontraron que los equipos no serían nuevos ni habrían sido comprados al fabricante como se había acordado en el contrato. El contralor dijo que no han podido verificar los equipos porque están empacados para no perder la garantía.
Ante la acusación, Progen envió un comunicado a medios de comunicación el 23 de julio diciendo que cumplieron rigurosamente con la entrega de los equipos estipulados en los contratos. Y que en todo momento Celec “estuvo plenamente informada sobre las características de los equipos adquiridos”. También mencionan que los motores fueron revisados en varias reuniones con “altos ejecutivos de Celec” en Quito, antes de finalizar y firmar los contratos.
Esas sesiones, según Progen, fueron presididas por Fabián Calero, entonces director de Celec, y que luego de eso redactaron los contratos.
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