Solanda Goyes: “Hay un déficit de 300 jueces en Ecuador”

Los escándalos de corrupción de algunos jueces en Ecuador han estado en el centro del debate público en las últimas semanas. Desde el gobierno de Daniel Noboa se ha cuestionado su eficacia. El reclamo oficial se repite: policías y militares detienen a los sospechosos de cualquier delito —incluso en flagrancia—, pero los jueces los liberan.

“La Policía ha tenido que capturar hasta 10 veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia”, dice un comunicado del Ministerio de Gobierno del 13 de junio de 2025 . 

Esto es parte de una “crisis en el sistema judicial”, dice Solanda Goyes, una de los tres vocales del Consejo de la Judicatura —encargado de vigilar la Función Judicial. Explica que esa crisis se ha evidenciado, por ejemplo, en “los abusos de garantías constitucionales”. Es decir, recursos judiciales como el habeas corpus que han sido mal utilizados para conceder libertades a narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores. 

Pero ese es solo uno de los problemas que ahogan al Consejo de la Judicatura. 

Detrás hay fallas institucionales que han provocado una “falta de credibilidad” y que han acentuado la crisis, explica Goyes desde su despacho en Quito, en el piso 13 del edificio de la Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura tiene entre sus funciones la organización de concursos para la selección de jueces, su evaluación permanente y el control disciplinario —en Ecuador, hay alrededor de 1.850 jueces. Sin embargo, no han podido cumplir con su funciones porque no hay presupuesto, no hay voluntad política y ni siquiera están completos. Apenas hay tres de cinco vocales. 

Los concursos están paralizados, no se han hecho evaluaciones a los jueces, y el control disciplinario tiene limitaciones. Por ejemplo, la Judicatura no puede iniciar procesos de destitución en casos de error inexcusable —equivocación grave que no puede ser justificada—, negligencia manifiesta o dolo —voluntad para cometer un delito— si no hay una denuncia.

Solanda Goyes, quien ha formado parte de varios colectivos de mujeres como Nosotras por la Democracia, Asamblea de Mujeres de Quito, es vocal desde el 28 de febrero de 2024.

Doctora en Jurisprudencia y Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, Goyes profundiza en esta entrevista en los factores que provocaron la crisis. 

¿Cuántos jueces han sido destituidos? 

Entre febrero de 2024 y abril de 2025 hemos revisado 1.024 expedientes —entre investigaciones y sumarios administrativos. De esos, hubo 432 sanciones. De esas más de 400, 184 fueron destituciones: 88 son jueces, 26 son fiscales y 70 son otros funcionarios —secretarios, psicólogos, trabajadoras sociales. 

Los jueces destituidos son de cortes provinciales, de primer nivel y de tribunales.

Estos datos son los que yo he registrado como vocal.  Los datos del Consejo de la Judicatura están en el portal y los manejan de manera diferente. Por ejemplo, hay jueces que han sido dos veces destituidos, pero es un solo expediente. Entonces, consta como dos destituciones.

De los 88 jueces y 26 fiscales destituidos, ¿cuántos han sido por vínculos con el crimen organizado?

No puedo dar un dato así porque hay varios. Pero lo que sí puedo decir es que por los casos Metástasis, Purga y Plaga hay 29 destituciones, aunque no son solo de jueces.

Por ejemplo, en el caso Narcotentáculos [que involucra a la Corte Provincial de Manabí cuyo último allanamiento fue en junio de 2025], tres de los jueces implicados ya están destituidos.

¿Cuándo son necesarias denuncias para destituir a un juez? 

En los casos de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo es obligatorio que exista una denuncia. Es allí donde tenemos la prohibición de empezar un proceso de destitución. 

En otros casos, el Consejo de la Judicatura sí puede actuar de oficio. Por ejemplo, si hay abandono del cargo. Si un juez falta 10 días, y no justifica, se puede destituirlo de oficio. 

¿Por qué la Judicatura no puede iniciar de oficio una destitución en los casos mencionados? 

Puede ser un tema escandaloso, pero no podemos porque hay una prohibición expresa del Código Orgánico de la Función Judicial. Así lo definió la Asamblea Nacional en 2020 y también por una sentencia de la Corte Constitucional.

¿Hay suficientes jueces en Ecuador? 

Tenemos que completar el número de jueces. Hay un número reducido, no hay banco de elegibles.

El banco de elegibles es el listado de personas que, según el puntaje, ganaron un concurso. Si un juez renuncia, se jubila o es destituido, el Consejo de la Judicatura debe contar con un banco de elegibles de dónde designar uno nuevo que lo sustituya, de manera que no perdamos la capacidad de gestión para la atención de las causas. 

¿Por qué no hay banco de elegibles? 

Se agotaron. Están caducados. En 2024 nos propusimos hacer las convocatorias para los concursos con el objeto de cubrir esas vacantes. De los datos que yo he manejado, tenemos un déficit de alrededor de 300 jueces a nivel nacional, de todas las cortes, de todos los niveles.

Hay ciudades en donde tenemos un desborde de exigencia de casos judiciales porque ha incrementado la conflictividad, pero hemos reducido el número de jueces y de secretarios.

¿En qué ciudades? 

Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Las cortes provinciales son las que más están padeciendo. 

Hay algunas cortes que están en estado crítico, y por lo tanto una de las necesidades que tenemos es cubrir justamente el número de jueces que hay que designar. 

Si hay un déficit de 300 jueces, ¿qué va a pasar con la justicia?

Contesta tú. 

¿Nos quedamos sin justicia? 

Hay que hacer los concursos.

¿Y por qué no se han hecho los concursos? 

Los concursos no han sido convocados desde hace tiempo. El año anterior, en 2024, se hizo una convocatoria para el concurso de Corte Nacional de Justicia, pero fue declarado nulo.

¿Para renovar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia?

No. Para nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Apenas tenemos 10 jueces titulares de 21, por lo tanto nos faltan 11. Los que están actuando son conjueces o jueces temporales.

¿Qué ha hecho desde su vocalía para avanzar con el concurso de jueces de la CNJ? 

Yo recuerdo haber presentado propuestas de reglamento para hacer el nuevo concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Pero, ¿hay alguna convocatoria para el concurso de jueces? 

No. 

¿Qué supone para el Ecuador que ni siquiera se pueda terminar un concurso para la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de justicia? 

Yo aduzco este tema a la crisis constante que ha tenido el Consejo de la Judicatura. 

Los cinco vocales del Consejo de la Judicatura se nombran en 2019 para cumplir 6 años de funciones, porque así dice la Constitución.

En un país sin crisis, lo lógico sería que quienes iniciaron ese proceso de designación lo concluyan. Pero ya hemos pasado por seis presidencias: María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Álvaro Román, Wilman Terán [procesado en el caso Metástasis por delincuencia organizada y otros casos], Álvaro Román otra vez, y actualmente está Mario Godoy. 

Si hacemos un promedio, el tiempo de trabajo que han tenido es de un año. La curva de aprendizaje en la Judicatura para quien llega es larga, porque es una institución compleja. Por lo tanto, ahí hay una muestra de inestabilidad que ha hecho que esto no se logre concretar.

Además de que hay un déficit de jueces, los que están no han sido evaluados, ¿desde cuándo?

Tenemos una deuda desde 2017. Desde ese año no se han hecho evaluaciones. 

¿Por qué no se ha evaluado a los jueces? 

Porque estos procesos requieren tener presupuestos específicos. El Consejo de la Judicatura ha tenido cada vez más restricciones en su presupuesto (…) Siempre hay que buscar cómo conseguir esos recursos con el ánimo de generar estas evaluaciones.

No se ha hecho por voluntad política. 

¿A qué se destinarían esos recursos extras? 

Siempre pongo como ejemplo las elecciones. En un tiempo normal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un número de funcionarios con el cual funciona cotidiana y ordinariamente.

Pero cuando viene un proceso electoral, tiene un presupuesto específico con el que incrementan el número de personas que laboran. 

Por lo tanto, tiene presupuestos extraordinarios con el objeto de que pueda cumplir con esa función. Lo propio debería suceder en la Función Judicial cuando estamos hablando de evaluaciones o de concursos. 

Hay que contar con un recurso específico que nos permita desarrollar esas actividades.

¿Ecuador está pagando ahora las consecuencias de la falta de evaluación de jueces?  

El tema de la crisis de la Función Judicial y el tema de atender la seguridad no pueden ser vistos de manera unidireccional. No es que porque no hicimos evaluación, el sistema judicial está en crisis. No es que porque solo los jueces actúan inadecuadamente estamos con la crisis de la seguridad. 

No es así. 

¿Se ha intentado hacer evaluaciones durante su gestión? 

Lo que he hecho es presentar proyectos de evaluación. Uno para todos los funcionarios y otro para los jueces. Se presentaron, pero no avanzan. 

En 2022 se intentó hacer una evaluación de fiscales, pero se declaró nula. 

¿Cuáles serían los criterios de evaluación en los proyectos que ha presentado? 

En varias ciudades se ha podido evidenciar que los jueces se esfuerzan, que tratan de hacer un buen trabajo, que tienen al día su despacho, que se esfuerzan por estudiar, por entender las causas y por ser profundos en sus sentencias. Esos jueces tienen que ser felicitados y para eso también sirve la evaluación. La evaluación no solamente es para mirar el que mal actuó. 

Los criterios son productividad, que es el número de causas que atienden. Calidad de la gestión. Y el otro componente es el de probidad, allí entra la revisión de los patrimonios. 

Por disposición del presidente Daniel Noboa, el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) controlarán los patrimonios de jueces y fiscales. ¿Interfiere con las funciones de la Judicatura? 

Los jueces, por la ley específica en esta materia, tienen que reportar permanentemente su patrimonio a la Contraloría y a la UAFE también.

A mí me parece que primero, desde la facultad que tiene el Consejo de la Judicatura de hacer evaluación, debería incluir este tipo de asuntos. 

Yo te voy a dar el proyecto de evaluación que nosotros planteamos hace algún tiempo. Allí justamente se planteaba que se haga una revisión respecto del patrimonio que tienen para ver si es que ha habido incrementos. 

Luego, no quiero decir cosas que no tenga certeza. Yo voy a revisar la ley, pero estoy segura que los jueces tienen que hacer reportes a la UAFE permanentemente.

¿Cómo se cuida a los jueces en provincias que han sido cooptadas por el crimen organizado y la minería ilegal desde la Judicatura? 

Dios mío.

Porque algunos quizás actúan por miedo. 

Sí, por presión, por miedo.

Hasta ahora lo que se hace es pedirle al Ministerio del Interior que haga las valoraciones de riesgo y, según la valoración del riesgo, el Ministerio del Interior les pone acompañamiento de policías.

Yo considero que sin dejar de hacer esto —porque es importante— deberíamos debatir. Yo no tengo la solución. Lo único que he pensado es que quizá deberíamos ponerle un seguro específico por el riesgo que corren los jueces, los fiscales.

¿A qué se refiere como seguro específico?

A un seguro de vida.

Estoy hablando de que hay funcionarios que están en riesgo y debería haber un mecanismo de cómo darles una protección porque tiene que ser terrible estar en un cantón pequeño en donde hay minería ilegal y ser amenazado por los que hacen minería ilegal. Entonces, ¿qué independencia tienes para trabajar? ¿Qué seguridad? ¿Qué imparcialidad vas a tener si tienes una espada de Damocles encima?