El 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera denunció ante medios de comunicación que había sido presionada y amenazada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y dos funcionarios más. Según Vera, la presionaron para que negara la acción de protección con la que la vicepresidenta Verónica Abad buscaba dejar sin efecto una sanción arbitraria que el Ministerio de Trabajo le había impuesto por “abandono injustificado de trabajo”.
Vera también dijo que Godoy le había entregado un pendrive de marca Samsung —en una funda de regalo de color plateado— con los “insumos” legales y jurídicos de cómo debía fallar.La jueza Nubia Vera denunció, tras aceptar la acción de protección de #VerónicaAbad, que el presidente de la Judicatura, #MarioGodoy, la amenazó con destituirla si fallaba a favor de Abad. pic.twitter.com/C9T0Mp7DpG
— GK (@GKecuador) December 23, 2024
Ese día, al finalizar la audiencia, la jueza leyó la sentencia y aceptó la acción de protección. Poco después, Godoy dio una rueda de prensa en la que calificó como “desatinadas” las declaraciones de Vera. Dijo que estas pretendían “configurar una causal de enemistad manifiesta” para impedir que el Pleno de la Judicatura tratara los sumarios administrativos en su contra; es decir, las investigaciones internas que ella tiene como servidora pública.
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— Mario Godoy (@MarioGodoyEc) December 26, 2024
El 26 de diciembre, tras la denuncia de Vera, la Fiscalía abrió una investigación previa contra Godoy.
Te explicamos más sobre la investigación que ha sido bautizada informalmente como caso Pendrive.
Los antecedentes
Tres días después de la denuncia pública de la jueza, el 26 de diciembre, ella y Mario Godoy fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Godoy se excusó; Vera sí fue y detalló cómo supuestamente empezaron las amenazas.
El 29 de noviembre de 2024, cuando comenzó la audiencia, el director provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, se le habría acercado y le habría dicho que debía negar la acción de protección al final del día. Pero la audiencia se suspendió porque había 50 personas como amicus curiae que querían intervenir y el tiempo no fue suficiente.
Se pospuso la continuación para el 9 de diciembre.
El 2 de diciembre, Vera fue convocada a una reunión con Henry Gaibor y Jorge Carillo, asesor de Mario Godoy, en una oficina del Complejo Judicial Norte. Allí, dijo, pusieron sobre un escritorio una hoja con la lista de los sumarios administrativos que la jueza tenía en su contra —no precisó cuántos. Gaibor y Carrillo, dijo, le habrían ofrecido archivar los sumarios si ella le negaba el recurso a la vicepresidenta Abad.
Incluso, Vera detalló que los mismos funcionarios habría ofrecido comprarle 500 entradas para una obra de teatro que ella —también actriz y cantante— presentaría por fiestas de Quito, el 6 de diciembre.
Al final, ese evento se canceló.
Cómo llegó a sus manos el polémico pendrive
El 9 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera continuó con la audiencia de acción de protección.
Escuchó a los amicus curiae, a Abad y a la ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez, sobre la causa de la suspensión de 150 días que impedía que la vicepresidenta del Ecuador ejerciera su cargo.
Este proceso judicial se dio días antes de que el presidente Daniel Noboa debiera pedir licencia para hacer campaña, desde el 5 de enero de 2025, y encargar la Presidencia a Abad.
El 17 de diciembre de 2024, un día antes de que se instalara la audiencia para que la jueza resolviera el caso, Godoy, Gaibor y Carrillo visitaron la Unidad Judicial de la Familia, donde Vera tiene su despacho.
Según una publicación en redes sociales del Consejo de la Judicatura, las autoridades fueron a verificar “la calidad de atención a los usuarios del sistema de justicia”. Pero, según Vera, los tres entraron “amenazantes” a su despacho y le dieron un pendrive, color plateado y envuelto en una funda de aluminio.
“¿Qué es esto?”, dijo la jueza que preguntó. Le habrían dicho que eran los “insumos” legales para que resolviera el caso. Ella conectó el dispositivo a su computadora y encontró cuatro páginas con argumentos jurídicos de por qué debía fallar en contra. “¿Quién hizo esto?”, dijo la jueza que les preguntó. Ellos le habrían contestado que el documento lo hicieron dos abogados constitucionalistas y dos expertos en derecho administrativo.
“Tomando en cuenta que yo ya había leído el proceso, para mí no resultó interesante”, dijo Vera en la Asamblea Nacional. Entonces, dijo, la amenazaron con matarla y con activar los sumarios administrativos —con los que podrían destituirla de la Función Judicial.
Ante las amenazas, Vera pospuso la resolución del caso hasta el 23 de diciembre, fecha en la que finalmente denunció que había sido amenazada y presionada para fallar en contra de Abad.
Ese día, según Washington Andrade, abogado de la jueza, también le notificaron que le habían abierto un sumario administrativo por la denuncia de un tercero por error inexcusable —un error judicial que no se puede corregir y que causa daños irreparables a los afectados.
Andrade dijo que Vera cumplió con el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal que dice que cualquier servidor público que conozca la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública está obligado a denunciar.
Godoy, por su parte, presentó en la Fiscalía una querella contra la jueza por calumnia.
La investigación continúa
El lunes 13 de enero de 2025, la jueza Nubia Vera —usando chaleco antibalas— y su abogado, Washington Andrade, llegaron a la Fiscalía para entregar el polémico pendrive, como parte de la investigación contra Godoy por supuesta obstrucción a la justicia.
Además, Andrade solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado garantice la vida e integridad de Vera. “Para advertir que ella está en medio de una persecución judicial por las altas autoridades”, dijo.
La jueza también se integró al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía, y tiene protección policial.
Al día siguiente, el 14 de enero, el abogado de Godoy, Stalin Raza, dijo en un programa radial que su defendido nunca le entregó un pendrive a la jueza y que el día que el presidente de la Judicatura estuvo en la unidad judicial visitó todos los despachos —no solo el de Nubia Vera.
Raza también dijo que el pendrive fue manipulado. “Esto nos sorprendió porque siendo jueza, ella más que nadie tiene la obligación de saber que si tiene una evidencia de un delito, no la puede manipular y tiene que entregarla en condiciones de integridad a la Fiscalía”, dijo.
Tres meses después, el 21 de abril de 2025, Godoy llegó a la Fiscalía, en el norte de Quito, para rendir su versión libre y voluntaria como parte de la investigación.
Según diario Expreso, al salir de la audiencia, Godoy dijo que la denuncia fue parte de una agenda planificada entre Verónica Abad y Vera. También recordó que la jueza había sido mencionada en los chats del correísta Augusto Verduga, investigado en el caso Ligados por el delito de asociación ilícita. “Se habla de la señora Vera, de retirar una denuncia en contra de ella, ¿con qué intereses? ¿Y para favorecer a quién?”, dijo el presidente de la Judicatura.
Ese día, Nubia Vera y su abogado también fueron a la Fiscalía.
En los exteriores, la jueza dijo que sigue trabajando “con vulnerabilidad” y pidió que el proceso se acelere. Mientras que su defensa señaló que están a la espera de que se revelen los resultados de los análisis del pendrive —es decir, los documentos que contenía— y de la computadora de la jueza, donde ella descargó el archivo.
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