Un día antes de que el Ecuador vote en la segunda vuelta presidencial, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción de abril de 2025. La justificación de la medida, dice el decreto, es la “grave conmoción interna” que viven ciertos sectores del país.
Este es el segundo estado de excepción de 2025, el primero lo decretó en enero, por el mismo motivo. Ese decreto fue extendido por treinta días el 3 de marzo de ese año.
El estado de excepción de abril estará vigente salvo que la Corte Constitucional determine que el decreto no cumple con los estándares constitucionales, por 60 días en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos.
Además de en el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay y en las cárceles del país.
La Corte Constitucional ya dio de baja otros estados de excepción dictados por Noboa, total y parcialmente, aunque también ha admitido otros. “Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional ya advirtió al presidente de la República sobre el uso abusivo y discrecional de los estados de excepción”, dijo Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dedicada a promover y defender el Estado de Derecho, la democracia y la transparencia, en referencia al pronunciamiento de la Corte, de agosto de 2024, sobre el estado de excepción de Noboa del 2 de julio de ese año.
El presidente Noboa fundamenta la declaratoria en el incremento de los índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la “perpetración de ilícitos” por grupos armados en los lugares donde rige el estado de excepción.
Qué implica el estado de excepción de abril de 2025
En las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito y en el cantón Camilo Ponce Enríquez se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, podrán hacer inspecciones, allanamientos y requisas en los sitios que consideren necesarios sin una orden judicial previa.
Además, suspende el derecho a la libertad de reunión “en estricta relación” con las causas citadas en el estado de excepción sobre el incremento de delitos y más. Es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán “impedir y desarticular” reuniones en espacios públicos donde “se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana e integral y al orden constituido”.
El decreto dice que esa suspensión no implica la restricción al derecho a manifestarse pacíficamente, ni a la libertad de asociación.
En los mismos ocho sitios al igual que en los centros de privación de la libertad se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia.
Es decir, que el ejército y la policía podrán identificar, analizar y recopilar mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas que consideren que ocultan a algún miembro de un grupo armado o “alguna conducta ilícita”.
Además de las suspensiones de derechos en casos puntuales el estado de excepción también incluye un toque de queda, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana en 22 sitios de cinco provincias:
- Azuay: Cantón Camilo Ponce Enríquez
- Guayas: Cantones Durán y Balao y en la parroquia Tenguel
- Los Ríos: Cantones Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vines, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo
- Orellana: Cantones la Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto
- Sucumbiós: Shushufindi y Lago Agrio
Los 60 días que durará la medida, alega el presidente Noboa, dará a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el tiempo adecuado para mantener “la soberanía y la integridad del Estado”, en el caso del ejército, y brindar “seguridad ciudadana, protección interna y orden público”, en el caso de la Policía.
Críticas a la declaratoria un día antes de elecciones
La declaratoria de Noboa del estado de excepción un día antes de la segunda vuelta electoral entre Luisa González, de la alianza Revolución Ciudadana (RC)-RETO que aglutina al correísmo y Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional (ADN) causó varios cuestionamientos de organizaciones y personas nacionales y extranjeras.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Heraldo Muñoz, representante de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Muñoz dijo que la noche del 12 de abril enviaron un comunicado a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a distintos ministerios “pidiéndoles garantías para que se puedan ejercer los derechos que tienen que ver con el control electoral en los lugares donde hay estado de excepción”. Dijo, además, que las elecciones son muy importantes y “esa labor de control electoral tiene que ser ejercida sin limitaciones”.
Maurició Alarcón le dijo a GK que no es muy normal “tener este tipo de acciones en un contexto electoral”. Según Alarcón, genera dudas y suspicacias de “si esto quizás no tiene que ver con una eventual movilización que pueda haber de fuerzas de seguridad a propósito de lo que podría ocurrir” en las elecciones y el conteo de votos, teniendo en cuenta que el Distrito Metropolitano de Quito está dentro del decreto.
Gabriel Mato, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), dijo a los medios que, según el CNE, el decreto no va a restringir la capacidad o posibilidad de que haya un absoluto control, transparencia y libertad de movimiento de las personas que van a votar, de los observadores, delegados y más. También dijo que confía que eso se mantenga así.
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