Norma es una mujer que, cuando tenía 13 años, fue violada por su padre, quedó embarazada y la obligaron a ser madre. Su historia es parte de una acción jurídica presentada en 2019 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para exigir que se garantice la salud sexual y reproductiva de las niñas en la región. Casi seis años después, el 20 de enero de 2025, el Comité condenó al Estado ecuatoriano por violar sus derechos. Aquí te explicamos el caso Norma y por qué es importante para todas las niñas de América Latina. 

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Norma no es su nombre real, pero su historia, por desgarradora y desconcertante que sea, sí es la realidad de ella y muchas otras niñas. Cuando fue obligada a ser madre, todavía no se aprobaba el aborto por violación en el Ecuador. Y aunque es legal desde el 2021, el acceso a este procedimiento para las víctimas no es fácil.

Uno de los obstáculos es el artículo 19 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción del Embarazo en casos de Violación. Para que una víctima de violación acceda a un aborto, este artículo dice que debe presentar una denuncia, la declaración juramentada, y un examen médico certificado que confirme la violación. Pero desde noviembre de 2022 hasta hoy este artículo está suspendido por decisión de la Corte Constitucional. Por ahora, si una mujer que fue violada decide abortar, puede hacerlo presentando una solicitud.

Sin embargo, nada de esto fue una posibilidad para Norma. Su caso sucedió cuando no existía esta ley. Y ella, ni en casa ni en la escuela, aprendió sobre sus derechos. 

La pesadilla de Norma

Norma no fue violada una sola vez. Era una práctica recurrente de su padre. Su historia, recogida en un reportaje del medio Wambra, dice que tampoco fue su única víctima. El señor también habría violado a una prima de Norma y a su hermana, ambas menores de edad. Él también agredía a la madre de Norma. 

Como al interior de la familia se sabía que el padre representaba un peligro, a Norma la rotaban de casas, tratando de alejarla de él. Desde sus seis años vivió con distintos familiares y amigos de la familia. Finalmente llegó a casa de sus abuelos, donde se sentía segura. Pero cuando su abuela murió tuvo que regresar a casa, ese lugar hostil al que tanto le temía. 

Volvió a vivir con su padre a pesar de que se sabía que abusaba de las niñas de la familia. Fue ahí cuando Norma, de 13 años, quedó embarazada de él.

Norma no tenía idea de lo que le pasaba. Ella, que vivía en un pueblo rural del Ecuador, nunca había recibido educación sexual en su escuela. No sabía que estaba embarazada. Estaba sola.

La falta de educación le impidió entender qué pasaba con su cuerpo. Su padre, al enterarse que estaba embarazada, la retiró de la escuela y ningún profesor se extrañó de no verla más. 

Por estas y otras razones, su historia es un ejemplo de cómo el Estado le falló a Norma más de una vez. No pudo acceder a una educación pública y de calidad en derechos sexuales y reproductivos. No hubo maestros ni personal administrativo en la escuela que detectaran lo que estaba viviendo. No hubo un sistema de protección social que la llevara a un refugio seguro. 

Cuando Norma supo que estaba embarazada, ya tenía 7 meses. Su hermana mayor la llevó a un doctor. Poco tiempo después, Norma se convirtió en madre. 

La resolución del Comité de la ONU

El 20 de enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado ecuatoriano por el caso Norma. Con una resolución histórica, el Comité reconoció que se había violado el derecho a la vida de Norma. 

Catalina Martínez, abogada y activista que acompañó a Norma en el litigio, explica que es la primera vez que el Comité reconoce que cuando una mujer es víctima de violencia sexual y no tiene acceso a servicios de salud reproductiva, como el aborto, se constituye un embarazo y una maternidad forzada.El Comité nos está diciendo que someter a cualquier persona a llevar adelante un embarazo forzado y una maternidad forzada es contrario a lo que entendemos como una vida digna porque los proyectos de vida de una persona se desbaratan de tal forma que no hay cómo seguir adelante con ese proyecto”, dice Martínez. 

Un proyecto de vida para una niña, por ejemplo, incluye los sueños que tienen desde muy chicos, cuando empiezan a pensar qué quieren ser de grandes, qué quieren estudiar, cómo se proyectan en el futuro. Algo que a Norma le fue arrebatado. 

En la resolución, el Comité determinó que el Estado ecuatoriano debe:

  • Reparar integralmente a Norma por el daño que sufrió, con una indemnización económica.
  • Brindarle apoyo para que pueda terminar de estudiar el bachillerato y acceda a educación superior porque al negarle el acceso a un aborto, no pudo completar su proyecto de vida, como graduarse.
  • Garantizar el acceso a educación de todos los niveles para su hijo.
  • Brindar atención psicológica especializada para ella y para su hijo.
  • Hacer un reconocimiento público de responsabilidad.
  • Adoptar medidas para evitar violaciones similares en el futuro.

Además, hay otras medidas que deben ser adoptadas no sólo por Ecuador sino todos los signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esas está modificar las leyes para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. En Ecuador, el aborto por violación es legal desde 2021 pero tras un veto del entonces presidente Guillermo Lasso, la ley quedó sumamente restrictiva: para que una niña o mujer acceda a la interrupción del embarazo debe presentar una serie de requisitos que vuelven el proceso engorroso y revictimizante.

Ana Vera, abogada de Surkuna —una de las organizaciones que presentó la acción ante el Comité de la ONU— dice que la resolución es clara y debería ser acogida por la Corte Constitucional ecuatoriana para que revise las acciones presentadas contra esa ley. 

Otra de las medidas que exige el Comité es que se creen acciones para combatir la violencia sexual incluyendo educativas y sensibilización para prevenir, atender y llevar ante la justicia los casos. Los Estados deben, también, capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual. 

El Comité también reconoció que Norma fue víctima de tortura y discriminación. De tortura, porque la violencia sexual le causó sufrimientos físicos y mentales, y las autoridades no investigaron de manera efectiva y quedó en la impunidad. Según la resolución, Norma recuerda que la noticia de su embarazo y la imposibilidad de terminarlo le provocaron un deseo de morir, y que el parto fue traumático

Y de discriminación porque el Estado le negó servicios de salud reproductiva y recibió comentarios de policías y funcionarios de salud que cuestionaron su moral. El Comité concluyó que tanto la violencia sexual como la falta de acceso a servicios de salud específicos para la mujer constituyen formas de violencia y de discriminación de género.

En Ecuador, el caso Norma es histórico como lo fue el caso de Paola Guzmán Albarracín. A sus 14 años, Paola fue violada por el rector de su colegio y quedó embarazada. Desesperada, Paola ingirió fósforo blanco y murió envenenada al no recibir ayuda oportuna del personal del colegio al que asistía. 

Su madre, Petita Albarracín, buscó justicia pero en Ecuador las instancias se agotaron. El caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en 2020 la Corte IDH emitió un fallo condenando al Estado ecuatoriano. 

Fue el primer caso sobre violencia sexual en el ámbito educativo de la Corte Interamericano de Derechos Humanos. El caso sentó precedentes en el país y la región. 

Una acción regional

El caso Norma fue uno de los cuatro que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 29 de mayo de 2019, el grupo de abogadas Colectivo Golpe Regional. Este colectivo está conformado por las organizaciones Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos, Surkuna (Ecuador) y Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala).

Tiempo después se sumó un caso más, el de Camila, ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Con este son cinco casos.

Las demandas, que se presentaron por separado, buscan la reparación integral de las cinco niñas menores de 14 años de 4 países de la región que fueron violentadas y quedaron embarazadas. Norma en Ecuador fue violada por su padre. Fátima en Guatemala fue violada por un hombre cercano a la familia a sus 11 años. Camila en Perú fue violada por su padre desde que tenía 9 años, tuvo un aborto espontáneo y luego fue denunciada. Lucía en Nicaragua fue violada por el cura de su parroquia cuando tenía 13 años. Y Susana, también de Nicaragua, fue abusada por su abuelo desde que tenía 6 años. 

Las acciones buscan que los países se reparen a las víctimas: resarcimiento económico, acompañamiento psicológico para las mujeres que fueron madres cuando eran niñas, y sus hijos, y el acceso para ellos a educación, salud y vivienda.

El 13 de junio de 2023, el Comité de los Derechos del Niño falló a favor de Camila y condenó al Estado peruano por vulnerar sus derechos. El mismo día de la resolución de Norma, el Comité de Derechos Humanos también condenó al Estado de Nicaragua por violar los derechos de Susana y Lucía. El único caso pendiente, a enero de 2025, es el de Fátima de Guatemala. 

La situación de las niñas en Ecuador

En Ecuador más de 41 mil niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, se convierten en madres cada año, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Y en 8 de cada 10 casos, el agresor es un familiar.

Según la directora de Fundación Desafío, la doctora Virginia Gómez de la Torre, en Ecuador, anualmente hay 2.700 niñas menores de 12 años que se convierten en madres. Todas víctimas de violación. 

Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana, de acuerdo con el Informe del Estado Mundial de Población.

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